Sentencia 15131 de septiembre 27 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado en acta Nº 116

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil dos.

Vistos:

De conformidad con el artículo 83 del Código Penal, procede la Corte a pronunciarse dentro del presente trámite de segunda instancia, sobre la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal.

Hechos y actuación procesal

La Empresa Puertos de Colombia de la ciudad de Buenaventura, por intermedio de su apoderado judicial, el 5 de agosto de 1992 instauró denuncia penal en contra de Felicia Castro Ayovi, Buenaventura Hurtado, Flavio Ortiz y Luz Helena Echeverry de Narváez, por cuanto pretendieron obtener el reconocimiento de sustitución pensional del señor James Ortiz Palomino fallecido al servicio de la empresa el 17 de junio de 1990, para lo que utilizaron documentos falsos y suplantaron a la persona que realmente tenía derecho al beneficio prestacional.

La Fiscalía 129 Seccional de Buenaventura el 17 de septiembre de 1992, decretó la apertura de la instrucción. Posteriormente, con resolución de abril 8 de 1994, la Fiscalía 129 Seccional de Buenaventura, a cargo de la doctora Carmen Alicia Uribe Navia, al resolver la petición de preclusión presentada por la cosumariada Luz Helena Echeverry de Narváez, decide dar aplicación a la preceptiva del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, a favor de ésta y de la señora Felicia Castro Ayovi.

Al ser resuelta la impugnación presentada contra esta decisión por la representante del Ministerio Público, la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de Cali en providencia de junio 2 de 1994, la revocó, y ordenó la compulsación de copias para investigar la conducta de la doctora Carmen Alicia Uribe Navia como fiscal seccional 129 al considerar que su decisión no era procedente porque no se reunían los presupuestos procesales del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, para haberla adoptado, y además, porque contrarió abiertamente la realidad procesal, al haber desconocido las pruebas que daban cuenta de la falsedad de los documentos utilizados para solicitar la sustitución pensional, para engañar a la Empresa Puertos de Colombia y obtener un provecho ilícito.

La anterior decisión, dio origen a la apertura de instrucción decretada por la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de Cali, el 25 de julio de 1994, contra la doctora Carmen Alicia Uribe Navia, por el delito de prevaricato por acción (fl. 8, cdno. 1). De esta manera, y luego de ser vinculada mediante indagatoria, en resolución de 19 de octubre de 1994 se le resolvió su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de la libertad provisional, sustituyéndola por la de detención domiciliaria (fl. 30, cdno. 1), decisión que al ser impugnada mereció la confirmación por parte de la unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia en providencia del 3 de enero de 1995 (fl. 108, cdno. 1).

La etapa sumarial culminó con providencia del 14 de junio de 1995, por medio de la cual la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cali profirió resolución de acusación en contra de la procesada Carmen Alicia Uribe Navia como presunta autora y responsable del delito de prevaricato por acción (fl . 283, cdno. 1).

A su vez, la misma funcionaria Carmen Alicia Uribe Navia, en calidad de Fiscal Seccional 129 de Buenaventura, adelantó el proceso penal contra Rubén Darío Angulo Riascos por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos sucedidos el 15 de abril de 1993 en la ciudad de Buenaventura.

Dentro de esta actuación, el apoderado del sindicado, el 17 de agosto de 1993, solicitó a la fiscalía la libertad provisional, con base en el numeral 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, porque a la fecha de la presentación (ago. 17/93), habían transcurrido 120 días de privación efectiva de la libertad, sin que se hubiese calificado el mérito de la actuación sumarial.

Al resolver esta petición, la doctora Carmen Alicia Uribe Navia, la negó mediante resolución 068 del 18 de agosto de esa anualidad, (fl. 125, cdno. copias) con el argumento de que la investigación no se había clausurado ni mucho menos calificado por la continua petición de pruebas de la defensa, con apoyo en el inciso segundo del numeral 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.

La decisión fue impugnada mediante los recursos de reposición y apelación, quedando inalterada horizontalmente, mediante resolución de agosto 31 de esa anualidad (fl. 129), a la vez, que se concedió, como subsidiaria, la apelación, disponiendo además, la compulsación de copias contra el defensor por presuntas faltas a la ética, por considerar la funcionaria que este profesional le estaba planteando una pelea en el campo personal.

Posteriormente, y ante la sutil recomendación de la funcionaria, el sindicado designó nuevo defensor que recayó precisamente en el arrendador del inmueble ocupado por la doctora Carmen Alicia Uribe Navia, compañero y amigo de ésta, quien solicitó el cambio de la calificación jurídica del punible imputado al señor Rubén Darío Angulo Riascos, para adecuarla al tipo penal de lesiones personales. Esta petición fue resuelta en forma favorable por la doctora Uribe Navia mediante resolución del 9 de septiembre de 1993 (fl. 140, cdno. copias), en la que sostuvo que la tentativa de homicidio no estaba clara, y por ende, podría tratarse de unas lesiones personales (fl. 143, cdno. copias), absteniéndose de conceder la libertad solicitada por la defensa, y en consecuencia, dispuso la remisión de las diligencias al Juzgado Penal Municipal —reparto.

