Sentencia 14987 de julio 12 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CASACIÓN

DEBE APLICARSE LA NORMA MÁS FAVORABLE AL PROCESADO

EXTRACTOS: «Ocurre que el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, que modificó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal y está vigente desde el 15 de enero del mismo año, estipuló la procedencia de la casación en relación con sentencias de segunda instancia, dictadas por los tribunales superiores de distrito judicial, en procesos adelantados por delitos que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años.

En dicha materia, se advierte un cambio significativo, pues el texto original se refería a procesos por delitos cuya sanción máxima fuera igual o superior a seis (6) años, mutación que en tal sentido el procurador delegado advierte como más favorable a los intereses del procesado, en vista de que se trata de una sentencia absolutoria en la que se proveyó sobre un delito cuya sanción no está cubierta por la casación en la nueva ley.

Ante un caso similar al que ahora se estudia, refiere el procurador delegado, la Corte se inhibió de desatar la casación en el auto del 19 de enero de 1994, con ponencia del magistrado Guillermo Duque Ruiz, pues “estimó” que cuando se interpone un recurso de casación que era procedente bajo el imperio del original artículo 218 del Código de Procedimiento Penal y durante el trámite del mismo deja de ser procedente por el aumento de la punibilidad exigida a partir de la entrada en vigencia del artículo 35 de la Ley 81 de 1993, debe considerarse el aspecto de la favorabilidad para el procesado dándose aplicación retroactiva de la nueva disposición si la sentencia es absolutoria, y ante la transición comentada, rechazarse el recurso por improcedente”.

La tesis, agrega el procurador, fue reiterada en el auto del 14 de abril del mismo año, en el sentido de que el cambio legislativo debía aplicarse retroactivamente y de inmediato a la parte civil, al fiscal y al Ministerio Público, cuando la sentencia sea absolutoria; no así al procesado, pues en relación con éste debía establecerse primero si el fallo recurrido era absolutorio o de condena, a fin de conocer cuál es la norma más favorable.

Pues bien, en cuanto a la vigencia de la nueva ley de casación, el artículo 18 transitorio de la misma dispuso:

“Esta ley sólo se aplicará a los procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo lo relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán también para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia” (se ha subrayado).

Aunque la Ley 553 hizo la regulación de su vigencia a tono con la regla general de que las leyes rigen hacia el futuro, y sólo hizo la salvedad en relación con la “respuesta inmediata” y el “desistimiento”, instituciones que sí podrán aplicarse a los procesos en curso, es obvio que cualquier normatividad penal que entre en vigor en Colombia supone también el respeto al principio de favorabilidad, instituido en el inciso 3º del artículo 29 de la Constitución Política, conforme con el siguiente texto:

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable” (Se hace énfasis).

Así entonces, la favorabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano tienen la categoría de derecho fundamental, como parte del debido proceso, y ha sido desarrollada legalmente en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Este precepto dice:

“Favorabilidad. En materia penal y procesal penal de efectos sustanciales, la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Sin embargo, la favorabilidad, como supone una sucesión de leyes en el tiempo, debe proclamarse de estatutos o normas completas pues, no podría cuartearse el contenido de una y otra para crear una tercera que no ha previsto el legislador, manera sutil o abierta de sustituirlo arbitrariamente (lex tertia).

Por ello, como la regla general es que en materia procesal penal se aplica la ley vigente al momento de producir el acto procesal (y así lo ratifica el artículo 18 transitorio), se tiene que en este caso la casación se regiría por el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991. Sin embargo, para efectos de aprehender la supuesta favorabilidad de la nueva disposición (L. 553/2000, art. 1º), es necesario formular la hipótesis, es decir, imaginar qué hubiera ocurrido, razonablemente, si ésta hubiera sido la norma vigente al momento en que la parte civil interpuso la casación.

Se trata de un predicción racional de los efectos de la nueva ley, porque realmente el precepto aplicable es el vigente al momento del acto procesal (art. 218 no modificado). Así pues, si la nueva redacción hubiese estado vigente al momento en que se interpuso la casación, la sentencia, aunque no susceptible de la impugnación por la vía común del inciso 1º del artículo 218 reformado, sí lo sería por la modalidad discrecional prevista en el inciso 3º del mismo precepto, dado que una de las modificaciones adicionales del nuevo reglamento fue la de abrir la casación discrecional a todos los sujetos procesales, incluida obviamente la parte civil.

Desde luego que no podría argumentarse racionalmente que la parte civil, en su momento, realmente no interpuso la casación discrecional, pues, frente a una hipótesis, como procedimiento previo para establecer o excluir la favorabilidad de la nueva ley, sería como exigirle a dicho sujeto procesal que se comportara en consecuencia con una ley que entonces ni siquiera había sido expedida. Basta determinar que en la ocasión se propuso la casación, y en razón de dicho acto procesal de parte ya consolidado, la nueva norma no sería integralmente más favorable para el procesado, pues no es cierto que la casación contra la sentencia cuestionada haya desaparecido, porque pervive la modalidad discrecional, que de todas maneras hace impugnable el fallo por la parte civil, obviamente sometida a otros requerimientos distintos del aspecto objetivo que se ha cambiado. En este caso, además, el primer cargo de la demanda apunta a hacer valer la garantía del debido proceso, precisamente uno de los motivos que facilita el acceso a la mencionada forma de la casación.

Así pues, como la nueva norma no resulta más favorable a los intereses del procesado, en la medida en que de todas maneras hace procedente la casación contra el fallo cuestionado, deberá aplicarse la vigente al momento de la impugnación, y, en consecuencia, se proveerá a despachar de fondo la demanda.

Esta postura no implica recoger la tesis sostenida en los autos de 19 de enero y 14 de abril de 1994, proferidos por la Sala con ponencia del magistrado Guillermo Duque Ruiz, pues la situación fáctica y jurídica era entonces asaz diversa, dado que en ninguno de los extremos de tránsito legislativo allí contemplado (D. 2700/91 a la L. 81/93), se contemplaba la posibilidad de la casación discrecional como facultad de la parte civil (sólo lo era del procurador o el defensor), que es el elemento característico y diferencial del caso estudiado».

(Sentencia de casación, julio 12 de 2000. Radicación 14.987. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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