Sentencia 14874 de septiembre 11 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Por daños ocurridos en el ejercicio de la función jurisdicción.

EXTRACTOS: «Al juzgar sobre la responsabilidad que cabe al señor Juez 1º Laboral del Circuito de ..., sin duda alguna ha de tener incidencia la declaración constitucional según la cual “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. No obstante, al juzgar sobre la responsabilidad que cabe al Estado al actuar a través de sus jueces, la declaración constitucional que cobra relevancia en este proceso es la contenida en el artículo 90 de la Carta Política, según la cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

De la anterior declaración no se desprende, en modo alguno, que el constituyente haya excluido o querido excluir a los jueces del conjunto de “autoridades públicas” por cuyas acciones u omisiones puede responsabilizarse al Estado, si llegan a imputársele daños antijurídicos. Tampoco se aprecia que el constituyente haya querido que la responsabilidad del Estado por el ejercicio de funciones diferentes a la judicial rija de una forma, mientras que la responsabilidad resultante del ejercicio de tal función rija de otra, es decir, con un alcance distinto. “El actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de la actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública” (1) .

En similares palabras, para la Sala está claro que los jueces de la República, con acciones u omisiones realizadas en ejercicio de su función jurisdiccional, también pueden comprometer la responsabilidad del Estado en tanto y en cuanto a este le sean imputables daños que hayan causado y vayan más allá de lo que normalmente deben soportar personas solidarias, por el hecho de vivir en medio de una comunidad jurídicamente organizada.

La responsabilidad patrimonial del Estado, prevista como está en el artículo 90 de la Carta Política, no se expande o contrae, ni modula su alcance, dependiendo de cuál sea la función en ejercicio de la cual haya actuado la autoridad al momento de realizar las acciones u omisiones causantes del daño antijurídico. Y tampoco puede decirse que la antijuridicidad del daño —cuando está de por medio el ejercicio de la función jurisdiccional— entra a depender sólo de la antijuridicidad de la conducta que lo causa.

En razón de lo dicho por el apoderado de la Nación - Ministerio de Justicia, en cuanto que en ejercicio de su soberanía el Estado puede causar algunos daños (fl. 43 cdno. ppal.), bueno es aclarar que si bien dichos daños pueden, en efecto, ser causados por el Estado por razones de interés general, ello no quiere decir que no deban ser indemnizados aquellos que resulten ser antijurídicos e imputables a las autoridades públicas.

La Sala reitera que el atributo de la soberanía hace tiempo dejó de ser eximente de responsabilidad, porque ha quedado entendido que al hacerse responsable de los daños antijurídicos que causa, el Estado no se hace menos soberano.

También por las manifestaciones hechas en esa contestación, según las cuales “la responsabilidad del Estado se condiciona a la presencia de la culpa” (fl. 44 cdno. ppal.), o que la responsabilidad del Estado es “indirecta”, la Sala se ve en la necesidad de reiterar que ya no es así y que, por el contrario, de vieja data han quedado superadas esas perspectivas y dilucidado que en nuestro derecho público puede haber responsabilidad del Estado aun cuando no haya falla y que esta es “directa”.

El argumento central del llamado en garantía se torna simplemente inaudito cuando ante el embargo de un remanente originado en un crédito distinto de aquél del que conocía, llega al extremo de decir que se abstuvo de comunicarlo al Registrador de Instrumentos Públicos porque había sido pagado en su totalidad el crédito del que conocía y que, por consiguiente, no quedaba remanente alguno. Esa afirmación solo puede explicarse por el desconocimiento rampante de la tradición legal colombiana, según la cual el patrimonio de toda persona constituye prenda general de sus acreedores, desconocimiento este que, en un juez, pasa de ser escalofriante a ser sospechoso.

2.3. Sobre la existencia de un daño antijurídico:

Procede la Sala a examinar si está acreditado el “daño antijurídico”, como condición necesaria que, unida a los otros elementos de la responsabilidad ya probados, da lugar a una declaración de responsabilidad en contra de la entidad accionada.

Puesto que los aquí accionantes tuvieron a su alcance la probabilidad de hacer efectivo el recaudo de su crédito —al punto que lograron el embargo de un predio— y, dado que era plausible hacer efectivo el recaudo tras encaminarse por lo que el orden jurídico vigente prevé precisamente para apremiar a los deudores, lo procedente es concluir que su oportunidad era realizable y no una contingencia atada al ensueño. Por tanto, la conducta del Juez 1º Laboral del Circuito de ... condujo a que los accionantes del proceso ejecutivo que se seguía ante el Juzgado 21 Civil del Circuito de ... quedaran desprovistos de la oportunidad legal cierta de hacer efectivo el recaudo.

