Sentencia 15227 de mayo 4 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR OBLIGACIONES LABORALES

INCIDENCIA DEL HECHO DE ENCONTRARSE LA EMPRESA EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA

EXTRACTOS: «El recurrente parte de la errónea premisa de asumir que la consecuencia de la mora que emerge del régimen de cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 tiene el mismo origen y regulación que la figura del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo cuando claramente no es así, por cuanto mientras la primera figura se causa y es exigible en plena vigencia del contrato laboral, la segunda lo es únicamente a la terminación de éste, a mas de que la proveniente del régimen de irretroactividad de la cesantía es especial, circunscrita a esta prestación, mientras la última es general, como que surge por el no pago de salarios y prestaciones sociales.

Para la Corte, esa equivocada comprensión de las figuras en comento, condujo al censor a pasar por alto que mientras la mora de la demandada en el pago de prestaciones sociales al ex trabajador a la extinción de la relación contractual laboral, podía razonablemente explicarse por las implicaciones fácticas y judicial del proceso liquidatorio forzado al que estaba sometida la sociedad, esa misma circunstancia carece de mérito para explicar por qué la empresa, antes del proceso concursal, recurrentemente, desatendió la obligación de consignar anualmente a favor del actor, en el plazo legalmente previsto, su cesantía en el fondo correspondiente, como lo hallaron demostrado los jueces de instancia.

Por lo tanto, mal puede el censor pretender enervar la condena moratoria por el no depósito oportuno del auxilio de cesantía en los términos del artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, a través de los argumentos que introduce para quebrar el fallo de segunda instancia en punto de la indemnización moratoria que impuso a la demandada por no pagar al actor, a la extinción del contrato de trabajo, el conjunto de las prestaciones sociales que le debía.

En consecuencia, reitera la corporación, la acusación solamente puede ser estudiada y decidida en lo que atañe al tipo de resarcimiento por mora de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Y al respecto se tiene que del último aparte del proveído del tribunal, en el que trace referencia a la indemnización del artículo 65 ibídem, se infiere que tácitamente dicho juzgador tuvo por acreditada en el proceso la situación patrimonial de la demandada, de la cual da particular cuenta el documento del trece (13) de agosto de 1999 (fls. 85 - 99), por medio del cual la Superintendencia de Sociedades califica y gradúa los créditos del ente demandado, en el marco de lo dispuesto por el trámite concursal que regula la Ley 222 de 1995, todo lo cual conduce a tener por aprehendida por el tribunal esa probanza.

De dicho documento, aportado al debate en el transcurso de la inspección judicial (fls. 100 - 102), se concluye: 1) que mediante auto del 21 de julio de 1998, es decir un (1) mes y tres (3) días antes que el demandante renunciara a su empleo (fl. 65), la Superintendencia de Sociedades, de oficio, decretó la apertura del trámite liquidatorio de la sociedad demandada; 2) que el 28 de julio de 1998 se fijó edicto emplazatorio a los acreedores de la demandada, el cual además se publicó en diarios de circulación nacional; 3) que entre los acreedores que se hicieron presentes en el proceso liquidatorio y aportaron siquiera prueba sumaria de sus créditos, está el actor (fls. 95 - 96).

Ahora bien, aunque ciertamente, como lo reflexionó el tribunal, el desequilibrio económico de la empleadora no implica que pueda sustraerse del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo que tenía con el demandante, las circunstancias que se constatan en el medio de prueba de folios 85 - 99, en cuyo contexto se produjo la argumentación que desde el derecho comercial hizo el juzgador, pare la Sala, son precisamente ellas, las que permiten deducir que el no pago de los créditos sociales al actor a la terminación del contrato laboral, no es consecuencia de que la empleadora pretendiera defraudar los legítimos intereses del trabajador, sino que explican, de manera evidente, que por las consecuencias derivadas de su liquidación, la demandada válidamente podía estimar que el conjunto de los créditos laborales del demandante debían pagarse con los recursos de la liquidación y con sujeción al orden de prelación establecido en la providencia de gradación y calificación, que es la que precisamente existe entre los folios 85 y 99 del expediente.

En consecuencia, al no aprehender el tribunal las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon la conducta omisiva de la empleadora, en relación con el reconocimiento y pago de los derechos laborales del demandante, que de manera racional explican aquella, incurrió en la equivocada apreciación del medio de prueba antes mencionado y, por consiguiente, se configuran los dos últimos yerros fácticos que describe la acusación.

Es por lo anterior que, la Sala, vuelve a recordar que la imposición de la indemnización por mora del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es automática ni inexorable, sino que en cada caso concreto en que el juez del trabajo se halle ante una pretensión semejante, debe examinar las circunstancias particulares que rodearon la conducta de la empleadora de no pagar en su totalidad, o sólo parcialmente, los salarios y prestaciones sociales del trabajador, pues como puede haberlas que acrediten que la mala fe la presidio, también puede haber otras indicativas de que ésta estuvo ausente y que la actitud del empleador, en principio reprochable, es fáctica o jurídicamente explicable o atendible, como en el presente evento.

Por ende, el cargo prospera.

Como el recurso sale avante respecto a la anulación de la sentencia del tribunal en cuanto confirmó la condena que en primera instancia se le impuso a la demandada por la indemnización por mora del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el resultado del ataque que acaba de examinarse, hace innecesario el estudio de la acusación distinguida con el numeral primero que tiene que ver con la misma figura; advirtiendo que, como aconteció con el cargo que se analizó, ninguna reflexión permite la composición del primero en torno al resarcimiento moratorio del artículo 99 ordinal 3º de la Ley 50 de 1990, toda vez que en el mismo ningún argumento introduce el acusador para explicar la conducta de la demandada de no depositar al actor en un fondo de cesantías, el auxilio exigible durante los años anteriores al trámite concursal del que ella fue objeto, lo cual se requería debido al origen y regulación diferente de ese crédito, respecto al del artículo 65 ibídem.

No se impondrán costas por el recurso extraordinario, ante la prosperidad de la acusación.

En sede de instancia, como el a quo condena a la empleadora a pagar al actor la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por las mismas razones que acaban de expresarse, se revoca la sentencia de primer grado en cuanto impuso dicha carga a la empresa».

(Sentencia de casación, mayo 4 de 2001. Radicación 15.227. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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