Sentencia 15125 de mayo 7 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

FUERO SINDICAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS

JUEZ COMPETENTE PARA RESOLVER CONTROVERSIAS

EXTRACTOS: «El constituyente de 1991 además de consagrar constitucionalmente el derecho de asociación sindical para los empleados públicos, amplió sus garantías sindicales, al no excluirlos del derecho al fuero sindical, como lo señaló la Corte Constitucional mediante Sentencia C-593 de diciembre 14 de 1993 al declarar inexequible el artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que señalaba expresamente que no gozaban de fuero los empleados públicos.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional alertó sobre la necesidad de que el legislador asignara competencia a la jurisdicción para conocer del fuero sindical de los empleados públicos, cuestión que se dio con la expedición de la Ley 362 de febrero 18 de 1997, mediante la cual se asignó competencia a la jurisdicción laboral ordinaria, para conocer de los asuntos relativos al fuero sindical de dichos empleados.

No obstante que uno de los vacíos respecto del fuero sindical de los empleados públicos fue llenado en parte con la expedición de la citada Ley 362, existe frente a esta jurisdicción algunos puntos de controversia que es preciso puntualizar, como en este caso, en el que la acción planteada por el libelista es la de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto de la administración, que se acusa por desvío de poder, entre otros motivos, por no respetarse el fuero sindical.

¿Cómo compaginar de un lado el pronunciamiento sobre un fuero consagrado constitucionalmente, cuyo conocimiento fue atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y el examen de legalidad de un acto de la administración que se acusa por vicios de ilegalidad, entre otros, el desconocimiento de dicho fuero, y que fue proferido antes de la fecha del pronunciamiento de la Corte Constitucional y antes de la expedición de la Ley 362?

Para la Sala no hay duda que la problemática planteada no se puede dar frente a casos ocurridos después de la expedición de la citada Ley 362 de 1997, pues a partir de dicha preceptiva es claro que la controversia sobre el fuero debe ser alegada ante la jurisdicción ordinaria laboral, según el procedimiento señalado en los artículos 405 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo y no a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, otra es la situación de los casos planteados en esta jurisdicción y fallados en primera instancia antes de la expedición de la Ley 362 de 1997, pues los recursos contra el fallo deben ser desatados por la jurisdicción contenciosa, con base en las normas vigentes cuando se interpuso la acción.

Si bien es cierto que las normas procesales son de orden público y de aplicación inmediata, es un principio de derecho procesal (CPL, art. 154, CPC. art. 699 y CCA., art. 266) que los procesos iniciados antes de la vigencia de cualquier estatuto procesal, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término o principió a surtirse la notificación.

En el caso sub examine, el acto acusado fue expedido el 2 de septiembre de 1993, la demanda se presentó el día 16 de diciembre del mismo año (fl. 17 vto. cdno. ppal) y el recurso de apelación el 17 de septiembre de 1996, fechas para las cuales no se había expedido la Ley 362 de 1997, por lo que debe esta jurisdicción, de acuerdo con lo señalado en párrafo antecedente, desatar la contienda, así uno de los motivos de inconformidad alegado sea la existencia de fuero, pues el examen de legalidad del acto acusado, es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa».

(Sentencia de mayo 7 de 1998. Expediente 15125 Consejero Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito señalar las razones que me llevaron a disentir de lo resuelto en este asunto, así:

En la demanda se afirmó que el demandante estaba amparado por la garantía del fuero sindical, dada su elección como fiscal del sindicato de la entidad demandada.

Por tanto, expedida la Ley 362 de 1997, es claro para mí que esta jurisdicción perdió competencia para conocer del proceso, y por ende, ha debido remitirse a la ordinaria, para lo de su cargo.

En la motivación de la providencia de la cual me aparto se hace una diferenciación entre el problema de la existencia del fuero sindical, de un lado, y el de la presunta desviación de poder del acto de remoción del actor, por otro, que a juicio mío es improcedente en cuanto resulta ilógico que una controversia jurídica como la planteada en la demanda pueda tener dos jueces competentes al mismo tiempo, pues esto atenta contra la unidad de jurisdicción y la unidad de decisión.

De suyo, cuando la Ley 362 dice que la jurisdicción del trabajo conocerá también de los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos (art. 2º) y luego señala que “deroga las disposiciones que le sean contrarias” (art. 3º), es evidente que a partir de su promulgación, que tuvo lugar el 21 de febrero de 1997, todos los procesos relacionados con esta materia debían pasar a dicha jurisdicción.

Otra cosa es que lo razonable en estas materias era que la jurisdicción contencioso administrativa conociera de los procesos de fuero sindical de los empleados públicos, habida consideración, precisamente, de la naturaleza especial del fenómeno de la función pública, tradicionalmente conocida y juzgada por esta jurisdicción y un poco extraña, o diferente al menos, para la jurisdicción ordinaria.

Empero, definida esa competencia por el legislador, pienso que ya no hay lugar a dudas y que todos los juicios donde se debata el fuero sindical de empleados públicos deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, así tengan implícitos temas que antes fueron exclusivos de la contencioso administrativa, como el de la desviación de poder.

Con todo comedimiento,

Carlos Arturo Orjuela Góngora.

Junio 11 de 1998.

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