Sentencia 15292 de febrero 8 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 25000-23-27-000-2002-01175-01 (15292)

Consejera ponente:

Dr. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Lanier Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Ref.: Apelación de la sentencia del 7 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal.

Fallo

Bogotá, D.C., febrero ocho de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad actora presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable de 1997, el 16 de abril de 1998, en la que liquidó un impuesto neto de renta de cero, retenciones por $ 370.554.000 y un total saldo a favor por la misma suma.

El 27 de abril de 1999 corrige la declaración para acogerse al beneficio de auditoría contemplado en el artículo 111 (transitorio) de la Ley 488 de 1998, para lo cual liquida un impuesto neto de renta de $ 51.000, por lo que disminuye el saldo a favor a $ 370.503.000, y en la parte de pagos cancela la suma de $ 197.000 discriminados en: impuesto: $ 51.000, sanción: $ 120.000 e intereses: $ 26.000.

El 28 de abril de 1999 nuevamente corrige la declaración, aumenta el impuesto a cargo a $ 70.000, conserva igual saldo a favor y en las casillas de pagos cancela: por impuesto $ 19.000, sanción $ 120.000, intereses $ 10.000, para un total pagado de $ 149.000.

El 26 de mayo de 1999, otra vez corrige el denuncio rentístico, para subsanar la omisión en el diligenciamiento del renglón de sanciones (VS), en el que incluye $ 240.000, lo que disminuye el saldo a favor a $ 370.244.000.

El 28 de agosto de 1998, la división de recaudación de la administración de grandes contribuyentes de Bogotá, compensó el saldo a favor de $ 370.554.000 liquidado en la declaración de renta de 1997, presentada el 16 de abril de 1998 a obligaciones por IVA del segundo bimestre de 1998 y retención de abril del mismo año.

Mediante auto del 9 de septiembre de 1999, la división de fiscalización de la administración de grandes contribuyentes de Bogotá, no acepta por improcedente el beneficio de auditoría por el año gravable de 1997 a la accionante.

La dependencia mencionada inicia investigación tributaria con el Auto de Apertura 310631999-000521 del 12 de noviembre de 1999 y dicta Auto de Verificación o Cruce 310632000000332 de mayo 4 de 2000, cuyos resultados se plasmaron en acta fechada el 22 de junio de 2000.

Con fundamentos en las respectivas verificaciones, se profirió el Requerimiento Especial 310632000000214 del 12 de julio del 2000, que frente a la privada del 26 de mayo de 1999, propone las siguientes modificaciones:

— No procede en el renglón 88 descuento por IVA en bienes de capital por $ 45.692.000, de acuerdo con el artículo 258-1 del estatuto tributario (vigente en el año gravable de 1997), porque las máquinas fueron adquiridas con el ánimo de enajenarlas dentro del giro ordinario del negocio.

— El rechazo de $ 224.947.000 por concepto de castigo de cartera, por no cumplir con los requisitos del artículo 146 del estatuto tributario y los artículos 79 y 80 del Decreto 187 de 1975.

— Sanción por inexactitud de $ 199.286.000.

Dentro del término legal, la actora responde el acto mencionado con los siguientes argumentos:

— Firmeza de la declaración privada en atención a lo previsto en el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, pues la contribuyente no perdió el beneficio de auditoría por el hecho de no incluir en el formulario de la declaración, la sanción por corrección, ya que esta aparece en la parte de pagos;

— En cuanto al rechazo del IVA en bienes de capital, indicó que la sociedad realiza tres actividades: venta y arrendamiento de fotocopiadoras y servicio de mantenimiento, por lo que cuando son arrendadas, la sociedad las capitaliza, disminuye el inventario y aplica depreciación. Una vez retiradas de inventario genera el IVA y lo registra como anticipo de renta, con lo que cumple con lo señalado en el artículo 104 de la Ley 223 de 1995.

— Frente al rechazo de cartera remite a certificación de las oficinas de cobranzas donde consta el número de factura y la calidad de incobrabilidad de la deuda; y de la sanción por inexactitud evidenció una diferencia de criterios, que exonera de su imposición.

