Sentencia 15283 de agosto 31 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp. 15.283

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Henry Lozano Bonilla y otros

Demandado: Departamento del Tolima - Secretaría Seccional de Salud del Tolima - Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil seis.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de los demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de abril de 1998, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La demanda

El 11 de septiembre de 1996 los señores Henry Lozano Bonilla, Gerardo Bonilla y Ana Farid Aponte Bonilla, por medio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra el departamento del Tolima - Dirección Seccional de Salud y el Hospital Federico Lleras Acosta, con el fin de que se les declarara responsables de los perjuicios sufridos por la muerte de la señora Olinda Bonilla, ocurrida el 30 de abril de 1995 en el Hospital General de Neiva.

Como consecuencia de la declaración anterior, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar, por concepto de daño moral, el equivalente, en pesos, de 2.000 gramos oro en favor de cada uno de los demandantes, en su condición de hijos de la víctima.

Los demandantes narraron que, aproximadamente hacia las 11:00 a.m. del 29 de abril de 1995, la señora Olinda Bonilla ingresó al Centro de Salud del barrio el Jordán de Ibagué, en donde se le diagnosticó cefalea producida por hipertensión. Allí recibió las primeras atenciones médicas y se recomendó a los familiares trasladarla al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el cual se negó a prestarle atención médica a la paciente porque el personal médico de la entidad se encontraban en paro. Por lo anterior, se dispuso el traslado de la señora Bonilla al Hospital General de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo. El traslado se hizo en una ambulancia del Centro de Salud del barrio El Jordán, la cual no contaba con los implementos médicos mínimos para prestar atención de urgencias.

El hospital de Neiva se negó, en principio, a recibir la paciente aduciendo que no se había autorizado su remisión. Posteriormente, admitieron la paciente y le prestaron la atención médica requerida, sin embargo el centro hospitalario no contaba con el respirador necesario para salvar su vida.

El señor Henry Lozano Bonilla, hijo de la señora Olinda, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería del Hospital Federico Lleras Acosta, se comunicó con dicha entidad para reclamar por haber remitido a la paciente a Neiva en una ambulancia sin respirador, a pesar de que allí tenían 4 de estos equipos. Una enfermera de esa institución respondió que no fue posible suministrar el respirador porque no había personal médico que pudiera manejarlo y que no era posible remitir allí a la señora Bonilla porque el personal médico se encontraba en paro (fls. 45-72, cdno. 1).

La demanda fue admitida mediante auto del 17 de septiembre de 1996 y fue notificada en debida forma (fls. 73-79, cdno. 1).

La contestación de la demanda

El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE, contestó oportunamente la demanda, argumentando que la señora Olinda Bonilla nunca se presentó en dicha entidad ni fue atendida por su personal médico, razón por la cual no estaba llamado a responder por los hechos de la demanda (fls. 83-89, cdno. 1).

El departamento del Tolima manifestó que de haberse presentado una falla del servicio médico, esta solo era imputable al Hospital General Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y no al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, porque este último nunca atendió a la paciente. Fue el Hospital de Neiva el que se negó a recibir a la señora Olinda Bonilla argumentando que la entidad no había autorizado la remisión. Mientras se tenía claridad sobre esta circunstancia, la paciente sufrió un paro respiratorio que no pudo ser atendido en debida forma porque el hospital no contaba con los elementos necesarios para atender la deficiencia respiratoria de la señora Bonilla.

Propuso como excepciones la falta de legitimidad en la causa por pasiva y de indebida integración del litisconsorcio necesario. Frente a la primera sostuvo que el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué es una empresa social del Estado, del orden departamental, con personería jurídica propia, así que de presentarse una falla en el servicio, debe responder directamente. En cuanto a la segunda señaló que es el hospital general de Neiva el llamado a responder por los hechos de la demanda, razón por la cual se le debe citar al proceso para que integre el litisconsorcio necesario, en los términos del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil (fls. 94-103, cdno. 1).

Por su parte, la Secretaría de Salud del Tolima señaló que de los hechos de la demanda no se deduce que los perjuicios reclamados hubieran sido producidos por culpa de sus funcionarios (fls. 105-108, cdno. 1).

Practicadas las pruebas decretadas en auto del 28 de febrero de 1997, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 117, 157, cdno. 1).

El apoderado del departamento del Tolima alegó de conclusión y en esa actuación sostuvo que el Hospital Federico Lleras Acosta no pudo prestar atención médica a la señora Olinda Bonilla por cese de actividades del personal médico de la entidad, situación “que era imposible resistir por parte del hospital (...) y que hizo necesaria la remisión de la paciente a la ciudad de Neiva”. Por lo anterior, resaltó que el Hospital de Ibagué se encontraba ante una situación de fuerza mayor.

