Sentencia 15053 de abril 25 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 46

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dos.

Vistos

El 19 de febrero de 1998, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo (Ant.) dictó sentencia dentro de las causas acumuladas Nos. 4304 y 4316, absolviendo a Henry Cabrera y/o Carlos Andrés Sarmiento Duarte y a Wilberto Ávila Terán de delito de homicidio cometido en la persona de Melissa Díaz García y condenó al primero a la pena principal de 30 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso y al pago de los perjuicios, como autor del ilícito contra la vida cometido en Efrén Arroyo Torres.

Apelada la anterior decisión por el defensor público del procesado y el Fiscal, el 8 de junio de 1998 fue revocado en el sentido de condenar a Henry Cabrera o Carlos Andrés Sarmiento Duarte a la pena principal de 47 años de prisión, como autor de los delitos de homicidio agravado, homicidio simple y "doble porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, por los cuales formularon cargos en las causas acumuladas en 4304 y 4316"; y a Wilberto Ávila Terán a la pena principal de 41 años y 6 meses, también de prisión por el punible contra la vida, en la modalidad agravada y el atentatorio de la seguridad pública, extendiendo también a éste la sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta al primero.

Recurrida en casación la anterior sentencia por el defensor de Henry Cabrera o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, procede la Sala a resolver la impugnación extraordinaria una vez surtido el trámite pertinente.

Hechos y actuación procesal

A comienzos del mes de septiembre de 1993, Efrén Arroyo Torres, miembro de la Asociación de Braseros, Asosimbra, del municipio de Turbo, le solicitó un préstamo a su presidente, pero como éste se lo negara, aquél le respondió diciéndole que “para la guerrilla sí hay plata pero para los trabajadores no”.

Días después, esto es, en horas de la mañana del 4 de septiembre de 1993 cuando Efrén se encontraba en frente de las instalaciones de Asosimbra con el propósito de reclamar una incapacidad fue ultimado con impactos de bala por un sujeto, al que los compañeros de trabajo de aquél señalaron con el nombre de Henry Cabrera, quien había trabajado para la misma organización (Causa Nº 4304).

Dos años más tarde, en el mes de enero de 1995, Melissa Díaz García, una menor de 14 años de edad, quien para la época se encontraba por el sexto mes de embarazo, fue amenazada de muerte por dos individuos, a los que se refirió como Will y Henry en la denuncia penal que por este motivo formulara el 18 de ese mes ante la fiscalía local.

Sin embargo, y aunque para protegerse del peligro que se cernía sobre ella, su madre la envió por esos días a la casa de Roberto García Caicedo, un tío suyo residente en el barrio El Bosque de Turbo, hasta allí se dirigieron Will y Henry el 20 de ese mismo mes y año, al parecer acompañados de otras dos personas, y luego de sacarla de la mencionada residencia, le propinaron varios disparos con arma de fuego, a causa de los cuales falleció de inmediato.

Iniciada la pesquisa respecto de este último ilícito por parte de la Fiscalía 113 seccional de Turbo, mediante resolución del primero de febrero de 1995, se dispuso iniciar la correspondiente investigación previa, habiéndose comisionado al cuerpo técnico de investigaciones para que adelantara las labores tendientes a la individualización e identificación de los autores de ese hecho, de cuya actividad se rindió un informe el 15 de marzo en el sentido de que Will, responde al nombre de Wilberto Ávila Terán, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.983.887 de Turbo, y fue él la persona que en compañía de Henry Cabrera acabaron con la vida de Melissa García, pues así lo manifestó Hernán Bertel Hernández, cuya declaración fue recaudada ese mismo día por la fiscalía, ratificándose, así, lo consignado en el aludido documento. En informe de la misma fecha pero separado, se puso en conocimiento del instructor que Henry Cabrera, se encontraba, para entonces privado de la libertad en la cárcel de Turbo por cuenta de una fiscalía regional, sindicado del delito de rebelión.

Se le pidió, entonces, información al director de la cárcel de Turbo en el sentido de que si allí se encontraba Henry Cabrera privado de la libertad y si se hacía llamar con otros nombres, por lo que en oficio del 8 de junio del mismo año, se le respondió al fiscal que el mismo fue “registrado en este centro carcelario como Carlos Andrés Sarmiento Duarte o Henry Cabrera”.

Dispuesto, en consecuencia, lo pertinente para escuchar en indagatoria a dicho sujeto, finalmente se llevó a cabo el 23 de agosto de 1995, por medio de funcionario comisionado, como quiera que para entonces, se encontraba interno en la cárcel de Bellavista. En dicha diligencia negó rotundamente ser Henry Cabrera, afirmando enfáticamente que con ese nombre la fiscalía le pretendía hacer un montaje, pues su nombre verdadero es el de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nacido el 14 de marzo de 1976 en la ciudad de Turbo, hijo de Carlos y Nury, residente en el barrio Buenos Aires de la citada localidad, huérfano desde muy pequeño, soltero, sin hermanos y sin ninguna escolaridad aunque sabe leer y escribir. Posteriormente, se le definió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma para la defensa personal.

Entre tanto, sobre la identidad de este procesado, se remitió copia del informe rendido el 7 de febrero de 1995 a las fiscalías regionales ante la Sijin de Apartadó, en el que se precisó que conforme a la información suministrada por Henry Cabrera, éste realizó sus estudios en el corregimiento El Dos, pero como sus abuelos Luis y Filadelfia manifestaron que fue en el IDEM de Turbo, hasta allí se dirigieron pudiendo verificar en el registro de matrícula Nº 692, sentado el 8 de marzo de 1991, que Henry Cabrera, hijo de Luis y Filadelfia hizo parte de los alumnos de ese colegio; de igual manera se aportó el registro civil de nacimiento Nº 7318675 a nombre del mismo, en el que se indica el 14 de marzo de 1975 como su fecha de nacimiento y Nurys Cabrera Bertel, de su madre; así como la partida de nacimiento expedida por la Parroquia de Nuestra señora del Carmen, en la que se da cuenta del bautizo de Henry Cabrera, nacido el 14 de marzo de 1975, hijo de Nurys Cabrera, cuyos abuelos son Luis Cabrera y Filadelfia Bertel.

