Sentencia 15338 de agosto 29 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sent.: 15338. Aprobado Acta 144

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala. 1. Desde tiempos lejanos se tiene dispuesto que la demanda de casación se caracteriza fundamentalmente por ser un escrito que obsecra respuestas. Ello significa, entonces, que tal texto debe reunir determinadas condiciones, como su clareza o transparencia y su rigor o delimitación exacta respecto de aquello que ansía quien censura la sentencia que impugna. Ese requerimiento, por cierto, no es gratuito ni caprichoso. Obedece a varias razones: a que la casación es un remedio casi final para las anomalías que pueda padecer un proceso y por lo tanto es singular y extraordinario; a que su trámite compete a la Corte Suprema de Justicia, órgano que, salvo situaciones excepcionales, no tiene dentro de sus tareas la de dirimir conflictos normales; y a que las actuaciones objeto de ella, luego de transitar por tiempo y por varios cerebros, culminan en un fallo que se presume pleno de cordura, de mesura, de rectitud y fidelidad frente a los cánones sustanciales y rituales del derecho.

De lo anterior se desprende que unas cuartillas que no piden resoluciones concretas; que son oscuras; que son indeterminadas pues simplemente esbozan pretensiones; que no demuestran con precisión las extravagancias o rarezas de la decisión reprochada; y que no señalan cómo se desintegraría la idea fundada que se tiene acerca de la sentencia que se quiere reprobar, no conforman, stricto sensu, una demanda de casación.

Es lo que emana del artículo 225 y normas concordantes del Código de Procedimiento Penal, que generan al actor el deber de seleccionar adecuadamente la causal de casación; desarrollarla con fijeza; enunciar y decir cómo se evidencian los cargos que se imputan, y hacer la petición que estricta y lógicamente se corresponda con el motivo escogido.

Esas reglas legales, que brotan de los principios generales de la casación, son predicables de cualquiera de los factores que dan pie a la medida extraordinaria, y de ellas no está exenta la causal 3ª prevista por el artículo 220 del estatuto procesal, es decir “cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad”.

Fiel a lo anterior, también desde tiempos largos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado los requerimientos propios de dicha causal, exigencias que imponen al demandante mucho cuidado para:

(1) Concretar la clase de nulidad que invoca.

(2) Mostrar sus fundamentos.

(3) Especificar las normas que estima infringidas.

(4) Precisar de qué manera la irregularidad procesal denunciada ha repercutido definitivamente en la afectación del trámite surtido que ha culminado con la expedición de la sentencia impugnada.

(5) Determinar la o las irregularidades que indefectiblemente conducen a la invalidación del proceso, bien porque rompan la estructura del rito, bien porque vulneran garantías y derechos fundamentales.

(6) Señalar desde qué momento procesal pide la declaración de nulidad, indicando los motivos por los cuales alude a tal punto.

(7) Si se refiere a varias irregularidades con capacidad anulatoria, seleccionar la más importante y ordenar las demás, teniendo en cuenta la mayor o menor cobertura de cada una de ellas, es decir, el alcance de las infracciones. Como cada hipótesis de nulidad tiene su propia trascendencia en el trámite procesal, lógicamente aquella con mayor capacidad de regresar el proceso al punto más lejano goza de prioridad frente a las demás.

(8) Si postula violación del debido proceso, le resulta imprescindible identificar con plena nitidez la irregularidad que sustancialmente lo ha alterado de manera rotunda.

(9) Si lo denunciado por el casacionista es la violación del derecho de defensa, en su escrito debe determinar la actuación concreta que lo ha vulnerado, la normatividad exactamente infringida y su específica incidencia en el fallo recurrido.

(10) Separar los reproches, cuando se acude a pluralidad de infracciones. Así, por ejemplo, si se afirma desconocimiento del derecho de defensa y del principio de la investigación integral, es menester realizar el planteamiento con autonomía en cada caso, con una nítida propuesta principal y otra a titulo subsidiario, pues las consecuencias que dimanan de la eventual existencia de una de ellas pueden afectar de manera diferente y desde distinta oportunidad el trámite del proceso (Cfr., por ejemplo, Casaciones del 10 de marzo de 1994, M. P. Dr. Ricardo Calvete Rangel, y del 14 de septiembre de 1999, M. P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar). Como corolario obvio, no es posible instaurar simultáneamente, de manera mezclada o fusionada, dos o más cargos dentro de uno mismo, por razones diversas.

2. En el asunto que convoca a la Sala, el casacionista se apartó del modelo trazado por la ley y la jurisprudencia. En efecto:

a) Denunció bajo un único cargo y con base en el mismo discurso argumentativo las irregularidades que considera invalidantes de lo realizado por los funcionarios que han conocido del proceso. A la vez señaló ruptura del derecho de defensa y del principio de investigación integral. Contravino, entonces, frontalmente, el numeral 4º del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal.

b) Centró la censura en la no práctica de los testimonios de Jairo Calderón, Jorge N., Juan Helí Mosquera, Camilo Antonio García y Gilberto Otálvaro, versiones que, en su criterio, habrían resultado favorables a Gaona, toda vez que serían demostrativas de la existencia de una causal de justificación. Una reprobación hecha así equivale a un trabajo defensivo propio de las instancias pues no incorporó la prueba de la incidencia directa de ello frente a la sentencia recurrida. Limitar el escrito a la insinuación de una legítima defensa no comporta comprobar una irregularidad o un yerro trascendente imputable a la justicia.

c) Cuando se refirió a las normas infringidas, enunció varias: los artículos 29 y 85 de la “C.M, art. 1º, 6º, 7º, 18, 20, art. 220 numeral 3º, 249, 333, 334 y 362 del Código de Procedimiento Penal”. No obstante, en desarrollo de su escrito, no expresó, concretamente, en qué consistía la violación de cada una de esas normas, aparte de que un buen número de ellas ni siquiera volvió a ser mencionada.

d) Apuntó a dos derechos supuestamente vulnerados: la defensa y la investigación integral. Sin embargo, al lado de éstos, como que quería referirse a otros pues no en vano, luego de aludir al derecho de defensa y al principio de investigación integral, hace anotaciones sobre la quiebra de garantías fundamentales “...y se vence en juicio”, y al desconocimiento de “...los derechos fundamentales del procesado y el derecho de defensa...”. A pesar de querer introducir otras infracciones, no las precisó porque no dijo cuáles eran esas otras garantías y derechos burlados, ni desarrolló las imputaciones.

e) Y ya al final, llegado el momento de pedir, tuvo en cuenta solamente uno de los derechos: “...se violó flagrantemente el derecho de defensa...Por lo tanto solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación que invalide la actuación a partir del auto que ordenó el cierre de la investigación...”. La ausencia de lógica es notoria: si pretendió desarrollar los cargos sobre la base de tres infracciones —al derecho de defensa, a la investigación integral y a otros derechos fundamentales—, la solicitud final debió ser plural, con señalización puntual del momento en que procedía la anulación, en cada caso.

Como la demanda analizada no reúne los requisitos que exige la ley, es imperioso su rechazo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Rechazar in limine la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Nitor Noel Gaona Acosta. En consecuencia, declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno».

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