Sentencia 15119 de agosto 15 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

GRABACIÓN DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

VALIDEZ PROBATORIA CUANDO LA REALIZA LA VÍCTIMA DE UN DELITO

Aprobado Acta Nº 119

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil uno.

EXTRACTOS: «2. Ilegalidad de las grabaciones obtenidas por la denunciante.

Desde el punto de vista puramente técnico, la demanda carece de aptitud formal, puesto que la casacionista no explica las razones por las cuales las grabaciones de las voces de los plagiarios, obtenidas por la señora Ana Teresa Obando de Echeverry (esposa del secuestrado) son ilegales. Sus argumentaciones se circunscriben a dos asertos: Que fueron efectuadas sin autorización judicial, y que su aducción al proceso se produjo tardíamente, sin precisar por qué razón se requería de una orden judicial previa, ni por qué motivo su aportación fue tardía.

De cualquier forma, ninguno de los supuestos que sirven de sustento a la censura, resulta válido. La Corte tiene dicho que las grabaciones magnetofónicas realizadas por quien está siendo víctima de una conducta punible a través de llamadas telefónicas a su abonado, no requieren de autorización judicial previa para su validez, y eficacia probatoria, puesto que siendo destinatario de la llamada, está facultado para grabarla y difundirla, en virtud del principio de autonomía individual, sin que con ello se afecte la órbita de la intimidad ajena, ni el orden jurídico.

Lo prohibido, como acertadamente lo sostiene el procurador delegado en su concepto, es la grabación en la modalidad de interceptación de terceros, pues se entiende que el interés protegido en lo material es la injerencia indebida de una persona en la comunicación de otra, de la cual no hace parte. Por tanto, si un tercero se inmiscuye en una conversación ajena, y la graba, la prueba así obtenida será ilícita, pero si la grabación es realizada por quien participa en ella, no habrá motivos para afirmar su ilicitud, menos aún, si está siendo víctima de un delito (Cfr. Cas. mar. 16/88, M.P. Dr. Lisandro Martínez Zúñiga; única, Sent. de octubre 22/96, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll; casación de nov. 15/00, magistrado ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poveda, entre otras).

En el presente caso, las grabaciones aportadas a la investigación por la señora de Echeverry fueron obtenidas directamente por ella en desarrollo de las llamadas telefónicas efectuadas a su residencia por los autores del secuestro de su esposo, quienes le exigían el pago de importantes sumas de dinero por su liberación. Esto significa que su obtención y divulgación no transgredió la órbita de la intimidad personal ajena, ni contrarió el ordenamiento jurídico, pues fueron realizadas por la destinataria, y por quien, además estaba siendo víctima de una conducta delictiva.

Tampoco le asiste razón a la casacionista cuando sostiene que la aducción al proceso de la prueba en referencia se efectuó tardíamente, y que esto dificultó la defensa del sindicado. Del estudio de la actuación se establece que su incorporación se produjo dentro de la fase de la investigación, antes, inclusive, de ser resuelta la situación jurídica, y que dentro del mismo período fueron realizadas las pruebas periciales respectivas por parte del cuerpo técnico de investigación de Cali y Bogotá (fls. 229, 259, 275 del c. Nº 1). Es decir, que no sólo fueron aportadas y producidas en oportunidad legal, sino con la anticipación necesaria para que la defensa pudiera conocerlas y controvertirlas».

________________________________