Sentencia 15161 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia 25000232700020030074601

Radicación 15161

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Institución Teresiana Liceo Segovia

Impuesto de industria y comercio

Fallo

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

De acuerdo con los términos de la apelación, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa demandada, mediante la cual se determinó el impuesto de industria y comercio de la Institución Teresiana Liceo Segovia, correspondiente a los bimestres 5º y 6º de 1995 y 1º a 6º de 1996, 1997, 1998 y 1999.

En consecuencia se debe determinar si como lo señala la entidad demandada, la institución actora es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, si se puede considerar como una ‘asociación profesional’ o como ‘una asociación gremial’ (Ac. 21/83, art. 4º, num. 4º).

Adicionalmente se determinará si como lo expone la apelante, la sentencia de primera instancia carece de motivación aparente al sustentar la legalidad de la causación del impuesto de industria y comercio sobre los ingresos derivados del servicio de educación.

El primer punto a dilucidar es la calidad de sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio de la entidad demandante.

Su apoderado ha señalado que: “es una asociación gremial sin ánimo de lucro que presta actividades de servicios...”.

La libertad de asociación, consagrada en el artículo 38 de la Constitución, hace posible que los fieles de una religión se agrupen en torno de esta a través de organizaciones, con la finalidad de profesarla libremente y difundirla colectivamente, conforme al artículo 19 superior.

Para estos fines, las congregaciones religiosas pueden cumplir actividades de educación que permitan poner en práctica los preceptos de orden moral de la respectiva confesión, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 133 de 1994.

Sin embargo, estos objetivos no son los mismos que identifican a las asociaciones profesionales y gremiales, pues en estas últimas, como ya se indicó su interés primordial es la defensa de los intereses laborales y económicos de sus miembros, mientras que las asociaciones o congregaciones religiosas buscan profesar y difundir sus creencias religiosas (1) .

Contrario a lo afirmado por la parte demandante, la institución Teresiana Liceo Segovia no puede considerarse como una asociación profesional o gremial porque no tiene como objeto los fines laborales que estas organizaciones pretenden.

No todas las asociaciones que propendan a la defensa de intereses comunes están excluidas del impuesto de industria y comercio. Solo tienen este tratamiento aquellas taxativamente referidas en la ley, como los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, —dentro de las cuales no se encuentra la actora—, pues conforme al objeto social plasmado en sus estatutos, es un ente jurídico de derecho pontificio que se rige por la legislación canónica y la de sus propios estatutos, cuya finalidad es la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura (fl. 45, cdno. 2).

Adicionalmente se precisa que el asunto en discusión ha sido analizado por esta corporación, donde coinciden los fundamentos de hecho y de derecho con los que se analizan, razón por la cual en esta oportunidad se reitera la posición de la Sala (2) :

“Situación de la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación frente al impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital, por la prestación del servicio de educación.

“Establecido a este punto el alcance y requisitos de las no sujeciones previstas en el literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 y en el numeral 4º del artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, pasa la Sala a determinar si la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen cumplía los requerimientos para gozar de la exoneración fiscal.

“La congregación demandante ha sostenido desde sus alegatos en vía gubernativa que es una asociación gremial o de profesionales y por tanto no sujeta al impuesto de industria y comercio.

“Para la Sala no es posible considerar como una “asociación profesional”, ni como “una asociación gremial” a la congregación actora, pues en primer término está constituida como “una persona jurídica de derecho privado” y como tal tiene reconocida su personería jurídica. De otra parte, “la asociación de personas unidas por el vínculo de una profesión de fe ligada con la religión católica y los valores cristianos” que se describe en la cláusula 61 de las constituciones de la congregación (fl. 206, cdno. 2), es un concepto distinto a la “profesionalidad” que inspira la disposición legal, que alude al sentido natural y obvio de la expresión, de acuerdo con el cual profesión viene a ser el empleo, facultad u oficio que una persona tiene y desempeña, mediante el cual ejerce un arte, ciencia, trabajo u ocupación, al que arriba después de una formación académica y que se acredita mediante un título de idoneidad de acuerdo con las normas fijadas por el Estado.

“Se aprecia que las hermanas dominicas al prestar los servicios de educación a través de varias instituciones educativas, realizan una actividad que no tiene tratamiento exceptivo, respecto del impuesto de industria y comercio, cosa distinta es que de acuerdo con lo señalado por la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, artículo XXIV establezca: “Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Iglesia y a las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente concordato, tales como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia se regirán en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás instituciones de la misma naturaleza”.

“Ahora bien, por disposición del numeral 4º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993, “se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual”. Y de acuerdo con el varias veces citado numeral 4º del artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, solo la “educación pública”, dentro del campo educativo, goza de no sujeción objetiva.

“Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 50 de 1984, “cuando las entidades a que se refiere el artículo 39, numeral 2º, literal d) de la Ley 14 de 1983 realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades”.

“Por lo anterior, la Sala concluye que la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, para efectos del impuesto de industria y comercio no es una “asociación de profesionales sin ánimo de lucro” que goza de la no sujeción subjetiva y, por ende, sobre toda actividad, en los términos contemplados en el literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983. De manera que en cuanto tiene que ver con los ingresos percibidos por concepto del “servicio de educación privada”, que según el certificado del contador público que obra a folio 278 del cuaderno de pruebas, asciende a la suma de $ 992.563.996 se encuentra gravada con el impuesto de industria y comercio”.

La Sala concluye que el Instituto Teresiano es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, ya que no se puede considerar como una ‘asociación profesional’ ni como una “asociación gremial”.

De otra parte, el artículo 18 del Acuerdo 11 de 1988, estableció entre otras, una exención tributaria para la actividad de educación privada, sobre el 100% de sus ingresos brutos por un término de 5 años a partir del año gravable 1988, es decir, este beneficio solo operó hasta el año gravable de 1992 inclusive.

En consecuencia para la Sala la sentencia de primera instancia no carece de motivación aparente al sustentar la legalidad de la causación del impuesto de industria y comercio sobre los ingresos derivados del servicio de educación, toda vez que el a quo precisó que la no sujeción al impuesto de industria y comercio de la actividad educativa se predica de las entidades públicas que prestan el servicio de educación, no pudiendo encasillarse la demandante dentro de estas entidades, conforme al artículo 160 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y el artículo 31 de Decreto 423 de 1996.

Respecto a la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados, observa la Sala que la actora tomó una base gravable equivocada al considerar que tales ingresos se encontraban excluidos del ICA, razón por la cual se generó un menor valor a pagar a su cargo, sin que exista diferencias de criterio relativos a la interpretación del derecho aplicable, lo que configura inexactitud sancionable en los términos del artículo 101 del Decreto Distrital 97 de 1993.

Por lo anterior, la sentencia impugnada deberá ser confirmada.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 7 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y envíese copia al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 30 de julio de 2004, expediente 13110, C.P. Ligia López Díaz.

(2) Sentencia del 10 de junio de 2004, expediente 13299, C.P. Elizabeth Whittingham García.

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