Sentencia 25000-23-27-000-2003-0323-01-14955 de mayo 4 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2003-0323-01-14955

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Banco de Bogotá S.A.

Ref.: C/. Superintendencia Bancaria.

Sanción.

Fallo

Bogotá D.C., mayo cuatro de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

Previa solicitud de las explicaciones pertinentes, la Superintendencia Bancaria expidió la Resolución 1300 de 18 de agosto de 2000, mediante la cual impuso sanción pecuniaria al Banco de Bogotá S.A., por $ 52.000.000, por infracción a las disposiciones previstas en la Circular Básica Jurídica 7 de 1996 y normas del Código de Comercio.

Según la citada resolución, la sanción se fundamenta en las quejas formuladas por Julio César Barroso Guevara, Gilberto Rincón Galindo, Lucía Pérez de Charris y Guillermo Mejía Correa, en virtud de las cuales se estableció que la entidad bancaria incumplió una orden de embargo; produjo un sobregiro no autorizado; no solicitó el pago de los intereses cubiertos por un seguro de vida; y realizó una compensación en una cuenta corriente, no autorizada.

Al resolver el recurso de reposición, mediante Resolución 722 de 28 de junio de 2002, se redujo el valor de la sanción impuesta, a $ 39.000.000, como consecuencia de haberse establecido que no hay lugar a sancionar por los hechos denunciados por Gilberto Rincón Galindo (sobregiro no autorizado).

Por medio de la Resolución 1422 de 12 de diciembre de 2002 se resolvió el recurso de apelación y se confirmó el acto sancionatorio.

(...).

Consideraciones de la Sala

Se controvierte la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Superintendencia Bancaria sancionó, con multa, al Banco de Bogotá S.A., por incumplimiento de las disposiciones que le obligan a: atender las órdenes de embargo; observar la debida diligencia en relación con el cobro del seguro de vida del deudor fallecido; no debitar en una cuenta colectiva conjunta, el valor adeudado al banco por uno de sus titulares.

Se observa que la actora sustentó el recurso de apelación interpuesto, en los mismos términos en que se exponen los conceptos de violación en la demanda, tal como se desprende de la confrontación efectuada entre los escritos respectivos.

Es decir, que la apelante no expresa su inconformidad con el fallo de primera instancia, ni controvierte los fundamentos legales y probatorios que motivaron la decisión adoptada por el a quo, omisión que deja sin fundamento el recurso de apelación, por ausencia de elementos de confrontación, dado que su finalidad es que “el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme” (CPC, art. 350).

Sin embargo, la Sala confirmará la sentencia apelada, previas las siguientes consideraciones, que ponen de manifiesto su conformidad con la situación fáctica y jurídica que aparece demostrada en el proceso.

Incumplimiento a la orden de embargo

Consta en el proceso que la orden de embargo proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, sobre la cuenta corriente 079-03816-2 del señor Héctor Enrique Ortiz Quintero, fue notificada al Banco el 26 de marzo de 1998 (fl. 306, c.a), y que para la fecha, la mencionada cuenta registraba un sobregiro de $ 1.399.753 (fl. 338).

Con base en los extractos de junio, agosto y septiembre de 1998, se constató el depósito de dineros en la mencionada cuenta, por $ 408.500, $ 725.235 y $ 1.280.000, respectivamente (fls. 341, 343 y 345, cdno. a), los cuales fueron utilizados para cancelar el sobregiro, quedando un remanente de $ 10.541, que fue entregado al juzgado que ordenó el embargo; el 15 de diciembre de 1998 (fl. 328, cdno. a).

No asiste entonces razón a la actora cuando afirma que nunca se depositó suma alguna con posterioridad a la orden de embargo, pues lo cierto es que los depósitos realizados en la cuenta, con posterioridad a la orden de embargo, fueron utilizados para cubrir el sobregiro a favor del banco, y que no hay una explicación razonable que justifique el supuesto “movimiento contable” que dice la actora haber realizado a través de la cuenta “depósitos especiales en garantía”.

Con tal proceder se desconocieron las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 7 de 1996, acerca del procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las órdenes de embargo, así como el artículo 1387 del Código de Comercio, que ordena: “El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva”, configurándose la infracción sancionada.

Solicitud de pago del seguro de vida

Consta en el proceso que el deudor Carlos Alberto Charris Insignares, falleció el 19 de mayo de 1998 (fl. 262, c.a), y que el Banco de Bogotá, mediante comunicación GRF-SEG-0463 de 1º de junio de 1998 formuló la reclamación correspondiente ante la Aseguradora Colseguros S.A., en la cual indicó como valor asegurado $ 45.000.000, que corresponde al crédito otorgado, sin hacer ninguna referencia a los intereses causados (fl. 260, c.a). Lo anterior, no obstante que según la póliza de seguro de vida anexa, el valor asegurado individual, corresponde al saldo insoluto, entendiéndose por tal “el capital no pagado más los intereses corrientes, calculados hasta la fecha de fallecimiento del asegurado” (fl. 153).

La orden de pago correspondiente a la reclamación se hizo efectiva el 14 de julio de 1998 y solo hasta el 20 de noviembre del mismo año el banco reclamó ante la aseguradora el pago de los intereses. Esto es, con posterioridad a la fecha en que la esposa del causahabiente, Lucía Pérez de Charry(sic), formuló ante la Superintendencia Bancaria la queja por el pago de los intereses que pretendía exigirle el banco (fls. 243 y 244, c.a) y cinco (5) meses después de la reclamación inicialmente efectuada.