Reiteró las excepciones por falta de legitimación por pasiva y de indebida integración del litisconsorcio necesario (fls. 159-166, cdno. 1).

Las demás partes guardaron silencio.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 30 de abril de 1998, declaró no probadas las excepciones propuestas y negó las súplicas de la demanda.

En relación con las excepciones manifestó que, en este caso, no se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el departamento del Tolima no fue vinculado al proceso para responder por los posibles perjuicios causados por el Hospital Federico Lleras Acosta, Empresa Social del Estado debidamente representada en el proceso, sino por la responsabilidad que se pudiera imputar a la secretaría de salud del departamento.

Acerca de la falta de integración del litisconsorcio necesario, indicó que respecto del Hospital General Moncaleano Perdomo de Neiva se configuraba un litisconsorcio facultativo y los demandantes optaron por no vincularlo al proceso.

En cuanto a la responsabilidad del Hospital Federico Lleras Acosta, señaló que la señora Olinda Bonilla no fue atendida en dicho centro hospitalario razón por la cual no se puede imputar a esa entidad responsabilidad alguna por falla del servicio.

Respecto de la Secretaría de Salud del Tolima consideró que la paciente fue atendida de manera oportuna y diligente por la Unidad Intermedia del barrio El Jordán y posteriormente remitida al Hospital General Moncaleano Perdomo de Neiva, donde falleció después de presentar dos paros respiratorios.

El recurso de apelación

El 12 de mayo de 1998, el apoderado judicial de los demandantes apeló la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, el Hospital Federico Lleras Acosta es responsable de la muerte de la señora Olinda Bonilla porque a pesar de contar con el respirador necesario para atender a la paciente se negó a recibirla porque los médicos de la entidad se encontraban en paro.

Sostuvo, que de no haberse presentado el cese de actividades por parte del personal médico del hospital, la señora Bonilla habría sido atendida oportunamente y no hubiera sido necesario trasladarla a Neiva, ciudad que se encuentra a 4 horas de distancia del centro de salud del barrio El Jordán de Ibagué (fls. 178-183, cdno. 1).

Por su parte, el Ministerio Público solicitó traslado especial para emitir concepto que rindió en los siguientes términos:

“Los hechos que se dejan descritos, debidamente probados, son demostrativos a juicio de esta delegada de que se presentó una falla en la prestación del servicio de salud, por cuanto la señora Olinda Bonilla ingresó a un centro de atención secundaria de salud de la ciudad de Ibagué y frente al agravamiento de su estado, no fue remitida como era lo apropiado al hospital más cercano, que era el Federico Lleras Acosta de esa ciudad, sino al Hospital General de Neiva, distante varias horas.

La falla se evidencia precisamente porque no fue ingresada al hospital cercano, debido a que éste no estaba prestando el servicio que le correspondía de acuerdo a su naturaleza de entidad prestataria de salud de tercer nivel; la causa de esa no prestación del servicio —renuncia masiva de los profesionales de la medicina—, no tiene entidad suficiente como para justificar el mal funcionamiento del servicio, a la luz de las normas de responsabilidad extrapatrimonial del Estado.

No obstante lo anterior, se advierte la ausencia de prueba respecto del nexo causal entre el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte de su madre, señora Olinda Bonilla y la falla del servicio que se presentó. (...).

No puede perderse de vista que lo que se presupone es, como se dijo, la falla, más no el nexo causal. Es decir, que sigue radicada en cabeza del demandante la carga probatoria respecto de la relación de causa a efecto que se presenta, entre el daño y la actuación de la administración, y que no puede predicarse que en todos los casos en los que existe una relación entre el paciente y los servicios médicos estatales, estos hayan sido los causantes del daño. (...)” (fls. 196-205, cdno. 1).

Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de abril de 1998, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Consideraciones sobre la responsabilidad estatal por falla en la prestación de servicios de salud

En relación con el tema de la responsabilidad del Estado por la prestación de los servicios de salud, la Sala otrora manifestó que se trataba de un asunto que debía resolverse como falla del servicio probada, pues las obligaciones asumidas por el prestador del servicio eran de medio y no de resultado. Esta tesis fue modificada en sentencia del 30 de julio de 1992 (1) , en la cual la Sala expresó:

“Por norma general corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal es el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales e institucionales, etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre los cuales se edifican los cargo que por imprudencia, negligencia o impericia formula en el ejercicio de una determinada acción judicial, contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios.

Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueran estos, los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan. (...)”.

