Sentencia 15302 de mayo 19 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 54001-23-31-000-2004-01079-01-15302

Consejero Ponente:

Juan Ángel Palacio Hincapié

Bogotá D.C., mayo diecinueve de dos mil cinco.

Actor: Ernesto Collazos Serrano C/ Municipio de San José de Cúcuta.

Asuntos municipales

Suspensión provisional —auto—

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio de San José de Cúcuta, contra el auto de 18 de noviembre de 2004 proferido por el tribunal de Norte de Santander, mediante el cual fue admitida la demanda y se ordenó la suspensión provisional de los efectos del artículo décimo primero del Acuerdo 101 del 20 de diciembre de 2002, expedido por el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, por el cual se regula el impuesto sobre el servicio de alumbrado público y se ajustan unos topes máximos para su cobro en el municipio de San José de Cúcuta, de manera que se modifica el título XIX del Acuerdo 192 de 31 de diciembre de 1999”.

La solicitud

Solicita la actora la suspensión provisional del artículo 11 del Acuerdo 101 de 2002, expedido por el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, que dice:

“Las empresas cuyos oleoductos atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana del municipio de San José de Cúcuta, pagarán un impuesto fijo mensual equivalente a ciento sesenta (160) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El demandante sostiene que tal artículo quebranta no solo la Constitución Política en los artículos 313 numeral 4º y 338, en tanto que solo pueden ser fijados los tributos de conformidad con la ley, sino además el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 —Código de Petróleos— y el 27 de la Ley 141 de 1994; porque el primero, exonera a las empresas petroleras como sujeto de tributos o impuestos municipales de todo orden y el segundo, porque las entidades territoriales no pueden establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de recursos naturales no renovables.

Manifiesta que el artículo acusado no cumple con las exigencias constitucionales para la validez del tributo, pues no existe claramente en su imposición la determinación del sujeto pasivo, del hecho generador, la causación, la base gravable y la tarifa, todo ello con base en que ni siquiera las empresas que deben cancelar tal tributo son consumidoras de energía.

El auto recurrido

Frente a la solicitud de suspensión provisional presentada por el demandante, el a quo estimó que el Acuerdo 101 de 2002, en su artículo undécimo, es violatorio de los artículos 313 numeral 4º y 338 de la Constitución Política, 16 del Decreto 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141 de 1994.

Consideró que del texto del artículo aprobado se infiere la violación manifiesta a dichas normas, porque en estas últimas se reitera la prohibición de gravar con impuestos locales, la actividad de transporte de petróleo, teniendo en cuenta que los oleoductos de acuerdo al Código de Petróleos son considerados como empresas de transporte; mientras que al establecerse en el artículo décimo-primero del Acuerdo 101 de 2002 como sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público a “Las empresas cuyos oleoductos atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana del municipio de San José de Cúcuta...”, se está instaurando el cobro de un tributo de carácter local a las empresas que transporten petróleo por medio de oleoductos, lo que está prohibido por tal normatividad.

Concluyó que era procedente la medida precautelativa impetrada si se tiene en cuenta que a primera vista y sin mayor esfuerzo, se puede detectar que el acto acusado incurre en una violación de las normas cuyo quebrantamiento se le atribuyen.

El recurso

Inconforme con la decisión del tribunal, el apoderado judicial del municipio de San José de Cúcuta, consideró que la suspensión provisional se encuentra en abierta contradicción con los lineamientos de la Carta Política, ya que el acuerdo censurado se proyectó, se debatió y se aprobó conforme lo establece la norma superior en los artículos 287, 313, 338, 362, 363 y en consecuencia, desconocer la primacía supralegal de esta normatividad frente al artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 y el 27 de la Ley 141 de 1994, no es más que una interpretación errónea de los postulados del Estado social de derecho.

Hizo referencia a varias sentencias de la Corte Constitucional concernientes al tema de las tasas, los impuestos y las contribuciones fiscales y parafiscales, en las que se hacía alusión a la definición de cada uno de esos conceptos.

Finalmente, invocó la excepción de inconstitucionalidad, por estimar que el acuerdo demandado fue concebido conforme lo ordena la Carta Política; al efecto, hizo referencia a la explicación que sobre el tema trae la doctrina.

La oposición

Dentro del término de traslado del recurso en la presente instancia, la parte contraria conforme con la decisión de suspensión del artículo acusado, reitera sus argumentos en el sentido de estimar que el mismo vulnera los artículos 313 numeral 4º y 338 de la Carta Política, al igual que el artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

Para resolver, se considera:

El recurso de apelación va dirigido a que se revoque la suspensión provisional decretada en el auto admisorio de la demanda, con fundamento en que tal decisión se encuentra en abierta contradicción con los lineamientos de la Carta Política, ya que el acuerdo censurado se proyectó, se debatió y se aprobó conforme lo establece la norma superior en los artículos 287, 313, 338, 362, 363 y en consecuencia desconocer la primacía supralegal de este articulado frente al artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 y el 27 de la Ley 141 de 1994, lo considera como una interpretación errónea de los postulados del Estado social de derecho.

Observa la Sala que le asiste razón al a quo, cuando considera que el acuerdo en el artículo acusado, debe ser objeto de suspensión provisional por instaurar el cobro de un tributo de carácter local a las empresas que transportan petróleo por medio de oleoductos, por las siguientes razones:

De conformidad con lo establecido por el Decreto 1056 de 1953 —Código de Petróleos—, en el título VIII, artículos 45 y siguientes, los oleoductos se consideran como empresas de transporte del petróleo crudo o de sus derivados, que pueden ostentar el carácter de empresas públicas, si se trata de oleoductos de uso público o que pueden ser privados cuando sean construidos y beneficiados por las propias empresas explotadoras o refinadoras de petróleo, para su uso exclusivo y el de sus afiliadas o construidos por dos o más compañías no afiliadas para beneficio de sus respectivas explotaciones.

Por su parte el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 dispone:

“ART. 16.—La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.

“(...).

De otro lado, el artículo 27 de la Ley 141 de 1994, preceptúa que:

“Prohibición a las entidades territoriales. Salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables” (resalta la Sala).

De tal normatividad se infiere con claridad, no solo la prohibición para las entidades territoriales de imponer tributos a la explotación de los recursos naturales no renovables, sino además, la exención de toda clase de impuestos, no solo departamentales sino también municipales, en lo que al transporte del petróleo se refiere, de modo que las empresas que transporten petróleo, que como lo indica el Código de Petróleos, lo hacen por medio de oleoductos, se encuentran exentas de tributar a nivel local.

Es por lo anterior que en sentir de la Sala al establecerse en el artículo undécimo del Acuerdo 101 de 2002, como sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público a las “empresas cuyos oleoductos atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana del municipio de San José de Cúcuta”, se vulneran de manera evidente los preceptos transcritos, por lo que la medida precautelativa es procedente.

Por lo demás, no es de recibo la afirmación del apelante en el sentido de que la decisión de suspender provisionalmente el artículo en cuestión, desconoce la primacía supralegal de la Carta Política frente a la Ley 141 de 1994 y el Decreto 1056 de 1953; porque en materia tributaria territorial los entes facultados para establecer los tributos, no solo deben someterse a la Constitución Nacional, sino también a la ley, en virtud de que es la misma Carta Política en el numeral 4º del artículo 313 la que dispone como atribución de los concejos “Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”.

Así las cosas, se confirmará el numeral 6º de la decisión apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el numeral 6º del auto de fecha 18 de noviembre de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al Dr. Jesús Antonio Flórez Vera para representar al municipio de San José de Cúcuta.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, presidente—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

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