Sentencia 14869 de septiembre 7 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

DEBER DE VIGILANCIA Y CUIDADO DE LOS ALUMNOS

EXTRACTOS: «El artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado (...). Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso”.

La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.

Sobre este tema, la doctrina ha dicho:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”(1).

Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: “Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas.

En oportunidades anteriores, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aun en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que estos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad, hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización.

Así, en sentencia del 20 de febrero de 2003, expediente 14.144, actor Manuel María Copete Hinestroza y otros, demandado municipio de Pereira, se accedió a las pretensiones formuladas por los padres y hermanos de un menor a quien su maestro envió a su casa antes de la hora reglamentaria de salida, al parecer como sanción, y luego resultó ahogado. En relación con la responsabilidad del centro educativo y de la culpa de la víctima, dijo la Sala:

“De los hechos demostrados se concluye que los directivos y profesores del ente demandado no actuaron diligentemente al tratar de adoptar las medidas correctivas, disciplinarias, preventivas y educativas, tendientes a garantizar el correcto desarrollo del proceso educativo y la seguridad del alumno de quien conocían sus antecedentes tanto académicos como disciplinarios (...).

En efecto, aunque las versiones sobre los motivos que dieron lugar a que el alumno Emmanuel Copete Murillo fuera enviado a su casa son contradictorias, coinciden en afirmar que antes de la hora de salida normal en la jornada de la mañana, el menor fue enviado a su casa (...).

La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad del menor al aplicarle las medias disciplinarias correctivas y sancionatorias, ya que no previó que al permitir la salida de un menor solo de las instalaciones del plantel dentro del horario de clase, sin avisar a sus padres o acudientes, podría poner en peligro su vida e integridad, pues es apenas natural que un niño ante la inminencia de un castigo trate de evitarlo, más con los antecedentes de indisciplina que se le conocían y sabiendo que a dichas horas en su casa no extrañarían su presencia (...).

Por lo anterior, la Sala estima que aunque era costumbre del menor desplazarse solo al colegio y llegar a su casa entre las 12 y 12:15, esto es, que tenía unos horarios que hacía fácilmente controlable su conducta, en las condiciones particulares que rodearon los hechos la responsabilidad de la entidad demandada se ve comprometida, ya que fue la orden de salir del colegio antes de terminar el horario normal, bajo la presión de un castigo, la que provocó que el menor no se dirigiera a su casa sino que se expusiera a los peligros normales de la calle, acentuados por la existencia del río en el sector (...).

Aunque sería procedente analizar si la actuación del menor incidió en el resultado y en qué grado, frente a la actividad de los responsables de su vigilancia, para reducir el valor de la indemnización, en los términos del artículo 2357 del Código Civil, se advierte que como en el caso concreto se desconocen las circunstancias en las cuales se produjo el hecho que causó la muerte del menor, no es posible establecer su grado de participación”.

En sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 14.081, actor Tomasa Victoria Ruíz, demandado departamento de Córdoba y el municipio de Ciénaga, se condenó igualmente a la entidad demandada por la muerte de un alumno que se ahogó durante la realización de un paseo programado por el colegio, por considerar que no se tomaron las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y que a pesar de que los profesores les habían prohibido nadar en el río, no había lugar a reducir la responsabilidad de la entidad porque el daño no se produjo como consecuencia de la desatención de la orden. Concluyó la Sala que

“De los hechos demostrados se concluye que los directivos y profesores del ente demandado al organizar la salida no tomaron las medidas preventivas tendientes a garantizar la seguridad de los alumnos quienes conocían el sector y muy posiblemente se sentirían tentados a darse un baño en la “pozeta natural” del arroyo de Venado. Así se desprende de los testimonios de los jóvenes alumnos obrantes a folios 76 a 89.

La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad en la salida pedagógica, ya que no incluyó el apoyo en la vigilancia del grupo para evitar que se pusiera en peligro la vida de los alumnos.

