Sentencia 15248 de agosto 29 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 98

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Bogotá, D.C., agosto veintinueve de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Vistos

La Corte proveerá sobre la demanda de casación propuesta por el defensor de la procesada Betulia Esperanza Arenas García en contra de la sentencia de segundo grado fechada el 15 de julio de 1998, por cuyo medio el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la proferida por el Juzgado 45 Penal del Circuito de la misma ciudad mediante la cual se condenó a la procesada a purgar una pena principal de dieciséis (16) meses de prisión y multa por la suma de $ 1.334, al encontrarla responsable del delito de estafa agravada por la cuantía.

El procurador 3º delegado en lo penal ha emitido su concepto propicio a no casar la sentencia impugnada.

Hechos y actuación procesal

El 2 de febrero de 1995, Zulma Erazo Rodríguez y Betulia Esperanza Arenas García suscribieron contrato de promesa de compra venta sobre el apartamento ubicado en la calle 124 Nº 46-12 de Bogotá, incluido el garaje, documento que fue adicionado mediante escrito del 3 de marzo del mismo año y en el que se fijó como fecha para elevar a escritura pública la negociación, el día 19 de mayo del mismo año.

Incumplida la cláusula acordada, se fijó nueva fecha para el 26 de los mismos mes y año, llegada la cual se corrió la escritura pública Nº 2.939 en la Notaria Veinte del Círculo de Bogotá, en la que se dejó constancia sobre la cancelación del valor del inmueble por parte de la compradora en cuantía de treinta y seis millones de pesos ($ 36.000.000), y de la entrega del bien libre de cualquier gravamen, embargo, deuda o pleito pendiente, por parte de la vendedora.

Sin embargo, cuando pretendía realizar el trámite pertinente para lograr el registro de la escritura, la señora Erazo Rodríguez fue informada de la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble, consistente en un embargo ejecutivo por parte del Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, situación que la llevó a formular la correspondiente denuncia por el delito de estafa contra Betulia Esperanza Arenas García.

Con fundamento en la denuncia, la Fiscalía Ochenta y Siete de la Unidad Primera de Patrimonio, profirió resolución de apertura de investigación el 6 de julio de 1995, en la que ordenó escuchar en indagatoria a la imputada Arenas García, recepcionada la cual se le resolvió su situación jurídica el 4 de agosto del mismo año, con preclusión de la investigación a su favor, decisión que impugnada por el apoderado de la parte civil se revocó el 11 de diciembre de 1995 por la unidad de fiscalías delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, quien ordeno continuar con la instrucción.

La investigación fue cerrada el 24 de septiembre de 1996, para calificar el mérito del sumario con resolución de acusación, previa definición de la situación jurídica con medida de aseguramiento de caución prendaria, el 21 de octubre del mismo año, decisión que impugnada, revisó y confirmó la fiscalía de segunda instancia el 18 de abril de 1997.

El conocimiento del juicio fue asumido por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, despacho que dictó sentencia el 20 de mayo de 1998 contra Betulia Esperanza Arenas García, condenándola a las penas principales de dieciséis meses de prisión y multa de un mil trescientos treinta y cuatro pesos, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal, al encontrarla responsable del delito de estafa agravada.

Apelada la sentencia por el defensor de la procesada, se revisó y confirmó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante el fallo que ahora es objeto del recurso de casación.

(...).

Consideraciones de la Corte

La Sala examinará conjuntamente los tres cargos que se presentan contra el fallo impugnado, porque todos los reproches a la sentencia se hacen bajo el ámbito de la causal primera de casación, cuerpo segundo, por violación indirecta de la ley sustancial, y sobre todo, porque el actor acude a comunes argumentos para censurar los presupuestos probatorios del fallo, dentro del campo del error de hecho en la modalidad de un falso juicio de existencia por omisión.

Se advierte de una vez que la Sala comparte las conclusiones del procurador tercero delegado en el sentido de que todos los cargos adolecen de desaciertos técnicos y vacíos de fundamentación que hacen que carezcan de aptitud para remover los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia impugnada.

El error de hecho en la modalidad de falso juicio de existencia por omisión, ha sido dicho en reiteradas oportunidades por esta Sala, consiste en el soslayo de pruebas legalmente incorporadas al proceso que lleva al juzgador a proferir un fallo diferente al que correspondía en caso de haberlas analizado.

Tal modalidad de error impone un doble esfuerzo al demandante que la plantea, el cual involucra tanto la clara enumeración de los medios de prueba que legalmente allegados resultaron omitidos en la evaluación que precedió la declaración de justicia, como la demostración a través de una evaluación probatoria de conjunto que los incluya, para ver de comprobar con fundamento en ella, que de haberse considerado el dato o los datos supuestamente revelados por aquellos, el sentido de la decisión hubiera sido diverso y en todo caso favorable al impugnante.