Así las cosas, sin perjuicio de que posteriormente se hubiesen adelantado gestiones ante la aseguradora, para obtener el pago de los intereses asegurados, el hecho que se sanciona es no haber observado la debida diligencia al efectuar la reclamación, con el consecuente perjuicio para la quejosa Lucía Pérez de Charris, y por ende el incumplimiento a la disposición prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, según la cual, corresponde al asegurado “demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”.

Por ello, no resultan suficientes para desvirtuar la infracción sancionada las afirmaciones de la actora, en el sentido de que la aseguradora objetó el reconocimiento de intereses y que tal posición fue controvertida por el banco.

Compensación.

Respecto de la compensación de deudas por parte del banco depositario, el artículo 1385 del Código de Comercio, dispone:

“El banco podrá, salvo pacto en contrario, acreditar o debitar de la cuenta corriente de su titular el importe de las obligaciones exigibles de que sean recíprocamente deudores o acreedores”.

“Esta compensación no operará entratándose de cuentas colectivas respecto de deudas que no corran a cargo de todos los titulares de la cuenta corriente...”.

Está debidamente probado en el proceso, que la cuenta corriente 035-055217-44 se abrió con la firma conjunta del representante legal de Proyecto Ciudad Ltda. señor Iván Almarales y el señor José Tocarruncho, como persona natural, quien a su vez actuaba como veedor del proyecto de mejoramiento de vivienda de interés social San Cristóbal, y fue así como en el formato de apertura se indicó en la casilla correspondiente, que la cuenta era “colectiva conjunta”, y que los cheques girados sobre la misma, debían ir con las dos firmas de sus titulares (fl. 190, c.a).

También se encuentra probado y aceptado por la actora, que de la mencionada cuenta se debitó la suma de $ 51.353.403, para cancelar una deuda que la sociedad Proyecto Ciudad Ltda. tenía con el Banco de Bogotá.

Por tal motivo, el representante legal de la citada sociedad solicitó al banco, con oficio de 26 de febrero de 1999, el reintegro de los dineros debitados y ratificó que los dineros depositados en la cuenta tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para cubrir obligaciones ajenas al programa de mejoramiento de vivienda (fl. 207, c.a). Ante la negativa del banco, a reintegrar los dineros debitados, formuló queja ante la Superintendencia Bancaria el 25 de marzo del mismo año (fl. 203, c.a), que fue precisamente la que dio origen a la investigación que culminó con la imposición de la sanción discutida.

Tanto en vía gubernativa como ante la jurisdicción el banco actor se ha limitado a afirmar que la intervención del señor Tocarruncho en el procedimiento de apertura de la cuenta corriente, es equivalente a la del “garante” y no como titular de la cuenta, lo cual, como se observa, contradice la evidencia de los hechos que aparecen plenamente probados.

También afirma la actora que según el pagaré suscrito como garantía de la cuenta, por los señores Almarales y Tocarruncho (fl. 177, c.a), se autorizó al banco para cargar a dicha cuenta las sumas que por otras obligaciones insolutas se adeudaran al banco. Al respecto la Sala advierte que si bien en el pagaré consta una estipulación en tal sentido, ella se entiende en los términos dispuestos en el artículo 1385, antes trascrito, es decir, que la obligación corresponde a los dos titulares de la cuenta, que no es el caso, pues lo que consta es que la obligación objeto de compensación estaba a cargo de la Sociedad Proyecto Ciudad Ltda.

Así las cosas, no podía la entidad bancaria compensar con los saldos de dicha cuenta obligaciones que se encontraban a cargo de uno de sus titulares, y en consecuencia, es clara la violación al mencionado precepto legal y procedente la sanción impuesta.

Solicitud de dosificación de la pena. Según los actos acusados, para la época de los hechos, el monto mínimo de la sanción a imponer por cada infracción, ascendía a $ 13.217.183, en virtud de lo previsto en el artículo 211 del estatuto orgánico del sistema financiero, cifra que resulta de aplicar los ajustes que ordena el Decreto 2910 de 1982, que fue precisamente el factor considerado para tasar la sanción impuesta.

Se advierte que el principio constitucional de la buena fe no es excluyente del ejercicio de las facultades sancionatorias de que están dotados los entes de control, ni libera a sus destinatarios de las sanciones derivadas de su acción u omisión cuando hayan inobservado un deber u obligación a su cargo.

Al respecto la Sala advierte que independientemente del valor por el cual proceda la orden judicial de embargo, lo censurado por la ley es desatender la orden que en tal sentido disponga la autoridad judicial. Por ello, el hecho de que la suma a embargar fuera de $ 500.000, no puede servir de fundamento para solicitar la reducción de la sanción, como lo pretende la actora.

Bajo las precedentes consideraciones, se reconoce ajustada a derecho la actuación administrativa demandada, tal como lo decidió el a quo y en consecuencia, se confirma la sentencia apelada.

En cuanto a la solicitud de condena en costas a cargo de la parte actora, que solicita la demandada en sus alegatos, la Sala advierte que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, es procedente condenar en costas a la parte vencida, corresponde en cada caso valorar la conducta asumida por las partes, en cuanto la condena no procede automáticamente, como ocurre en el procedimiento civil.

En el presente caso, lo que se observa no es temeridad ni mala fe de la parte actora, cuando interpone el recurso de apelación y se limita a transcribir la demanda para sustentarlo, como quiera que tal actuación corresponde al ejercicio del derecho legítimo de impugnación de la decisión que le fue desfavorable, sino a la falta de diligencia en la actuación, que aun cuando resulta censurable, no hace procedente la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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