Sentencia 15181 de agosto 10 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sent. 15181

Aprobado acta 136

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Santafé de Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La demanda sometida a estudio se rechaza por las siguientes razones:

1. La “síntesis de los hechos materia de juzgamiento” a que alude el artículo 225-2 de Código de Procedimiento Penal debe ser hecha por el demandante de manera objetiva, es decir, tal como se extractan del expediente.

No es admisible, frente a ese requisito formal, intercalar comentarios y apreciaciones meramente subjetivas o parcializadas, como aquella consistente en afirmar, a propósito de unas lesiones sufridas por Valencia Quintero durante la disputa, que “(...) la fiscalía de reacción inmediata, nada hizo por establecerlo en el proceso” (fl. 3 del escrito), o el que emana del folio 7 de la demanda, en el cual el actor expresa que “(...) la referida Juez Quinta Penal del Circuito no vio o se hizo la invidente (...)”.

2. La demanda de casación no es un relato que se pueda proponer con fundamento en el libre albedrío del censor. Al contrario, tiene que ser un texto sometido al numeral 3º del artículo citado en precedencia, en virtud del cual se debe indicar estrictamente la causal que se aduce en búsqueda de la revocación de la sentencia, desarrollar con claridad y precisión los fundamentos de la misma y citar, con las mismas características, las normas que, según el recurrente, han sido infringidas.

El actor se apartó de esta exigencia y se limitó, en extensos apartes, a mostrar su manera de ver las cosas, especialmente lo relacionado con la prueba pericial y todo aquello que, según él, rodeó la diligencia que, pedida y ordenada, “no se llevó a feliz término”.

3. Cuando la causal de casación invocada es la nulidad, el demandante debe cumplir con varias exigencias, siempre sujetas a la claridad y precisión mencionadas, especialmente estas: a) Concretar la clase de nulidad que invoca; b) Mostrar sus fundamentos; c) Especificar las normas que estima infringidas; d) Precisar de qué manera la irregularidad procesal denunciada ha repercutido definitivamente en la afectación del trámite surtido que ha culminado con la expedición de la sentencia impugnada; e) Aparte de evidenciar alguna o algunas irregularidades, determinar aquélla o aquéllas que indefectiblemente conducen a la invalidación del proceso, bien porque rompan la estructura del rito, bien porque vulneran garantías y derechos fundamentales; f) Señalar desde cuándo pide la declaración de nulidad, indicando los motivos por los cuales se alude a tal momento; g) Si apunta a varias irregularidades con capacidad anulatoria, seleccionar la más importante y ordenar las demás, teniendo en cuenta la mayor o menor cobertura de cada una de ellas, es decir, el alcance de las infracciones. Como cada hipótesis de nulidad tiene su propia trascendencia en el trámite procesal, lógicamente aquélla con mayor capacidad de regresar el proceso al punto más lejano goza de prioridad frente a las demás; h) Si el proponente en casación postula violación del debido proceso, le resulta imprescindible identificar con plena nitidez la irregularidad que sustancialmente lo ha alterado de manera rotunda, desde luego en contra de las formas y cauces legalmente establecidas, e i) Si lo denunciado por el casacionista es la violación del derecho de defensa, en su escrito debe determinar la actuación concreta que lo ha vulnerado, así como su específica incidencia en el fallo recurrido (Cfr., por ejemplo, Casaciones. mar. 10/94, M.P. Ricardo Calvete Rangel, y sep. 14/99, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

Tales postulados no fueron atendidos por el demandante en la elaboración del cargo que presentó contra la sentencia. De la lectura del libelo se desprende que en vez de precisar el cargo con claridad, definir exactamente la falla conculcante de los derechos y demostrar su incidencia en la sentencia, se desvió para ocuparse de aspectos intrascendentes respecto de la imputación hecha por él mismo y de la tarea que compete a la Corte en casación. Quiso realizar un “alegato de instancia” y hasta reiterar los ya elaborados, como se deduce de la demanda, en la que recuerda sus intervenciones en las instancias, por ejemplo la sustentación de una apelación y la participación en audiencia.

De otra parte, la censura se centró exclusivamente en la falta de práctica de una prueba de balística, pero no señaló cómo se demostraría lo sustancial de ello, vale decir, la violación del debido proceso o del derecho de defensa y la influencia de tal afectación en el fallo.

Como se infiere de los axiomas atrás citados, no puede afirmarse que simultáneamente una irregularidad interese el debido proceso y el derecho de defensa, menos si no se expresa rígidamente porque sí. En la demanda se hizo referencia, indistintamente, al desconocimiento de los dos derechos, como si fueran lo mismo, sobre todo frente al punto que tanto molesta al actor, es decir, a la prueba pericial. El casacionista no advirtió con exactitud en qué consistía la ruptura del debido proceso, ni en qué la del derecho de defensa, pero tampoco explicó, si creía que eran lo mismo, por qué pensaba y escribía así.

4. Por último, dígase que conforme con la lógica casacional, y en virtud del contenido del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud que se plasme en la demanda debe ser coherente con la imputación hecha a la sentencia, con su fundamentación y con su desarrollo.

El actor faltó a tal regla pues pidió a la Corte que dictara el fallo de reemplazo, que sólo es viable cuando la nulidad afecta la sentencia, mientras la irregularidad que indujo habría ocurrido dentro del trámite del proceso.

Lo anterior es suficiente para desestimar la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Rechazar in limine la demanda de casación presentada por el defensor del procesado David Valencia Quintero. En consecuencia, declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase».

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