Sentencia 15086 de marzo 23 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DEDUCCIÓN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS

El activo debe participar de manera directa en la actividad productora.

EXTRACTOS: «La pretensión de nulidad recae sobre la expresión que se subraya del artículo 2º del Decreto 1766 de 2004, cuyo texto es el siguiente:

“DECRETO NÚMERO 1766 DE 2004

(Junio 2)

Por el cual se reglamenta el artículo 158-3 del estatuto tributario

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política; y el artículo 68 de la Ley 863 de 2003,

DECRETA:

(...)

ART. 2º—Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata este decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente”.

(...).

Se controvierte la legalidad del Decreto Reglamentario 1766 de 2004, en cuanto define en su artículo 2º los activos fijos reales productivos, como aquellos que “participan de manera directa” en la actividad productora de renta; cuya adquisición faculta al contribuyente para deducir el 30% de la inversión, en los términos previstos por el artículo 68 de la Ley 863 de 2003.

Sostiene la accionante que la ley, al referirse a los activos fijos reales productivos, no hizo ninguna distinción respecto de los que están vinculados directamente con la actividad productiva, y aquellos destinados a la parte administrativa o gerencial, que de manera indirecta también participan en la actividad productora. En consecuencia, el reglamento al señalar, que los activos deben participar de manera directa en la actividad productiva, restringe el tratamiento especial previsto por el legislador como estímulo a la inversión y el ejecutivo excede su facultad reglamentaria.

Con la expedición de la Ley 863 de 2003, artículo 68, se adicionó el estatuto tributario con el artículo 158-3, del siguiente tenor:

“Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos adquiridos, aún bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción sólo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” (resalta la Sala).

Como se observa, el legislador consagró una deducción especial para los contribuyentes del impuesto de renta que decidan invertir en activos fijos reales productivos, la cual constituye sin duda, un incentivo importante en la medida que le permite tratar como deducción el 30% de dicha inversión, lo cual lleva a la reactivación del proceso productivo y como consecuencia lógica al incremento en la rentabilidad del contribuyente.

El mismo legislador, para garantizar que se cumpla con la finalidad propuesta, previó que de los resultados de tal beneficio se informe periódicamente al Congreso y que no habrá beneficio de auditoría para los contribuyentes que la soliciten (1) .

De otra parte, al referirse el legislador de manera específica a las inversiones realizadas “sólo en activos fijos reales productivos”; es claro que excluyó de tal tratamiento, aquellos bienes que por definición no tienen tal naturaleza.

Los activos fijos se definen fiscalmente como aquellos “bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente” (E.T., art. 60). De tal naturaleza participan tanto los bienes corporales como los intangibles, que están destinados a ser incorporados en la actividad productora de renta, y por lo tanto, no todos los activos fijos se encuentran amparados por deducción del 30%.

Lo anterior porque la deducción especial fue limitada por la ley a los bienes “reales”, carácter que únicamente se predica de los “corporales”, definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas “... que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos...”, por lo cual se entienden excluidos de tal tratamiento, los activos fijos que tienen el carácter de intangibles.

De otra parte, la condición sobre la cualidad de “productivos”, prevista en la ley para que proceda la deducción, implica que entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y permanente, de suerte que sean indispensables para su ejecución. Ello necesariamente excluye los activos fijos que participan de manera indirecta en el proceso productivo, como son los muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial, a que alude la accionante.

De lo expuesto se colige que la definición contenida en el reglamento acusado, en cuanto precisa que son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que “participan de manera directa” y permanente en la actividad productora de renta, no contradice lo preceptuado en la norma superior reglamentada, pues está claro que fue voluntad del legislador limitar la deducción del 30% “sólo” para aquellos activos fijos que se incorporan de manera directa al proceso productivo.

Ahora bien, es claro que el 30% de la inversión realizada en activos fijos reales productivos, no es propiamente una “expensa necesaria”, pues una cosa es que por disponerlo así el legislador, se dé a la “inversión” el tratamiento de “deducción”, con la finalidad de estimular al sector productivo; y otra distinta, que por tal circunstancia se cambie la naturaleza jurídica de la inversión. Así que, la deducción especial de que se trata, atiende para su procedencia, a los requisitos específicos previstos en la norma legal que la consagra y no a los que de manera general alude el artículo 107 del estatuto tributario, para los gastos deducibles que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta.

También debe precisarse que el proceso ordinario de depuración de la renta líquida gravable, de que trata el artículo 26 del mismo estatuto, permite restar de la renta bruta todos los conceptos que por disposición legal deban tratarse como deducción, como es el caso de la inversión en activos fijos reales productivos. De manera que el citado precepto legal en nada contradice el reglamento acusado, pues en todos los casos obliga al contribuyente acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos, según sea el concepto de la deducción.

En conclusión, no se configura exceso en la facultad reglamentaria, por lo que habrán de negarse las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 23 de marzo de 2006. Expediente 15086. Consejero Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

(1) Es así como se dijo en exposición de motivos del proyecto inicial, “... Bajo la convicción de que la mejor forma de aumentar los ingresos públicos es estimular la inversión por sus efectos positivos sobre la producción y el empleo, este proyecto propone una tarifa diferencial, del impuesto sobre la renta para las utilidades reinvertidas. Así, se propone que los contribuyentes que reinviertan por lo menos el 60% de las utilidades fiscales en activos productivos, tendrán una tarifa del impuesto del 15%” (Gaceta del Congreso 572 de 2003).

Sobre la propuesta de establecer una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta para la reinversión de utilidades presentada con el proyecto inicial, las Comisiones Conjuntas no la aceptaron y en su lugar se aprobó una proposición que permite a las personas jurídicas deducir del impuesto sobre la renta el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos que se adquieran a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción sólo será aplicable por los años gravables 2004 a 2007 (Gaceta del Senado 691 segundo debate)

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