La actuación correspondió al Juzgado Quinto Penal Municipal de Buenaventura, despacho que no avocó el conocimiento de la actuación por no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución de 18 de agosto de 1993, disponiendo la remisión de la actuación a la fiscalía de origen (fl 162, cdno. copias).

Ante esta situación, la doctora Carmen Alicia Uribe Navia, bajo el argumento de haber perdido competencia en el asunto, procedió a proponerle al juzgado quinto colisión de competencias negativa, recomendándole se pronunciara sobre la petición de libertad del sindicado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal (fl. 168, cdno. copias).

Resuelta la colisión por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante auto del 28 de octubre de 1993, la competencia para continuar conociendo del proceso seguido en contra de Rubén Darío Angulo Riascos fue asignada a la Fiscalía Seccional 129 de Buenaventura.

Denunciados estos hechos por el primer defensor del señor Angulo ante la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de Cali, lo cual hizo el 3 de septiembre de 1993, el 16 de septiembre de 1993 (fl 6, cdno. 1) esa unidad de fiscalías avocó el conocimiento, procediendo a iniciar la correspondiente investigación penal el 25 de abril de 1994 (fl. 24, cdno. 1), vinculando formalmente al instructivo a la doctora Carmen Alicia Uribe Navia mediante diligencia de indagatoria. Su situación jurídica fue resuelta el 30 de marzo de 1995 (fl. 93, cdno. 1), imponiéndosele medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunta autora de dos delitos de prevaricato por acción y por el de prolongación ilícita de privación de la libertad, concediéndole el beneficio de la libertad provisional

Calificado el sumario el 15 de agosto de 1995, profiriéndose en contra de la procesada Carmen Alicia Uribe Navia resolución acusatoria por los delitos que le valieron la imposición de medida de aseguramiento, cometidos en concurso efectivo, se procedió a acumular, ya en la etapa de juicio, estos procesos por parte del Tribunal Superior de Cali (fls. 320 al 323 cdno. 1), procediéndose el 27 de agosto de 1997 a condenar a la acusada, como autora de los referidos tres delitos de prevaricato por acción y el de prolongación ilícita de la privación de la libertad, imponiéndosele como pena principal la de 28 meses de prisión y como accesorias, la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y la pérdida del empleo público de fiscal seccional.

Consideraciones de la Sala

1. La institución jurídica de la prescripción de la acción penal, es ejercida por el Estado con relación al tiempo y en forma exclusiva a la duración de la acción penal y de la pena privativa de la libertad impuesta, sin que pueda superar el máximo de la misma fijada por la ley, referido al primer evento, estableciendo como tope los veinte años ni estar por debajo de los cinco, siendo aplicable este último guarismo para los delitos que no tengan señalada como pena principal la privación de la libertad, tal y como lo contemplaba el artículo 80 del Decreto 100 de 1980, recogido en la nueva legislación (Ley 599/2000) en el inciso primero del artículo 83.

De esta manera, tal y como lo regulaban los artículos 80, 81 y 82 del derogado Código Penal, que a su vez fueron incluidos en forma unificada en el artículo 83 del actual estatuto punitivo, se conservan tres términos de prescripción de la acción penal: el primero, referido al "tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años no excederá de veinte (20), corresponde al término genérico de la prescripción, toda vez que no contempla circunstancias especiales referidas a las conductas punibles, al lugar de realización del hecho punible o a la calidad calificada del sujeto activo. Los dos restantes contemplan circunstancias especiales que imponen un nuevo término prescriptivo en relación con el anterior, toda vez que el segundo, establecido en el inciso sexto del artículo 83 (anterior art. 81) relacionado con la prescripción de la acción penal para los delitos iniciados o consumados en el exterior, lo aumenta en la mitad, mientras que el tercero, regulado en el inciso quinto ibídem (anterior art. 82) lo aumenta en una tercera parte cuando el delito es cometido por un servidor público, en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

A su vez, la nueva ley conservó como cuarto término prescriptivo de la acción penal el estipulado en el artículo 86 (anterior art. 84) referido al caso de la interrupción del término por la ejecutoria de la resolución acusatoria o su equivalente, dando origen al término de la prescripción de la acción penal en la etapa del juicio, equivalente a la mitad del término genérico, conservando el mínimo en cinco (5) años y estableciendo como límite máximo el de diez (10) años. El nuevo estatuto incluyó en el inciso segundo del artículo 83 un quinto término de prescripción de la acción penal en treinta (30) años, para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.

