Sentencia 1527 de agosto 31 de 2000 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Ref.: Tutela interpuesta contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ago. 31/2000. Rad. 20001527 T. 97-X

M.P.: Jorge Alonso Flechas Díaz

Aprobada según Acta 62 de agosto 31 de 2000

Vistos:

Se resuelve lo que en derecho corresponda, en relación con la acción de tutela interpuesta a través de apoderado por el abogado Gustavo Perdomo Ceballos, contra esta misma corporación, con ocasión del proferimiento de la sentencia del 25 de mayo de 2000, mediante la cual se confirmó la proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de fecha 26 de mayo de 1999, donde se sancionó al accionante con exclusión del ejercicio de la profesión.

Antecedentes relevantes.

1. La demanda se presentó directamente ante esta corporación el 10 de agosto del cursante año, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, muy a pesar —según se señala en el libelo— de “los vicios de inconstitucionalidad que desde ya se advierten, pues no aclara quien sería el juzgador de la tutela en sede de segunda instancia”.

2. Por cuanto en la discusión y aprobación de la providencia judicial contra la cual se dirige la tutela participaron seis (6) de los magistrados que componen la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se produjo manifestación de impedimento conjunto, que significó la desintegración del quorum decisorio, razón por la cual hubo necesidad de convocar conjueces para recomponerlo, con cuya intervención mediante auto del veintinueve (29) de los corrientes mes y año, se aceptó la excusa en mención, quedando de esa manera separados respecto del trámite de la presente actuación los doctores Edgardo José Maya Villazón, Leonor Perdomo Perdomo, Eduardo Campo Soto, Fernando Coral Villota, Miryam Dónato de Montoya y Amelia Mantilla Villegas.

3. Tal como se determinó en auto del pasado 28 de agosto, la presente determinación se adopta con la participación de los mismos conjueces sorteados para resolver la manifestación de impedimento de los magistrados prenombrados, quedando la ponencia a cargo del único de los miembros titulares de la Sala que no suscribió el fallo cuestionado por vía de tutela.

Consideraciones de la Sala

Frente a un caso con objeto similar al que aquí se define, esta corporación con ponencia de quien aquí funge en igual condición, aunque integrada en su mayoría por conjueces, señaló lo siguiente:

“1. Con la pretensión de regular el reparto de la acción de tutela y al amparo de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional (potestad reglamentaria), el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1382 de 2000 (publicado en el Diario Oficial 44.082, jul. 14/2000 y vigente desde esa fecha), y a ese propósito en su artículo 1º, pretextando en concreto reglamentar el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, radicó el conocimiento del instrumento constitucional en mención en distintos órganos judiciales dependiendo del nivel o naturaleza de la autoridad demandada o del carácter del acto administrativo impugnado, y en el caso particular de las autoridades jurisdiccionales, atribuyó su competencia al respectivo superior funcional, precisando que si se promueve contra la Fiscalía General de la Nación, corresponderá al superior del juez al cual se encuentre adscrito el fiscal; estableció además que si la acción se dirige contra actuación de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, deberá incoarse ante la misma corporación demandada, disposición esta última contenida en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 en cuestión.

2. Pues bien, estima la corporación que el numeral 2º del artículo 1º del decreto en mención, al radicar el conocimiento de las acciones de tutelas dirigidas contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la propia corporación accionada, resulta incompatible con la garantía fundamental de la doble instancia consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política, reiterada por el artículo 86 ibídem al prever la impugnación del fallo de tutela ante el juez competente, calidad ésta fijada por el artículo 32 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991 en el respectivo superior jerárquico.

De tramitarse, por tanto, la presente acción de tutela por esa Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la garantía constitucional del accionante o de los accionados para impugnar el fallo de primera instancia ante el superior jerárquico se tornaría inexistente, desconociéndose de paso el debido proceso y el derecho de defensa, pues al constituir esta corporación la máxima autoridad disciplinaria no está sujeta a ninguna superioridad.

No es dable entender que al interior de la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura exista superior jerárquico para conocer de las impugnaciones, toda vez que por mandato legal derivado de los artículos 9º del Decreto 2652 de 1991 y 112 de la Ley 270 de 1996 su competencia es ejercida, a manera de un sólo cuerpo, por la totalidad de sus miembros que son siete (7) al tenor del numeral 2º del artículo 254 de la Constitución Política. Como se observa, si se tramitara la presente acción de tutela, la segunda instancia quedaría radicada en la propia corporación encargada de realizar la primera, lo cual es un contrasentido, no pudiéndose afirmar tampoco que los conjueces que entran a reemplazar a los impedidos cuando ocurra tal eventualidad —como sucede en el presente evento— adquieren la calidad de superiores jerárquicos, por cuanto no hay norma legal que así lo establezca, amén de que aquéllos, según emana de lo dispuesto en el inciso último del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, pasan a formar parte —aunque transitoriamente— de la colegiatura a la cual pertenecen los magistrados reemplazados.

3. En consecuencia, por quebrantar el principio constitucional de la doble instancia cuando reguló lo relativo al conocimiento de las acciones de tutela dirigidas contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se inaplicará el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, acorde con la facultad otorgada por el artículo 4º del estatuto fundamental,...” (Providencia., ago. 11/2000, aprobada según acta 53. Rad. 20001/146.T).

Mutatis mutandis, como igual acontecería en este caso si se asumiera el conocimiento de la acción de tutela promovida por el abogado Gustavo Perdomo Ceballos, se inaplicará también aquí la disposición reglamentaria en mención, consecuencia de lo cual se abstendrá la Sala de dar curso a la solicitud de amparo en mención, por carecer de competencia en primera instancia.

Dado que la demanda fue presentada directamente ante esta corporación, elección forzada por la norma que se considera inconstitucional, y que de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela puede interponerse ante cualquier juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, se dispondrá la devolución del libelo al accionante, a fin de que éste elija libremente la jurisdicción y categoría de juzgador que desee adelante la actuación de rigor, si sigue siendo ese su propósito.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. INAPLICAR, por inconstitucional y para este caso en concreto, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

2. ABSTENERSE de tramitar la acción de tutela presentada mediante apoderado por el abogado Gustavo Perdomo Ceballos, por carecer de competencia la primera instancia.

3. ORDENAR la devolución inmediata de la demanda de tutela al accionante o a su apoderado.

4. Notifíquese esta determinación por el medio más expedido a los accionados y al accionante.

Desanótese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Alonso Flechas Díaz—Jorge Arango Mejía—Juan Manuel Charry Urueña—Nubia González Cerón—Augusto J. Ibañez Guzmán—Armando Novoa García—Luís Arnoldo Zarazo Oviedo.

Silfa María Blanco Giraldo, Secretaria Judicial

____________________________________