Sentencia 14902 de julio 14 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

CONDICIONES DE LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXONERACIÓN

EXTRACTOS: «En relación con el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...” (1) .

Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política (2) . La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a este último.

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima” (3) (se resalta).

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones, que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

Las precisiones mencionadas permiten, de igual manera, señalar que no es acertada la afirmación realizada por el tribunal en el sentido de que, este caso, se debía analizar a la luz del régimen de la falla presunta pero que, al tener la víctima un arma de fuego, se debe analizar bajo el régimen de falla probada.

2. El caso concreto.

(...).

3. De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado que el 28 de enero de 1995, murió Héctor Rincón Cáceres y dos personas más quedaron heridas, en un operativo realizado por miembros de la policía de Manaure.

Como se describe en los informes de policía citados, el señor Rincón murió por disparos causados con arma oficial. La muerte por arma oficial también se confirma con el hecho de que, en la escena de los hechos, se hubiera incautado únicamente un arma que, siendo de propiedad de la víctima, no parece posible que el deceso se hubiera producido con ella. En este sentido, también se encuentra el testimonio de José Olivo Goyeneche quien, a pesar de no estar presente en el momento en que se produjeron los disparos, afirma haber llegado después y haber oído a los agentes de policía decir lo siguiente:

“(...) ahí mismo los agentes de policía dijeron que ellos lo habían tirado, dizque porque él salió corriendo cuando le hicieron alto, entonces ellos procedieron a dispararle, también esa noche resultaron heridos los señores Urielso Pavón Pérez y Juan de Dios Julio Angarita (fl. 132, cdno. 1)” (se resalta).

Ahora bien, encontrándose probado que el señor Rincón murió a causa de un disparo de arma de dotación oficial, es necesario establecer si se encuentra probada, en el proceso, alguna causal de exoneración. Sobre el punto, el tribunal, en la sentencia impugnada, consideró que se configuraba la culpa exclusiva de la víctima, dado que el señor Rincón portaba un arma y, supuestamente, se negó a la requisa que ordenaban los policías.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 26 del Código Penal Militar (D. 2550/88), vigente al momento de los hechos, establecía, en su numeral cuarto, la legítima defensa como causal de justificación: “El hecho se justifica cuando se comete... 4) Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”. La legítima defensa establecida como causal de justificación de la conducta en la citada norma penal, es aplicable en el campo de la responsabilidad patrimonial como causa exonerante de la misma; sobre este particular los tratadistas Mazeud y Tunc expresan:

“El derecho penal suprime la responsabilidad en caso de legítima defensa o de un tercero. La misma regla se aplica en el derecho civil; por supuesto, no porque se haya suprimido la responsabilidad penal, sino por aplicación directa de los principios que definen la culpa en materia civil. Desde luego se precisa, como lo exige el derecho penal, que la agresión sea actual, que sea injusta y que la defensa empleada no exceda manifiestamente de la medida del ataque.

Esos principios, así como acaba de decirse, derivan necesariamente en la definición de la culpa. El que le causa un daño a su agresor o al agresor de un tercero, a fin de impedirle a este último (ofensor) que realice un perjuicio, ¿incurre en culpa? Para responder, hay que preguntarse lo que habría hecho un individuo situado en iguales circunstancias. La solución se impone: ese individuo cuidadoso se hubiera esforzado por impedir que el agresor consiguiera su propósito; para ello, no habría dudado en causarle un daño al agresor. La emoción que causa el ataque puede excusar incluso una defensa demasiado enérgica. Sin embargo, y por descontado, que no todo medio de defensa es legítimo. Como puntualiza con razón el proyecto de reforma del Código Penal francés (art. 113), la defensa debe “ser proporcionada a la gravedad de la agresión” (4) .

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración (5) ; sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones (6) . Así lo consideró, por ejemplo, en sentencia del 27 de julio de 2000:

“Se agrega que aun en el evento de que los señores Orlando y James Ospina hubieran sido delincuentes y que pretendieran extorsionar a la señora Mélida Díaz, los funcionarios no estaban legitimados para sancionarlos con la pena de muerte, pues si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas” (7) .

Similares consideraciones ha hecho la Asamblea General de Naciones al aprobar el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en la 106ª sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979, para establecer, en el artículo 3º, que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; sobre dicha norma comenta que el uso de la fuerza debe ser excepcional, en la medida de lo razonablemente necesario. Tal ha sido también el entendimiento que condujo a la aprobación de los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptados por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en agosto y septiembre de 1990, en los cuales se establece:

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (...).

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Por ello, el examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en este tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública.

Serán estos los parámetros que tomará en cuenta la Sala para examinar el presente caso, con el fin de establecer si, en él, se configuró la causal de exoneración de responsabilidad del Estado, reconocida en la sentencia de primera instancia.

4. La entidad demandada sostiene que no hay claridad sobre la forma en que ocurrieron los hechos y que, en todo caso, los agentes de policía actuaron en el marco de un enfrentamiento armado, ante el ataque de los particulares.

No obstante, no obra en el expediente prueba idónea que corrobore que la muerte del señor Rincón se produjo por la reacción de los agentes de policía ante el ataque de un grupo de particulares entre los que se encontrara el occiso.

Además, no se encuentra demostrado que el arma encontrada al señor Rincón fuera disparada. En efecto, no existió prueba de balística realizada al arma y si se aceptara que, de la descripción realizada en el acta de incautación así como de las municiones del arma, fuera posible deducir que la misma fue accionada, no sería posible establecer que lo hubiera hecho la víctima, pues no se realizó prueba de residuos de disparos en sus manos (guantelete de parafina o absorción atómica) que así lo estableciera.

Tampoco, con el acervo probatorio existente, sería posible determinar, si tales supuestos estuvieran probados, si el señor Rincón fue quien primero disparó a los agentes y si estos, en reacción al ataque, también dispararon causando su muerte.

En conclusión, no se encuentra acreditado el enfrentamiento armado alegado por la demandada y, en consecuencia, que los agentes de policía hubieran causado la muerte del señor Rincón en legítima defensa. Se concluye, entonces, que no se configura la causal de exoneración de la responsabilidad, consistente en la culpa exclusiva de la víctima, dado que la demandada no probó la causal alegada, cuando le correspondía la carga de hacerlo. Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

De acuerdo con lo anterior, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad de la administración».

(Sentencia de 14 de julio de 2004. Expediente 14.902. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(2) Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente: 12.696, actores: José Tulio Timaná y otros.

(4) Henri y León Mazeud, André Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, tomo I, volumen II, reimpresión, 1993, pág. 138.

(5) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia del 19 de febrero de 1999, Exp. 10.459, del 10 de marzo de 1997; Exp. 11.134, del 31 de enero de 1997; Exp. 9.853, del 12 de diciembre de 1996; Exp. 9.791, del 21 de noviembre de 1996; Exp. 9.531, del 18 de mayo de 1996; Exp. 10.365 y del 15 de marzo de 1996; Exp. 9.050.

(6) Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la fuerza pública la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencias del 14 de marzo de 2002, expediente: 12054, del 21 de febrero de 2002; expediente: 14016, y del tres de mayo de 2001, expediente: 13.231.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, expediente 12.788, actora: Ofelmina Medina Villa.

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