Tampoco aparece acreditado que se hubieran previsto los riesgos a los cuales se exponía a los alumnos al llevarlos al lugar donde ocurrieron los hechos, evento que por ser organizado y autorizado por las autoridades educativas debía presumirse brindaba las mínimas condiciones o garantías para una estadía libre de riesgos...

2. En cuanto a la afirmación del apoderado del ente demandado de que el hecho se debió a la culpa exclusiva de la víctima por haber desobedecido la prohibición del profesor de tomar un baño en el arroyo, motivo por el cual se rompe el nexo de causalidad, la Sala estima que aunque la prohibición existió la responsabilidad del demandando se ve comprometida, ya que fue la ausencia de vigilancia la que provocó la tragedia. Tampoco podría hablarse de concurrencia de culpas, por cuanto el menor que resultó muerto no desobedeció la orden del profesor, ya que lo que pretendía era solo limpiar su pantalón y no exponerse a los normales riesgos de una corriente de agua”.

También, en la sentencia del 13 de febrero de 1997, expediente 11.412, actor Paulino Rincón Arévalo y otros, demandado Ministerio de Educación, la Sala consideró que aunque el hecho fue en buena medida imputable a la misma víctima quien se sumergió al río contiguo al arroyo donde se permitió ingresar a los alumnos, la institución educativa también era responsable por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el daño:

“... la Sala encuentra debidamente acreditado que los docentes, en el curso de la convivencia, permitieron que los alumnos realizaran una actividad altamente riesgosa, como lo fue el baño en la quebrada ubicada en el punto denominado “Bocas de Uré”. Si bien es cierto, en principio, la actividad no se presentaba con alto grado de riesgo, pues como lo afirman los testigos que el agua apenas alcanzaba las rodillas, los profesores no tuvieron en cuenta que anexa a dicha quebrada cursaba el río San Jorge de considerable caudal, que fue precisamente el que arrastró a Óscar Javier, hasta causarle la muerte.

Aunque los docentes son coincidentes y categóricos al afirmar que la actividad se llevó con vigilancia extrema de su parte, el sentenciador encuentra que sí hubo ligereza en el manejo del control de los estudiantes, pues no se observaron los cuidados requeridos tales como determinar los linderos de la quebrada que no ofrecían peligro para sus vidas e impidiendo el desplazamiento hacía lugares de mayor riesgo.

La realidad que hasta aquí se deja descrita permite al fallador manejar el presente asunto a la luz de la doctrina de la falla probada del servicio. La administración no acreditó alguna de las causales eximentes de responsabilidad como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

Con relación a este último aspecto, la Sala apoyada en las declaraciones en antes transcritas se aparta de lo decidido por el tribunal, pues encuentra que la víctima se desplazó hacía el margen del río San Jorge, sin tener en cuenta la prohibición que sobre el particular habían emitido los directores del grupo, y por ello reducirá la condena en un cincuenta por ciento (50%) por culpa de la víctima.

Para hacer esta disminución de la condena, el sentenciador tiene en cuenta que al momento de su deceso Óscar Javier contaba con poco menos de 17 años, edad en la cual se presume gozaba de normal discernimiento para guardar prudente distancia ante el peligro.

Se afirma lo anterior porque si bien es cierto en el curso del expediente no se logró establecer si sabía nadar o no, pues en este punto las declaraciones son contradictorias, de todas formas se puede establecer que sí sabía hacerlo, temerariamente se expuso al caudaloso río; y si no sabía, con mayor razón su conducta puede ser calificada de extremadamente negligente” (negrillas fuera del texto).

3. El caso concreto.

La responsabilidad que se endilga a la Nación - Ministerio de Educación, se fundamenta en la omisión del deber de vigilancia a los alumnos que asistieron a la actividad organizada por el centro educativo José Benigno Perilla del municipio de Somondoco, por fuera de las instalaciones educativas, por parte de la rectora del plantel y de los profesores Israel Samacá López y Luis Antonio Riaño.

