Sentencia 150 de octubre 31 de 1986

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 150

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez

Bogotá D.C., treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y seis.

Aicardo José Patiño, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.049.860 de Medellín, por intermedio de apoderado judicial de mandó a las empresas denominadas Ayuda Temporal y Asesoría Ltda.

—ATA— y Troquelpartes S. A.; a fin de que previos los trámites de un juicio ordinario laboral se las condenara separada o solidariamente al pago de $ 8.000.000, como perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y el equivalente al valor en pesos de 9.000 gramos oro como perjuicios morales, como consecuencia de la culpa de las demandadas, son responsables del accidente de trabajo de que hablan los supuestos fácticos de la demanda y las costas del proceso.

La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

“1. Mediante contrato de trabajo presto mis servicios como soldador a las empresas demandadas, desde el 20 de septiembre de 1983.

“2. El salario que devengo es el de $ 12.900 mensuales, más el auxilio de transporte de $ 1.200 por igual período.

“3. El contrato de trabajo se firmó con ATA Ayuda Temporal y Asesoría Ltda., y la prestación efectiva del servicio se llevó a cabo en las instalaciones de Troquelpartes S. A., en labores propias de esta empresa, sometido a las órdenes del personal directivo de la misma y con sujeción a su reglamento en lo atinente a horarios, disciplina etc.

“4. El día 13 de diciembre de 1983, se encontraba mi mandante a eso de las 11. a. m., dedicado por orden del supervisor de Troquelpartes S.A., señor Orlando Restrepo destapando unas canecas, utilizando para ello el equipo de soldadura eléctrica.

“5. Después de destapar la segunda caneca, el demandante advirtió al supervisor Restrepo que en dicha caneca (o sea la segunda), había, obviamente después de destaparla, advertido la existencia de un residuo de pega XL, lo que hacía peligrosa la labor, por lo altamente inflamable que es tal sustancia.

“6. A los reparos del·trabajador, simplemente respondió Restrepo con la orden de que continuara el trabajo y así lo hizo el demandante.

“7. Cuando se encontraba el señor Patiño destapando la tercera caneca, se presentó una violenta explosión, ocasionada por el contacto de la chispa con los residuos de pega que contenía el recipiente y por la emanación de gases provenientes de esta sustancia.

“8. La parte superior de la caneca y la tapa de la misma golpearon al demandante en la cabeza causándole severas lesiones en el ojo izquierdo, con pérdida de la visión, pérdida del gusto y del olfato y seria afección en la audición.

“9. Por las anteriores lesiones está siendo tratado el trabajador sin que se pueda decir desde ahora que no habrá consecuencias futuras de mayor entidad, teniendo en cuenta que se le han llevado a cabo dos trepanaciones y también que requiere cirugía plástica.

“10. El accidente a que se hizo alusión en anteriores hechos se presentó por falta de seguridad industrial en Troquelpartes S. A. la cual se patentiza entre otros, en los siguientes hechos y omisiones: a) El supervisor desatendió el llamado de alerta que le hizo el trabajador sobre la existencia de sustancias inflamables en las canecas. b) Antes de ordenar llevar a cabo el trabajo, debió la empresa ordenar que se llevase a cabo la limpieza de la caneca y la evacuación de los gases. c) So lo (sic) anterior no era posible, aunque parece que si puesto que en el informe de accidente la empresa habla de unos tapones que se podían quitar no debió ordenarse el trabajo con equipo de soldadura eléctrica, sino manualmente, así se sacrificase el rápido trabajo, en aras de la debida protección a la integridad del operario d) Ninguna instrucción se impartió al demandante, quien era soldador, para desempeñar una labor que si bien se realiza con un equipo de soldadura, no exactamente corresponde a las funciones propias de aquella labor especializada y por tanto, era primera vez que las llevaba a efecto. e) El ambiente general de desorden e inseguridad reinante en el sitio de trabajo que hacen que con frecuencia se presenten accidentes de trabajo.