Las pruebas que en el presente caso el casacionista afirma haber sido ignoradas por los juzgadores, realmente no lo fueron, pues todas ellas se tuvieron en cuenta al analizar y declarar la responsabilidad de la procesada en el delito imputado, sin que a los argumentos expuestos se oponga un planteamiento serio que desvirtúe la presunción de acierto y legalidad que los cobija, pues a posar del esfuerzo argumentativo, el casacionista termina presentando su particular análisis de las pruebas de cuya omisión analítica acusa el fallo.

En primer lugar, sobre el documento que contiene la promesa de compraventa celebrada entre la procesada Betulia Esperanza Arenas García y Zulma Erazo Rodríguez y que dio origen al presente juicio, desde el resumen mismo que de los hechos se hizo en las instancias aparece reconocida su existencia por el fallador, con las siguientes expresiones:

“El 2 de febrero de 1995, la .señora Zulma Erazo Rodríguez suscribió en condición de compradora promesa de compra venta del apartamento 303 con su garaje... ” (fl. 5, cdno. del trib.).

Y en el análisis probatorio, el tribunal sostuvo:

"Para llegar a ese negocio jurídico, es preciso indicar que las partes efectuaron una promesa de compraventa, rubricada el 2 de febrero de 1995,... Es decir, había un contrato con específicos términos, los cuales fueron incumplidos por la acriminada, pues este dinero no lo empleó para levantar ese gravamen, en cambio, según sus aseveraciones, los utilizó para cancelar otros compromisos urgentes para evitar “que de pronto embargaran el apartamento o algo”.

En otro aparte de la providencia, también precisó:

“Nótese que existieron maniobras reticentes ejecutadas por la sindicada, quien desde un comienzo dilató los términos de la promesa de venta para incumplir con la firma de la escritura como se había acordado.

“... El proceder realizado por Betulia Arenas denota la intencionalidad manifiesta de estafar, pues no sólo dilató a su acomodo la firma de la escritura, sino que desde el comienzo actuó dolosamente, pues al recibir los primeros veinte millones por la venta del apartamento, que eran para cancelar la hipoteca a favor de Nelly Ochoa de Pinzón según se especificó en la promesa de venta, les dio destino diferente, para así dilatar la negociación con el fin de lograr la estafa en detrimento del patrimonio de la denunciante”.

En la parte final de la sentencia atacada, recalcó el tribunal:

“Es que no sólo esa situación demuestra el dolo con el cual actuó la procesada, sino que, se comprueba desde el momento en que se firma la promesa de venta, pues los veinte millones que recibió al firmar la misma, no los utilizó en cancelar la hipoteca existente, como era lo acordado, sino que les dio destino diferente,...”.

La reiterada referencia al documento —promesa de compraventa— que dio origen a la negociación engañosa, excluía toda posibilidad de intentar un ataque por la vía del error de hecho por omisión, en cuanto la prueba supuestamente pretermitida en verdad era de obligatoria referencia para el análisis de los hechos y realmente fue apreciada y valorada por los juzgadores, y en tales condiciones resultaba improcedente cualquier alegación sustentada en un error de este tipo, el cual, como ya se explicó, presupone que la prueba obre materialmente en el proceso, y que los juzgadores hayan ignorado su existencia.

Con todo, si la inconformidad del casacionista radica, como parece serlo, en la valoración del mérito de la cláusula resolutoria contenida en el documento, que a su juicio excluye “la presunción culpabilista que se formula”, porque demuestra la celebración de un “acto meramente consensual en donde las partes tenían la posibilidad de plantear las condiciones de su conveniencia”, ha de responderse que la permisibilidad de un contrato licito no descarta la existencia de artificios o engaño, pues nada impide que la inducción o el mantenimiento en error tengan origen precisamente en la aparente sinceridad y legalidad de que se revista ese acuerdo de voluntades. Por eso, ha reiterado la Sala que el contrato en muchos casos resulta utilizado como medio idóneo para ocultar el verdadero ánimo de defraudar. Así por ejemplo en decisión de agosto 5 de 1992 con ponencia magistrado Juan Manuel Torres Fresneda se dijo que:

“... lejos de excluir el artículo 356 del Código Penal los contratos como medio de artificio o engaño que utilizados por el timador como simple apariencia de obligarse pueden generar error esencial en el ofendido, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la posibilidad de su empleo como parte de los medios defraudatorios, destacando justamente en aquellos la sutileza del ardid y su no infrecuente uso, al punto de sostener que:

... pasan al campo penal la mentira o el silencio cuando recaen sobre elementos fundamentales del contrato, por ejemplo, la existencia de una contraprestación, porque ésta es la causa misma del acto o contrato según el derecho civil.

Si una parte engaña a la otra, por ejemplo, sobre su capacidad de papar haciéndole creer que la tiene cuando, en realidad, carece de ella, bien sea de modo absoluto o en forma que, de saber su situación, la otra no hubiera contratado, o cuando calla estando obligado a manifestar su incapacidad de pagar, ya no se trata de un silencio o de una mentira lícitos, sino plenamente delictuosos” (Sent. cas., jun. 23/82, M.P. Dr. Luis Enrique Romero Soto)”.

