Sentencia 15284 de junio 5 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Carlos A. Orjuela Góngora

Santafé de Bogotá, D.C., junio cinco de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 15284.

Autoridades nacionales.

Actor: Zenaida Sánchez Basto

EXTRACTOS: «Para entrar al estudio de fondo del sub júdice es necesario previamente identificar las normas que informan el régimen laboral de los diputados. En efecto, la época de los hechos planteados por el accionante se subsume dentro de dos períodos constitucionales, de lo cual se deriva lo siguiente:

El Código de Régimen Departamental (D. 1222/86) incorporó en sus artículos 54 a 58 el régimen salarial, prestacional e indemnizatorio de los diputados, destacando los respectivos factores económicos así como los límites a la asignación diaria de los montos salariales. A este respecto dispuso el estatuto departamental en su artículo 55:

“La asignación diaria de los diputados a las asambleas departamentales, por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro concepto, en conjunto o separadamente, no podrá exceder de la suma total que por razón de dietas y gastos de representación perciban diariamente los miembros del Congreso.

Las anteriores asignaciones solo (sic) se percibirán durante las sesiones ordinarias o extraordinarias de la corporación, según el caso”.

Como bien puede apreciarse, esta norma restringió claramente la asignación diaria de los diputados al monto percibido diariamente por los miembros del Congreso a título de dietas y gastos de representación, esto es, circunscribió dicha asignación a lo efectivamente recibido por los congresistas en razón de tales conceptos. Por contera, bajo esta preceptiva el valor devengado por los diputados no se podía equiparar al valor devengado por los congresistas, de suerte que la asignación de aquellos al tener como límite lo percibido por éstos, ostentaría en la práctica un quantum inferior tanto en lo devengado como en lo percibido, es decir, en lo efectivamente recibido.

En relación con la diferencia que campea entre los vocablos devengar y recibir, esta subsección, con ponencia del doctor Carlos A. Orjuela Góngora se pronunció en la sentencia del proceso 13756 del 8 de mayo de 1997 en los siguientes términos:

“Ahora bien, no obstante los planteamientos ya expuestos en primera instancia, conviene insistir sobre los efectos económicos que para la actora se derivan de la disímil naturaleza de los verbos devengar y recibir. En efecto, reconociendo que mientras el primero de ellos alude a la causación económica y contable de un derecho laboral, al paso que el segundo se contrae a lo efectivamente percibido por el servidor, para todos es claro que en virtud de los descuentos parafiscales y otros de diferente estirpe, lo que recibe el empleado o trabajador, salvo excepcionales hipótesis, ostenta un monto inferior a lo devengado.

Cosa distinta ocurre si esta situación la miramos desde el ángulo netamente presupuestal, ámbito dentro del cual no se establece distingo entre lo devengado y lo recibido por el servidor, toda vez que allí se atiende exclusivamente a lo apropiado para pago de salarios, ya dentro de los gastos de funcionamiento, ora dentro de los gastos de inversión. Apropiación que tiene sus efectos inmediatos a nivel de lo devengado por los respectivos servidores, sin que para nada importe el pago efectivo de los salarios o remuneraciones, pues, evidentemente, una es la función presupuestal y otra bien distinta la función pagadora”.

De otro lado, cuando el artículo 56 del régimen departamental señala el conjunto normativo que ampara a los miembros del Congreso y de las asambleas departamentales en lo tocante a prestaciones e indemnizaciones, tal mandamiento debe entenderse referido exclusivamente a éstas dos contraprestaciones, que no a la asignación diaria de los diputados, toda vez que el contenido y alcance del pretranscrito artículo 55 ibídem es suficientemente claro para todos.

La nueva Constitución Política sustituyó el régimen salarial y prestacional de los diputados disponiendo en el inciso cuarto de su artículo 299:

“Con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones correspondientes”.

Ahora bien, considerando que a 31 de diciembre de 1994 no se había expedido la ley que debía fijar los criterios y límites atinentes a los honorarios de los diputados, los preceptos de alcance departamental ya referenciados habrían de mantener todo su vigor en el caso sub exámine, como en efecto lo admite esta Sala.

En el plenario está acreditado: que la demandante fue Diputada a la Asamblea del Tolima (fls. 17 y vto.); que desempeñó el cargo de diputada desde el 31 de enero de 1994 (fl. 48); que se le pagaron durante 1994 los valores que al efecto se relacionan por concepto de dietas, gastos de representación, prima de navidad, prima vacacional e indemnización por vacaciones (fl. 49); el monto de las sumas devengadas por un representante a la Cámara durante el año 1994, por concepto de dietas y gastos de representación (fl. 11, cdno. 2).

Con arreglo a estas probanzas tenemos que, del cotejo entre lo devengado por un representante a la Cámara en 1994 (a título de dietas y gastos de representación) y lo percibido por la libelista por los mismos conceptos y durante el mismo año, se infiere al rompe que ésta recibió valores superiores a los autorizados por el artículo 55 del Código de Régimen Departamental, con el subsiguiente detrimento pecuniario del tesoro público. Con todo, en relación con esta infracción el tribunal de instancia no se pronunció en modo alguno, pues como ya quedó expuesto al comentar la sentencia apelada, en las consideraciones de mérito el a quo se limitó a transcribir lo ya expresado en un caso similar al de autos.

Claro es entonces que el monto de lo percibido por la demandante durante 1994 a título de dietas y gastos de representación rebasó el límite establecido en el artículo 55 del Decreto 1222 de 1986, descartándose in límine cualquier pretensión encaminada a una tal reliquidación salarial.

Consecuentemente la Sala estima que las pretensiones de la demandante no están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

(...).

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