Sentencia 14946 de agosto 19 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO PRUEBA LA CALIDAD DE MADRE

EXTRACTOS: «El análisis que hace el a quo para deducir la existencia de una falla del servicio imputable a la Nación es serio y razonado; sus afirmaciones encuentran respaldo probatorio suficiente entre los medios allegados al proceso, razón por la cual la Sala comparte y prohíja sus argumentos. No hay duda que el subteniente del Ejército Nacional, Gerardo Rengifo Orjuela y el cabo Juan Carlos Parra Rincón murieron el 3 de febrero de 1995, a causa de los disparos que les propinó el soldado José Tito Quiñones Reina, por un motivo baladí, cuando los tres, en compañía de otros miembros de la institución armada, se encontraban en la base militar de Anchicayá; tanto el agresor como las víctimas estaban vinculados al Ejército Nacional y el arma disparada era la de dotación oficial del soldado causante de los decesos.

(...).

Las circunstancias descritas hacen innecesario acudir al régimen de la falla del servicio presunta que, de ordinario, orienta la solución de las controversias originadas en daños que se causan con armas de dotación oficial; acertó el Tribunal cuando manejó el asunto de acuerdo con las reglas de la falla probada.

Superado lo anterior, entra la Sala a estudiar los perjuicios reclamados por los demandantes, previas las siguientes reflexiones:

Para el juez de primera instancia, la persona que se presentó al proceso como madre del señor Gerardo Rengifo Orjuela (víctima), no acreditó la calidad con la que dijo actuar. A su juicio, la señora Betsabé Orjuela no logró demostrar su maternidad en relación con el occiso, puesto que, el reconocimiento post mortem que ella hizo de su presunto hijo, sólo aprovecha a la posteridad legítima, en ningún caso a los padres ni a los hermanos(*).

(*) El a quo reconoció 1.000 gramos de oro como perjuicios morales para la señora Betsabé Orjuela, pero no en su calidad de madre con que dijo actuar, sino como tercera damnificada, pues ella “vino a reconocerlo después de la muerte”. Sin embargo, consideró que los testimonios recogidos a lo largo del proceso “afirmaron categóricamente que entre el occiso Gerardo Rengifo y quien era reputada como su madre existía una relación caracterizada por el amor y la colaboración económica como aquella que se da entre madre e hijo”. (N. del D.).

Según el tribunal, la copia del registro civil de nacimiento del señor Gerardo Orjuela, visible a folio 10 del expediente, no es prueba suficiente para acreditar la calidad de madre de la señora Betsabé Orjuela, pues, en dicho documento, la demandante no hizo el reconocimiento de su presunto hijo.

La Sala no comparte estas conclusiones, dado que, la maternidad, “esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo” (C.C. art. 335), se tiene por el sólo hecho del nacimiento (L. 45/36, art. 1º), aunque nadie discute que pueda ser impugnada probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, de conformidad con los artículos 335 a 338 del Código Civil.

Inicialmente, los artículos 318 y siguientes del original Código Civil, así como la Ley 153 de 1887, exigían que tanto el padre como la madre naturales, debían reconocer por instrumento público al hijo. Sin embargo, esa exigencia desapareció bajo la vigencia de la Ley 45 de 1936, habida cuenta, que dicha calidad se tendría, respecto de la madre soltera o viuda, por el solo hecho del nacimiento (art. 1º).

El Consejo de Estado, haciendo una interpretación extensiva del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, que modificó el artículo 2º de la Ley 45 precitada dejando vigente su artículo 1º, consideró que “la maternidad se prueba con la firma de la madre en el acta de nacimiento, y en su ausencia, por la investigación que debe adelantarse conforme al inciso final de dicho artículo, común a padre y a madre y la comparecencia de los mismos”(1).

(1) Sobre este punto pueden consultarse, entre otras, las providencias del 22 de septiembre de 1983, expediente 3880, sentencia de 14 de junio de 1991, expediente 6300, y sentencia de junio de 1994, expediente 7845.

Sin embargo, la Ley 75 de 1968, no previene que la maternidad se prueba con la firma de la madre en el acta de nacimiento; por el contrario, el mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 45 de 1936, ha precisado que la calidad de madre se infiere del solo nacimiento, hecho que es objeto de registro cumplido lo cual se tendrá por cierto mientras no sea desvirtuado por los procedimientos previstos para tal efecto.

Según el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970, “se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil. No obstante, podrán rechazarse, probando la falta de identidad personal, esto es, el hecho de no ser la misma persona a que se refieren la inscripción o los documentos en que ésta se fundó y la persona a quien se pretende aplicar”. Además, no se puede olvidar, que para inscribir el nacimiento de una persona se debe acreditar debidamente el parto, pues así lo dispone el artículo 49 ibídem.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada norma, el nacimiento se debe acreditar mediante el certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, y en defecto de aquél, con declaración juramentada de dos testigos hábiles.

En este orden de ideas, la Sala considera que el registro civil de nacimiento constituye prueba de la calidad de madre, pues, además de estar amparado por la presunción de legalidad, su expedición supone que se ha acreditado el hecho del parto, en relación con el hijo cuyo nacimiento se inscribe. Sobre este punto, el tratadista Arturo Valencia Zea, señala que, “en el ordenamiento colombiano las actas de nacimiento sirven para probar no sólo el hecho del parto, sino también quién es la madre” (2) (se resalta).

(2) Valencia Zea Arturo, Derecho Civil, Derecho de Familia. Editorial Temis. Bogotá. 1970.

Es claro entonces, que para acreditar la maternidad, basta allegar al expediente, la partida o el registro de nacimiento en el que conste que la demandante es la madre (como sucedió en el presente caso), circunstancia que demuestra el hecho mismo del nacimiento y que ella (la madre) era soltera o viuda al momento de su ocurrencia.