“11 Como se desprende de lo anotado en los hechos 8º y 9º el trabajador sufrió grandes perjuicios de orden material por la pérdida de capacidad laboral debido al lesionamiento múltiple y de orden moral por la grave aflicción que para una persona joven esto representa, teniendo en cuenta aspectos tales como la cicatrización en la cara, el defecto en la visión, pérdida del gusto y olfato, que son de sumas trascendencia para las relaciones sociales particulares.

“12. Mi poderdante era árbitro de fútbol, afiliado a la Liga Antioqueña de este deporte y al Colegio Nacional de Arbitres.

“13. Semanalmente y para constribuír (sic) al propio sostenimiento y al de su familia, entre sábado y domingo arbitraba el demandante tres partidos semanales, a razón de$ 350 por cada uno de ellos.

“14 Desde la fecha del accidente y hasta el presente se ha visto privado de percibir los ingresos anotados en el anterior hecho, debido a las lesiones producidas, cuyas secuelas lo harán alejarse en forma definitiva de esta actividad que constituía una fuente de ingreso y en determinado· momento una probabilidad de ascenso en la escala social.

“15. Los demandados conforme a los lineamientos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo deben responder por los perjuicios de toda índole sufridos por el demandante a raíz del accidente”.

Por intermedio de apoderado las empresas demandadas dieron respuesta a la demanda así: Ayuda Temporal y Asesoría Ltda., oponiéndose a las pretensiones del actor, aceptando los hechos tercero y cuarto, negando el primero, el segundo, del quinto al undécimo y el décimo quinto, manifestando respecto a los demás que no le constan “que se pruebe”, y proponiendo las excepciones de carencia de derecho sustantivo, cobro de lo no debido, inexistencia de obligación, inexistencia de secuelas y de presupuestos fácticos y errónea designación del demandado.

Troquelpartes S. A., contestó así: Acerca de los hechos manifiesta: Del primero al tercero que “el demandante no tuvo relación jurídica alguna con Troquelpartes S.A., ni estaba por tanto sujeto a los reglamentos y órdenes de la empresa”. Del cuarto al séptimo dice que “es cierto el accidente sufrido por el actor; la causa exclusiva del mismo fue el acto imprudente del señor Aycaro (sic) José Patiño, tal como quedó consignado en los informes·correspondientes”. A los hechos octavo, noveno y once: “Desconozco la gravedad de las lesiones sufridas por el actor”. Al décimo: “Ya se explicó anteriormente la causa del accidente”. Del doce al catorce: “Los ignoro". Al quince: “Es un punto de derecho”. Igualmente propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir e ilegitimidad en la personería sustantiva de la demandada.

Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del cono cimiento, que lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de fecha 17 de noviembre de 1984 dispuso:

“1. Condénase a las empresas Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. ATA y Troquelpartes S.A., en forma solidaria, a pagar al señor José Aicardo Patiño Álvarez, el valor correspondiente a los siguientes conceptos:

“a) Perjuicios materiales: Ochocientos treinta y cinco mil cuatro cientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y siete centavos ($ 835.464.87);

“b) Perjuicios morales: Cien mil pesos ($ 100.000).

“2. Costas a cargo de las demandadas”.

Apelaron los apoderados de las partes y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en fallo calendado el 23 de octubre de 1985 resolvió:

"1. Se absuelve a la empresa Troquelpartes S. A., legalmente representada por el señor Manuel Gonzalo Restrepo, de todos los cargos lanzados en su contra por el demandante.

“2. Condénase a la empresa Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. ATA, representada por el señor Jorge Toro Correa o por quien haga sus veces, a pagarle al señor. Aicardo José Patiño A., lo siguiente: Ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y siete centavos ($ 835.464.87) como indemnización por perjuicios materiales y diecinueve mil pesos con cero centavos ($ 19.000.oo) como indemnización por perjuicios morales.

“Sin costas en segunda instancia.

“En los anteriores términos, queda confirmada, modificada y revocada, en parte, la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia, conocidas”.

Interpusieron recurso extraordinario de casación ambas partes. Concedido el doble recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de las demandas extraordinarias y del escrito de réplica presentado por la demandada recurrente como opositora.