Sobre Carlos Andrés Sarmiento Duarte, se manifestó que no fue posible encontrar documento alguno en el municipio de Turbo, pero “analizando la tarjeta de preparación de la cédula, notamos que el registro civil tiene una numeración muy alta y al conocer que dicha documentación reposa en Santafé de Bogotá, optamos por solicitar una copia del registro civil que figura en la cédula —Nº 12456855— y el cual está a nombre del señor Alberto Zúñiga Gómez”.

Más adelante, se remitió copia de la respuesta remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la solicitud hecha en la investigación adelantada por la muerte de Efrén Arroyo, en la que se informó que de acuerdo con la base de datos de la dirección seccional del registro civil, a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, la cédula de serial Nº 02794637, fue expedida con base en un registro civil de nacimiento de la Notaría Única de Facatativá, cuya copia fue remitida, en la cual se da cuenta que esa persona nació el 23 de agosto de 1997 en dicho municipio y es hijo de María del Rosario y José Armando y otra, en la que se envía copia de la tarjeta decadactilar de la cédula de ciudadanía Nº 71.985.074 a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nacido en Turbo el 14 de marzo de 1976, hijo de Carlos y Filadelfia, elaborada con base en el registro civil Nº 12456855, precisándose que de Henry Cabrera no se envía nada porque existen homónimos. También se allegó copia de la reseña elaborada por el cuerpo técnico de investigaciones, de quien bajo tales nombres se encontraba privado de la libertad sindicado de tales delitos.

En lo que tiene que ver con Wilberto Ávila Terán, dado que no se obtuvo ningún resultado positivo sobre su captura, se declaró persona ausente, se le designó un defensor de oficio y se le definió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva como coautor del homicidio agravado, del que fue víctima Melissa García, en concurso con el de porte ilegal de armas para la defensa personal.

También, se practicó un reconocimiento fotográfico de quien decía llamarse Carlos Andrés Sarmiento Duarte, con los señores Carlos Cabrera y Filadelfia Bertel, en el que el primero lo reconoció como su nieto a quien también le llaman Henry Cabrera, lo que no ocurrió con la segunda no obstante ratificar que Henry Cabrera y Carlos Andrés Sarmiento Duarte son la misma persona a la que ellos han visitado en la cárcel porque es su nieto.

Cerrada la investigación, el 22 de abril de 1997 se calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas para la defensa personal contra Wilberto Ávila Beltrán y a Henry Cabrera y/o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, decisión que cobró ejecutoria el 25 de abril de ese año.

Iniciada la etapa del juicio, y una vez surtido el traslado de que trataba el artículo 446 del Decreto 2700 de 1991, el juzgado primero penal del circuito le solicitó al Segundo Penal del Circuito de Turbo la remisión del proceso que allí se tramitaba por la muerte de Efrén Arroyo, cuya acusación por el delito de homicidio agravado en concurso con el de porte ilegal de armas para la defensa personal data del 5 de agosto de 1997.

Habiéndose decretado la acumulación de tales procesos mediante auto del 17 de septiembre de 1997, una vez igualado el trámite en los dos asuntos, se llevó a cabo la audiencia pública y se dicto la sentencia de primera instancia que fue apelada por la fiscalía y el defensor de Henry Cabrera y/o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, habiendo sido revocada y confirmada por el tribunal en los términos precedentemente expuestos.

La demanda

Con fundamento en la causal tercera de casación, ataca el defensor público del procesado la sentencia de segunda instancia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad por violación al principio de investigación integral, pues, a su juicio, no se logró identificar debidamente a los autores del hecho.

Explica, al respecto, que en las dos causas a las que fue vinculado, su defendido se identificó como Carlos Andrés Sarmiento Duarte, hijo de Carlos y Nury, nacido el 14 de marzo de 1976 en Turbo, sitio donde afirmó haber tramitado su cédula y en el que vivía en el barrio Buenos Aires. También rechazó enfáticamente la identificación que se le hacía como Henry Cabrera, por considerar que dicho nombre corresponde a un montaje de la fiscalía.

Sin embargo, y aunque al proceso se trajo fotocopia de la cédula de ciudadanía expedida a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nunca se le puso de presente a su defendido para que manifestara si se trataba de él o no. Pero además, en tal documento aparece que su titular es hijo de Carlos y Filadelfia, reside en el barrio Jesús Mora de Turbo y el registro civil que sirvió de soporte a la misma es el Nº 12456855, los cuales al no coincidir en algunos datos con los suministrados con el propio procesado, necesario es concluir que existe duda sobre su identificación.

Todo lo anterior, dice, contrasta con el registro civil Nº 77082306806 también a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nacido el 23 de agosto de 1977 en Facatativá (Cundinamarca), hijo de María del Rosario y José Armando, de quienes se aportó copia de su cédula de ciudadanía.

Agrega, sobre lo mismo, que el Notario Único de Turbo solicitó información sobre el número de serial o fecha de inscripción para expedir el documento en debida forma pero la fiscalía no se la suministró, y por ese motivo no se puede sostener que la persona a la que se refiere la cédula de ciudadanía aportada al proceso sea de tal procesado, porque se pudo establecer que se trata de un homónimo, más aún, cuando la fórmula dactiloscópica de las huellas tomadas a quien rindió indagatoria en este asunto es diferente a la de aquélla, y entre los datos que allí aparecen y los suministrados por su defendido no coincide el nombre de la madre y los testigos expresaron que la persona que se incrimina en este asunto como autora de la muerte de Melissa Díaz y Efrén Arroyo reside en el barrio Buenos Aires, donde vive su representado.

