Sentencia 14869 de septiembre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 25000-23-27-000-2001-00931-01-14869

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Julio César Díaz Perdomo

C/. Departamento de Cundinamarca

Estampillas prodesarrollo departamental (solicitud devolución)

Fallo

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación y lo decidido por el tribunal, corresponde establecer la procedencia de la cesión de los derechos de crédito, derivados de la solicitud de devolución presentada por la Cooperativa Interregional de Colombia Ltda. Coinco ante el departamento de Cundinamarca, de los valores descontados por concepto de estampillas, al liquidarse los contratos suscritos entre 1997 y 1999. Así como, la falta de legitimación en la causa por activa del cesionario, quien actúa como demandante en la presente acción.

Según el artículo 1959 del Código Civil, “la cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.

Se desprende de la norma transcrita que si el crédito cedido consta en un documento, la tradición consiste en la entrega del título, en el que conste la firma del cedente y su manifestación de haberlo cedido al cesionario. Pero si el crédito no consta en documento, el acreedor lo confeccionará haciendo constar en él la existencia del crédito, individualizándolo y manifestando que lo cede al cesionario. Documento que en todo caso no constituye prueba de la existencia del crédito para el deudor, simplemente demuestra que la cesión tuvo ocurrencia y que entre el cedente y el cesionario se celebró el contrato respectivo.

Ahora bien, para que la cesión surta efectos contra el deudor y contra terceros, debe ser notificada judicialmente al deudor o aceptada por este (art. 1960 ib.) y la notificación debe hacerse “con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente” (art. 1961 ib.). Es decir, que la cesión surte efectos frente al deudor con la entrega de la prueba escrita de la existencia del crédito objeto de cesión.

Conforme a lo anterior, debe entenderse que la validez de la cesión está condicionada a la existencia previa de los créditos cedidos en cabeza del cedente, esto es que, para que un saldo crédito se aplique a una tercera persona diferente de su titular originario del mismo, necesariamente debe existir cabeza del cedente, con anterioridad a la cesión.

En el caso bajo análisis, para la fecha en que se suscribe el contrato de cesión de crédito entre la Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco y Julio César Díaz Perdomo, esto es el 19 de marzo de 2000, según el cual, la primera transfiere al segundo “todos los derechos litigiosos y de crédito que corresponden al cedente, en virtud de la reclamación gubernativa adelantada ante la Gobernación de Cundinamarca...”, no existía acto administrativo en firme que permitiera acreditar la existencia de un saldo crédito en cabeza del cedente; y es precisamente por ello, que se advierte en el mismo documento, que lo cedido son los “derechos litigiosos” derivados de la reclamación formulada por el cedente.

Es así que contra la Resolución 135 de 10 de febrero de 2000, que realizó la solicitud de devolución, la mencionada cooperativa interpuso recurso de reconsideración, el 21 de marzo de 2000. Es decir que para la fecha en que se suscribió el contrato de cesión (mar. 19/2000) y se comunicó al departamento de Cundinamarca (mar. 30/2000), no se había resuelto el recurso, lo cual ocurrió el 28 de diciembre de 2000, mediante la Resolución 1253. Significa que la situación que podría dar origen a un saldo crédito a favor de Coinco era revisable, reformable o revocable.

Así las cosas, es necesaria la existencia real del crédito para que se reconozcan sus efectos, y ello solo podría ocurrir cuando el acto administrativo recurrido quedara en firme y debidamente ejecutoriado.

Ahora bien, la Sala observa que en la resolución que resolvió el recurso se advirtió, con base en el concepto de la secretaría jurídica de la Gobernación de Cundinamarca de 9 de junio de 2000 (fl. 225 c.p.), que Coinco adeudaba al departamento de Cundinamarca una suma superior al valor cuya devolución se pretendía, lo cual implicaba que de confirmarse el acto recurrido, habría operado automáticamente la compensación a favor del departamento y que no se haría efectiva devolución alguna, a favor de Coinco. Es así como reza en lo pertinente el citado concepto:

“... se debe tener en cuenta que a la fecha se encuentran en firme las resoluciones mediante las cuales fueron liquidados los convenios de obra números 185, 274, 275, 284 y 285 suscritos en el año 1997 entre el departamento y estas cooperativas, (se refiere a Codeter Ltda. y Coinco Ltda.), resoluciones que contienen sumas de dinero a favor del departamento por concepto de dineros de anticipo mal invertidos e indebidamente manejados por las cooperativas, los cuales superan ampliamente en cuantía el reconocimiento de devolución de platas a que se refieren las resoluciones 134 y 135 de 10 de febrero de 2000. Lo anterior significa que las cooperativas a la fecha son deudoras del departamento y las obligaciones dinerarias a que nos hemos referido son exigibles a la fecha y no se encuentran sujetas a plazo o condición.