De allí que mal podría desecharse la intención defraudatoria con el solo argumento de que la promesa de venta incluía una cláusula resolutoria, pues la indiferencia de la acusada frente a su compromiso ponía de relieve la maquinación urdida para sustraerse al pago de la obligación hipotecaria, defraudando así los intereses de la compradora, cuyos valores sufragados jamás fueron devueltos.

En relación con el segundo cargo, tampoco es cierto que el juzgador haya ignorado la existencia del telegrama que la procesada le dirigió a Zulma Teodomira Erazo Rodríguez el 11 de mayo de 1995, pues sobre este documento en la sentencia de primera instancia se hizo la siguiente afirmación:

“Es elocuente el incumplimiento de la cancelación del gravamen hipotecario, por eso en injurada la encausada manifestó a folio 27 del c.o. que: “... como yo no le pude cumplir con los papeles de la hipoteca la llamé el dos (2) de mayo, y le dije que firmáramos la escritura y que pagara la hipoteca, ya que quedaba a mi favor un saldo de treinta millones de pesos ($ 30''000.000)...”, denotando ahora sí un extraño afán por finiquitar el negocio, a tal grado que envió un telegrama con fecha mayo 11 de 1995 (fl. 49), exigiendo la firma de escritura pública en forma inmediata y el cubrimiento de la hipoteca de diecinueve millones de pesos ($ 19''000.000), dejando un nuevo saldo de once millones ($ 11''000.000)” (fl. 76 cdno. de la causa).

Como puede verse, el juzgador no desconoció la existencia del telegrama en cuestión, sino que del mismo no hizo derivar las consecuencias que ahora pretende el casacionista como prueba de una supuesta ausencia de dolo en el comportamiento de la procesada, pues tal como se destacó en el fallo, sus manifestaciones encaminadas a arreglar el impase del registro de la compraventa carecían de verdad porque el dinero que había recibido de manos de la compradora para la cancelación de la hipoteca, lo había ya dispuesto y su afán por concluir la negociación con la firma de la escritura estuvo determinado por el temor fundado de un inminente embargo por parte de otros acreedores, desconocidos para la promitente compradora, con quienes Betulia Arenas tenía compromisos económicos no cumplidos, aspecto que de haber sido conocido por Zulma Erazo, muy posiblemente no hubiera continuado o siquiera celebrado el prenombrado contrato.

El error de hecho por falso juicio de existencia que se afirma haber recaído sobre la copia del cheque que por la suma de $ 3.861.500 giró la compradora a la procesada para concluir el pago del valor pactado y que finalmente no se hizo efectivo, y sobre el certificado de libertad Nº 50N736311 que da razón del registro del traslado del derecho de dominio sobre el garaje del inmueble a favor de la compradora, carece igualmente de fundamento. Basta transcribir los siguientes apartes de la sentencia de primera instancia para concluir que tales pruebas fueron consideradas por el juzgador, y que el error denunciado jamás existió. En el aparte pertinente se sostuvo:

“Frente a la existencia de un provecho ilegítimo, éste se origina en la solicitud de la timadora para obtener el pago de dos millones de pesos en enero, veinte millones en febrero, diecinueve millones en mayo, cuotas atrasadas de administración en el conjunto residencial que puso al día la denunciante, pérdida de dinero por las gestiones incumplidas e incluso más de tres millones ochocientos mil pesos para ser cobrados en junio, mediante título valor (que no cancelaron ante la sorpresiva noticia, así como la recuperación del garaje según fls. 43 a 45 del c.o. que aparece a nombre de la señora Zulma T. Erazo)...”.

Y en el acápite referente a la indemnización de perjuicios, señaló la misma providencia:

"Los montos cancelados por la señora Zulma Teodomira Erazo Rodríguez equivalen al pago del apartamento ... para un total de cuarenta y ocho millones ciento treinta y ocho mil quinientos pesos ($ 48.138.500) sumas que tiene como canceladas la propia encausada en diligencia de indagatoria así como en los distintos documentos (promesa de compraventa, escritura pública, telegrama), sin embargo, no se olvide que el garaje sí pasó a manos de ésta, no encontrando el proceso un peritaje que nos demuestre el precio del apartamento como del referido garaje...”.

En estas condiciones, la crítica del demandante queda reducida a insistir en la ausencia de dolo porque la procesada siempre demostró la voluntad de realizar la negociación al punto que el registro de la venta sobre parte del inmueble —garaje— se ejecutó, pero la argumentación no logra concretar, en manera alguna, un error de hecho por falso juicio de existencia y en cambio deja en evidencia un interesado modo de valoración probatoria que se opone sin más a la del juzgador, lo cual resulta extraño a la naturaleza del recurso extraordinario.

No prosperan los cargos.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia recurrida.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

_________________________________