En sentencia del 10 de febrero de 2000, esta Sala reestudió la anterior posición y precisó:

“En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias dinámicas —cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra legislación procesal, puede decirse que encuentra asidero suficiente en las normas constitucionales que relievan el principio de equidad— ha resultado planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad.

Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio.

Así las cosas, la tarea del juzgador resulta más ardua y exigente, pues es él quien debe establecer, en cada caso, cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes, en relación con la conducta del demandado, para adoptar la decisión. (...) (2) ”.

En este orden de ideas, la Sala ha concluido que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en eventos como estos y de manera excepcional, la Sala (3) ha considerado procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado—, por resultar la regla en él contenida, en el respectivo caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial (4) .

II. Acerca de la causalidad bajo el régimen de responsabilidad extracontractual del estado por la prestación de servicios de salud

Esta corporación nunca ha dejado de reconocer la dificultad que los demandantes enfrentan al asumir el deber de probar la relación de causalidad:

“Ahora bien, observaciones (...) que se refieren a las dificultades que ofrece para el demandante la demostración de la falla del servicio, se han hecho respecto de la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya indemnización se reclama. En efecto, también en ello están involucrados elementos de carácter científico, cuya compresión y demostración resulta, en ocasiones, muy difícil para el actor” (5) .

No obstante, a propósito de la responsabilidad médica, debe quedar claro que los alivios dispuestos en ese régimen para la carga probatoria de la falla en el servicio no pueden también operar en lo que tiene que ver con la prueba de la relación de causalidad.

La consecuencia directa del cuestionamiento permanente a propósito de la causalidad ha sido la de ver como posible una modulación que no solo se ha mostrado necesaria en nuestro medio, sino en casi todos los regímenes jurídicos modernos. Por esta razón, se ha planteado un cierto aligeramiento de la carga probatoria del demandante, a quien, conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde demostrar los supuestos de hecho del artículo 90 de la Constitución Política.

Sin embargo, el aligeramiento de la carga probatoria del demandante en estos casos no conlleva, per se, una presunción de causalidad, en virtud de la cual pudiera corresponder al demandado y no al demandante la carga probatoria en cuestión.

La Sala, a propósito de ese aligeramiento de la carga probatoria de la falla médica en casos de muy difícil esclarecimiento, ha sostenido:

“Por lo demás, dicha valoración debe efectuarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que —salvo en casos excepcionales, como el de la cirugía estética y el de la obstetricia, entre otros, que han dado lugar a la aplicación de regímenes de responsabilidad más exigentes para el demandado— los médicos actúan sobre personas que presentan alteraciones de la salud, lo que implica el desarrollo de diversos procesos en sus organismos, que tienen una evolución propia y, sin duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o agravación de su estado, al margen de la intervención de aquellos” (6) .

Al respecto Ricargo de Ángel Yagüez ha explicado lo siguiente (7) :

“En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la prueba de la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño en los casos en que esté comprometida la responsabilidad profesional, no solo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación causal, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud en esa materia el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia”. 

Es decir, la relación de causalidad queda probada cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad.

Siempre se ha dicho que para que pueda ser declarada la responsabilidad patrimonial se requiere tener certeza sobre la existencia del nexo causal. Aun cuando en lógica formal la idea de probabilidad parezca oponerse a la idea de certeza, resulta oportuno destacar que ello no es así en el derecho de daños, porque la causalidad de que se trata es la adecuada y, por lo mismo, la probable, de manera que si la probabilidad es alta, lleva a la certeza acerca del nexo causal y, por consiguiente, abre paso a la condena, siempre que además haya prueba de la falla y del daño (8) . Lo anterior, es el modo en que la llamada causalidad adecuada llega hasta sus más lejanas fronteras, en todo caso, sin invadir el mundo de la especulación:

“Ni aún en el evento de que se hubiera probado una falla del servicio habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado mientras el vínculo causal no hubiera sido establecido, al menos como probable” (9) .

Ello no significa que esta corporación haya dado cabida a la presunción de causalidad en la responsabilidad derivada de la prestación de servicios médico asistenciales, porque esta será siempre improcedente. En efecto, aceptar esta tesis implicaría incurrir en una evidente contradicción, en la medida en que supondría la aplicación, tratándose de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial, de un régimen más gravoso para el demandado, inclusive que el objetivo (10) .

Así que no es cierto que en la responsabilidad médica opere una presunción de causalidad sino que, aun cuando al demandante le incumbe probar la existencia de dicha relación, el juez puede hallar certidumbre sobre esta si hay un “alto grado de probabilidad” de que el acto médico —causa—, sea la razón determinante de la enfermedad, secuela o muerte —efecto—.

