Sentencia 15256 de marzo 26 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CASACIÓN LABORAL

CONTRATOS COMERCIALES CON PERSONAS NATURALES

NO SE PRESUME QUE ENCUBREN UNA RELACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «La censura orienta el cargo a demostrar que el sentenciador de segundo grado se equivocó al concluir que los servicios prestados por el actor en favor de la compañía demandada, entre el 23 de diciembre de 1995 y el 10 de noviembre de 1997, tuvieron un “definido corte mercantil”, pues sostiene que en realidad el propósito que ésta tuvo al celebrar el contrato comercial que aparece a folios 7 a 17 fue el de disfrazar la verdadera naturaleza de la relación existente entre los contratantes con la finalidad posterior de evadir el pago de las respectivas prestaciones.

En razón de la trascendencia del tema tratado, encuentra la Sala conveniente referirse una vez más a un aspecto doctrinal, antes de abordar el estudio de las discrepancias fácticas de la censura, relativo a que controversias como la planteada en este caso deben ser resueltas atendiendo el postulado constitucional de primacía de la realidad, según el cual son necesariamente las circunstancias que se puedan extraer de la realidad las que determinan el convencimiento del juez respecto a la índole de los servicios prestados por una persona natural, en contraposición de los datos aparentes que puedan informar los documentos o contratos provenientes de las partes, máxime cuando estos ofrezcan duda de simulaciones o fraudes a la ley laboral que resulten perjudiciales al trabajador. Principio que no se traduce, como parece entenderlo el recurrente, en una presunción relativa a que todos los documentos de naturaleza comercial, que involucren una prestación de servicios personales, siempre contienen encubrimientos y falsedades, pues lícitamente pueden corresponder a situaciones reales.

En este sentido vale recordar que conforme al ordenamiento constitucional y legal nada se opone, a que en desarrollo de la libertad de industria y comercio que deriva de los principios de actividad económica y de libre iniciativa privada consagrada en el artículo 333 del primer ordenamiento, las empresas puedan celebrar contratos de naturaleza comercial con personas naturales o jurídicas para la ejecución de tareas o la prestación de servicios en actividades inherentes a las normales de su empresa o negocio.

Pues bien, sentado lo anterior corresponde a la Sala referirse a las pruebas calificadas citadas por la censura para acreditar que el ad quem se equivocó al establecer que los servicios prestados por el actor en beneficio de la sociedad demandada, entre el 23 de diciembre de 1995 y el 10 de noviembre de 1997, tuvieron un carácter comercial.

Es así como se observa en relación con el convenio escrito que las partes denominaron “contrato de licencia de distribución (fls. 7 a 15 del c. de l.), que el objeto principal del mismo se ciñó al otorgamiento al actor de una licencia, sin exclusividad, para adquirir y distribuir los productos elaborados o distribuidos por la sociedad demandada en el territorio que ésta asignara periódicamente a su arbitrio, con la facultad para el contratista de usar las marcas de tales productos en los vehículos o predios que utilizara para su distribución.

Contrato en el que las partes también pactaron cláusulas de coordinación y colaboración para establecer rutas para la distribución de los productos y para fines de publicidad, promoción y exhibición de propaganda. Particularmente estipularon la autonomía del contratista para desarrollar sus actividades comerciales en forma directa e independiente, con sus propios medios, con libertad e independencia técnica, administrativa y empresarial; así como la facultad discrecional para contratar y utilizar el personal y equipos necesarios para la atención de la distribución de los productos, con la consiguiente obligación de asumir y cumplir con todas las obligaciones laborales a su cargo.

Las partes dejaron claro en el acuerdo contractual referido que el contratista no recibiría remuneración alguna de naturaleza laboral y que la compañía no tendría relación de trabajo con los empleados, funcionarios o agentes del actor.

En síntesis de las cláusulas del convenio referido se desprende que la voluntad de las partes fue la de ajustarse a un tipo de contratación mercantil, que se asimila al contrato de agencia comercial regulado en los artículos 1318 a 1331 del Código de Comercio, en los que se prevé que uno de los objetos del mismo es la distribución de uno o varios productos del empresario, quien no podrá servirse de varios agentes en la misma zona, que puede pactarse la prohibición para que el agente promueva en el territorio que se le demarque un producto de competidores del empresario, que el agente tiene derecho a una remuneración y la obligación de cumplir el encargo que le ha sido confiado conforme a las instrucciones recibidas, así como el deber de ofrecer al empresario las informaciones necesarias respecto de las condiciones de mercado en la zona asignada, y toda otra que sea útil para los fines propios de la actividad comercial.

No surge entonces del contrato mencionado que el actor haya estado subordinado laboralmente a la empresa demanda, pues de ninguna de sus estipulaciones se infiere conclusión en tal sentido y bien por el contrario las mismas partes dejaron constancia referente a que su relación no era de carácter laboral. Además conviene reseñar que este documento no aporta dato alguno referente a las circunstancias reales que rodearon el desarrollo de las obligaciones convenidas por las partes.

En cuanto al interrogatorio de parte que absolvió el demandante se advierte que no aporta nada distinto a lo dicho anteriormente y por el contrario aparentemente ratifica la posición de la empresa demandada en el sentido de que su relación fue de tipo comercial, pues aceptó sin manifestar reparo de ninguna especie, que en diciembre de 1995 firmó un contrato como distribuidor de la compañía, que la empresa le vendió para la realización de sus labores como distribuidor un camión y también que durante el tiempo que se desempeñó como distribuidor, el flete por ventas le fue liquidado día a día. Además admitió sin aclaración alguna que del valor del flete cubría los gastos de operación de ventas, tales como combustibles, llantas, aceite, reparaciones del vehículo, salario y prestaciones de su ayudante.

Tampoco se observa en el interrogatorio de parte que respondió el representante legal de la sociedad demandada declaración alguna que sea adversa a los intereses de ésta y que por tanto se pueda tener como confesión relativa a que entre las partes existió una relación laboral y no comercial en el lapso transcurrido entre el 23 de diciembre de 1995 y el 10 de noviembre de 1997. Al respecto es importante anotar que de las respuestas 11 y 12 no surge manifestación alguna que permita deducir la subordinación laboral pues el interrogado fue enfático al indicar que existen diferencias entre los vendedores vinculados por contrato de trabajo y los distribuidores independientes o fleteros. Igual acontece con la respuesta en la que expresó el mencionado representante que “Hasta donde tengo conocimiento ese proceso de venta con pacto de retroventa se le ofrece al personal de distribuidores, y no tengo conocimiento si es específicamente como lo dice el abogado, a los vendedores que se retiran a (sic) los que en la actualidad trabajan como vendedores independientes”, pues la existencia de un negocio independiente en tal sentido, que no es aceptada, no puede ser tomada como indicativo necesario de la existencia de la relación laboral y tampoco el hecho admitido de que los fleteros debían dejar los vehículos en las instalaciones de la empresa, pues se explicó que ello obedecía a razones logísticas, porque en horas de la noche los vehículos eran cargados.

No demuestra entonces la acusación los yerros fácticos que reseña a la decisión acusada, de manera que no procede el examen de las declaraciones de terceros citadas por la censura, dado que no son pruebas calificadas en casación laboral (L. 16/69, art. 7º), estudio que sólo es permitido una vez demostrados los errores de hecho con base en las pruebas idóneas en este recurso.

El cargo, en consecuencia, no prospera».

(Sentencia de casación, marzo 26 de 2001. Radicación 15.256. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

_________________________________