Sentencia 15178 de agosto 17 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2002-01324-01 (15178)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Fiduciaria del Estado S.A. en Liquidación

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En esta instancia procesal, la Sala debe decidir la legalidad de los actos que negaron la terminación por mutuo acuerdo a la Sociedad Fiduciaria S.A., respecto de la actuación administrativa que modificó la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1996, al encontrar caducada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para el apelante el vencimiento del término para accionar ante la justicia administrativa, no impide que opere la figura jurídica, puesto que dicha circunstancia no estaba prevista en el artículo 102 de la Ley 633 del 2000, ya que desde que exista un asunto pendiente (obligación oficial), procede la terminación, por lo cual la prohibición contenida en los literales a) y b) del artículo 13 del Decreto 406 de 2001, excede la facultad reglamentaria, aspecto que fue objeto del recurso extraordinario de súplica al haberse negado su nulidad.

El artículo 102 de la Ley 633 del 2000, en el aparte que interesa al caso, dispone:

“ART. 102.—Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

(...).

b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;

(...)”.

De acuerdo con el texto de la norma referida, el propósito del legislador fue terminar por mutuo consenso, los procesos en materia tributaria que no estuvieran definidos en el momento en que entró en vigencia la Ley 633 del 2000 y antes del 31 de julio del 2001, o sea hasta el 30 de julio del mismo año, como fecha límite para elevar la correspondiente solicitud.

La Corte Constitucional (1) señaló que la “transacción” incorporada en la reforma tributaria del año 2003, “solo cabe frente a actuaciones que no se encuentren en firme, porque a partir del momento en el que las mismas adquieren firmeza, y siempre y cuando no fueren demandadas, el contribuyente que no cumpla con las obligaciones que de ellas se derivan se encontraría en situación de mora no saneable con medidas que tendrían, entonces sí, el carácter de amnistías” (resalta la Sala).

Así las cosas, procede la “transacción” o “terminación por mutuo acuerdo” de las obligaciones tributarias determinadas en actuaciones administrativas que no se encuentren en firme, es decir, que estén en debate en vía gubernativa o que sean susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción administrativa.

Lo anterior en atención a la definición de “transacción” contenida en el artículo 2469 del Código Civil, permite que las partes a través de un contrato terminen “extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual “, de donde claramente se evidencia que la terminación por mutuo acuerdo de que trata el artículo 102 de la Ley 633 del 2000, es simplemente una modalidad transaccional que facilita al particular finiquitar con el Estado en sede administrativa los procesos tributarios o evitar la actividad contenciosa por vía judicial, siempre y cuando exista oportunidad legal para recurrir o demandar los actos oficiales.

Con esta filosofía en los literales a) y b) del artículo 13 del Decreto 406 de 2001, se reglamentó la norma legal mencionada, para establecer los eventos en los que no procede la terminación por mutuo acuerdo, así:

“ART. 13.—Improcedencia de la terminación por mutuo acuerdo. La terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de revisión de impuestos o de imposición de sanciones de que tratan los artículos 11 y 12 de este decreto, no será procedente en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando habiéndose agotado la vía gubernativa por fallo del recurso de reconsideración, o por no haberse interpuesto el recurso oportunamente, opere la caducidad del término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho;

b) Cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado; (...)” (negrilla de la Sala).

Como es conocido por el apelante, la corporación declaró la legalidad de los literales mencionados, por lo que es pertinente reiterar apartes de las consideraciones expuestas en esa oportunidad, al tener aplicación en la controversia que se juzga:

“Si se tiene en cuenta que la disposición legal tiene como objeto autorizar la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, vale decir, poner fin a los iniciados, de suyo excluye los eventos en los cuales ya no hay “proceso” administrativo, por haber concluido el procedimiento y hallarse ejecutoriados los actos, evento en el cual solamente es posible exigir su cumplimiento, aún forzado.