Por consiguiente, debe la Sala reiterar lo que sobre este particular ha sostenido (11) :

“(...) de acuerdo con los criterios jurisprudenciales reseñados, la causalidad debe ser probada siempre por la parte demandante y solo es posible darla por acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la prueba que demuestre con certeza su existencia”.

Ahora bien, la diferencia entre “presunción de causalidad” —que no se aplica en estos casos— y “regla de prueba” —que sí se aplica—, no resulta inane toda vez que la primera, como presunción que es, puede ser desvirtuada por la parte contra la cual pesa, mientras que bajo la noción de regla de prueba se tiene que una vez verificado “el suficiente grado de probabilidad”, queda establecido y plenamente probado el nexo causal.

De la prestación de servicios médico asistenciales, o de lo que más técnicamente ha de llamarse “acto médico”, se desprenden unos deberes principales y otros deberes secundarios, siendo fundamental, de cara al eventual incumplimiento de unos u otros, estimar de qué modo dicho incumplimiento resulta determinante en la causación del daño.

Por la aceptada existencia de unos y otros deberes y, más aún, por la infinidad de formas en que pueden llegarse a entender estos como observados o inobservados, hay que asentir ante quienes sostienen que la actividad médica comporta “una relación jurídica compleja”.

Las anteriores consideraciones serán tenidas en cuenta para valorar los hechos de la demanda y el material probatorio en el proceso, a fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de las entidades demandadas.

III. Caso concreto

Dentro del expediente se encuentran las siguientes pruebas:

— Registro de defunción, que indica que la señora Olinda Bonilla falleció el 30 de abril de 1995 por ACV isquémico, hipertensión arterial severa (fl. 16, cdno. ppal.).

— Testimonio de Rómulo Salazar Fernández, médico de la unidad Intermedia del barrio El Jordán de Ibagué, quien manifestó que el 29 de abril de 1995 atendió a la señora Olinda Bonilla a quien diagnosticó crisis hipertensiva. Manifestó:

“Se inició manejo de la paciente, la cual se estabilizó persistiendo cefalea leve, durante el transcurso del día no hubo cambios significativos con respecto al estado del paciente hasta que entregué el turno (...). En el transcurso del día la paciente fue comentada con los médicos de urgencia del Federico Lleras y se consideró que continuara la paciente en observación dado que la paciente no presentaba ninguna gravedad” (fl. 3, cdno. 2).

— A folio 12 del cuaderno 4 de pruebas obra un registro de la Secretaría de Salud del Tolima - grupo de emergencias y desastres, en el cual consta que el 29 de abril de 1995 a las 23:50 p.m., la señora Olinda Bonilla fue trasladada del Centro de Salud Jordán al hospital de Neiva.

— Informe pericial elaborado por la doctora Adriana Rojas Barrero, médico perito forense del Instituto Nacional de Medicina Leal y Ciencias Forenses, seccional Tolima, en el cual indicó:

“1. Hoja de remisión del Centro de Salud Jordán octava etapa: “pte con cuadro de pérdida del conocimiento de 1 tarde de evolución el cual inició con lipotimia y gran agitación posterior. La paciente es hipertensa y hace 4 días no toma la droga ...ta ingreso 190/110 ... con dificultad respiratoria pupilas anisocoricas con midriasis ojo derecho ... solo responde a estímulos dolorosos. Idx. HTA. Emergencia hipertensiva. Hemorragia subaracnoidea.

2. Historia clínica del hospital general de Neiva: “paciente de 60 años quien ingresó el 30-04-95 por urgencia valorada por medicina interna quien encontró paciente hipertensa que suspendió el tratamiento con pérdida súbita del conocimiento signos de focalización, anisocoria, ... descerebración responde solo a estímulos dolorosos. IDx ACV hemorrágico ACMD se solicitó valoración por neurocirugía. Dificultad respiratoria con periodos de apnea, importantes estertores diseminados con expectoración rosada sugestivos de edema pulmonar ... Neurocirugía Glasgow 6/15. Anisocoria derecha no reactiva, facial asimétrico ... IDx: ACV hemorrágico. 17 horas: TAC cerebral: presencia de múltiples áreas hipodensas frontal bilateral, occipital media. No hay colecciones extraxiales. Conclusión: accidente vascular isquémico. Plan: manejo de UCI. Pte presentó dos paros cardiorrespiratorios, le iniciaron tratamiento con antibióticos ante la probabilidad de broncoaspiración, fallece a las 22:30. Recibió tratamiento con líquidos endoenosos, antihipertensivos, diuréticos, antiácidos y antibióticos. (...).

