Sentencia 1522 de marzo 31 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

RENUNCIA DE ALTOS FUNCIONARIOS

PUEDE SER SOLICITADA

EXTRACTOS: «La Corporación ha sostenido en otras oportunidades que tratándose de funcionarios de libre nombramiento y remoción, que desempeñan empleos de alta dirección, representación y confianza, como el que ocupaba el demandante, la petición de renuncia por parte de la autoridad nominadora no es violatoria de la ley, pues dada la discrecionalidad para mantener en el cargo a estos servidores, la solicitud no tiene la intención de hacer esguince a la ley sino la de dar una oportunidad decorosa al funcionario para dejar en libertad a la autoridad de disponer de los altos cargos, cuando las conveniencias administrativas así lo exijan.

De tal forma que, así estuviera en el caso sublite, acreditado que al actor le fue pedida por el Gobierno Nacional la renuncia del cargo que desempeñaba como Gerente de la Corporación Financiera Popular S. A., tal circunstancia no genera la nulidad del respectivo acto administrativo, por las razones anotadas, pues no se configura la desviación de poder, alegada por la parte demandante en el escrito demandatorio.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que si el actor desempeñaba un cargo de alta jerarquía administrativa, contaba con suficiente criterio y plena libertad para adoptar una decisión de esta naturaleza, es decir, la de presentar su renuncia del empleo que ocupaba como gerente de la citada corporación financiera. No es lógico que quien desempeña un cargo de esta jerarquía, alegue luego presiones para retirarse del servicio por renuncia, pues se supone que su preparación intelectual y su recto criterio lo colocan en situación muy distinta a la de otra clase de servidores del Estado. Bien hubiera podido el actor abstenerse de presentar la renuncia, para que la administración adoptara la decisión administrativa que ella juzgara oportuna en su caso, así fuera la de hacer uso de la facultad discrecional para retirar del servicio al demandante».

(Sentencia de marzo 31 de 1992. Expediente 1522. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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