3.1. En el proceso se encuentra probado:

— Que el 21 de octubre de 1993, Martha Aurora Vargas Herrera participó en una actividad escolar programada por el colegio en el que adelantaba sus estudios secundarios, tal como consta en los testimonios rendidos por otros estudiantes que también realizaron el viaje.

(...).

— Que Martha Aurora Vargas viajó en un bus contratado por el establecimiento educativo, en compañía de otros estudiantes y de algunos profesores, desde el municipio de Somondoco, donde residía, hasta la ciudad de Tunja.

(...).

— Que en el viaje de regreso a Somondoco, el bus se detuvo en el sitio denominado “El Sisga”, jurisdicción del municipio de Chocontá, Cundinamarca, para que se bajaran los alumnos que requirieran comprar alimentos o entrar al baño.

(...).

— Que como debían cruzar la carretera, los profesores preguntaron a los alumnos quiénes se bajarían del bus para acompañarlos al otro lado de la vía, como en efecto lo hicieron y que Martha Aurora descendió del bus después que sus compañeros habían pasado la calle con los profesores (fls. 19-38).

Así lo afirmó Edna Yisela González Zamora:

“... el profesor Israel se bajó y subió al bus y preguntó quiénes iban a bajarse y yo no me bajé y bajaron (sic), pero ella no alzó la mano para indicar que iba a bajarse y fue cuando para ir al baño tocaba pasar al otro lado y yo creo que ella iba a pasar y fue cuando la atropelló el carro” (fl. 21).

Además agregó:

“... cuando él preguntó alcen la mano y él se paró en la puerta mientras los alumnos iban desocupando el bus, y ella se quedó ahí con la otra hermana ahí sentada, yo me paré pues a descansar y fue cuando yo vi que ella iba bajando, porque las hermanas de ella si no se bajaron. (...). Ella iba sola, fue a pasar antes porque después iba YARIS y FABIOLA, ella iba sola y se pasó sola”.

— Que en el intento de cruzar la vía, fue atropellada por un vehículo. Así declaró Fredy Andrés Gordillo:

“... yo estaba al lado de la autopista ... y oí un grito y fue cuando miré, pues no ví propiamente cuando la atropellí (sic) sino cuando vi que cayó al piso y ahí se acercó un montón de gente, luego la transportaron para el hospital de Chocontá y nosotros nos fuimos en el bus a perseguir al man que la había atropellado... estuvimos hablando con la policía y dijimos que esa(sic) era el que la había atropellado, después la policía se hizo cargo del man y lo cogieron y nos fuimos para Chocontá... y no recuerdo si se la llevaron ese día para Bogotá...” (fl. 23).

— Que Martha Aurora Vargas falleció el día 27 de octubre de 1993, en el hospital La Samaritana, al cual ingresó a causa del accidente de tránsito y que por los hechos avocó conocimiento “en 1993 unidad de fiscalía de Chocontá ... preliminares 468” (fls. 5, 41 y 42).

— Que para la fecha de los hechos, contaba con 19 años de edad (fls. 5 y 7).

3.2. Sobre la conducta desplegada por los docentes, Edna Yisela González Zamora, estudiante del Colegio José Benigno Perilla, quien también realizó el viaje a la feria de la ciencia, señaló:

“... el profesor Israel se subió al bus y nos preguntó quiénes iban a bajar y ella no alzó la mano, porque él nos dijo que alzaran la mano los que se iban a bajar, y ella se bajó del bus después de eso y se supone que iba para el baño porque si iba a pasar la avenida era porque iba para el otro lado” (fl. 19).

Cuando se le preguntó si los profesores habían hecho alguna advertencia del peligro que representaba la zona, contestó:

“... él les advirtió que si iban a pasar al otro lado al baño, que tuvieran cuidado y que no fueran a pasar solos, que fueran acompañados de alguien, porque en ese sitio era oscuro, que fueramos acompañados... nos advirtieron que debíamos tener cuidado” (fl. 22).

