Sentencia 15235 de marzo 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expedeinte 15235

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Autoridades nacionales

Acción de nulidad

Actores: Segundo Ayala Santamaría y otros.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo diecinueve de mil novecientos noventa y ocho.

Decide la Sala en única instancia la demanda instaurada por los ciudadanos Segundo Ayala Santamaría, Nevardo Arias Gelves, Danilo Uriel Martínez Sarmiento, Sergio Alejandro Rueda Moreno y Manuel Enrique Reyes Neira con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo aprobado por la mayoría de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en sesión del 20 de agosto de 1996, por la cual se determinó que los empleados escalafonados en los cargos de auxiliar judicial o auxiliar de magistrado del tribunal grado 11 que estuvieren al servicio de la rama judicial, al entrar en vigencia la ley estatutaria de la administración de justicia, perdieron automáticamente el escalafón y los derechos derivados de la carrera judicial; de la Circular 015 de agosto 28 de 1996 proferida por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se difunde y dispone aplicar por vía general la determinación adoptada por esa Sala en sesión del 20 de agosto de 1996 y de los actos administrativos del 28 de agosto y 19 de noviembre de 1996, por los cuales se ratificó la citada Circular 015 de 1996.

El texto de la circular es el siguiente:

“Para su conocimiento y debida difusión se informa que la Sala Administrativa de esta corporación, en sesión ordinaria del día 20 de agosto del presente año, atendiendo las inquietudes que surgen acerca de la situación laboral de aquellos empleados que prestan sus servicios a la rama judicial en los cargos de auxiliar judicial o auxiliar de magistrado de tribunal grado 11, determinó que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, el cargo señalado varió su régimen de carrera judicial al de libre nombramiento y remoción.

En consecuencia, quienes se encontraban, con anterioridad a la expedición de la ley 270 citada, inscritos en dicho cargo en el escalafón de la carrera judicial, no conservan su vinculación en el régimen de carrera ni los derechos que de él emanan”.

(...).

CONSIDERACIONES:

En primer lugar precisa la Sala que no comporte la apreciación del señor Procurador Tercero Delegado ante esta corporación, sobre la naturaleza del acta de la sesión del 20 de agosto de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura, pues ella no sólo se limita, como dijo el Ministerio Público, a consignar los hechos sobresalientes ocurridos durante el transcurso de las deliberaciones de los organismos colegiados; en tal acta se evidencia en forma inequívoca la decisión adoptada por la mayoría de ese cuerpo colegiado, respecto de la situación administrativa de algunos cargos, al tenor de la Ley 270 de 1996.

Pero es cierto que la Circular 015 de 1996 documentó la decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que ese instructivo contiene la declaración de voluntad de dicho cuerpo colegiado respecto de la situación administrativa de algunos funcionarios judiciales, ya que como se lee, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vocero de dicha Sala, plasma en ella y en su calidad de presidente la decisión mayoritaria adoptada por el cuerpo colegiado, luego bastaba con demandar la nulidad de la circular, porque de anularse ésta, se estaría anulando la decisión acusada.

Sobre los otros actos que demandan los libelistas, mediante los cuales, según lo dicen en la adición de la demanda, ratificaron la circular 015, se negarán las pretensiones, pues no fueron allegados al plenario, como observó el señor agente del Ministerio Público; sin embargo, su ausencia no impide que se dicte sentencia de mérito, como quiera que la circular que se acusa, contiene la voluntad de la entidad sobre la situación de carrera de los funcionarios allí señalados.

Se analizará entonces si la Circular 015 de 1996 contrarió las normas invocadas por los actores.

En cuanto al primer párrafo del instructivo, encuentra la Sala que ningún término contraría las normas superiores citadas como infringidas. Como se observa, dicho acto en ese aporte se limitó a repetir lo consagrado en el inciso 4º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, disposición que incluyó dentro de los funcionarios de libre nombramiento y remoción los cargos de los despachos enunciados en los primeros incisos del citado artículo 130, dentro de los cuales se encuentran los de auxiliar judicial y auxiliar de magistrado grado 11, como lo reiteró el acto demandado, por lo que mal puede contradecir la ley estatutaria.

De otra parte, nada dijo este párrafo de la circular sobre la vigencia de la Ley 270 de 1996, ni sobre el régimen de transición y por ello no puede existir contradicción con los artículos 204 y 210 de la citada ley 270, como alegan los actores. El aparte que se examina, se repite, sólo dice lo que el inciso 4º del artículo 130 prescribe y éste como se observa palmariamente, en nada se ocupó de la situación de los empleados que desempeñan los cargos que por la ley estatutaria se convierten en empleos de libre nombramiento y remoción.