Así las cosas, al interpretar sistemáticamente los preceptos legales de los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, en relación con el término prescriptivo de la acción penal y su interrupción por la ejecutoria de la convocatoria a juicio, recogiendo el criterio anterior de esta corporación, la Sala precisa que este nuevo término que nace con la ejecutoria debe contabilizarse en forma exclusiva en relación con el término genérico contemplado en el inciso primero del artículo 83, obviamente, con el incremento derivado de las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad (art. 83, inc. 4º), sin tener en cuenta el aumento que del mismo hace la norma para los casos especiales presentados anteriormente, como quiera que el texto de la norma expresa que "producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83", refiriéndose al término genérico y no a otro para realizar el ejercicio del cómputo, porque el artículo 86 no hace ninguna referencia a las calidades o condiciones personales del sujeto activo, o al lugar de la comisión del delito o a las circunstancias especiales modificadoras de la punibilidad, para incrementar el término prescriptivo en la etapa del juicio, quedando estas circunstancias en forma exclusivas reservadas para la etapa instructiva, toda vez que la prolongación del mismo contemplado en los incisos 5º y 6º del artículo 83 del actual Código Penal (D. 100/80, arts. 81 y 82), no puede tener vigencia en la etapa del juicio, por cuanto la interrupción del término prescriptivo de la acción penal consagrada en el artículo 86 ibídem (anterior art. 84) contempla un nuevo término tomando como base el lineamiento general el inciso primero en relación con el mínimo y máximo aplicable, conservando como mínimo los cinco (5) años, reduciendo el máximo a los diez (10) años que corresponden a la mitad del límite superior precisado para que tenga operancia este fenómeno jurídico.

Como colorarlo de lo anterior, se concluye que la prescripción de la cual trata el artículo 86 del Código Penal, no está condicionada a ninguna de las circunstancias especiales que contempla el artículo 83 ibídem, distinta al simple transcurso del tiempo reducido en la mitad, que comporta un derecho del procesado como expresión del derecho sustancial al debido proceso y con él al derecho de defensa, que otorga al procesado el derecho para no ser perseguido ni sancionado sin límite de tiempo, sino exclusivamente dentro del término que la ley le concede al Estado para ejercitar la acción penal.

Interpretar las anteriores normas de manera diferente, equivaldría a entrar a reñir con el inciso tercero del artículo 6º del Código Penal, que como principio rector tolera la analogía sólo en materias permisivas, ya que si el querer del legislador hubiese sido el de aumentar el término de prescripción en la etapa del juicio, así lo hubiera indicado expresamente en el artículo 86, tal y como lo consagró en el artículo 83, para los casos especiales ya estudiados, para la investigación porque el término de la prescripción en la causa se reduce en la mitad del término previsto en la norma en cita.

Como queda visto a Carmen Alicia Uribe Navia se le imputó y fue condenada de conformidad con el texto original del Decreto 100 de 1980 como autora responsable de los delitos de tres (3) prevaricato en concurso homogéneo cuya pena de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 oscila entre uno (1) a cinco (5) años y prolongación ilícita de la privación de la libertad con una sanción de seis (6) meses a dos (2) años acorde con el artículo 273 del Código Penal.

Como quiera que de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, el término prescriptivo de la acción penal durante la etapa de investigación, es igual al máximo de la pena fijada en la ley y que de conformidad con el inciso 5º del citado artículo, por tratarse de servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte, lo que significa que para el delito de prevaricato, la acción penal prescribiría en seis (6) años ocho (8) meses, en tanto, que para el injusto de prolongación ilícita de la privación de la libertad este fenómeno jurídico se presentaría a los dos (2) años ocho (8) meses de cometido el hecho.

Sin embargo, el artículo 86 ibídem señala que con el proferimiento de la resolución de acusación debidamente ejecutoriada se interrumpe el ciclo prescriptivo, iniciándose un nuevo tiempo igual a la mitad del señalado en el primer precepto, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10.

Ahora bien, atendiendo que las resoluciones de acusación proferidas en contra de la fiscal Uribe Navia quedaron ejecutoriadas el 30 de junio de 1995 (fl. 312, cdno. original 1) y el 28 de agosto del mismo año (205, cdno. original 1), se interrumpió el ciclo prescriptivo, comenzando a correr uno nuevo que para los delitos de prevaricato y prolongación ilícita de la privación de la libertad que sería igual a cinco (5) años. Significa lo anterior que para el 1º de julio de 2000 y 29 del mismo año, la acción penal de cada uno de los delitos por los cuales fue acusada la señora Uribe Navia ha prescrito, pues la sentencia de primera instancia al estar apelada y no haberse resuelto aún el recurso, no ha cobrado ejecutoria.

Por consiguiente, atendiendo lo previsto por el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, que dispone como una de las causas que dan origen a la cesación de procedimiento, el hecho de que la acción penal no pueda proseguirse, fenómeno que en este evento se ha presentado al perder el Estado la potestad para perseguir y sancionar a sus infractores por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, así deberá procederse.

En consecuencia, se declarará prescrita la acción penal por los delitos de prevaricato y prolongación ilícita de la privación de la libertad objeto de la acusación, y en consecuencia, se ordenará la cesación de procedimiento de la actuación que se adelantó en contra de la doctora Carmen Alicia Uribe Navia como Fiscal 129 Seccional de Buenaventura.

En mérito de los expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar prescrita la presente acción penal seguida contra la doctora Carmen Alicia Uribe Navia en calidad de Fiscal 129 Seccional de Buenaventura, respecto de los tres delitos prevaricato y por el de prolongación ilícita de la privación de la libertad, por los cuales fue acusada en las causas acumuladas a que se refiere la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, cesar todo procedimiento respecto de los mismos.

2. Devolver las caución prestada con ocasión a la concesión del subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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