Sentencia 15294 de noviembre 8 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000232700020020912 01 (15294)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Comercializadora e Importadora Autocheco Ltda. en restructuración

Impuesto renta

Fallo

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, según los términos del recurso de apelación presentado, si operó el silencio administrativo y por tanto, si el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión se entiende resuelto a favor del contribuyente, por no haberse resuelto dentro del término de un año.

Se debe dilucidar concretamente si la administración puede acudir al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y notificar por aviso cuando no sea posible la notificación personal.

La notificación de los actos administrativos, como factor esencial del debido proceso, busca proteger el derecho de defensa, garantizando que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados, para que enterados de lo que se ha resuelto en un asunto de su interés, puedan controvertir la actuación a través de los recursos en vía gubernativa o ante la jurisdicción, según el caso.

Es claro, que no basta la sola expedición del acto administrativo sino que este se dé a conocer dentro de la oportunidad legal para proferir la actuación. Al respecto, esta corporación señaló:

“Adicionalmente, el alcance de la expresión “resolver” y “resuelto” que utilizan las normas transcritas, ha sido interpretado en abundante jurisprudencia de la Corporación. En efecto, al respecto la Sala ha precisado que la decisión a la que se refiere la ley, es la “notificada legalmente”, dentro de la oportunidad legal, ya que de otra manera no puede considerarse resuelto el recurso, comoquiera que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce los efectos jurídicos correspondientes y por lo tanto, no puede tenerse como fallado el recurso presentado... ” (1) .

El conocimiento de los actos administrativos a través de la notificación es una actividad absolutamente reglada, por lo que no admite discrecionalidad por parte del fisco. Los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación, sin perjuicio de que sea posible determinar que el administrado se dio por enterado y actuó de conformidad, en la denominada notificación por conducta concluyente de que trata el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo.

En general, todos los procedimientos administrativos están regulados por la primera parte del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, conforme a su artículo 1º se dejan a salvo aquellas normas de carácter especial que se aplican de manera preferente. Es el caso del estatuto tributario, el cual regula específicamente las actuaciones de la administración impositiva.

El artículo 565 del estatuto tributario dispone de manera especial, la forma de notificación de las actuaciones proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

“ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación” (resalta la Sala).

De acuerdo con la norma transcrita, aquellas actuaciones que deciden los recursos interpuestos se notifican personalmente, no es posible su notificación por correo y solo se acepta la notificación por edicto de manera excepcional, cuando se den las condiciones señaladas.

El artículo 569 del estatuto tributario señala la manera de practicar la notificación personal:

“ART. 569.—Notificación personal. La notificación personal se practicará por funcionario de la administración, en el domicilio del interesado, o en la oficina de impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citación.

El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega”.

En materia tributaria, los actos que resuelven recursos agotan la vía gubernativa y ponen fin a la actuación administrativa. Por ello, la normatividad garantiza a través de la notificación personal, el conocimiento del acto y otorga certeza sobre el momento preciso en el cual el interesado se enteró de su contenido. Esta forma de publicidad de los actos puede realizarse en el domicilio del interesado o en la administración y para este último caso se exige citación previa enviada por correo. La ley prevé que si el contribuyente no se presenta dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo de la citación, se procederá a notificar por edicto.

Existe entonces una regulación completa y específica en los artículos transcritos sobre la manera de dar a conocer al interesado las providencias que decidan recursos, donde se señala la notificación personal de manera expresa y se excluyen otras formas de publicidad de los actos, como la notificación por correo o la notificación por aviso en un diario de amplia circulación nacional.

Estando regulada expresamente en el estatuto tributario esta materia, no es posible acudir al Código Contencioso Administrativo, el cual solo será aplicable en lo no previsto en el ordenamiento fiscal y únicamente si el vacío persiste, podrá aplicarse el Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, para la Sala no era procedente reemplazar las formas de notificación expresamente señaladas en el estatuto tributario, por el aviso previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como alega la entidad demandada, pues no hay vacío en la ley impositiva para los eventos en que no se pueda hacer la notificación personal. Por el contrario, el artículo 565 del estatuto tributario prevé expresamente la notificación por edicto como el medio alternativo de publicidad del acto, cuando el interesado no concurre a las oficinas de la administración a notificarse personalmente.