Incluso, la fórmula dactiloscópica obrante en el radicado 4304 es distinta de las dos anteriores y aunque también hace referencia al nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, quien fue detenido por rebelión y homicidio con fines terroristas, “no por tráfico o fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, delito este último por el que se procedió y absolvió a mi defendido. Lo que permite hablar de 3 personas distintas, identificadas con un mismo nombre.

Se refiere a la denuncia que antes de su muerte presentó Melissa Díaz García —radicado 4304—, concluyendo que sindica con especial énfasis a Will, quien iba acompañado de Henry, pero no los individualiza ni identifica, ni dice donde viven.

En el mismo sentido, precisa, que en el proceso Nº 4316, en el que se investigó la muerte de Efrén Arroyo Torres, el testigo January Mena Rentería le hace cargos a Henry Cabrera y por eso el funcionario se refiere a él como Henry Cabrera y/o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, a pesar de que el deponente no parte de la existencia de una coincidencia de nombres, pues en la declaración rendida el 30 de octubre de 1995 respondió, ante pregunta en tal sentido hecha por la fiscalía, que sólo lo había oído nombrar como Henry y lo reconoce de manera anómala en una sola fotografía que no aparece en el expediente, por cuanto el instructor no procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal de la época, lo que no ocurre en el reconocimiento hecho en fila de personas; y aunque se dejó constancia sobre el nerviosismo que presentaba el declarante, no se le preguntó por el motivo del mismo.

No obstante lo anterior, explica que la identificación “entre Carlos Andrés Sarmiento Duarte y/o Henry Cabrera, es aducida por los funcionarios a partir del 22 de enero de 1997, en el proceso radicado 4316, cuando Luis Cabrera Charrasquier y Filadelfia Bertel de Cabrera, a folios 169 de fte. informan que se trata de la misma persona, que ese nombre de Henry no es el nombre de él sino que es un apodo”, pero a pesar de que se encontraba detenido, no se llevó a cabo un reconocimiento en fila de personas sino uno con fotografías en la que Luis Cabrera precisa que la número tres se parece en la cara y en la nariz, pero está un poco cambiado pero para él “sería ese señalado con el número tres”. Por ello, a tal diligencia le objeta que no se hubieran identificado las personas de las demás fotografías, y que las expresiones del testigo denotan duda y la señora Filadelfia no lo reconoció.

Por su parte, Eusebio Martínez y Darío Antonio Martínez, profesores del colegio donde estudió Henry Cabrera no lo reconocieron en ninguna fotografía y a pesar de poder hacerlo y ser procedente, con éstos tampoco se llevó a cabo reconocimiento en fila de personas. Pero además, Henry Cabrera estudió en Turbo en el colegio Gonzalo Mejía, es hijo de Luis y Filadelfia y nació el 14 de marzo de 1975, lo que significa que no es el mismo sujeto que en la cédula figura como nacido el 14 de marzo de 1976, hijo de Carlos y Filadelfia, más aún, cuando el propio incriminado negó haber estudiado en esa entidad educativa y el rector del mismo certificó que no se halló registro de Carlos Andrés Sarmiento Duarte. Por ello, agrega, “era necesario averiguar en los demás establecimientos educativos de Turbo si mi defendido había estudiado allí o no. Al menos, un colegio lo respaldaba en su dicho”.

En cuanto a la averiguación científica que se quiso hacer de la edad de este procesado, se tiene que el perito del Instituto de Medicina Legal no pudo llevar a cabo el correspondiente dictamen porque las autoridades de la cárcel no trasladaron al interno al pabellón de sanidad, situación que ocurrió en dos oportunidades.

Adicionalmente, se ordenó un cotejo dactiloscópico entre la reseña tomada a quien como Carlos Andrés Sarmiento Duarte se encontraba privado de la libertad en este asunto y la cartilla decadactilar que reposara en la Registraduría Nacional del Estado Civil con el mismo nombre, sin que nunca se hubiera llevado a cabo la citada prueba. Sin embargo, como ya lo precisó, de las fórmulas dactilares es deducible que no se trata de la misma persona.

Acto seguido se ocupa del proceso adelantado por la muerte de Melissa Díaz, precisando que la señora Gladys Barba Padilla, quien también vivía en la casa de donde salió la víctima cuando fue objeto del mortal ataque, manifestó que si bien ella no presenció los hechos porque se encontraba en una cita médica, tiene testigos en el barrio, y éstos, nunca fueron citados a rendir testimonio, ni se averiguó sobre su historia clínica para establecer si la deponente decía o no la verdad, pues María Débora García afirmó lo contrario e incluso, de manera “absurda” sostuvo que los nombres de Henry, Cachucho, Leydy y Will que ella refiere como los autores del homicidio de su hija, se los suministró Gladys, aunque posteriormente expresó que fue una de sus hermanas, a las cuales, debió llamarse a declarar y no se hizo. Sin embargo, de inmediato refiere que la señora Gliseria Serna Caicedo dijo que suponía que cuando mataron a Melissa se encontraba sola en la casa porque Gladys había salido al médico.

Adicionalmente, considera que era de vital importancia constatar con el ejército y la policía si Wilberto Ávila Terán y Henry Cabrera eran requeridos por las autoridades por pertenecer al EPL u otras conductas delictivas, a efectos de determinar si realmente el móvil de la muerte de Melissa fue el que ella era informante de las Fuerzas Armadas, como también para aclarar si Henry Cabrera es la misma persona de Carlos Andrés Sarmiento Duarte.

Aunque el suboficial de la policía manifestó que se enteró por un informante que Henry y Wilberto eran los autores materiales de Melissa Díaz y se llamó a declarar a Hernán Alberto Bertel Hernández, ex guerrillero, “claramente quedó determinado” que no presenció el delito porque lo ubica en sitio opuesto y a hora distinta, pero aun así, no se le compulsaron copias por falso testimonio.

