Sentencia 15285 de agosto 17 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sent.: 15285. Aprobado Acta 139

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil.

EXTRACTOS: «Evaluación formal de la demanda. 1. En la primera objeción, postulada por el sendero de la causal 3ª de casación, el censor pregona la ilegalidad o la nulidad de la denominada diligencia de allanamiento, por medio de la cual la policía hizo el decomiso de la cocaína y capturó a algunos de los supuestos responsables del tráfico de estupefacientes, entre ellos el condenado Euclides Rafael Valdeblanquez Arregoces.

Pues bien, el allanamiento se define sólo como un medio o autorización coercitiva para llevar a cabo el registro de un domicilio y eventualmente capturar a una persona u obtener información traducida en el decomiso de elementos. Así pues, como el allanamiento es la fuente de la prueba, bien porque el ataque se dirija a ésta como resultado o a aquél como medio, la vía correcta para impugnar la sentencia sería la prevista en la causal primera de casación, por violación indirecta de la ley sustancial, como error de derecho por faIso juicio de legalidad.

En efecto, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, es “nula de pleno derecho” la prueba obtenida con violación del debido proceso, lo cual significa que cuando un medio probatorio está afectado en la regularidad de su formación, o desconoce las garantías fundamentales que lo limitan, sencillamente dicho elemento de convicción en concreto se tiene como jurídicamente inexistente. La consecuencia obvia de tan claro tratamiento constitucional de la prueba inválida, sería la de que ésta no puede servir de fundamento a la decisión judicial de fondo que se avecina, pero en manera alguna la anomalía probatoria afectaría de nulidad el resto de la actuación procesal. Es decir, si la diligencia de allanamiento tachada por el censor de ilegal, se considera como el medio para obtener la prueba fundamental de cargo, y además no existía otra que sustentara en igual medida un fallo condenatorio, el camino correcto era hacer ver el falso juicio de legalidad y pedir, en consecuencia, la conversión a una sentencia absolutoria, pero en manera alguna procurar una inexistente nulidad del proceso.

Equivocó el demandante la causal de casación escogida.

11. En la segunda parte de los errores in procedendo, el impugnante se refiere a otra nulidad cifrada en que el calificador de segunda instancia, a pesar de su oportuna petición de invalidez por violación al debido proceso y el derecho de defensa, guardó silencio en la providencia y no dio respuesta al petitum. No explica el censor el sentido y la trascendencia de la mentada omisión, así como su eventual compromiso en la continuidad de la supuesta irregularidad, a pesar de que contaba con una preciosa oportunidad para hacerla valer en la iniciación del juicio (C.P.P. art., 446).

lIl. El segundo cargo se ha denominado como error de hecho por falso juicio de identidad, pero, aparte de que son completamente extraños los supuestos ofrecidos para satisfacer el señalamiento de ese decantado sentido de la violación indirecta de la ley sustancial, el verdadero soporte fáctico del yerro tampoco se comprende, porque el actor primero alude a la misma omisión de respuesta por parte del fiscal de segunda instancia (sin acudir a subsidiariedad), pero después da a entender que el agravio se produjo por el agregado de otra imputación delictiva en la calificación de segundo grado.

Así entonces, establecido que el falso juicio de identidad corresponde a un error de hecho cometido por la tergiversación material de la prueba, en la medida en que el juzgador le hace agregados o supresiones al contenido de la misma, no se entendería cómo la ausencia de respuesta a una petición específica de la defensa podría llegar a constituir el supuesto de dicha clase de yerro.

Por otra parte, los agregados arbitrarios que caracterizan el falso juicio de identidad, se repite, tienen como escenario el; contenido material de las pruebas, no el ámbito de las providencias judiciales.

Por último, con mayor desacierto e imprecisión en el discurso, el demandante dice que la calificación de segunda instancia, dada la intensificación de los cargos delictivos señalados en la acusación de primer grado, sería un “acto anulable”, argumento que sorpresivamente desvía sin explicación la censura desde la causal primera a la tercera. De igual manera, el actor se refiere a una ruptura de la unidad proceso, originada supuestamente en la misma conducta del fiscal, pero no demuestra cómo es que tal fenómeno se produjo en el iter procesal.

Son patéticas las confusiones en la presentación de la demanda, hasta el punto que no es posible establecer si realmente hubo errores en la concepción de la sentencia atacada, ni tampoco determinar el verdadero camino escogido por el actor para aspirar a su remoción.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Euclides Rafael Valdeblanquez Arregoces.

En relación con esta providencia, no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y devuélvase.

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