Cabe advertir, que en relación con la manera de realizar la notificación por edicto, no hay una regulación específica en el estatuto tributario, por lo que en ese aspecto puntual sí es procedente aplicar las normas generales que regulan el procedimiento administrativo. Por ello resulta pertinente la aplicación del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo que dispone la fijación del edicto por el término de diez días con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

Y ante el silencio sobre el momento en que se entiende surtida la notificación por edicto el inciso final del artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, prevé que es al “vencimiento del término de fijación del edicto”.

Teniendo en cuenta lo expuesto se resolverá a continuación el caso concreto.

La Sociedad Comercializadora e Importadora Autocheco Ltda. interpuso recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión 310642000000188 del 20 de diciembre de 2000, mediante memorial que fue presentado personalmente por su representante legal el 21 de febrero de 2001 (fl. 1745).

Mediante auto del 6 de marzo de 2001, notificado por edicto el 4 de abril de 2001 se inadmitió el recurso por cuanto no acreditó el pago de la liquidación privada, según el literal d) del artículo 722 del estatuto tributario (fls. 1752 y 1753). Contra esta decisión la demandante interpuso recurso de reposición, argumentando que este requisito no puede exigirse en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional C-1441 del 25 de octubre de 2000 que declaró inexequible la norma invocada por la administración. Por ello la DIAN revocó el auto inadmisorio y admitió el recurso de reconsideración (fls. 1763 a 1765).

Para la Sala, el recurso fue interpuesto en debida forma el 21 de febrero de 2001, pues para esa fecha no era exigible el requisito previsto en el literal d) del artículo 722 del estatuto tributario, como lo reconoció la entidad demandada al revocar el auto inadmisorio del recurso.

La administración cuenta con el término de un (1) año contado a partir de la interposición del recurso en debida forma para decidirlo, de conformidad con el artículo 732 del estatuto tributario.

Si transcurrido este término el recurso no se ha resuelto, opera el silencio administrativo positivo, de conformidad con el artículo 734 del estatuto tributario y el proceso se entenderá fallado a favor del recurrente.

Para que se entienda resuelto el recurso, no basta que la administración profiera el acto correspondiente, sino que además debe notificarlo al interesado dentro del término previsto en la ley. Si ello no ocurre dentro del año siguiente a su interposición, se entiende fallado a favor del recurrente.

La Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes expidió la Resolución 622-900002 del 14 de febrero de 2002 con la cual pretendió resolver el recurso de reconsideración. El 15 de febrero de 2002 fue introducida al correo una citación dirigida al representante legal de la sociedad demandante para que se notificara personalmente de dicho acto en las oficinas de la DIAN dentro de los diez (10) días siguientes.

Transcurrido dicho término, sin que se notificara personalmente la actuación, la administración, invocando el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, acudió a las oficinas del contribuyente el 20 de febrero de 2000 y fijó un aviso para que el representante legal compareciera al día siguiente a notificarse. Este aviso no puede aceptarse como notificación válida, porque no es el medio establecido en la ley para publicitar las resoluciones que resuelven recursos. Por tanto, no puede entenderse que la notificación personal se surtió al día siguiente.

La administración, al parecer conocedora de la irregularidad, acudió a la notificación por edicto fijado el 4 de marzo de 2002 y desfijado el 15 de marzo del mismo año. La notificación por edicto se concretó en la fecha de su desfijación.

Toda vez que el recurso fue interpuesto en debida forma el 21 de febrero de 2001, el término para resolverlo venció el 21 de febrero de 2002, como la resolución que decidió el recurso se notificó en una fecha posterior, operó el silencio administrativo positivo y se entiende resuelto a favor del contribuyente.

En consecuencia, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no está llamado a prosperar y deberá confirmarse la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CORFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE a la abogada Flori Elena Fierro Manzano, como apoderada de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 23 de junio de 2000, Exp. 10070, M.P. Delio Gómez Leyva.

__________________________________