Recurso de la parte demandante:

El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:

“Pretende el recurso la casación parcial del fallo impugnado, para que convertida la honorable Corte en sede de instancia, confirme la sentencia del Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto a la condena proferida por concepto de perjuicios morales, modificándola en la cuantía, tomando como base para determinar la misma el valor del gramo de oro de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Código Penal”.

Con fundamento en la causal primera de casación el impugnante formula un solo cargo que puntualiza así:

Cargo único:

“La sentencia acusada infringe directamente por falta de aplicación, el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 106 del Código Penal, consecuencialmente por aplicación indebida, los artículos 1604, 1613, 1614 del Código Civil y 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Desarrollo del cargo: El artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo establece que en caso de no existencia de normas aplicables al caso controvertido, el fallador debe recurrir si existen, en primer término a las 'que regulen casos o materias semejantes', para resolver el asunto puesto a su conocimiento.

“El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo faculta al trabajador para reclamar del patrono la indemnización total y ordinaria de perjuicios cuando estos se deriven de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, cuando en su acaecimiento haya tenido culpa, suficientemente comprobada el patrono.

“El Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 203 y 204, señala las obligaciones a cargo del patrono y en favor del trabajador cuando le sobrevenga a este bien una enfermedad o un accidente de trabajo. Vale decir, en lo que respecta a indemnizaciones o prestaciones en dinero, se encuentran prefijadas por la ley laboral, sin que el juzgado tenga que recurrir a ninguna otra norma, en caso de reclamación del trabajador respecto a la satisfacción de derechos originados en cualquiera de los eventos ya dichos.

“En tratándose de la aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, para la tasación de los perjuicios, indefectible mente el fallador debe remitirse a lo preceptuado en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, puesto que al respecto expresamente nada contempla la Legislación Laboral.

“Pues bien, en aplicación de las anteriores normas y por vía jurisprudencial, siempre se ha sentado el principio de que procede como reparación de perjuicios además del lucro cesante y el daño emergente, lo atinente a una ‘satisfacción’ del dolor moral, descartando claro está, que esta clase de perjuicios nunca puede alcanzar una reparación total.

“Como no existe una norma expresa en nuestra Legislación Civil o Laboral, el honorable Consejo de Estado siempre ha recurrido a la aplicación analógica, tomando la norma del Código Penal que consagra la indemnización por perjuicios morales, causados a quien es víctima de la comisión de un hecho punible.

“Precisamente, en materia laboral, puede y debe por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo darse aplicación al artículo 106 del Código Penal y en consecuencia, tomando como base el valor de gramo de oro, prudencialmente debió en este caso el señor juez, estimar el monto de los perjuicios morales.·

“No se discute la validez de lo expresado por la honorable Corte en la Sala Civil, en la jurisprudencia que alude el honorable Tribunal, pero en materia laboral, el juez tiene que sujetarse a lo dispuesto en el artículo '19 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que sea válido sin contravenir lo dispuesto en la ameritada disposición, en asuntos del trabajo, las consideraciones sobre el cambiante valor del gramo de oro, pues por eso se faculta al juez, para que prudencialmente haga la estimación tomando como guía dicho concepto.

“De acuerdo a lo anterior debe casarse la sentencia recurrida y la honorable Corte prudencialmente fijó el monto de los perjuicios morales, considerando que milita en el expediente la prueba idónea sobre tal concepto.

“Aunque en la demanda se incurrió en un error (mecanográfico) al solicitar los perjuicios morales, ello no le impide a la Corte el pronunciamiento, pues la honorable Corporación ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 106 del Código Penal, como ya se anotó”.

La parte opositora responde:

“Me opongo a las pretensiones del recurrente demandante en los siguientes términos:

“1. El alcance de la impugnación .es confuso porque le solicita a la honorable Corte en sede de instancia confirmar la sentencia del Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín en cuanto a la condena proferida por perjuicios morales modificándola en la cuantía.