Por su parte, considera que, "las amenazas que Henry Cabrera profirió frente a Melissa de darle muerte no conllevan necesariamente a que él sea el autor. De lo uno no se deduce necesariamente lo otro, y más cuando en la misma amenaza se posponía tal eventual muerte, dado su estado de embarazo". Además, se sabe que, por haber tenido serias desavenencias con aquélla, Leyder García estaba interesado en darle muerte y había prometido hacerlo, pues al respecto declaró María Débora García y Pedro Rodríguez Palacio, quien sostuvo que aquél se tuvo que "ir volado por cuando (sic) la ley se dio cuenta que él andaba con esa gente, o sea esos vagabundos, pistolocos, se tuvo que ir", todo lo cual indica que si nadie presenció los hechos y el único que amenazó a la víctima abandonó sin justa causa su residencia, es posible que sea Leyder el autor de esa muerte, es decir, que el indicio es equívoco, ya que no se averiguó el motivo por el que éste desapareció.

Vuelve de nuevo sobre el proceso 4316 sobre la muerte de Efrén Arroyo y puntualiza que los falladores asumieron que este delito se cometió a las diez de la mañana del 5 de septiembre de 1993, sobre la acera de las instalaciones de Asosimbra, pese a que, de acuerdo con la necropsia fue entre la una y siete de la mañana de ese mismo día, quedando así en entre dicho lo manifestado por Januario Mena quien dijo que todo ocurrió hacia las nueve de la mañana y en el año de 1994, no obstante que declaró el 2 de febrero de 1995.

Se queja también de que no se hubiera averiguado por la imputación que hiciera Emiliano Mena Palomeque en el sentido de que los autores de ese hecho fueron guerrilleros que vivían en el barrio Jesús Mora y que el motivo de ello pudo obedecer a que su compañero había pedido un préstamo a Asosimbra para arreglar su casa, pero como le fuera negado, aquél replicó que para los trabajadores no había plata, en cambio para los guerrilleros, sí, circunstancia que coincidió en relatar el cuñado de Efrén, January Mena Rentería, quien aseguró que Henry juró matarlo, aunque señala las cinco de la mañana como la hora de la muerte, esto es, cuando la víctima estaba en Asosimbra reclamando el reconocimiento de unos gastos médicos.

De lo anterior, destaca que los testigos se apresuran en referir que el presidente de Asosimbra ya está muerto con el interés de que resulte difícil desmentir sus versiones. Sin embargo, anota, que la experiencia demuestra que nadie madruga a esa hora para dirigirse a una entidad sindical a hacer una reclamación de esa naturaleza. Debió, entonces, averiguarse si January, Emiliano y Henry estaban afiliados a esa asociación, lo que permitiría “dar credibilidad” a sus deponencias, ya que el acta de levantamiento del cadáver no indica que hubiera tenido lugar al frente de la citada entidad, sino en el barrio Baltazar “sin que se suministre dirección, aunque sí informa que el occiso trabajaba como brasero en Asosimbra”.

Finalmente, concluye que no se pude determinar que Carlos Andrés Sarmiento Duarte sea la misma persona a la que se refieren los folios 96 y 169 del proceso Nº 4304 y las que aparecen en los folios 115 y 251 del Nº 4316, ni se estableció claramente que aquél sea el mismo individuo de Henry Cabrera, ni si este último era guerrillero.

Solicita, en consecuencia, se case el fallo impugnado disponiendo "en consecuencia la remisión de lo actuado a la unidad seccional de fiscalías de Turbo a fin de que rehaga la actuación, disponiendo la libertad de mi defendido, por términos".

Concepto del procurador tercero delegado en lo penal

Precisa en primer término el delegado que si bien la vulneración del principio de investigación integral como motivo de nulidad conlleva, además, el desconocimiento del debido proceso, éste se caracteriza por la racionalidad que debe existir en materia probatoria en un proceso penal, a efectos de que la actuación no pierda su horizonte, por manera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, al funcionario judicial le corresponde inadmitir los medios probatorios legalmente prohibidos, ineficaces, los que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y los manifiestamente superfluos o inconducentes, lo cual permite ejercer control al interior de la investigación de modo tal que la actividad probatoria no se convierta en interminable.

Lo anterior, para concluir que no es posible siempre que todas y cada una de las manifestaciones hechas por el procesado o los testigos deban corroborarse con otras, por cuanto las mismas pueden llegar a ser suficientes para la comprobación del hecho que en ellas consta o contrastarse con otras para lograr esa finalidad, para lo cual el funcionario goza de libertad para su valoración.

Cosa distinta es la que se presenta cuando habiéndose estimado inicialmente una prueba como apta para la acreditación de un determinado hecho y al momento de dictar sentencia se llega a conclusión distinta, pues en ese evento “no se presenta un caso de violación al principio de investigación integral, sino una hipótesis de valoración probatoria que podría ser atacada en las instancias —a través de los recursos ordinarios— o en sede de casación al amparo de la causal primera, cuerpo segundo”.

Esa, precisamente, es la comprensión de que carece el demandante en este caso, pues propone como nulidad por violación al principio de investigación integral una serie de aspectos que tienen que ver únicamente con la apreciación probatoria del fallador, ya que su inconformidad radica en no haberse establecido, para él, la verdadera identidad del autor del hecho, por cuanto en el proceso reposan tres fórmulas dactiloscópicas distintas bajo el mismo nombre, respecto del cual existen datos discordantes sobre la madre y el barrio donde vive; no se corroboró el interés que otra persona tenía para darle muerte a Melissa, ni se esclarecieron las contradicciones, con lo que no demuestra la vulneración al debido proceso, sino que cuestiona el alcance dado a diferentes pruebas y a la forma como dieron por demostrada en las instancias la identidad del procesado, todo lo cual indica que el cargo debió formularse por la vía de la causal primera de casación como motivo de violación indirecta de la ley.