Así las cosas, no comparte la Sala la censura del actor, quien aduce que la previsión de la ley tiene relación al momento de su entrada en vigencia y no a la época en la que el contribuyente hace uso del beneficio, porque en todo caso el plazo para el efecto es hasta “antes del 31 de julio de 2001”, como quiera que la ley dejó por fuera las actuaciones concluidas y definidas al momento de su entrada en vigencia, y porque para que pueda operar la transacción es presupuesto indispensable que el contribuyente esté en posibilidad jurídica de ejercer el derecho de discusión y controversia, sea gubernativa o jurisdiccional.

En efecto, la norma legal excluye de la transacción las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose como tales aquellas respecto de las cuales han precluido los términos procesales de discusión ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales(2) (resaltado fuera de texto).

Ahora bien, es importante resaltar que como la sentencia negó la nulidad solicitada, produjo como efecto cosa juzgada erga omnes, en relación con la causa petendi juzgada (CCA, art. 175), por lo que es obligatorio acatar la posición jurisprudencial referenciada, en cuanto señaló que constituye un presupuesto indispensable para que opere la “transacción”, la ausencia de vencimiento de los términos procesales para discutir ante la autoridad administrativa o jurisdiccional, que en nada se desnaturaliza por la interposición en su contra del recurso extraordinario de súplica.

Igualmente se trata de una providencia ejecutoriada, que si bien puede ser infirmada al decidirse el recurso extraordinario, dicha impugnación no la despoja del carácter definitivo que en el momento ostenta, pues como lo señaló la Sala Plena en providencia de fecha 7 de noviembre de 2003 proferida dentro del expediente S-501 “el inciso final del referido artículo 194 señala expresamente que la interposición del recurso de súplica no impide la ejecución de la sentencia”.

En este orden de ideas, el vencimiento de las oportunidades legales para ejercer los medios de impugnación gubernativa y jurisdiccional, impiden llevar a cabo la “transacción”, como quiera que se está ante una situación jurídica consolidada.

En el sub lite la Sala observa que la DIAN modificó la declaración de renta y complementarios del año gravable de 1996 a cargo de la Sociedad Fiduciaria S.A., mediante la liquidación oficial de revisión Nº 900018 del 25 de noviembre de 1999, confirmada en vía gubernativa con la Resolución 900143 de diciembre 21 de 2000, notificada personalmente el 5 de enero de 2001 (fls. 195 y 235 anverso c.a. respectivamente).

Por ende, el plazo de cuatro meses para demandar (3) ante la justicia administrativa se cuenta a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que decidió el recurso respectivo (ene. 5/2001), por lo que venció el 6 de mayo de 2001, como da cuenta de ello la certificación expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 7 de mayo de 2002 (fl. 351 c.a.), en la que indica que no se ha “interpuesto demanda de naturaleza contenciosa alguna”, razón por la cual la petición de terminación por mutuo acuerdo radicada el 19 de julio del mismo año, es extemporánea.

Ahora, si bien la solicitud se elevó dentro de la oportunidad prevista en el artículo 102 de la Ley 633 de 2000, este hecho no desvirtúa que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo efecto jurídico concluye el proceso de discusión y consolida la actuación administrativa, lo que genera inexistencia de un asunto sobre el que se pueda “transar”, ya que en tal evento lo que se pretende es el pago de la obligación tributaria.

En consecuencia los actos administrativos que negaron la terminación por mutuo acuerdo se ajustan los parámetros legales trazados en los artículos 102 de la Ley 633 de 2000 y 13 del Decreto 406 de 2001, como lo consideró el fallador de primera instancia, motivo por el cual la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la Dra. Sandra Patricia Moreno Serrano, conforme al poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) La Corte Constitucional en Sentencia C-910 del 21 de septiembre de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 39 de la Ley 863 de 2003, en el “entendido que la transacción en él prevista solo procede frente a decisiones que no se encuentren en firme”.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de septiembre de 2002, expediente 12567, Consejero Ponente Juan Ángel Palacio Hincapié.

(3) De acuerdo con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho “caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.

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