Sobre los mismos hechos, declaró la joven Magda Fabiola Piñeros Garzón:

“... nosotros paramos en el Sisga a comprar cosas de comer, para ir al baño, antes de bajarnos subió al bus el profesor Israel para ver cuántos íbamos a bajar y cuántos nos quedábamos en el bus, después de un rato con unas compañeras estábamos ahí a pasar la avenida y fue cuando la alumna estaba más arriba Martha y entonces ella esperó hasta que pasaron los carros que iban para Bogotá, entonces al pasar se cruzó y al otro lado había un señor y le dijo que cuidado y se la llevó un carro pequeño un wosvaguen (sic) ... a ella la estrellaron en el segundo carril ya casi pasando, distancia hay más o menos unos quince metros... ella no se bajó cuando el profesor dijo que quiénes se iban a bajar, cuando se bajó se bajó fue sin avisar, y cuando vi que iba a cruzar iba sola, ella se bajó sola y de una se paró ahí para cruzar al otro lado” (fls. 26-29).

Aunque objetivamente podría concluirse que los profesores que acompañaban a los estudiantes no actuaron con la prudencia debida, tal como haber hecho estacionar el bus en un lugar que brindara mayor seguridad donde los jóvenes no tuvieran que atravesar una vía con tan elevado riesgo en la que los vehículos circulan a alta velocidad y dado que las condiciones de nocturnidad disminuían la visibilidad, se destaca no obstante, que los docentes tuvieron el cuidado de preguntar a los alumnos quiénes deseaban bajar del bus y además los acompañaron a cruzar la vía, precaviendo así el peligro que el paso representaba, hecho por el cual resultaba razonable confiar que ningún otro estudiante se bajaría solo del vehículo.

A lo anterior se suma las condiciones particulares de la víctima, quien era mayor de edad, tenía 19 años al momento de su muerte, con plenas facultades mentales y, por lo tanto, capaz de determinar su comportamiento y autocontrolarse. Por estas circunstancias, el resultado no puede ser imputable a la entidad demandada, ya que fue la víctima quien se expuso imprudentemente al riesgo, el que el docente trató de evitar al acompañar a los alumnos a cruzar la vía, compañía que la víctima desaprovechó y que luego sorprendió al bajarse del bus sola, cuando sus compañeros ya lo habían hecho atendiendo el llamado y la compañía del profesor. Lo anterior lo prueban los testimonios obrantes en el proceso que, contrario a lo relatado en la demanda, permiten concluir que efectivamente la víctima desatendió las advertencias de los docentes intentando cruzar sola la vía.

Como el régimen de responsabilidad que en el presente caso se pretende sea aplicado se fundamenta en la falla del servicio, traducida en la inobservancia del deber de cuidado por parte de los docentes del centro educativo José Benigno Perilla, con las pruebas que obran en el proceso no se demostró tal situación; comoquiera que los docentes del colegio tuvieron la diligencia de acompañar a los alumnos a cruzar la vía. Queda por el contrario establecido que la muerte de Martha Aurora Vargas Herrera se debió única y exclusivamente a su actuar imprudente que fue el hecho determinante para que se produjera el fatal resultado, lo que permite exonerar de responsabilidad al Estado.

En conclusión, el fallo impugnado debe ser objeto de confirmación, pues no hay lugar a deducir responsabilidad alguna a los docentes del Colegio José Benigno Perilla en la muerte de la alumna Martha Aurora Vargas Herrera, ya que el hecho se debió exclusivamente a la víctima y al tercero que conducía el vehículo, quien finalmente fue quien le ocasionó las lesiones a la joven».

(Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Expediente 14.869. Consejera Ponente: Dra. Nora Cecilia Gómez Molina).

(1) Mazeaud Tunc. Responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.

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