Conclusión: Paciente de 60 años quien fallece por falla multisistémica secundaria a hipoxia cerebral secundaria a accidente vascular isquémico” (fls. 7-8, cdno. 3 pruebas).

— Informes números 01749, 01750 y 01751 del 14 de abril de 1997 suscritos por el gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE, en los cuales indicó:

“Revisada la documentación que obra en este hospital, se pudo establecer que la Sra. Olinda Bonilla, no ingresó en el año de 1995 a esta institución” (fl. 2, cdno. 3).

“De acuerdo a las notas, encontradas en el libro de novedades de urgencias para las fechas del 29 y 30 de abril de 1995, se establece que esta paciente no ingresó al Hospital Federico Llerras Acosta de Ibagué Tolima - Empresa social del Estado. Que el día 30 de abril de 1996 (sic) a las 00:20 hora, se envió a la Dra. Dennys Guzmán (médico interno) y a la Sra. Olinda Zapata, auxiliar de enfermería para trasladar un paciente desde la Unidad Intermedia del Jordán 8ª Etapa a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Existe también una nota de las 7:40, donde indica que la Dra. Dennys Guzmán todavía se encontraba en Neiva. Después de las 11:00 horas se informó el regreso de la Dra., con la novedad que no estaba confirmándose la remisión ni había cama en UCI (Unidad de cuidados intensivos), por lo que tuvieron que dejar el paciente en urgencias del hospital de Neiva. Por último se reporta una llamada de Neiva (Henry Lozano), para informar que la mamá Olinda Bonilla no la habían atendido en el hospital de Neiva porque no habían camas disponibles y necesitaba una escanografía. Se llamó a la consola para verificar la información y el Dr. Vanegas informa que ya se comunicaron con el hospital de Neiva donde informaron que el paciente ya había sido valorado por el Neurocirujano y que el estado era crítico. La anterior nota fue firmada por la enfermera Nancy Calderón y Leonor Valderrama.

Por lo anterior se establece que no aparece que la Sra. Olinda Bonilla haya ingresado en el año de 1995 a este hospital” (fls. 1-2, cdno. 4).

“Se presentó una renuncia de la mayoría de los Médicos, renuncias que no fueron aceptadas, y que afectó la prestación normal de los servicios del Hospital. (...).

Si se atendieron pacientes en el área de urgencias. (...) No hubo paro médico y durante la situación motivada por las renuncias de los médicos, no se utilizaron los respiradores, porque no había el personal especialista para ordenar los tratamientos e impartir las instrucciones para su uso. (...).

El Hospital Federico Lleras Acosta no remitió a la Sra. Olinda Bonilla el día 30 de abril de 1995 al Hospital General de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo.

Si se cuenta con varios respiradores o ventiladores artificiales. Estos son, manejados por personal de enfermería previamente entrenado, pero siempre cumpliendo instrucciones dadas por el médico especialista tratante. (...)” (fls. 1-3, cdno. 2).

— Informe 002431 del 28 de abril de 1997, suscrito por el Secretario de Salud del Tolima, en el cual indicó que dentro del término de la urgencia presentada en el Hospital Federico Lleras Acosta como consecuencia de la renuncia de los médicos de la entidad, se elaboró un plan de contingencia con la red de servicios existentes para atender la prestación del servicio de salud con otras entidades, entre las cuales estaba el hospital general de Neiva. Los servicios fueron cancelados con los fondos de la Secretaría de Salud del Tolima (fl. 6, cdno. 3).

— Testimonio de Francisco Montoya Quesada, médico cirujano, que laboraba en el servicio seccional de salud cumpliendo funciones de turnos de consola, quien manifestó:

“Ante la renuncia de los médicos del hospital se declaró una emergencia y procedimos a contratar con los diferentes servicios de salud del país y los hospitales de los departamentos limítrofes. Concretamente no recuerdo haber atendido el caso de esta señora pero el manejo en general que se le dio a las personas que solicitaron los servicios al Federico Lleras sobre la valoración clínica y la conducta a seguir con los pacientes una vez obteníamos esto, investigábamos en los distintos sitios incluidas las clínicas particulares de la ciudad y una vez se comprometían a recibirlos, remitíamos el paciente. En esa oportunidad que yo recuerde fueron remitidos pacientes al Huila, concretamente al hospital de Neiva, a Manizales al Hospital Universitario y Pediátrico y a Bogotá a los diferentes centros incluida la Fundación Santa Fe” (fl.3, cdno. 4).

