Sentencia 15058 de abril 1º de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CARRERA ADMINISTRATIVA

DEMANDA CONTRA LA CONVOCATORIA A CONCURSO

EXTRACTOS: «La Carta Política a través de su artículo 125 estableció la carrera administrativa como la regla general en los órganos y entidades del Estado, exceptuando a continuación los cargos correspondientes y defiriéndole a la ley la potestad para determinar otras excepciones. Asimismo la Constitución dijo que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos tendría lugar, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

En desarrollo de las normas superiores se expidió la Ley 27 de 1992, por la cual se dictaron normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgaron unas facultades y se dictaron otras disposiciones. Esta ley fue reglamentada a través de varios decretos, siendo uno de ellos el 2329 de 1995. A propósito de los concursos o procesos de selección prescribió este decreto en su artículo 10:

“Los concursos o procesos de selección comprenden la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de listas de elegibles y el período de prueba”.

Con arreglo a esta preceptiva la convocatoria da el impulso inicial que desencadena toda la ritualidad subsiguiente enderezada a la vinculación de personal idóneo a la administración pública y al ascenso de los empleados, con base en el mérito, mediante sistemas que permitan la participación democrática, en igualdad de oportunidades, de todos los colombianos que demuestren poseer los requisitos para desempeñar los empleos, tal como lo enseña el artículo 2º del precitado decreto. En el mismo sentido cabe reconocer que la convocatoria entraña una decisión de carácter general, susceptible de revisión ante el juez administrativo.

Pero si de una parte las convocatorias acusadas son revisables en sede jurisdiccional, como en efecto lo entendió el libelista, también es claro de entrada que su demanda de nulidad no tiene vocación de prosperidad, toda vez que en el derecho positivo colombiano nada impide que se convoque a concurso de méritos cuando no existan cargos actualmente vacantes, pues como bien puede inferirse, la eventual lista de elegibles a más de no ser automática o de aplicación inmediata, sí constituye importante y oportuno mecanismo para proveer las plazas vacantes a medida que se vayan produciendo, tal como ocurre con los cargos de magistrados de tribunales del país».

(Sentencia de abril 1º de 1998. Expediente 15058. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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