El daño material, por consiguiente, equivale a lo que los accionantes han debido lograr dentro del curso habitual de las cosas, que para el caso no era otra cosa que lograr, en su calidad de acreedores, la efectividad de un crédito cobrado ejecutivamente, mediando el embargo decretado y registrado de un predio con valor suficiente para enjugar el total de la deuda.

Ese menoscabo patrimonial no tiene que ser soportado por el señor Luis Alberto Peralta y por doña Cristina Gaona de Peralta, no solo porque va más allá de lo que normalmente las personas deben soportar por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada sometiéndose al poder de sus jueces, sino porque a nadie, dentro de una sociedad como la colombiana, le corresponde soportar los efectos del comportamiento errático y manifiestamente ilegal de los servidores judiciales.

Los efectos nocivos de equivocaciones tan conspicuas como las constatadas, en un Estado social y democrático de derecho, no tienen cómo internalizarse en el patrimonio de las víctimas de dichos comportamientos, sino, más bien, en el patrimonio de quien actúa a través de sus funcionarios y al hacerlo causa el daño, es decir del Estado, el cual a la postre, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, deberá repetir en contra del agente que haya causado el daño en cuanto este haya obrado con dolo o, como en este caso, con culpa grave. [...].

2.6. La responsabilidad del llamado en garantía:

Ningún razonamiento hizo el referido a quo acerca del motivo por el cual era procedente hacer la declaración que aparece en el numeral tercero de la parte resolutiva de su providencia de fecha 11 de diciembre de 1997, en la cual condenó “al señor Jaime Hernán Espinosa Salazar a cancelar a la entidad oficial demandada el valor de la condena”.

La Sala confirmará esa decisión atendiendo lo que aquí pasa a considerar, como que la conducta del señor Jaime Hernán Espinosa Salazar, desplegada en ejercicio del cargo de Juez 1º Laboral del Circuito de ..., dentro del proceso ejecutivo de marras, estuvo apartada de modo palmario de la legalidad y por mucho, salida de los márgenes de maniobra que ofrece la interpretación razonable de las normas y de la aplicación efectiva de la ley. Tras considerar que los jueces en sus decisiones solo están sometidos al imperio de la ley, para la Sala se hace evidente que el llamado en garantía no se sometió a la ley, por haber ido en contra de ella, mediante una interpretación deformante que a estas alturas todavía no ha sabido explicar de modo convincente.

Cómo no poner dentro del inventario de sus ladinas ejecutorias que aun cuando el apoderado de los afectados le puso de presente la situación y, casi como un clamor, le pidió no actuar de semejante modo, aún así, prevalido de un impulso generado en la ausencia total de masa crítica, de todas formas se encaminó por una conducta que resulta contraria a una norma que puede decirse, tanto jueces como secretarios, conocen de memoria.

A ese respecto la Sala considera que la conducta del señor Juez 1º Laboral del Circuito de ..., Jaime H. Espinosa Salazar, fue a tal extremo descuidada y tan burdamente contraria a la ley, que la misma comporta culpa grave. Si pudiera aceptarse que “culpa”, en su más genuino significado, es el defecto de conducta que puede atribuirse a quien no prevé lo que es previsible, a propósito de la “culpa grave” valdría decir que es el defecto de conducta en que incurre quien no prevé lo que es ostensiblemente previsible. En el presente caso resulta evidente que era ostensiblemente previsible que una vez levantada una medida cautelar sin hacer las salvedades que manda la ley —como que el bien desembargado quedaba embargado a órdenes de otra autoridad judicial—, el propietario del bien desembargado podría disponer de él, sacándolo de su patrimonio, que a la sazón era prenda general de su otro acreedor.

Por lo anterior, se condenará al llamado en garantía a cancelar a la entidad demandada el total de la condena impuesta en este proveído».

(Sentencia de 11 de septiembre de 2006. Radicación 14874. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez).

(1) Corte Constitucional, sentencia de 1º de agosto de 1996, expediente C-333, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, actor Emilse M. Palencia Cruz.

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