— Declaración de José Orlando Quiñónez Pineda, médico especialista en medicina familiar, quien para la época de los hechos se desempeñaba como coordinador técnico de la Secretaría de Salud del Tolima:

“Para esa época se presentó un movimiento de los médicos vinculados con el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué que no fue calificado propiamente como paro en razón a que ellos habían presentado renuncia y después de cumplir un mes de presentada sin que se hubieran resuelto algunas pretensiones que tenían de tipo laboral, se retiraron del hospital la mayoría de especialistas quedando en funcionamiento los servicios de urgencias con los médicos generales de planta y unos pocos especialistas que atendían casos urgentes. (...) Ante la emergencia presentada el comité técnico y con la coordinación del grupo de emergencias de la misma secretaría de salud también coordinando con otras instancias departamentales, con el gerente del Hospital Federico Lleras y por consultas con el Ministerio de Salud, se trazó lo que se denomina un plan de contingencia que permite atender eventos de cualquier clase que amenacen de manera seria la salud pública. (...) Con esas herramientas se convino dentro de los hospitales con la Clínica Tolima de Ibagué, Centro Médico La Quinta, dentro del sector público con el Hospital Regional del Líbano, el San Rafael del Espinal y fuera del departamento con el Hospital San Rafael de Girardot, hospital de Armenia, el hospital de Neiva, el hospital de Caldas y el infantil de Manizales, así como varios de Bogotá (...). Otro componente en este plan fue el de establecer turnos para los profesionales médicos que desempeñábamos cargos administrativos en la secretaría, turnos llamados de consola los cuales consisten en permanecer con el radio operador atendiendo las solicitudes de diferentes organismos de salud para con un criterio médico complementado para el caso con el conocimiento administrativo de la situación lograr orientar de la mejor manera posible la remisión y ubicación de los pacientes que lo requerían. (...) Durante esa época si se atendieron pacientes en la sección de urgencias del Hospital Federico Lleras y deben existir los registros clínicos (...). Efectivamente por el retiro de varios médicos especialistas del Hospital Federico Lleras un grupo de pacientes no podían ser atendidos allí y se recurría a otros centros de la ciudad, del departamento o fuera de él para su atención. (...) para la fecha el hospital de Neiva tenía un desarrollo tecnológico y científico al del Federico Lleras de Ibagué con una ventaja y es que tenían más facilidad para la práctica de tomografía que es un medio diagnóstico muy importante en problemas del sistema nervioso central. (...)”.

— Martha Beatriz Díaz Lozano, quien en abril de 1995 se desempeñaba como profesional encargada de la coordinación del grupo de emergencias y desastres de la misma secretaría, señaló:

“(...) a raíz de la renuncia de los médicos (...), fue declarado declarar (sic) una urgencia manifiesta e implementar un plan de contingencia para suplir la deficiencia en el servicio (...), por lo tanto fue necesario adecuar y reforzar la red de servicios de salud existente especialista a expensas de los hospitales del nivel dos del departamento, la solicitud al Seguro Social, las clínicas privadas de la ciudad y hospitales de otros departamentos (...), además fue necesario contratar profesionales para atenciones específicas como el caso de un pediatra que atendió en el Hospital Federico Lleras. (...) Además para la coordinación administrativa de las remisiones de pacientes se reforzó la central de comunicaciones con el servicio de consola prestado por médicos inicialmente los médicos administrativos que habíamos (sic) en la secretaría de salud empezamos a hacer los turnos para cubrir las 24 horas pero al hacerse esto insuficiente e insostenible porque no podían atender el resto de actividades se contrataron médicos para la consola (...) quienes por turnos cubrieron las 24 horas. (...) Por tal razón si un paciente era remitido la decisión es del médico tratante y en esa época la consola de la secretaría daba el apoyo para la consecución de la institución prestadora de servicios donde se pudiera manejar el caso de tal manera que se informaba al médico tratante del sitio donde había una cama disponible o donde se pudiera realizar un examen. Una vez conocido por la consola la necesidad de remitir un paciente por cualquiera de las entidades prestadoras de servicio de la red pública del Tolima como quien recibía la información era un médico, se evaluaba conjuntamente con él el sitio donde podía ser más conveniente considerando el estado clínico del paciente la remisión. Se llamaba a la entidad donde se pensaba remitir el paciente, bien fuera por teléfono radio, se presentaba el caso al médico de esa entidad y si esta aceptaba el paciente se procedía a la remisión, de todos estos hechos se hacían registros en la consola de la secretaría. El Hospital Federico Lleras atendió pacientes en esa época. Lo que sucedía (sic) que habían renunciado los especialistas y algunos de sus médicos generales en la práctica se convirtió un hospital de nivel uno, es decir, dejó de ser un hospital de alta tecnología” (fls. 8-10, cdno. 4).

