Sentencia 15215 de octubre 16 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD

POSICIÓN DISTINGUIDA DEL SENTENCIADO EN LA SOCIEDAD

EXTRACTOS: «EI numeral 11 del artículo 66 del Decreto 100 de 1980 (9º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000) consagra como circunstancia de mayor punibilidad la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio. La concurrencia de una cualquiera de tales calidades en el procesado traduce una mayor exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades individuales y sociales, lo cual explica que el delito cometido se considere más grave. Debe advertirse, sin embargo, que no necesariamente la posición social distinguida derivada de cualquiera de las circunstancias relacionadas en la disposición, traduce automáticamente la estructuración del agravante. En ocasiones es suficiente y no se discute. Que un congresista o un gobernador, por ejemplo, cometan un delito prevalidos de su condición significa una más grande defraudación de las responsabilidades contraídas y en consecuencia una mayor sanción penal. Y lo mismo puede suceder frente a delitos no funcionales. Un gobernador, es otro ejemplo que ilustra el pensamiento de la Sala, debe ser un paradigma de conducta para la colectividad. Y se embriaga y en ese estado causa un homicidio en accidente de tránsito. Por su condición, era mayor la responsabilidad individual y social adquirida, y más grande, en consecuencia, el reproche penal asociado a su delito.

En ocasiones, sin embargo, no es suficiente la calidad que otorga la posición distinguida en la sociedad para derivar la agravante punitiva. Es lo que sucede con la ilustración o la riqueza. Se puede ser ilustrado o rico, ostentar una posición social prominente por cualquiera de esas razones y sin embargo resultar improcedente la atribución de la causal de agravación punitiva examinada. Sucede cuando no existe ningún tipo de vinculación entre una cualquiera de esas calidades y el hecho punible. A un abogado o a un médico o un millonario se le impone el mismo deber de cuidado que se le impone a cualquier persona cuando conduce un vehículo y si por imprudencia le causan lesiones o la muerte a alguien, es improcedente plantear una mayor sanción penal con sustento en la ilustración o la riqueza. Simplemente, como se dijo, por carencia de vínculo entre cualquiera de esas calidades y la conducta delictiva cometida (1) .

(1) Otras sentencias sobre el mismo tema pueden consultarse en J. y D. Nº 301, pág. 14; Nº 317, pág. 637, y Nº 320, pág. 1093 (N. del D.).

Lo anterior, sin embargo, no es lo que sucede en el caso examinado. No fue simplemente por ser abogado que se le dedujo al procesado la circunstancia de agravación punitiva. Fue porque se valió de esa calidad, de los conocimientos asociados a la profesión, para la realización de la conducta delictiva por la cual resultó condenado en las instancias (2) . Como profesional del derecho y atendida la función social de la abogacía, era mayor el grado de exigencia y respeto frente a los principios y valores sobre los cuales se encuentra construida la administración de justicia y mayor, por lo tanto, el reproche penal derivado del hecho de haberlos defraudado.

(2) El procesado en este caso fue condenado a 42 meses de prisión y multa de 50 salarios mínimos legales mensuales por el delito de cohecho por dar u ofrecer (N. del D.).

“Resulta censurable para el sistema punitivo, con mayor severidad —dijo el delegado en el concepto y la Sala hace suyos sus argumentos— precisamente la condición de profesional en el área del derecho, por cuanto que su nivel de conocimiento le hacían comprender a cabalidad que su comportamiento extralimitaba los parámetros deontológicos dentro de los cuales podía moverse sin incurrir en una conducta antijurídica, de tal suerte que por esa mayor capacidad cognoscitiva le era exigible, más que a cualquier otra persona, ajustar su conducta a derecho.

Las expectativas de un comportamiento obediente a las normas de convivencia no se debilitan por el hecho de que la persona haya abrazado una profesión determinada en la que un alto número o la mayoría de quienes tienen acceso a la educación superior, se desempeñan con igual competencia. Si bien la del derecho cuenta con un gran número de profesionales, esta particularidad no flexibiliza la severidad del reproche cuando tal factor concurre con la realización de un comportamiento punible que, como en este caso, estuvo dirigido a lesionar la administración pública.

Al contrario, como se dijo, el conocimiento específico de las normas jurídicas y de los principios generales del derecho que había adquirido el procesado en su formación, le imponía la obligación de no hacer ofrecimientos ilícitos a un servidor judicial para que realizara un acto propio de sus funciones, cuando tenía a su alcance la comprensión de las herramientas legales que podía utilizar para intervenir, si así lo estimaba conveniente, en este mismo sentido en el proceso que se le adelantaba”.

Para la Corte es evidente, consecuencialmente, que el error de juicio propuesto no tuvo ocurrencia y por ende no casará la sentencia objeto de la impugnación».

(Sentencia de casación, octubre 16 de 2001. Radicación 15.215. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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