Ahora bien, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 334.2 del Decreto 2700 de 1991, los funcionarios que conocieron de las causas acumuladas seguidas en contra de Sarmiento Duarte dirigieron su actuación en buena parte a aclarar su identidad e individualidad, habiendo allegado la tarjeta alfabética de la cédula de ciudadanía Nº 71.985.074 expedida a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, así como el registro civil de nacimiento de Henry Cabrera y su partida de bautismo, de donde se tiene que nació en Turbo el 14 de marzo de 1975 y es hijo de Nury Cabrera Bertel y sus abuelos son Luis Cabrera y Filadelfia Bertel, mientras que, se estableció también, con los documentos remitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que Sarmiento Duarte nació en Turbo el 14 de marzo de 1976 y es hijo de Carlos y Filadelfia, es decir, que aparentemente se trata de dos personas distintas.

Sin embargo, y aunque el propio procesado efectivamente negó de manera enfática en las indagatorias rendidas en los dos procesos acumulados en su contra ser él la persona de Henry Cabrera, fue su propia abuela Filadelfia Bertel de Cabrera la que despejó cualquier duda al respecto, al afirmar bajo juramento que Henry Cabrera y Carlos Andrés Sarmiento Duarte son la misma persona, como igualmente lo hizo su abuelo Luis Cabrera Charrasquier.

Al respecto, precisa, que es necesario tener en cuenta que “no obstante la firmeza con la que Carlos Andrés Sarmiento Duarte dijo que el nombre de Henry Cabrera no le corresponde, no se percató que en las indagatorias al hacer mención de su filiación, dijo ser hijo de Nury (nombre muy parecido al de Nurys, madre de Henry Cabrera) y no Filadelfia como aparece en la cédula de ciudadanía que corresponde al primero y sobre el cual hay certidumbre que es la de él, porque con esa información se encabezó la injurada que rindió en el proceso 4304”, lo cual indica que el inconveniente se presenta no sobre su identificación, sino respecto de la autenticidad del documento de identidad que a su nombre se expidió, porque el registro civil de nacimiento que lo sustentó no se encontró en la Notaría de Turbo y los datos que contiene son contrarios a la realidad.

No obstante todo lo anterior, lo cierto es que en este asunto se tiene certeza en el sentido de que la persona vinculada mediante indagatoria como Carlos Andrés Sarmiento Duarte es el mismo Henry Cabrera, cuyo registro civil de nacimiento no fue objetado, lo que significa que acredita la filiación del sindicado, es decir, que es a él y no a otra persona a la que se le hicieron cargos.

Transcribe los apartes pertinentes de los fallos de primer y segundo, grado y precisa que la no realización del cotejo dactiloscópico de las fórmulas dactilares acopiadas en este asunto, las cuales califica de discordantes, no comporta desconocimiento al principio de investigación integral, puesto que con otros medios de convicción se pudo constatar la identificación del sindicado, precisamente, es la diferencia de las mismas con la reseña tomada a aquél, lo que amerita, para el delegado una investigación por un delito contra la fe pública.

Por lo demás, esto es, los comentarios sobre las pruebas que sirvieron de sustento para deducirle responsabilidad penal a Sarmiento Duarte o Henry Cabrera, no están orientadas a demostrar la vulneración del principio de investigación integral sino la valoración probatoria de la sentencia, por lo que si eso era lo que pretendía el petente debió hacerlo pero en capítulos separados. En conclusión, la demanda desconoce los principios de precisión y claridad que rigen el recurso de casación.

Solicita, en consecuencia, no casar el fallo impugnado y se disponga la expedición de copias de lo pertinente para que se investigue el ilícito contra la fe pública.

Consideraciones

1. Es la nulidad por violación al principio de investigación integral en cuanto a la identificación de Henry Cabrera y/o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, lo que constituye para la defensa el motivo de reparo extraordinario. Sin embargo, y dando por descontado que bajo tal premisa correcta resultaba la escogencia de la causal de casación para la postulación y desarrollo del reparo, el contenido mismo de los argumentos a partir de los cuales llena de razones su pretensión con miras a su prosperidad y la no concreción del momento a partir del cual sería necesario rehacer lo actuado, son los que dan al traste con el reproche.

2. En efecto, sobre esta clase de errores in procedendo, abundante es la jurisprudencia de esta Sala la que ha precisado que al demandante le corresponde acreditar, confrontando el supuesto probatorio del fallo, cuáles serían los medios que frente a los resultados finales de la actuación emergen como imprescindibles y con una trascendencia tal, que de haberse acopiado el criterio del fallador sería otro, pues la conducencia, pertinencia, utilidad y necesariedad de las evidencias echadas de menos cuentan con una potencial capacidad de darle otro rumbo a la investigación o desvirtuar la verdad que formalmente se tiene como válida con base en el caudal que materialmente aparece en la actuación.

3. Como se ve, dichas premisas, obligan a concluir como con tino lo hace el Ministerio Público, que el principio de investigación integral se encuentra especialmente ligado con el de la racionalidad que debe perentoriamente guiar al funcionario judicial en el acoplo de las pruebas, a efectos de que la pesquisa no se torne en una tarea interminable, lo cual estaba respaldado en el Decreto 2700 de 1991 en el artículo 250 (y ahora en la L. 600/2000, art. 235), pues lo que corresponde al Estado como responsable de la carga de la prueba en materia penal es allegar toda aquella información que le permita de la manera más certera posible reproducir la verdad real de los hechos investigados y la responsabilidad de la persona a la que se le atribuye la realización u omisión de la conducta punible.

4. Todo lo anterior, implica, entonces, que es al funcionario judicial, como director del proceso, al que le compete materializar el principio de igualdad recaudando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado, es decir, respetar el principio de investigación integral. No obstante ello, y aunque en el cumplimiento de ese propósito juega importante papel la labor defensiva, bien sea material o técnica, pues desde ese punto de vista no sólo se ejerce el derecho a contradecir la prueba de cargo, sino que se presta un servicio de colaboración con la justicia, no puede llegarse al extremo de considerar que a fin de no vulnerar derechos del sujeto pasivo de la acción penal, el instructor o el juez estén obligados a sustraerse de los deberes que la ley les impone, absteniéndose de ejercer cualquier control sobre el recaudo de las pruebas al expediente, cuando por el contrario, esa labor de filtro que se lleva a cabo con la valoración sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de lo pedido u ordenado de oficio es lo que contribuye a que, como lo dice el procurador, el proceso no “pierda su horizonte”.