— Por su parte, Ana Felisa Gutiérrez Díaz, enfermera del Hospital Federico Lleras, declaró lo siguiente:

“Henry Lozano trabajó en el Hospital Federico Lleras, yo no conocía su mamá no recuerdo la fecha pero fue para el paro de los médicos y el turno fue en horas de la tarde yo estaba en el servicio de urgencias cuando recibí una llamada que pasara al teléfono, y al otro lado del hilo telefónico estaba Henry Lozano (...) me dijo que estaba en Neiva y me contó que le habían remitido a su mamá para el hospital de dicha localidad. Empezó a llorar y que yo interviniera para que le devolvieran a la mamá para acá para el Hospital Federico Lleras porque según él la mamá necesitaba un respirador. Cuando el me comentó yo le contesté que eso era imposible porque en este momento el hospital estaba en paro que cuando se la habían remitido a Neiva era porque el hospital no contaba con los medios para la atención. (...)”.

Cuando le preguntaron si en el Hospital Federico Lleras había respiradores para la fecha de los hechos, respondía que dicho hospital tenía 4 respiradores disponibles. Al respecto señaló: “si habían ventiladores disponibles en el hospital pero la unidad de cuidados intensivos que es donde permanecen estaba cerrada porque no había médicos y en urgencias no habían ventiladores” (fls. 7-8, cdno. 4).

— A folio 10 del cuaderno 3 obra certificado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dirección regional Tolima en el cual consta:

“Que revisado el archivo especializado que reposa en esta división de trabajo, se encuentra el fólder correspondiente a ceses de actividades. Que mediante Auto 82 de fecha 25 de abril de 1995, en el cual se comisionó a la Dra, Diana Mayerly López Betancourt, inspectora segunda de trabajo para constatar un cese de actividades en el Hospital Federico Lleras Acosta, solicitud elevada por el Dr. Julio Alfredo Lozano C., que mediante oficio I2-204 de fecha 27 de abril de 1995 proferido por la Inspectora antes mencionada manifiesta: “... No fue levantada acta dentro de la mencionada diligencia por cuanto la misma entidad que la solicitó concluyó que no era necesaria su realización...””.

Advierte la Sala que del material probatorio reseñado no es posible establecer la falla que se imputa a las demandadas y menos aún la relación de causalidad que debía existir entre la muerte de la señora Olinda Bonilla y las actuaciones u omisiones de aquéllas, como pasa a puntualizarse respecto de cada de ellas, así:

1. En lo que se refiere al departamento del Tolima —Secretaría de Salud— Centro El Jordán, observa la Sala que no se probó el estado de salud en que ingresó la paciente a dicho centro asistencial, de manera que no se puede tener certeza acerca de la forma en que la acción u omisión de dicho centro hubiere provocado el deterioro del estado de salud de la paciente.

Tampoco se probó que la atención médica prestada allí hubiera sido irregular, impertinente o defectuosa.

Lo cierto es que la señora Olinda Bonilla fue atendida en ese centro de salud por el médico Rómulo Salazar Hernández quien consultó el estado de la paciente con los médicos de la unidad de urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta; posteriormente se procedió a ubicar el hospital más cercano, que estuviera en condiciones de atender a la paciente y una vez verificada la capacidad se dispuso la remisión al hospital general de Neiva, en una ambulancia de la Secretaría del Salud del Tolima. 

Por demás, resalta la Sala que de acuerdo con lo establecido en el informe pericial, la paciente era hipertensa y había suspendido sus medicamentos 4 días antes, circunstancia de la cual se puede inferir la participación de la víctima en los hechos que dieron lugar a su muerte, pues la paciente, sin autorización, dejó de observar las prescripciones médicas. 

En efecto, este hecho, tratándose de una persona que sufre de hipertensión arterial condición que la obligaba a tomar periódicamente algunos medicamentos, condujo eficientemente a la producción del hecho (alteración al estado normal de salud), por violación directa que hiciera la víctima de las obligaciones a las cuales estaba sujeta dados sus antecedentes y condiciones de salud, violación que no puede ser imputable al Estado, bajo ninguna circunstancia.

2. En relación con el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se tiene que esta entidad no prestó servicios médico asistenciales a la señora Olinda Bonilla los días 29 y 30 de abril de 1995. Tampoco tuvo contacto con la paciente pues de los informes se evidencia que ella nunca se presentó en el hospital. En efecto, la paciente nunca llegó a la unidad de urgencias del hospital y en ninguna parte existe prueba que acredite que se dispuso una remisión allí que no hubiera sido atendida por negligencia o por cualquier otra circunstancia.

