Sentencia 05001-23-31-000-2001-04138-01- 14877 de octubre 26 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 05001-23-31-000-2001-04138-01- 14877

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Bogotá, D.C., octubre veintiséis de dos mil seis.

Actor: Aseguradora de Vida Colseguros S.A. EPS C/ municipio de Medellín

Impuesto de industria y comercio

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El debate en esta instancia se concreta en determinar si es viable la estimación de la base gravable del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2000, base 1999, en los términos propuestos en los actos demandados.

En lo que a la base gravable del impuesto de industria y comercio concierne, el artículo 42 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, dispone:

“La base impositiva para la cuantificación del impuesto regulado en la presente ley se establecerá por los concejos municipales o por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, de la siguiente manera:

(...).

4. Para compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas”.

El artículo 47 de la misma ley (D. 1333/86, art. 212), señala que la Superintendencia Bancaria informará a cada municipio y al Distrito Especial de Bogotá, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base descrita en el artículo 42 de dicha ley, para efectos del recaudo del impuesto.

La información relativa a la determinación del monto de la base gravable por parte de la Superintendencia Bancaria, para efectos del impuesto de industria y comercio, no constituye una intromisión ilegítima en asuntos de competencia de los concejos municipales. La Sala en reiteradas oportunidades ha sostenido que las certificaciones que en tal sentido emite dicha entidad de control, no tienen carácter obligatorio para los municipios, sino simplemente informativo y con la única finalidad de facilitar el correcto recaudo del tributo (2) .

En el mismo sentido la corporación ha manifestado que la función de la Superintendencia Bancaria consagrada en el artículo 212 del Decreto 1333 de 1986 (norma con fuerza de ley, posterior a la Ley 14 de 1983) se debe limitar a informar a cada municipio y al Distrito Especial de Bogotá “... el monto de la base descrita en el artículo 207 de este decreto, para efectos de su recaudo”, sin que ello implique la determinación de las bases gravables, que es función que le pertenecía a los concejos municipales en competencia hoy claramente señalada en el artículo 338 de la Carta Política (3) .

Corresponde entonces a los concejos municipales la definición de la base impositiva del impuesto de industria y comercio aplicable a las compañías aseguradoras, en los mismos términos precisados por la ley, tal como seguramente se hizo al expedir el Acuerdo 61 de 1989, de cuya existencia dan cuenta los actos acusados.

La demandada admite en el recurso de apelación el carácter simplemente informativo de la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria y su no obligatoriedad para determinar la base gravable del impuesto por parte del municipio. Sin embargo, sostiene que ante la falta de definición del procedimiento para cuantificar las “primas retenidas”, tanto en la ley como en el acuerdo municipal, el municipio determina la base gravable, deduciendo de las “primas brutas emitidas por la entidad en la ciudad de Medellín”, las “primas brutas cedidas o reaseguros en la misma ciudad”.

Agrega, que en consideración a la actividad investigativa que adelantó, estableció que se presenta un saldo por “primas emitidas” por valor de $ 2.587.122.630, sin observar cuantía por concepto de “primas cedidas”, que era necesario para determinar la base gravable del impuesto y en tal sentido se modificó la liquidación privada.

Para la Sala tal como lo ha considerado en anteriores oportunidades (4) , la actuación de la administración municipal resulta manifiestamente contraria a derecho, dado que ella implica que la autoridad fiscal se abroga la facultad de modificar la base gravable, definida por el legislador como “los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas”, y toma como base impositiva “las primas brutas emitidas”, so pretexto de la ausencia de información contable acerca de las “primas retenidas”, y olvida que para la correcta determinación del impuesto cuenta con amplias facultades de fiscalización, en ejercicio de las cuales debió demostrar que lo reportado por la compañía demandante en su declaración privada, con base en la certificación de la Superintendencia Bancaria, no correspondía a la realidad. Sin embargo, en tal sentido la administración no adelantó investigación ni aportó prueba alguna.

Sobre el tema resulta pertinente reiterar lo precisado por la Sala en anterior oportunidad, en el sentido de señalar que el concepto propuesto por el legislador para efectos de la cuantificación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, al sector financiero, del que hacen parte las compañías aseguradoras, fueron los “ingresos operacionales”, que se definen como “los generados por los servicios prestados a personas naturales o jurídicas”, por ser estos los que mejor reflejan la capacidad tributaria de esas instituciones y permiten una definición adecuada de las distintas fuentes de ingresos y no los ingresos brutos (5) .

En conclusión, es ilegal la actuación administrativa demandada, en cuanto desconoce el concepto previsto en la ley como base gravable del impuesto de industria y comercio, por lo que procede en este punto la confirmación de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor José Alberto Martínez Menéndez para representar a la demandante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(2) Sentencias de septiembre 7 de 2001, expediente 12193, M.P. María Inés Ortiz, septiembre 21 de 2001, expediente 12194, M.P. Germán Ayala Mantilla, septiembre 7 de 2001, expediente 12195, M.P. Juan Ángel Palacio y mayo 3 de 2002, expediente 12900, M.P. Ligia López Díaz.

(3) Sentencia de 23 de septiembre de 1993, expediente 4919, M.P. Jaime Abella Zárate.

(4) Sentencias de 17 de noviembre de 2005, expediente 14879, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y 23 de enero de 2006, expediente 14672, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

(5) Sentencia de 4 de julio de 1997, expediente 80891, M.P. Consuelo Sarria Olcos.

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