5. Es que, una verdadera dinámica procesal, es la que permite que al expediente se alleguen únicamente aquellos elementos de juicio que tiendan a cumplir los fines de la instrucción, esto es, establecer la autoría de sus autores o partícipes, las circunstancias del delito y sus motivos, entre otras, como lo disponía el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal de 1991 y ahora el artículo 331 de la Ley 600 de 2000, todo lo cual, a la postre, redunda en la satisfacción del derecho que, a su turno, les asiste a los sujetos procesales de una pronta y cumplida justicia.

6. Ahora bien, confrontados estos supuestos teóricos con el fundamento del reproche, surge evidente una confusión conceptual del demandante no sólo en lo que tiene que ver con la técnica casacional, sino con los principios que orientan las nulidades, pues de un lado, comienza por afirmar categóricamente que hubo deficiencias investigativas para establecer fehacientemente la identificación de la persona que en este asunto se vinculó como Henry Cabrera o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, y de otro, pero al interior de este mismo reproche, termina por contradecirse al sostener que de acuerdo con la prueba recaudada no puede decirse que su defendido haya sido el autor del hecho, supuesto que implícitamente acepta que la persona capturada sí es la que sindican los testigos, sólo que teniendo en cuenta las contradicciones en que, a su juicio incurren, obligaban a dudar de su veracidad o a comprobar por otros medios la verdad de sus versiones, todo lo cual indica que indebidamente se ha mezclado bajo un mismo postulado alegaciones propias del motivo de nulidad y de violación indirecta de la ley sustancial.

7. Siendo ello así, en cuanto a lo primero, se tiene que en este asunto, como así lo recuerda el delegado, gran parte del esfuerzo investigativo estuvo orientado a establecer con precisión la identificación del sujeto señalado por los testigos y por la propia Melissa Díaz, una de las víctimas, como Henry, el cual fue debidamente individualizado, pues sobre él se suministraron los rasgos físicos que permiten concluir que la persona que bajo el nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte rindió indagatoria en las dos causas acumuladas, es la misma que describen aquéllos.

8. En efecto, pocos días después de ocurrida la muerte de Melissa Díaz, el cuerpo técnico de investigaciones rindió un informe en el que expresó que Alberto Bertel Hernández había señalado a Wilberto Ávila Terán y Henry Cabrera como los autores de la muerte de la menor, precisando que los conoce porque ellos lo buscaban a él para matarlo por darle información a la policía de sus andanzas con la guerrilla.

Por ese motivo, una vez que se tuvo conocimiento de que uno de ellos, el señalado como Henry Cabrera por el aludido testigo, se encontraba privado de la libertad en la cárcel de Turbo por cuenta de una fiscalía regional, fue que el instructor le pidió al director de la cárcel de la localidad que le informara si el mismo aparecía registrado con otros nombres, habiéndose respondido que él “fue registrado en este centro carcelario como Carlos Andrés Sarmiento Duarte o Henry Cabrera”, procediendo en adelante a practicar todas las diligencias necesarias y pertinentes a efectos de clarificar cuál de los nombres en discusión era el que realmente le correspondían a este sindicado, resultando en este sentido de especial importancia el informe rendido por el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación el 7 de febrero de 1995 a los fiscales regionales delegados ante la Sijin de Apartadó, pues allí se indica lo siguiente:

“1. Mediante labores de inteligencia adelantadas por miembros de esta unidad investigativa, se logró que personas de la localidad reconocieran al sujeto que portaba la cédula de ciudadanía Nº 71.985.074 de Turbo, como Henry Cabrera.

2. Bajo radicado Nº 1914 reposa denuncia por la menor Melissa Díaz, la cual afirmaba que había sido amenazada por un alias Will Alberto N.N. y alias Henry Cabrera; información que había suministrado a los suscritos, siendo principal gestor de las amenazas el llamado Henry Cabrera, el cual había convivido con ella; denuncia colocada el 18 de enero de 1995.

3. Para el día 20 de enero del año en curso, la denunciante —Melissa Díaz— fue ultimada al parecer por el sujeto Henry Cabrera, según se pudo establecer por medio de labores de inteligencia; información que no se pudo allegar al proceso por temor de los declarantes (varios de ellos reconocieron al supuesto Carlos Andrés como Henry Cabrera). Vale anotar que los dos procesos antes mencionados son tramitados por la fiscalía seccional de esta localidad.

4. De acuerdo a la información verbal suministrada por el señor Henry Cabrera, él había estudiado todo el tiempo en el corregimiento El Dos de este municipio, sin embargo sus abuelos Luis y Filadelfia manifestaron que él había estudiado aquí en Turbo en el IDEM; lugar al que nos dirigimos y luego de buscar en los archivos, apareció el registro de matrícula Nº 141 —realmente el 692, pus el número citado en el citado informe corresponde al folio— a nombre de Henry Cabrera, cuyos padres son Luis y Filadelfia, lo cual coincide con lo declarado por su abuelo que lo había criado y lo consideraba como su hijo.