A diferencia de la conclusión anterior, la Sala sí encuentra viciado de nulidad el párrafo final del instructivo, ya que no podía la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, alterar, como lo hizo, la situación laboral de los empleados de carrera, por haber pasado sus cargos a ser de libre nombramiento y remoción. Varios son los motivos que llevan a inferir tal decisión.

En primer lugar, según mandato del artículo 125 de Carta Política, es el legislador quien tiene la competencia para prescribir el régimen de carrera de los empleados públicos, sistema que comprende, como es obvio, las causales de pérdida de los derechos de carrera; por ello, señaló el artículo 204 de la Ley 270 de 1996 que hasta tanto no se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial, continúan vigentes, en lo pertinente, el Decreto 052 de 1987 y el Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución y a citada ley estatutaria.

Ninguna preceptiva de la ley estatutaria se ocupó de pérdida de los derechos de carrera, ni de señalar los efectos del tránsito legislación respecto de los empleados que desempeñaban cargos de carrera, declarados de libre nombramiento y remoción, por virtud de disposiciones. Tampoco las preceptivas de los decretos 052 de 1987, 250 de 1970 y 1660 de 1978, se refirieren al caso que se controvierte, pues estas normas no señalaron la situación de los empleados de carrera, cuando se cambia de naturaleza sus cargos.

Sin embargo, no obstante la ausencia de normatividad para la Sala es claro que el análisis de legalidad puede hacerse frente a los principios constitucionales que informan los derechos que otorga la carrera. Sobre este punto la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de ocuparse, como se lee en el fallo de abril 13 de 1970, M.P. dr. Luis Sarmiento Buitrago, al juzgar la constitucionalidad del artículo 49 del Decreto 2400 de 1968. Dijo la Corte:

“...es verdad que las previsiones constitucionales que consagran la carrera administrativa, la estabilidad y el derecho al ascenso, serían fácilmente burladas si para eliminar de dicha carrera a un empleado, bastaría acudir al expediente de declarar su cargo de libre nombramiento y remoción. Aquí hay también una determinación del Estado, a la que éste tiene derecho, pero ajena a la voluntad del funcionario, que mediante el cumplimiento de un estatuto había adquirido una situación definida dentro de la carrera.

Sin embargo, contrariamente al texto y espíritu de la Carta, que garantiza la permanencia o estabilidad dentro de la carrera, salvo por faltas personales o de servicio, como tantas veces se ha repetido, el artículo 49 del decreto 2400 no sólo procura la remoción del funcionario, por acto unilateral del Estado, en razón del cambio en la forma de nominación, sino que, sin hecho o culpa suya dispone también su expulsión de la carrera, la pérdida de la situación adquirida dentro de ella, borrando simultáneamente el tiempo de servicio activo, o sea el factor antigüedad, constitucionalmente protegido, que con el mérito o competencia garantizan el derecho al ascenso. Por este procedimiento, para cortar una carrera, para negar el ascenso legítimamente ganado, bastaría declarar de libre nombramiento y remoción un cargo dado...”.

Los razonamientos que hizo la Corte Suprema de Justicia, son perfectamente aplicables al caso en litigio frente a la norma del artículo 125 de la Constitución Política de 1991 y constituyen suficiente argumento para declarar la nulidad del párrafo final del instructivo, pues la interpretación que hizo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la situación de carrera de los empleados allí señalados, no es correcta, como quiera que no puede modificarse el status de carrera de un funcionario, por circunstancias que no provienen de su voluntad, sino de la acción del Estado.

La anterior declaración, no obsta para que advierta la Sala que el examen sobre la pérdida de los derechos de carrera de los funcionarios que desempeñan los cargos que por virtud de la ley estatutaria pasaron a ser de libre nombramiento y remoción, le corresponde a la autoridad competente, según la situación particular que presente el empleado frente a las normas que gobiernan la carrera judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD del siguiente aporte de la Circular 015 de agosto 28 de 1996 proferida por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

“En consecuencia, quienes se encontraban con anterioridad a la expedición de la ley 270 citada, inscritos en dicho cargo en el escalafón de la carrera judicial, no conservan su vinculación en el régimen de carrera ni los derechos que de él emanan”.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Nicolás Pájaro Peñaranda, ausente—Clara Forero de Castro—Dolly Pedraza de Arenas.

Miryam C. Viracachá Sandoval, secretaria ad hoc .

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