“2. La proposición jurídica es incompleta porque deja de incluir entre las normas aplicadas indebidamente los artículos 203 y 204 del Código Sustantivo del Trabajo que se refieren a las consecuencias y prestaciones en caso de accidentes de trabajo respectivamente.

“3. El artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo no lo ha dejado de ·aplicar el sentenciador para que se produzca la infracción directa sino que únicamente se trata de una norma que no tenía por qué aplicar ya que la misma ley tasa los perjuicios utilizando normas propias de la legislación laboral sin necesidad de acudir a otros ordenamientos jurídicos.

“En materia de indemnización de perjuicios el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo adopta una tabla de valoración con las correspondientes indemnizaciones, tablas adoptadas por el Instituto de Seguros Sociales en el Decreto 3170 de 1964. En el expediente figura que el señor Aicardo Patiño fue indemnizado por el Instituto de Seguros Sociales, menos aún el artículo 106 del Código Penal.

“4. En el cargo se plantea además la aplicación indebida de los artículos 1604, 1613 y 1614 del Código Civil y el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo pero como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y del 106 del Código Penal.

“Mal podía aplicar el fallador· el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando este presupuesto a la culpa suficientemente comprobada del patrono la que no aparece como tal en el expediente.

“Consecuencialmente tampoco podía aplicar las normas citadas del Código Civil por cuanto las normas laborales tasan como evidentemente lo hicieron las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral.

“Si no se infringieron las normas el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y el 106 del Código Penal en razón a que no tenía por qué aplicarlas el sentenciador, mal podía entonces aplicarlas indebidamente porque son consecuencia lógica de la infracción directa que plantea en el cargo y que como se dejó explicado nunca se produjo esa infracción”.

Se considera:

Del desarrollo del cargo se desprende que el objetivo central de la censura se dirige a quebrar la decisión del Tribunal respecto de la cuantía de los perjuicios morales concedidos al actor; considera el recurrente que el Tribunal para este efecto ha debido dar aplicación al artículo 106 del Código Penal por regular éste una situación análoga y por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

A este respecto la sentencia impugnada dice:

“El monto de los perjuicios morales debe tomarlo el tallador utilizando su prudente arbitrio judicial, consultando la realidad económica de la época. La norma de capacidad sufrida por el demandante y el defecto o la deformación física, que es definitiva, hace el actor notorio entre los demás por la alteración de su integridad o armonía anatómica, con influencia sobre la actividad propia, por acto culposo del patrono, causándole un fuerte dolor moral que no puede ser reparado totalmente, pero si compensado en parte. La cuantía del sufrimiento moral, siguiendo el criterio de la honorable Corte Suprema de Justicia, en su Sala Civil, se fija en la suma de $ 19.000, equivalente al 19% de su merma de capacidad laboral (casación del 4 de agosto de 1981)”. (fls. 236 y 237, cdno. 1).

Sobre este aspecto el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo dice:

“Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican la que regule casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptados por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derechos del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad”.

De igual manera el artículo 216 ibídem dispone:

“Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, esta obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.

Como se observa el texto de la sentencia se desprende que la decisión del Tribunal tiene como fundamento una jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta Corporación que no ha sido modificada, la que fijo el tope de los citados perjuicios en la suma de $ 100.000 con base en razones que pueden sintetizarse así: No en contra la Corte aplacables los artículos 106 y 107 del Código Penal por cuanto que estos se refieren exclusivamente a indemnizaciones que tienen origen en la violación de la ley penal; igualmente su aplicación haría más gravosa la situación de la demandada ya que la tasación de los perjuicios morales con base en el precio del gramo oro no es segura para estimar el precium doloris por las desmedidas fluctuaciones lo que nada tiene que ver con la intensidad del daño; por consiguiente cuando se trata de perjuicios morales no provenientes de infracción de la ley penal la Corte reafirma su tesis de que los jueces civiles no están sujetos al artículo 95 del antiguo Código Penal y a los actuales 106 y 107, por lo que su regulación debe hacerse arbitrium júdice tendientes a otorgar alguna satisfacción (cas. civil 4 de agosto de 1981. Magistrado ponente doctor Germán Gira do Zuluaga).

