Sentencia 15267 de junio 6 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBAS DE OFICIO

EN EL PROCESO LABORAL

EXTRACTOS: «El tema de pruebas de oficio en el proceso laboral está consagrado en los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo, y en relación con el alcance de tales normas esta Sala de la Corte en sentencia de enero 29 de 1979, expediente número 6435, precisó:

“Cierto es, como lo dice el impugnante, que los funcionarios que tienen a su cargo tramitar y decidir en las instancias los procesos laborales deben practicar las pruebas solicitadas oportunamente por las partes y, aún más, para la búsqueda de la verdad real sobre los hechos controvertidos, pueden decretar y practicar de manera oficiosa las demás pruebas que consideren pertinentes.

Estas atribuciones son de mayor amplitud para los jueces del primer grado porque es a ellos a quienes corresponde la instrucción fundamental del proceso, la dirección de éste (CPL, art. 48), la práctica personal de las pruebas (ibíd., art. 52), el decreto de ellas oficiosamente (ibíd., art. 54), e inclusive la potestad de interrogar libremente a las partes (ibíd., art. 59). Todo ello para fundar su convencimiento en el análisis del material probatorio conseguido y decidir así el litigio (ibíd., art. 60 y 61).

Ya en la segunda instancia los poderes del tribunal se restringen, pues sólo le es dable practicar pruebas decretadas en la primera cuando en ésta dejaron de aducirse sin culpa de quien las pidió, y, fuera de esta hipótesis, apenas le incumbe decretarlas de oficio, mas no como deber sino como potestad (ibíd., art. 83).

Y en casación, únicamente después de infirmada la sentencia recurrida, le es dable a la Corte dictar auto para mejor proveer (D.L. 528/64, art. 61).

Pero las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ningún caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe: Al demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. Al demandado, acreditar aquellos en que base su defensa.

El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal.

De otra parte, si el juez no cumple con su deber de decretar o de practicar las pruebas que le fueron pedidas, ese incumplimiento no envuelve quebranto aducible en casación de las normas instrumentales que le ordenan proceder celosamente en el trámite de los procesos, como medio para alegar el desconocimiento de textos sustanciales de la ley, sino que apenas comprometería la responsabilidad personal del funcionario frente a los litigantes por las omisiones en que hubiere incurrido. La conducta del juez o tribunal no es tema trascendente dentro de este recurso extraordinario, cuya finalidad suprema es unificar la jurisprudencia nacional.

Y si esto es forzosamente predicable en tratándose de un deber del juez, mayor énfasis le corresponde aún en cuanto atañe a su potestad de practicar pruebas de manera oficiosa. Es un ideal buscar la verdad completa antes de resolver procesos judiciales. Pero esa indagación es más deber moral que legal para el sentenciador”.

En consecuencia, como no encuentra la Sala razones para modificar el criterio contenido en el aparte de la providencia antes transcrito, al mismo se remite para concluir que el cargo que se analiza no está llamado a prosperar; aunque ello no obsta para que se exhorte a los jueces y magistrados para que hagan uso de la facultad que las normas procesales ya citadas les conceden para decretar pruebas de oficio, pues indudablemente cuando las ejercen cumplen el objetivo que éstas persiguen como es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial».

(Sentencia de casación, junio 6 de 2001. Radicación 15.267. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

ACLARACIÓN DE VOTO

Dado que nadie ha puesto en discusión que debe aplicarse en el procedimiento del trabajo lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre carga de la prueba, y este precepto legal establece perentoriamente que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, estamos plenamente de acuerdo con las consideraciones que se expresan en la sentencia de 29 de enero de 1979 cuyos apartes se transcriben en este fallo, especialmente con el aserto que hizo la Corte de que “el desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo”.

Por tal razón no estuvimos de acuerdo con la exhortación que se hace en el fallo para que los jueces y magistrados decreten pruebas de oficio, ya que, además de no ser función de la Corte “rogar” a dichos funcionarios que hagan uso de sus facultades legales, consideramos que la doctrina contenida en el fallo de 29 de enero de 1979 es precisamente la de que el juez debe ser imparcial y, por ello, no debe utilizar sus poderes para beneficiar a la parte que por “desinterés” o “incuria” no cumple con la carga de probar que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Para nosotros el verdadero sentido y alcance de la facultad de decretar pruebas de oficio consagrada en el artículo 54 del Código Procesal específicamente para el juez de primera instancia y en el artículo 83 para el tribunal, está explicado en la misma sentencia de 29 de enero de 1979, en la que se asentó que el decreto de pruebas no pedidas por las partes tiene como finalidad “aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal”, por lo que el recto ejercicio de la facultad de investigar de oficio los hechos litigiosos está limitado “a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio”; mas esta facultad de decretar pruebas de oficio no significa que deba suplir ”el desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas”.

En estos términos dejamos explicado el por qué no estuvimos de acuerdo con la exhortación que se hace en la sentencia.

Carlos Isaac Náder—Rafael Méndez Arango. 

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