En el sub lite, la Sala observa que el acta civil de nacimiento del señor Gerardo Rengifo, allegada al proceso, donde consta que la señora Betsabé Orjuela es su madre, demuestra la filiación existente entre ellos, lo cual no sólo no está contradicho sino que aparece corroborado de modo suficiente con los testimonios de Margarita Moreno Orjuela (fl. 97, c-2), Nalida Díaz de Rodríguez (fl. 99, c-2) y Germán Saavedra Castro (fl. 101, c-2); de sus dichos se deduce con claridad el vínculo familiar existente entre la demandante y el difunto, así como el dolor y la angustia que produjo su desaparición.

Para corroborar lo anterior, es suficiente leer el testimonio que rindió la señora Margarita Moreno, del cual se destaca lo siguiente:

“...desde la muerte de Gerardo, como siempre hemos sido tan amigos las familias, lo hemos acompañado siempre, es una amistad muy antigua, de la señora Betsabé desde que murió Gerardo la he visto muy destruida porque Gerardo era su único hijo varón y Adriana que es la hermana que quedó con ella, personalmente como hemos estado tan cerca, yo la veo a ella sufriendo mucho, siempre habla de él constantemente, las fotos, todo lo que tiene de él las está mostrando siempre, lo está recordando y hasta yo le recomendé un día que visitara a un psicólogo porque ella no se recupera así como tan fácil. A Gerardo lo mataron y la muerte de él fue muy difícil tanto para nosotros como para la familia de él...” (fl. 97 c-2).

A la misma conclusión llegó la señora agente del Ministerio Público, para quien, “los argumentos que le sirvieron de base al juzgador de instancia para desestimar la calidad de madre de la demandante Betsabé Orjuela quien en tal condición merece el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios que se le ocasionaron con el fenecimiento de su hijo, pues el documento obrante en el folio 10 demuestra sin lugar a dudas su filiación con la víctima Gerardo Rengifo Orjuela”.

(...).

d) Finalmente, la decisión de no reconocer perjuicios materiales a la señora Betsabé Orjuela es injusta y por lo tanto debe revocarse. Es cierto que de tiempo atrás esta corporación ha adoptado la presunción de que las personas a los 25 años abandonan su hogar paterno para formar el suyo propio; pero se trata de una presunción judicial, desvirtuable por lo tanto, como efectivamente sucedió en el presente caso.

Los diferentes testimonios que obran en el expediente son indicativos de la línea de dependencia económica que existía, en vida, entre el difunto y la señora Betsabé Orjuela, quien carecía de otro medio económico de subsistencia. Sobre el particular, los testimonios de la señora Margarita Moreno Orjuela (fl. 97), Analida Díaz de Rodríguez y Germán Saavedra Castro, son claros y enfáticos al decir que el señor Gerardo Rengifo Orjuela era la persona que brindaba apoyo económico a la demandante.

En este punto, la Sala comparte en su integridad el estudio que realizó el Ministerio Público, el cual lo llevó a concluir “que era el hijo quien pagaba el arriendo, vestuario y alimentación de su señora madre ya que, como en el batallón donde trabajaba no gastaba mucho, la mayor parte de sus ingresos los destinaba al sostenimiento de su progenitora”.

Las anteriores razones determinan a la Sala a reconocer perjuicios materiales en favor de la señora Betsabé Orjuela, en la cuantía que más adelante se precisará.

Teniendo en cuenta estas observaciones, la indemnización de perjuicios queda de la siguiente manera:

1. Por la muerte del subteniente Gerardo Rengifo Orjuela, la Sala confirmará el reconocimiento y la cuantía de los perjuicios morales que estimó el tribunal, esto es, 1.000 gramos de oro para cada uno de los padres y 500 para la señora Martha Adriana Rengifo Orjuela, hermana, pero revocará el reconocimiento de perjuicios para los restantes hermanos, por las razones antes expuestas.

Para el reconocimiento de perjuicios materiales en favor de la señora Betsabé Orjuela, la Sala advierte que la indemnización tendrá como límite su vida probable, momento en el cual cesaría la ayuda económica que la víctima le venía suministrando. Revisado el expediente, la Sala encuentra que la actora, a la fecha de la muerte del señor Gerardo Rengifo, contaba con 47 años, 7 meses y 22 días, es decir, le quedaban 382.62 meses de vida probable.

Según constancia expedida por el Ejército Nacional, el señor Gerardo Rengifo Orjuela, para la fecha de su muerte, devengaba la suma de $ 595.354. De esta suma, la Sala estima que la víctima destinaba el 50% para socorrer a su progenitora, dejando el resto para atender sus propias necesidades. Ese 50% será actualizado hasta la fecha de esta sentencia, mediante la aplicación de la siguiente formula:

V. p = V.h Índice final (fecha de la sentencia)

Índice inicial (fecha de los hechos)

Así las cosas, tenemos:

V. p = 297.677 106.25

52.83

V. p = 598.678.

La indemnización comprenderá dos períodos, uno vencido o consolidado que corre desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la sentencia (52.93 meses) y uno futuro o anticipado que va desde el día siguiente de la fecha de la sentencia, hasta la vida probable de la demandante (382.62). No sobra advertir que al segundo período se le resta el primero, quedando un período futuro por indemnizar equivalente a 329.69 meses.

Período vencido o consolidado:

S = 598.678 (1. 004867)52.93 - 1

————————————-  

0.004867 

S = 36.044.462.oo

Período futuro o anticipado.

S = 598.678 (1.004867)329.69 - 1

———————————————-  

0.004867 (1.004867)329.69 

S = 98.190.399».

(Sentencia de agosto 19 de 1999. Expediente 14.946. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

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