El 26 de marzo de 2001, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 310642001000054, que confirma las partidas rechazadas en el requerimiento especial, con fundamento en que el beneficio de auditoría obliga a liquidar en la declaración de corrección la correspondiente sanción, aspecto que trato de subsanar la sociedad en la declaración del 26 de mayo de 1999; una interpretación equivocada de la disposición legal sobre el descuento de IVA en bienes de capital, pues dicha prerrogativa no opera en el retiro de inventarios y como las máquinas fueron adquiridas y activadas en 1996, es improcedente el descuento en una vigencia diferente a su nacionalización; y mantiene la sanción por inexactitud.

Previa interposición del recurso de reconsideración respectivo, es decidido a través de la Resolución 310662002000005 del 19 de abril de 2002, en el sentido de modificar el acto oficial de revisión, al aceptar la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, con la liquidación de un impuesto a cargo de $ 45.743.000, una sanción de inexactitud de $ 73.077.000, y un total saldo a favor de $ 251.494.000.

(...).

Consideraciones de la Sala

La Sala debe decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primer grado que anuló los actos administrativos demandados y declaró en firme la liquidación privada de renta del año gravable de 1997.

El asunto jurídico a dilucidar se concreta en determinar si la sociedad actora estaba cobijada por el beneficio de auditoría consagrado en el artículo 111 (transitorio) de la Ley 488 de 1998, o si por el contrario, como lo sostiene la entidad demandada el hecho de no haber liquidado en el renglón correspondiente a sanciones ningún valor, a pesar de que en la parte de pagos aparece cancelada, origina la pérdida de la prerrogativa fiscal de firmeza de la declaración de renta de la vigencia fiscal de 1997, y en consecuencia procedía su modificación para rechazarle el descuento tributario por IVA en bienes de capital e imponerle sanción por inexactitud. Sólo en el evento en que la Sala encuentre que no se cumplen con los presupuestos normativos para dicha figura fiscal, se estudiarán las demás glosas planteadas en los actos oficiales.

El artículo 111 de la Ley 488 de 1998, rezaba:

ART. 111. TRANS.—El término de firmeza para las declaraciones privadas del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los años gravables de 1996 y 1997, que sean corregidas para incrementar por lo menos en un treinta por ciento (30%) el impuesto neto de renta liquidado por el contribuyente, será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, siempre y cuando la totalidad de los valores a cargo por impuestos, sanciones e intereses, sean cancelados dentro de la misma oportunidad, e independiente de que sobre las mismas exista auto de inspección tributaria o contable, emplazamiento para corregir o requerimiento especial. Para efectos de lo anterior, el término para corregir y pagar las declaraciones privadas vence una vez transcurridos los cuatro (4) meses señalados.

En el caso de los contribuyentes que, a la fecha de vigencia de la presente ley, no hayan presentado declaración de renta y complementarios por los años gravables 1996 y/o 1997, y cumplan con dicha obligación dentro del término de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, les será aplicable el término de firmeza de la liquidación privada previsto en el inciso anterior, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta en los porcentajes que se indican a continuación, y cancelar la totalidad de los valores a cargo por impuestos, sanciones e intereses dentro de la misma oportunidad: (…) (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con el texto de la disposición legal transcrita, el legislador a través del beneficio de auditoría, buscaba aumentar los ingresos del erario, al permitir que los contribuyentes que aumenten en un porcentaje específico el margen de tributación por renta, obtengan dentro del plazo fijado en la ley [cuatro meses contados a partir de la fecha de su vigencia (1) ], la firmeza de la declaración.

Para ello, los denuncios rentísticos de los años gravables de 1996 y 1997, debían ser corregidos para incrementar el impuesto neto de renta por lo menos en un treinta por ciento (30%), siempre y cuando la totalidad de los valores a cargo por impuestos, sanciones e intereses, fueran cancelados a más tardar el 28 de abril de 1999. En igual forma, para quienes no hubiesen declarado, con el cumplimiento del deber formal dentro del mismo lapso, con incrementos porcentuales del 40 y 50% del impuesto y el pago de las sumas pertinentes (impuesto, sanciones e intereses), se obtenía la prerrogativa fiscal.