A continuación, con los anteriores datos logramos conseguir el registro civil de nacimiento de Henry Cabrera, el cual figura bajo el folio Nº 7318675 y en el cual aparece registrándolo la señora Nurys Cabrera Bertel. El día 1º de febrero del año en curso, ya habíamos logrado conseguir la partida de bautismo del sujeto Henry Cabrera en la cual aparece como madre Nurys Cabrera y como abuelos Luis Cabrera y Filadelfia Bertel. Para estar más seguros de la identidad del mencionado sujeto buscamos los mismos documentos a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, lo cual resultó infructuoso, pues no aparece ni bautizado en esta ciudad, ni registrado en la notaría local y tampoco como estudiante de algún plantel de Turbo. Analizando la tarjeta de preparación de la cédula notamos que el registro civil tiene una numeración muy alta y al conocer que dicha documentación reposa en Santafé de Bogotá, optamos por solicitar una copia del registro civil que figura en la cédula —Nº 12456855— y el cual está a nombre de Alberto Zúñiga Gómez. Por último se trató de ubicar las huellas dactilares tomadas a Henry Cabrera en la notaría, pero éstas fueron enviadas a Bogotá a la Registraduría Nacional del Estado Civil; razón por la cual envió un fax a dicha entidad”.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió en una ocasión que con el nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, halló el registro civil Nº 02794637 de la Notaría Única de Facatativá, en donde figura que nació el 23 de agosto de 1977 en esa localidad y es hijo de María del Rosario y José Armando, y en otra, envió al Juzgado Penal del Circuito de Turbo copia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía Nº 17.985.074 a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nacido en Turbo el 14 de marzo de 1976, hijo de Carlos y Filadelfia, la cual fue expedida con base en el registro civil de nacimiento Nº 12456855. En el mismo oficio se precisó que no se remitía lo pertinente a Henry Cabrera porque al respecto se encontraron homónimos.

Por su parte en declaración rendida por Januario Mena sobre la muerte de Efrén Arroyo, manifestó no sólo que Henry Cabrera era autor de ese homicidio, sino que lo conocía porque había trabajado con ellos en Asosimbra y Emiliano Mena Palomeque en testimonio rendido dentro de esa misma actuación al referirse a Henry expresó que “Aquí dicen que Henry mató mucha gente, no recuerdo a quiénes, ese tipo era un criminal, uno oye las vainas, que para el bosque mató a una muchacha que estaba preñada” (fl. 33, v. causa 4304).

En el mismo sentido, en diligencia practicada en la causa Nº 4316, el menor Nawer García reconoció como Henry Cabrera a este procesado, y aunque en la segunda oportunidad señaló a otra persona, al ser interrogado sobre esa contradicción, precisó que “por el pelo, porque se me parecen, pero la foto es la número tres, estoy seguro de que la número tres es la de Henry Cabrera, y la foto por detrás tiene el número 2524, yo digo que esta es la foto de Henry, ya que no se leer” (fl. 190, causa Nº 4316).

Y, en declaración rendida por Luis Cabrera y Filadelfia Bertel, padres de Nurys Cabrera Bertel, la madre de Henry Cabrera, afirmaron sin dubitación alguna que Carlos Andrés Sarmiento Duarte y Henry Cabrera es la misma persona, pues así se llamaba el padre de aquél, sólo que su madre —Nurys— lo registró antes de morirse. Igualmente manifestaron que su nieto trabajó en Asosimbra y que se encuentra privado de la libertad desde finales de enero de 1995, que primero estuvo en la cárcel de Turbo y de ahí lo trasladaron a la de Bellavista y es a él a quien han ido a visitar a la cárcel, pero que no saben por qué se encuentra privado de la libertad.

5. Siendo el anterior, entonces, el grueso del material probatorio recopilado sobre la identificación de quien decía llamarse Carlos Andrés Sarmiento Duarte, forzoso es concluir que la prueba atinente al tema, reclamada ahora por la defensa para acreditar el desconocimiento del principio de investigación integral, deviene en innecesaria y superflua, pues pretende que ese mismo hecho, respecto del cual el sentenciador contó con abundantes elementos de juicio para acoger una y desechar por apócrifa la otra, se acredite con otras pruebas, es decir, que se recabe sobre lo mismo pero desde otra perspectiva, todo lo cual pone en evidencia la intrascendencia del presunto yerro alegado.

6. Por ello, los cuestionamientos en torno a que no se le hubiera puesto de presente al sindicado la copia de la tarjeta decadactilar de la cédula de ciudadanía Nº 71.985.074 a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte para que manifestara si era él o no, o que no se le hubiera respondido al Notario de Turbo el requerimiento hecho a fin de expedir correctamente el registro civil de nacimiento de esa persona, si existía, y que no se hubiera hecho una confrontación dactiloscópica con la reseña tomada al detenido con las huellas dactilares a nombre de Carlos Andrés, no alcanzan a menguar la naturaleza y alcances del principio de investigación integral con la fuerza suficiente para desvirtuar la legalidad con la que se rituó este asunto, ya que, como se dijo atrás, el funcionario contaba con elementos de juicio aptos y suficientes para salir adelante en ese trance, pues es evidente que de manera astuta el sindicado pretendió por todos los medios confundir a las autoridades sobre su verdadera identidad, sólo que no tuvo éxito ante la contundencia de la prueba que indicaba que la persona incriminada era la misma que se encontraba privada de la libertad bajo los nombres de Carlos Andrés Sarmiento Duarte o Henry Cabrera.

7. En este sentido, acertadas resultan las glosas del procurador cuando concluye, que a todo el discurso demostrativo del demandante lo que subyace es un cuestionamiento sobre el mérito otorgado a la prueba atinente a la identificación del procesado, pues confrontadas las consideraciones expuestas en los fallos de instancia al respecto, se tiene que ningún reparo merecen las apreciaciones de los juzgadores sobre este tema. Así, se tiene que el juez de primer grado, luego de indicar la prueba pertinente, concluyó que “la cédula que exhibe Henry Cabrera, a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, es espuria, falsa”, estimando pertinente compulsar las copias para que penalmente se investigara ese hecho, lo cual no fue cuestionado por el ad quem. Sobre este aspecto, es verdad, como lo destaca el delegado, que esa orden no se concretó en la parte resolutiva, por lo que, siendo procedente y así además lo pide el Ministerio Público, se ordenará en esta decisión.