Con base en lo anterior considera la Sala que respecto de la indemnización plena por accidente de trabajo, dado su origen, tampoco los jueces laborales están sujetos a la norma penal citada por·el censor por cuanto que son más análogas las normas sustantivas del Código Civil que las del Código Penal, encontrándose por lo tanto ajustada a derecho la decisión del ad quem.

En consecuencia el cargo no prospera.

Recurso de la parte demandada

El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos: “Se pretende con este recurso que la honorable Corte case la sentencia del Tribunal de Medellín, proferida el 23 de octubre de 1985 en cuanto al numeral segundo de la misma que condenó a mi poderdante al pago de la suma de ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y siete centavos ($835.464.87), como indemnización de perjuicios materiales y la suma de diecinueve mil pesos ($ 19.000) por perjuicios morales, para que la ·honorable Corte constituida en Tribunal de instancia revoque el fallo del a quo, en cuanto condenó·a Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. —ATA—, a pagar al actor perjuicios materiales y perjuicios morales y en su lugar la absuelva de las pretensiones incoadas en la demanda.

“Con tal fin y apoyándome en el artículo 68 del Decreto 528 de 1964 y en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, cuso la sentencia proferida por el honorable Tribunal de Medellín el 23 de octubre de 1985, por ser violatoria de normas sustanciales del orden nacional por los motivos siguientes:

La recurrente formula un solo cargo expresado así:

Cargo único:

“La sentencia acusada viola indirectamente por aplicación indebida, los artículos 203, 204, 205, 206, 209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 63 del Código Civil, Decreto 3170 de 1964 artículos 2º, 15 y 83, artículo 37 del Código Penal, artículo 1º Decreto 1433 de 1983 y artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

“El quebranto de las anteriores normas se produjo en forma indirecta por haberlas aplicado indebidamente el fallador de segunda instancia al caso sub judice pues con fundamento en ellas condenó a Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. —ATA—, siendo así que con su correcta aplicación ha debido conducirlo a revocarla para absolver a la demandada de todas las pretensiones consagradas en el libelo de demanda.

“En la violación de la ley incurrió el sentenciador, a causa de los errores ostensibles que aparecen de modo manifiesto en la sentencia por la falta de apreciación de los siguientes documentos auténticos:

“a) Informe del accidente de trabajo, folio 13;

“b) Historia Clínica, folios 14 y siguientes hasta el 32;

“c) Acta de la investigación del Instituto de Seguros Sociales sobre el accidente de trabajo, folios 48 y 49;

“d) Resolución 183 del 13 de febrero de 1985, folio 208 y de las declaraciones apreciadas erróneamente de los señores Elkin de J. Rodríguez Gómez, folios 82, 83 y 84, Jorge Orlando Restrepo, folios 90 y 91 y Conrado J. Cañaveral, folio 106.

“Para el examen de las declaraciones invoco la sentencia de la honorable Corte, según la .cual probado el error en la prueba calificada., procede el examen de las no calificadas por el recurso extraordinario de casación.

“Los errores ostensibles en que incurrió el sentenciador fueron los siguientes:

“1. No dar por demostrado; estándolo, que no hubo culpa del patrono toda vez que le fue reconocida la pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales.

“2. No dar por demostrado; estándolo, que el trabajador estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad que indemnizó al trabajador.

“3. Dar por demostrado; sin estarlo que el accidente de trabajo ocurrió por culpa del patrono.

“4. No dar por demostrado; estándolo, que el trabajador recibió las instrucciones propias de la labor que desempeñaba.

“5. No dar por demostrado; estándolo, que el trabajador hizo caso omiso de las indicaciones impartidas por el patrono por intermedio de sus representantes.

“Demostración:

“1. Es tan evidente la ausencia de culpa del patrono que le fue reconocida la pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales al señor Aicardo José Patiño A., como se desprende de la Resolución 183 del 13 de febrero de 1983 que obra a folio 208 del informativo.

