Sentencia 15166 de enero 31 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

SUS SERVIDORES SON EMPLEADOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «La inconformidad del recurrente con la sentencia atacada radica, esencialmente, en que el juez ad quem haya concluido que la Corporación Autónoma para el Desarrollo de Nariño “Corponariño” era un establecimiento público, y que como consecuencia de ello, siguiendo las directrices que al respecto sienta el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, haya catalogado a los servidores de la misma como empleados públicos, siendo que la norma que define la naturaleza jurídica de tales corporaciones, esto es, el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, no les da esa denominación, sino que las califica como entes corporativos.

La Corporación Autónoma para el Desarrollo de Nariño fue creada por la Ley 27 de 1982 como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, dotado de patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa, para el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 3º de dicha ley, tal y como lo preveía la anterior Constitución Nacional, la cual equiparaba expresamente las corporaciones autónomas regionales los establecimientos públicos, como que en el numeral 10 del artículo 76 de la pasada Carta Magna se le atribuía al Congreso la facultad de “regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales; expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos...”.

La Constitución Política de 1991 reiteró en el numeral 7º de su artículo 150 que al Congreso le correspondía “... reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía...”, y aunque el constituyente no definió esta vez de manera clara la naturaleza jurídica de tales entes regionales, el objeto y la finalidad específica para la cual fueron creadas por la Carta Política, esto es, el fomento del desarrollo económico y social y la preservación del medio ambiente y los recursos renovables de los respectivos territorios, corresponden más a los de los establecimientos públicos que a los de cualquier otra especie de entidades descentralizadas, dadas las funciones administrativas y el interés colectivo que envuelven tales cometidos estatales.

De ahí el porqué la Corte Constitucional en la sentencia C-423 del 29 de septiembre de 1994, luego de precisar las características que de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 1050 de 1968 distinguen a los establecimientos públicos, haya expresado que:

“En virtud de lo anterior debe esta corporación señalar que, con la promulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición de establecimientos públicos, aunque tienen un objeto específico dado el carácter especial que el mismo constituyentes les otorgó (C.P., art. 150-7), y una finalidad singular cual es la de promover y encauzar el desarrollo económico y social del territorio . comprendido bajo su jurisdicción, atendiendo de manera especial a la conservación, defensa y adecuado; aprovechamiento de los recursos naturales”.

Por eso, cuando el legislador ordinario a través del artículo 23 de la Ley 99 de 1993 de manera general definió a las corporaciones autónomas regionales como “... entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente”, no varió la condición de establecimientos públicos de dichos entes, toda vez que los mismos continúan conservando los rasgos que de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 1050 de 1968 caracterizan a dichas entidades descentralizadas.

Tan es así, que a las corporaciones autónomas regionales se les aplica el artículo 4º del Decreto 111 de 1996, “por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, tal y como lo expresara la Corte Constitucional al declarar exequible mediante sentencia C-275 del 3 de junio de 1998 dicha norma, con algunas limitaciones, y de acuerdo con la cual, para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o asimiladas a éstas por ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional (L. 179/94, art. 63).

Así las cosas, se tiene que las corporaciones autónomas regionales en razón de los cometidos de interés público para los cuales fueron concebidas por la Constitución y por encontrarse dotadas de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, son establecimientos públicos del orden nacional, como ya lo había dejado entrever la Corte en su sentencia del 18 de noviembre de 1999 (Rad. 12023).

En este orden de ideas, cuando el tribunal dedujo del artículo 23 de la Ley 99 de 1993, que las corporaciones autónomas regionales eran “...entes intermedios entre el gobierno y las regiones, asimilables a los establecimientos públicos”, no cometió ningún yerro jurídico, pues, como ya vimos, en esa naturaleza jurídica es viable encuadrar la de dichas entidades regionales. Así tampoco incurrió el ad quem en ningún desacierto jurídico, cuando concluyó, con fundamento en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, que los servidores de tales entes tenían el carácter de empleados públicos, ya que dicha norma prevé exactamente que “Las personas que prestan sus servicios en ... establecimientos públicos son empleados públicos”, salvo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas que son trabajadores oficiales, situación funcional en la que el juzgador de segunda instancia dijo no se encontraban los demandantes, sin que sobre tal aserto haya hecho el recurrente ningún reparo.

Tampoco resulta válida la crítica que el recurrente le formula al sentenciador de segundo grado referente a que encontrándose demostrado en el juicio que los demandantes prestaron sus servicios personales bajo la continuada dependencia o subordinación de la demandada y mediante un pago o retribución, no haya concluido que los mismos estuvieron vinculados a la accionada mediante contratos de trabajo, pues tal criterio no resulta suficiente para hacer esa deducción, toda vez que los elementos de la subordinación y del salario también son propios de la relación legal y reglamentaria.

De igual manera resulta inaceptable tratar de encontrar la calidad de trabajadores oficiales de los accionantes en el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 1848 de 1969, dado que el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968 fijó como regla de vinculación de los servidores de los establecimientos públicos la denominada “legal y reglamentaria o estatutaria”, constituyéndose en una excepción a esa regla general la relación laboral contractual, solamente predicable respecto de los empleados directamente vinculados a la construcción y sostenimiento de obras públicas. Lo cual en ningún momento resulta contrario a lo preceptuado en el numeral 3º de la norma reglamentaria antes señalada, ya que la misma se refiere es a la denominación que reciben los empleados oficiales vinculados a través de una relación legal y reglamentaria o mediante una relación de carácter contractual laboral, pero en ningún momento establecen un criterio distinto al previsto en la ley reglamentada para determinar la calidad de los servidores de los establecimientos públicos.

Además, resulta contradictorio el planteamiento que el recurrente hace en este sentido, pues a la vez que acusa al tribunal de haber violado por infracción directa el artículo 1º del Decreto 1848 de 1969, toda vez que se abstuvo de aplicarlo al caso concreto, siendo que el mismo “... es aplicable, pues desarrolla también la forma de vinculación de los servidores públicos a las distintas entidades administrativas que conforman la administración pública o el sector central de la administración”, en seguida expresa que “...las corporaciones como la demandada, no forman parte de la administración pública porque la Ley 489 de 1998 no las incluye como integrantes de la administración, ni como parte del sector central, ni como organismos principales...”.

Por lo anterior, los cargos no están llamados a prosperar».

(Sentencia de casación, enero 31 de 2001. Radicación 15.166. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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