Entonces, en el caso concreto el beneficio de auditoría operaba en la medida en que el contribuyente cumpliera con la finalidad perseguida por la ley, que no es otra, que en la declaración de corrección de los periodos 1996 y 1997, incrementara en un treinta por ciento (30%) el impuesto neto de renta, y pagara dentro de la oportunidad legal lo referente al mayor impuesto, sanciones e intereses.

Con esa misma óptica, el artículo 6º del Decreto 433 de 1999, en los literales b) y c) determinan que por tratarse de una declaración de corrección debían liquidar la sanción y cancelar los valores por impuestos, sanciones e intereses que resultaran a cargo en tal modificación.

En el asunto debatido, la Sala observa que la sociedad con el fin de acogerse al beneficio de auditoría por el año gravable de 1997, corrigió inicialmente la declaración de renta y complementarios el 27 de abril de 1999, en donde liquidó un impuesto neto de renta de $ 51.000, dado que en la inicial (abr. 16/98) consignó cero; en el renglón 109 sanciones reflejó cero, con un total saldo a favor de $ 370.503.000, pero en la parte de pagos [renglones 112 a 115] llevó por impuesto $ 51.000, sanción $ 120.000, intereses de mora $ 26.000, para un total cancelado de $ 197.000 (fl.137, cdno. a.).

Posteriormente volvió a corregir el denuncio rentístico el 28 de abril de 1999, para registrar un impuesto neto de renta de $ 70.000, en el renglón 109 sanciones consignó cero, total saldo a favor $ 370.503.000, e igualmente en los renglones de valores pagados [112 a 115], liquidó impuesto $ 19.000, sanciones $ 120.000, intereses moratorios $ 10.000, total pagado $ 149.000 [fl.136 ib].

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que el argumento de la DIAN para negar el beneficio de auditoría desconoce el valor pagado por sanción, y para nada desnaturaliza que la sociedad actora cumplió con los parámetros legales para que la liquidación privada por la vigencia fiscal de 1997, adquiriera la firmeza anticipada de cuatro (4) meses prevista en el artículo 111 (transitorio) de la Ley 488 de 1998, toda vez que incrementó el impuesto neto de renta en el treinta por ciento (30%), liquidó y pago el mayor valor arrojado por esta causa, junto con la sanción por corrección cuantificada en $ 120.000 (2) y los respectivos intereses moratorios.

Así las cosas, la omisión de la sanción de $ 120.000 en el renglón 109 sanciones de la liquidación privada, no tienen la virtud suficiente para hacer inoperante el beneficio de auditoría, toda vez que es una realidad indiscutible e incluso aceptada por la misma administración, que la contribuyente pago íntegramente los valores a cargo por impuesto, sanciones e intereses, que es precisamente lo pretendido por el legislador al consagrar la prerrogativa fiscal.

En efecto, estima la Sala que el error transcriptivo en la declaración corregida el 28 de abril de 1998, al omitir la sanción por corrección en el renglón respectivo [109] pero tenerla en cuenta y cancelarla dentro de la oportunidad legal, no puede acarrearle al contribuyente la pérdida del beneficio fiscal, como quiera que de las disposiciones legales no se desprende esa consecuencia jurídica, y además como lo sostuvieron el a quo y el Ministerio Público, no puede llegarse a tal rigorismo, que dé supremacía a lo formal obre lo sustantivo. (C.N., art. 228), cuando está probado fehacientemente que la sanción fue pagada.

Por tanto, como en el sub lite se cumplió con liquidar y pagar la sanción por corrección, único motivo que tuvo la administración para negar el beneficio de auditoría, la liquidación privada de renta por el año gravable de 1997 fechada el 28 de abril de 1999, adquirió la firmeza prevista en la ley, razón por la cual estaba vedado para el ente fiscal modificarlo a través de los actos administrativos impugnados.

En consecuencia, como operó la figura jurídica del beneficio de auditoría consagrado en el artículo 111 (transitorio) de la Ley 488 de 1998, no es viable estudiar las demás glosas, lo que conduce a confirmar lo decidido en la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la Nación a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel en los términos del poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Publicada en el Diario Oficial 43460 del 28 de diciembre de 1998.

(2) El valor de $ 120.000 corresponde a la sanción mínima vigente para el año gravable de 1999, Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1998.

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