“De existir la culpa del patrono el Instituto de Seguros Sociales no hubiera reconocido la pensión de invalidez, aún más, hubiera obligado a Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. —ATA—, a pagarle la indemnización por él cubierta, de conformidad con el artículo 83 del Decreto 3170 de 1964.

“En la investigación adelantada por el Instituto de Seguros Socia les sobre el accidente de trabajo sufrido por el señor Aicardo José Patiño, acta que sirvió de soporte para el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del Instituto, se estableció como causa del accidente 'acto inseguro del lesionado' (Subrayo).

“2. El trabajador estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales como se desprende del número de afiliación al Instituto que aparece en el informe de accidente de trabajo a folio 13, que como tal tenía la Historia Clínica 463359, que aparece de folios 15 al 32 del informativo y que en· tal carácter, mediante Resolución 183 del 13 de febrero de 1985 la Comisión de Prestaciones del Instituto de Seguros Sociales de Antioquia, reconoció al señor Aicardo José Patiño A. pensión·de invalidez, por .haber subrogado a los patronos, la entidad de seguridad social a partir de la asunción de los riesgos por accidente de trabajo y enfermedad profesional ATEP, a partir de la vigencia del Decreto 3170 de 1964.

“3. La culpa no aparece dentro del proceso probada, sólo se presumió; como tal ha debido reunir los requisitos del artículo 37 del Código Penal y declararse como tal por la jurisdicción competente. De existir la culpa debidamente probada, el Instituto de Seguros Sociales·hubiera negado la asistencia médica y prestacional; es más con la mera responsabilidad objetiva del patrono, se hubieran negado las prestaciones asistenciales y económicas por parte del Seguro Social.

“Tampoco se demostró en ninguna parte que hubiera faltado por parte del patrono 'aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean en sus negocios propios'.

“Recordamos que la División de Salud Ocupacional efectuó una investigación del accidente de trabajo en cuya acta tan sólo consagró unas recomendaciones (Subrayo). Folios 48 y 49.

“4. El trabajador recibió las instrucciones propias de la labor que desempeñaba, así se consagró en el informe de accidente de trabajo (fl. 13), afirmación ésta que se refuerza en las declaraciones de un testigo de las partes, señor Elkin de J. Rodríguez quien presenció cuan do el señor Orlando Restrepo dio la instrucción al señor Aicardo José Patiño A. 'respecto a como debía destapar dichas canecas'. Folios 82, 83 y 84.

''Además en su declaración Jorge Orlando Restrepo manifiesta que le dio las indicaciones (fl. 90), las cuales el señor Aicardo José Patiño A. no siguió (fl. 91). El hecho de que el señor Conrado J. Cañaveral, no escuchara las instrucciones (fl. 106), no es prueba de que no se hubieran dado ya que dos personas afirmaron lo contrario. Doña Carmenza Montoya, persona responsable del informe patronal ·de accidente de trabajo, lo certificó (fl. 13).

“5. En el informe de accidente de trabajo aceptado como tal por el Instituto de Seguros Sociales, en la causa del mismo se estableció que el trabajador hizo caso omiso de las instrucciones del Supervisor, afirmación no controvertida por el Instituto.

“Pretender que mi representada asuma el pago de las cantidades señaladas en el fallo que acuso, a no dudar configuraría el enriquecimiento sin causa de que trata el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

“El artículo 83 del Decreto 3170 de 1964 establece que 'El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización, según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional.

“De conformidad con las anteriores consideraciones ruego a la honorable Corte casar la sentencia·acusada.