Manifiestan los demandantes que dicho hospital se negó a recibir a la señora Bonilla porque el personal médico se encontraba en paro. Al respecto se tiene demostrado que en el mes de abril los médicos de la entidad habían presentado renuncias masivas a sus empleos, razón por la cual se afectó la prestación normal de los servicios del hospital y para atender esta emergencia, el hospital adoptó las siguientes medidas:

Continuó la atención médica de urgencias;

Los médicos que desempeñaban en empleos administrativos en la secretaría de salud organizaron turnos de consola durante 24 horas, los cuales consisten en atender por radio las solicitudes de los diferentes centros de salud, para acordar las remisiones de los pacientes a otras entidades con capacidad para atender cada caso;

El comité técnico y la coordinación del grupo de emergencias de la Secretaría de Salud del departamento del Tolima y el hospital contactaron otras entidades prestadoras de servicios de salud de los municipios cercanos para que atendieran a los pacientes que requieran los servicios del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Estos servicios fueron cancelados con los fondos de la secretaría de salud.

Como se observa, a la señora Olinda Bonilla nunca le fue negada atención alguna por el Hospital Federico Lleras Acosta como quiera que esta entidad no tuvo contacto alguno con la paciente en la fecha de la muerte. Aún teniéndose probado que en ese hospital se produjeron algunas circunstancias que afectaron el normal funcionamiento de la entidad y de la prestación de los servicios médicos, no se encontró ninguna prueba que indicara que el hospital se negó a recibir a la paciente. El material probatorio evidencia que el hospital y la secretaría de salud adoptaron las medidas pertinentes para atender la situación de emergencia.

Ahora bien, en la demanda, los actores narraron que la ambulancia en la cual se trasladó a la señora Olinda Bonilla del Centro de Salud el Jordán al hospital de Neiva era del Hospital Federico Lleras Acosta. Al respecto dirá la Sala que aunque no existe prueba concreta de que la ambulancia haya sido de propiedad del hospital, no es posible determinar, con esa simple manifestación, que el hecho de prestar una ambulancia equivalga a que dicha entidad se hubiere negado a prestar atención médica a la paciente o que la prestó de manera deficiente, constituyendo así una falla.

En este orden de ideas se resalta que el hospital nunca recibió ni atendió a la paciente, de tal manera que no es posible establecer que dicha entidad hubiera tenido ingerencia en el deterioro de la salud de la señora Bonilla por acción o por omisión, menos aún cuando se tiene claro que la actuación de la paciente en el sentido de suspender los medicamentos fue determinante para que se presentara la afectación de su salud que dio lugar a su muerte. 

Dado que, no se probó que el Hospital Federico Lleras Acosta hubiera atendido o se hubiera negado a atender a la paciente, ni que esta circunstancia hubiese sido determinante en la causa de la muerte y, como quiera que se observa que la entidad adoptó las medidas necesarias frente a una situación anormal en la prestación de los servicios de salud, advierte la Sala que, en este caso, no se configuraron los elementos constitutivos de una falla médica o de una falla del servicio que llegara a estar relacionada o incidir en la muerte de la señora Bonilla. 

3. Respecto del Hospital General de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, la Sala se abstiene de emitir cualquier pronunciamiento, pues esta entidad no fue demandada ni vinculada al proceso.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se probaron los elementos constitutivos de responsabilidad extracontractual por falla del servicio, razón por la cual confirmará el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de abril de 1998, en la que se niegan las súplicas de la demanda.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. HernándezEnríquez, ausente—Fredy Ibarra Martínez—RamiroSaavedra Becerra.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6782, sentencia del 30 de julio de 1992, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11878, sentencia del 10 de febrero de 2000, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 14696. Sentencia del primero de julio de 2004, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(4) Sobre la aplicación de la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, que permite la corrección de la ley para evitar una consecuencia injusta no prevista por el legislador, ver sentencias de la Corte Constitucional C-1547 de 2000 y SU-837 de 2002.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de julio de 2004, expediente 14696.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 14696, sentencia del primero de julio de 2004, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(7) Cfr: “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño)”. Ed. Cvitas S.A., Madrid, 1995, pág. 77.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 12655, sentencia del 7 de octubre de 1999, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. “Se trata tanto de una regla de valoración y de razonamiento para el juzgador ante la falta de prueba de la falla, aunque no de los otros extremos (el daño y la relación causal adecuada), como de una regla dirigida a regular la conducta procesal de las partes”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 12843, sentencia del 22 de marzo de 2001. M.P.(sic).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 14696, sentencia del primero de julio de 2004. M.P. Alier Hernández Enríquez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13284, sentencia del 22 de marzo de 2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

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