“Lo anterior significa que en el evento en que sean confirmadas las resoluciones 134 y 135 del 10 de febrero de 2000 a favor de las cooperativas y en efecto ellas sean acreedoras de las sumas de dinero allí contenidas, procede en forma automática y por ministerio de la ley el mecanismo de la compensación a que se refieren los artículos 1714 y 1715 del Código Civil, lo cual implica un cruce de cuentas entre obligaciones de igual naturaleza, líquidas y actualmente exigibles. Este modo de extinguir las obligaciones opera aun sin conocimiento de los deudores, extinguiendo ambas deudas recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores... por lo mismo, cualquier cesión posterior o cualquier notificación posterior de acto de cesión que se haga al departamento, tampoco surtirá efectos para el mismo”.

También obra en el expediente copia del auto de 8 de agosto de 2000, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que da cuenta de la existencia de un proceso ejecutivo instaurado por el departamento de Cundinamarca contra Coinco, dentro del cual se decreta el embargo de las sumas que el departamento pueda adeudar a la cooperativa por el pago de las estampillas prodesarrollo. En cumplimiento de dicho auto en la Resolución 1253 de 28 de diciembre de 2000, al decidir el recurso de reconsideración se dispuso: “Dejar a disposición del tribunal, la suma allí reconocida a favor de Coinco ($ 173.302.200).

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 861 del estatuto tributario: “en todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o responsable”, norma aplicable a los tributos de las entidades territoriales, en virtud de la unificación a nivel nacional del régimen procedimental dispuesta por el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002, permite afirmar que de llegarse a concretar un saldo a favor de Coinco, está autorizado el departamento para compensar previamente las obligaciones a cargo de la titular del crédito fiscal.

Es pertinente reiterar el criterio expuesto por la Sala en oportunidad anterior, en el sentido de señalar que, en materia tributaria no tiene cabida la noción de derechos adquiridos prevista en la Constitución Política; y que los artículos 1694 y 1714 del Código Civil, cuya aplicación según el artículo 3º del mismo Código Civil, se refiere a las relaciones de los particulares en sus asuntos civiles, no es aplicable en su integridad a las relaciones de los particulares con el Estado. Lo anterior, porque el establecimiento de los créditos a cargo de la administración, así como su cesión y una eventual compensación son figuras que se rigen por normas especiales de derecho público, en virtud de las cuales se advierte que la validez de los traslados está condicionada necesariamente a la existencia de los créditos fiscales cedidos en cabeza de los cedentes.

En lo que concierne con las normas del Código Civil, relativas a la cesión de créditos entre particulares, se ha considerado que estas no son aplicables a la administración pública, pues de una parte, el citado código no regula las relaciones jurídicas de la administración con los particulares; y de otra, las facultades y potestades administrativas se someten a leyes especiales sobre la materia. La Sala ha considerado:

“Si bien los pactos o convenios privados están destinados, naturalmente, a producir efectos “interpartes” por el principio de la normatividad de las cláusulas contractuales de que trata el artículo 1.602 del Código Civil, no es previsible que tales convenciones le sean oponibles a la administración tributaria, en su condición de tercero ajeno a estas, ni menos que deba responder por las consecuencias funestas de las mismas, en circunstancias en que, como la que ocupa la Sala, no solamente era carga indiscutible de la cedente y cesionaria del supuesto sobrante acreditar suficientemente la viabilidad y licitud de las prestaciones que decían concederse recíprocamente, sino que en parte alguna del proceso administrativo o jurisdiccional aparece demostrado dolo o culpa de los funcionarios impositivos. Contrariamente, en el inconcluso proceso de traspaso, aplicaciones y compensaciones, se destaca la conducta ejemplar del jefe de la unidad de recursos que impidió la consumación del fraude al fisco” (4) .

Al respecto también es pertinente aclarar que tratándose de créditos fiscales su definición a cargo del contribuyente o responsable o a favor de la administración tributaria, surge del cumplimiento de la ley. De manera que los sujetos de esa relación responsable —administración— están definidas en la ley por lo que su modificación o sustitución por otros, solo es admisible cuando así lo disponga el legislador, sin embargo el hecho de que no exista norma que autorice la cesión del crédito fiscal, de que se trata en el presente proceso, no es precisamente la razón para desconocer la condición de acreedor cesionario del actor como lo sostiene el tribunal.

Por las razones aquí expuestas y no por las aducidas por el tribunal la Sala habrá de confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, pero por las razones aquí expuestas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(4) Sentencia de 19 de agosto de 1994, expediente 4902, M.P. Delio Gómez Leyva, en la cual se reitera la jurisprudencia contenida en las sentencias de 2 de julio de 1993, expediente 4714, M.P. Consuelo Sarria Olcos y 30 de mayo de 1988, expediente 1424, M.P. Hernán Guillermo Aldana Duque».

____________________________________