Sentencia 13001-23-31-000-1999-00292-01-15239 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 13001-23-31-000-1999-00292-01-15239

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Colec Investment Corporation C/la Nación Dian

Impuesto a las ventas

Fallo

Bogotá, D.C., octubre veinticinco de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde en esta oportunidad decidir a la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración Local de Impuestos de Cartagena rechazó a la sociedad Colec Investment Corporation la solicitud de devolución del saldo a favor determinado en su declaración del impuesto a las ventas correspondiente al 6 bimestre de 1996.

Como se observa de los actos acusados la discusión no tuvo que ver con el hecho de la venta de los bienes a mercados externos, sino que se concretó en establecer si cuando dichas operaciones se efectuaron la sociedad actora ostentaba la calidad de exportadora para efectos de los incentivos tributarios propios de las exportaciones y si aquellas operaciones se consideraban exentas del impuesto a las ventas con derecho a devolución de impuestos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 971 de 1993.(Res. 900025, pág. 12, mayo 27/99).

De acuerdo a lo anterior, las razones expuestas por la parte demandada en sus alegatos de conclusión presentados en esta instancia y que se refieren a que se verifique el informativo que la sociedad lo que pretende es la devolución del impuesto pagado en la adquisición de insumos para su infraestructura, resultan ajenas al presente debate, pues ese no fue el motivo del rechazo como ya quedó expuesto.

Ahora bien, precisado lo anterior, el artículo 8º del Decreto 971 de 1993, por el cual se modifica parcialmente el régimen de zonas francas y que fue el fundamento para la expedición de los actos acusados dispone:

ART. 8º—Definición de exportación. Salvo en lo relativo a los incentivos crediticios aplicables a las exportaciones, para efectos de los incentivos tributarios se considera exportación la introducción a las zonas francas industriales, de bienes de capital, materias primas, elementos de dotación y en general toda clase de bienes que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional, con destino a ser utilizados o procesados dentro de la respectiva zona.

Solo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar, se considera exportación final la venta y salida a mercados externos de los bienes y servicios producidos en las zonas francas industriales del país.

(...).

PAR. 3º—La introducción de los bienes de que trata el presente artículo requiere del documento de exportación para zona franca industrial expedido por la aduana. Este documento se legalizará siguiendo el procedimiento simplificado que para tal efecto se establezca”.

De acuerdo con los términos de la norma parcialmente transcrita, está claro que la definición de exportación tratándose del régimen aplicable a las zonas francas industriales, está referida a las operaciones aduaneras.

De otra parte, según la misma norma, se considera exportación definitiva la operación en virtud de la cual el usuario de zona franca vende con destino a los mercados externos, los bienes producidos en zona franca, pero solo para efectos de las normas de origen, convenios internacionales o crédito para exportar.

De otra parte, de acuerdo con el artículo 481 del estatuto tributario, “Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de impuestos:

a) Los bienes muebles corporales que se exporten.

b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.

c) (...)”.

Ahora bien, en sentencia de fecha 15 de mayo de 1998 (1) reiterada en varias oportunidades (2) , la sección analizó el alcance del artículo 8º del Decreto 971 de 1993, así como la imposibilidad de confundir las exenciones al impuesto a las ventas consagradas en el estatuto tributario en lo referente a la exportación de bienes corporales muebles, las cuales, otorgan al exportador derecho a devolución de impuestos.

En esa oportunidad se expusieron en síntesis los siguientes argumentos:

Que de conformidad con el artículo 481 del estatuto tributario, conservan la calidad de bienes exentos del impuesto a las ventas “con derecho a devolución de impuestos”, entre otros, los siguientes: a) Los bienes corporales muebles que se exporten; b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.

Que según el parágrafo del artículo 850 ibídem “la devolución de saldos a favor originados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas, solo la podrán solicitar aquéllos responsables de los bienes de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 481”.

De acuerdo a lo anterior los bienes corporales muebles que se exporten y la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, no causan el impuesto a las ventas, y en consecuencia los responsables de los mismos (exportadores) tienen derecho a la devolución de los impuestos pagados por la adquisición de bienes corporales muebles que constituyan costo de producción o venta de los artículos que se exporten (E.T., art. 489).

En relación con la definición de “exportación” que consagra el artículo 8º del Decreto-Ley Marco 971 de 1993, ha considerado la sala en el criterio que se reitera, que la misma no debe hacerse extensiva a la exención del impuesto a las ventas consagrada en el artículo 481 del estatuto tributario, dado que tal definición está referida a los “incentivos tributarios” consagrados en el Decreto 2131 de 1991 (régimen de zonas francas) y Decreto-Ley 971 de 1993 (que modificó parcialmente el régimen de zonas francas)”.

Como lo dijo la Sección en la sentencia que se reitera:

“... los mencionados decretos establecieron, entre otras medidas, beneficios fiscales, para los usuarios de las zonas francas industriales sobre las ventas a mercados externos de bienes y servicios, los cuales se concretan al impuesto de renta, complementarios, remesas y retención en la fuente (D. 2131/91, arts. 53 a 58; D. 971/93, arts. 27 a 33), fundamentados en el nuevo modelo de desarrollo basado en la internacionalización de la economía lo que originó dichos beneficios con el propósito de que los usuarios de las zonas francas industriales pudieran competir en los mercados internacionales.

Por tanto, no es procedente confundir las exenciones al impuesto a las ventas consagradas en el estatuto tributario en lo referente a la exportación de bienes corporales muebles, las cuales, como se dejó precisado, otorgan al exportador derecho a devolución de impuestos, con los incentivos fiscales consagrados en el estatuto aduanero citado y mucho menos aplicar la definición de “exportación” que consagra el mismo para desestimar los primeros, cuando es perfectamente claro, que el concepto de “exportación” previsto en las normas aduaneras está referido a los incentivos tributarios creados en el estatuto aduanero”.

De acuerdo al criterio expuesto se tiene entonces que los actos administrativos demandados incurrieron en violación de los artículos 481 y 850 del estatuto tributario y el artículo 8º del Decreto-Ley 971 de 1993, ya que como ha quedado establecido la administración rechazó la solicitud de devolución del saldo a favor declarado por la sociedad con base en una interpretación equivocada del artículo 8º del Decreto 971 de 1993.

Así las cosas, se concluye la procedencia de la devolución de la totalidad del saldo a favor registrado en la declaración del impuesto a las ventas correspondiente al 6º bimestre de 1996 y en consecuencia, la ilegalidad de los actos acusados mediante los cuales la administración rechazó definitivamente la solicitud de devolución presentada por la actora, como lo decidió el tribunal, por lo que se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia, no estando llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Ana Isabel Camargo Ángel como apoderada judicial de la Nación, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Expediente 8768, C.P. Delio Gómez Leyva.

(2) Sentencias de febrero del 2000, expediente 9752, C.P. Daniel Manrique Guzmán; de octubre 12 del 2001, expediente 12295, C.P. Ligia López Díaz; de 18 de abril del 2002, expediente 12415, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 31 de marzo del 2005, expediente 11907, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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