8. A lo anterior podría agregársele, que de acuerdo con las labores adelantadas por los investigadores del cuerpo técnico de investigaciones el registro civil Nº 12456855, con base en el cual se tramitó la cédula de ciudadanía Nº 71.985.074 a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, nacido en Turbo el 14 de marzo de 1976, resultó ser de Bogotá y figurar a nombre de Alberto Zúñiga Gómez. Además, curiosamente mientras en la indagatoria rendida el 6 de mayo de 1996 en la causa Nº 4304 por la muerte de Efrén Arroyo dijo no recordar el número de la cédula porque hacía mucho tiempo que no la veía, en la versión injurada vertida el 23 de agosto de ese mismo año en la causa Nº 4316 por la muerte de Melissa Díaz, esto es, 3 meses más tarde, dio como número de cédula el referido anteriormente. También deviene oportuno destacar lo curioso que aparece el hecho de que para los abuelos de Henry Cabrera no resulte extraño que a su nieto, llamándose Carlos Andrés Sarmiento Duarte, también le digan Henry Cabrera, pues si fuera así, teniendo en cuenta que la señora Filadelfia es la que manifiesta que la madre de éste —Carlos Andrés— de nombre Nurys Cabrera Bertel, lo registró sola con su propio apellido, e incluso si fuera cierto que el padre del procesado se llamaba Carlos Andrés Sarmiento Duarte, su hijo haya adoptado sólo esos apellidos y no lleve el de su madre, que es Cabrera, pues debería, así, llamarse Carlos Andrés Sarmiento Cabrera. Todas estas inconsistencias son las que le restan credibilidad a la férrea posición del encartado cuando sostiene que no es Henry Cabrera sino Carlos Andrés Sarmiento Duarte.

9. Por lo demás, esto es, que no se hubiera indagado sobre la posible autoría de Leyder García, quien había tenido una seria discusión con Melissa García antes de su muerte, no reporta beneficio alguno al planteamiento medular de la censura y por el contrario, desconoce la verdad del proceso, pues sobre esa situación obra prueba suficiente proveniente de los parientes de dicha víctima, quienes refieren que Leyder, fue quien le indicó a Will y a Henry el sitio donde se encontraba la menor para que cumpliera con las amenazas de muerte que días antes le habían hecho, pero aparte de ello, en el proceso aparece el acta del levantamiento del cadáver de Leyder García Caicedo, ocurrida el 27 de enero de 1996 en Turbo.

10. De la misma manera, las glosas en cuanto a los testimonios de Gladys Barba, Débora García, Gliseria Serna, Eusebio Martínez y Darío Antonio Martínez en uno de los procesos y las de Januario y Emiliano Mena, en otro, sobre la hora en que ocurrió el hecho o las circunstancias que lo motivaron, por considerar que en uno y otro caso los deponentes son contradictorios, es tema cuyo debate no se vislumbra viable al amparo de la causal tercera, sino por la primera, pues así, el demandante señale las pruebas que de los mismos emergían como necesarias para la verificación de sus versiones, es claro que con ello no demuestra la pertinencia de las mismas, ya que, como al comienzo de esta providencia se dijo, la actividad probatoria está regulada en nuestro sistema procedimental y si bien hace parte del derecho de defensa, no es absoluto, porque el funcionario está en el deber de racionalizar esta actividad al interior del proceso, guiado por los principios de pertinencia, conducencia y necesariedad.

Algo similar corresponde decir en cuanto a las críticas que el libelista hace sobre los reconocimientos que a través de fotografía se hicieron en estos procesos, primero porque a la postre se muestra inconforme con la legalidad de tales pruebas, lo que indica que tales planteamientos ameritaban un reproche separado con sustento en la causal primera de casación por error de hecho por falso juicio de legalidad; y lo segundo, porque para sus elucubraciones omite tener en cuenta que los funcionarios instructores dejaron constancia en el sentido que ante la imposibilidad de que al procesado se le trasladara desde la cárcel de Bellavista a Turbo, donde se adelantaba la investigación y se encontraban los testigos, aparecía más conveniente solicitarle al cuerpo técnico la elaboración de un mosaico con fotografías de sujetos de características similares, las cuales constan en el la actuación, para que con base en ellas se procediera a la evacuación de la prueba (fls. 179 y 181, causa 4316 y 148, causa 404).

Ahora bien, que finalmente no se hubiera llevado a cabo el examen médico con el propósito de establecer la edad del procesado, es algo que tampoco tuvo repercusión negativa en este asunto, si se tiene en cuenta que como la identidad que se logró establecer plenamente corresponde a la de Henry Cabrera, atendidas las fechas en que se cometieron los ilícitos objeto de investigación, es claro que aquél contaba con la mayoría de edad, pues en otra circunstancia no podría contribuir dicha prueba, ya que sobre la individualización del sujeto nunca se tuvo duda y el demandante tampoco lo cuestiona.

Y lo mismo, cabe sostener en cuanto a la queja por no haberse oficiado al ejército y a la policía para que informara si el procesado era requerido por otras autoridades por otros delitos, por cuanto la impertinencia de dicho medio aparece claramente demostrada en las referidas causas, pues en ellas se ofició a diversas autoridades judiciales solicitando los antecedentes que pudieran registrar en este caso los dos vinculados.

El cargo, no prospera.

Finalmente, conviene advertir que los efectos favorables que el nuevo Código Penal implica frente a la punibilidad de los delitos contra la vida, es labor que le compete en su momento oportuno constatar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar el fallo impugnado.

2. Con destino a la Fiscalía seccional de Turbo dispóngase la expedición de copias de los informes rendidos por el cuerpo técnico de investigaciones sobre la identificación de Henry Cabrera o Carlos Andrés Sarmiento Duarte, al igual que de la reseña tomada al mismo y los oficios procedentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre las cédulas expedidas a nombre de Carlos Andrés Sarmiento Duarte, a fin de que se investigue el posible atentado contra la fe pública en dicho documento.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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