Se considera:

El cargo le atribuye a la sentencia varios errores de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de los documentos auténticos que puntualiza la censora en la sustentación del mismo; dichos documentos son: Informe del accidente de trabajo (fl. 13) del que se des prende que la actividad u oficio que desempeñaba el trabajador en el momento de ocurrir el accidente consistía en destapar canecas vacías con soldadura eléctrica afirmándose que la causa del mismo se debió a que aquel hizo caso omiso de las instrucciones del supervisor. Como se observa dicha documental sí fue apreciada por el Tribunal, pues la cita en el texto de su sentencia (fl. 231) para deducir que el actor estaba vinculado por contrato de trabajo con la empresa Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. —ATA—; desprendiéndose del mismo el concepto de la empresa respecto de las causas del accidente, razón por la cual el ata que ha debido intentarse a través de la apreciación errónea de la prueba y no por falta de apreciación; otra de las pruebas citadas por la recurrente y de la cual afirma su falta de apreciación por parte del Tribunal es el acta de la investigación del Instituto de Seguros Sociales sobre el accidente de trabajo (fls. 48 y 49) de la que se desprende que la causa del mismo fue “acto inseguro del lesionado al cortar la caneca sin eliminar vapores”, documental ésta que también fue tenida en cuenta por el Tribunal en el texto de la sentencia (fls. 231 a 232) hasta el punto de que la transcribe casi en su totalidad para deducir la culpa del patrono por falta de cumplir con las recomendaciones en ella anotada, por lo que no puede predicarse tampoco su falta de apreciación como se afirma en la censura. En cuanto al denominado acto inseguro esta Corporación se ha pronunciado en el sentido de que no siempre se exime de responsabilidad al patrono (Ver sentencia del 9 de febrero de 1984, Radicación 9952).

En cuanto a la Historia Clínica que obra de folios 14 a 32 del in formativo le asiste razón a la recurrente, pues realmente no fue tenida en cuenta por el Tribunal en su decisión, sin embargo dicha omisión no constituye error trascendente por cuanto que con ella lo único que puede establecerse es que efectivamente el trabajador sufrió lesiones a consecuencia del accidente de trabajo sin que pueda deducirse de la misma la ausencia de culpa del patrono.

Finalmente le cansura indica que el Tribunal incurrió en los erro res puntualizados por falta de apreciación de la Resolución 183 del 13 de febrero de 1983 (fl. 208); de dicha documental se desprende que el trabajador solicitó al Seguro Social una “prestación económica” que le fue concedida por dicha entidad sin que sea posible con ella desvirtuar la conclusión a que llegó el Tribunal respecto de la culpa del empleador, pues nada tiene que ver el reconocimiento de una “prestación económica” al trabajador con la ausencia o presencia de culpa de aquel, puesto que dichas prestaciones económicas tienen causa inmediata en las consecuencias que devengue el accidente al trabajador sin que pueda afirmarse, como lo hace la impugnante, que su reconocimiento exima de culpa al patrono.

Como consecuencia de lo anterior debe concluirse que el sentenciador no presumió la culpa del patrono como lo afirma la recurrente, sino que dedujo su responsabilidad de las pruebas allegadas al proceso y con las que se demostró su falta de diligencia y cuidado (entre ellas la testimonial) en tomar medidas necesarias de seguridad. Cuando el tallador dice:

“Se infiere la negligencia en que incurrió la parte demandada en la ocurrencia del accidente al ordenar la realización de una labor peli grosa sin las medidas de seguridad adecuada” (fl. 235), no estaba presumiendo la culpa del patrono sino mostraba la manera como la empresa obró haciendo notar el hecho de que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los con tratos en beneficio de ambas partes.

En consecuencia el ad quem no presumió, se repite, en el presente caso que se diera la culpa del patrono sino que la encontró demostrada a través de las pruebas, por lo tanto, no incurrió en los errores que se atribuyen a la sentencia y no aplicó indebidamente los preceptos señalados en el cargo.

Al no demostrarse los errores de hecho provenientes de la falta de apreciación de los documentos auténticos señalados por la recurrente, que son prueba calificada en casación laboral, no es procedente el anális.is de la prueba testimonial por ella indicada conforme a la reiterada jurisprudencia en torno al artículo 7? de la Ley 16 de 1969.

Por lo anterior el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con fecha veintitrés (23) de octubre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), en el juicio promovido por Aicardo José Patiño contra Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. —ATA— y Troquelpartes S. A.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Manuel Enrique Daza Álvarez—Germán Valdés Sánchez—Fernando Uribe Restrepo.

Secretaria: Bertha Salazar Velasco.