Sentencia 15353 de junio 26 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 05001 2331 000 2003 00306 01

Número interno: 15353

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Industrias Metalúrgicas Apolo S.A. contra la DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala precisa si se ajustan a derecho los actos administrativos por los cuales la DIAN rechazó la devolución del saldo a favor liquidado por la actora en la declaración de renta de 1997, por considerar que la solicitud fue extemporánea.

Concretamente, se determinará cuál es el término para pedir la devolución o compensación de saldos a favor originados en autorretenciones, cuyos pagos se efectúan después de presentada la declaración que los registra.

Los artículos 815 [b] y 850 [1] ibídem, disponen que los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias, pueden solicitar su compensación o devolución.

Conforme a los artículos 816 [1] y 854 [1] del mismo ordenamiento, la solicitud de compensación o devolución se debe presentar a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Y, de acuerdo con el artículo 857 [1] del mismo estatuto, procede el rechazo definitivo de las solicitudes de compensación o devolución cuando se presentan extemporáneamente.

De este término solo se exceptúan los saldos a favor de las declaraciones de los impuestos sobre la renta y ventas, modificados mediante liquidaciones oficiales y que se encuentren en discusión, cuya compensación o devolución no puede ser solicitada hasta tanto se resuelva sobre su procedencia (arts. 816 [2] y 854 [2] ib.).

Por su parte, el Decreto 1000 de 1997, “por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones”, dispuso en su artículo 5º que para solicitar la compensación o devolución de un saldo a favor originado en una declaración de renta, el contribuyente debía adjuntar una relación, certificada por revisor fiscal o contador público, cuando a ello hubiere lugar, de las retenciones en la fuente que originaron el saldo indicando: nombre o razón social, NIT y dirección de cada agente retenedor, así como el valor base de retención, el valor retenido y el concepto.

También previó que los autorretenedores debían señalar en esta relación, además de lo establecido con anterioridad, “el lugar donde se consignaron la totalidad de los valores autorretenidos” (resalta la Sala).

De lo anterior se colige, como lo ha sostenido esta corporación en jurisprudencia que ahora se reitera, que es requisito para solicitar la devolución de saldos a favor originados en autorretenciones que estas se hayan pagado en su totalidad, esto es, que hayan entrado efectivamente a las arcas del Estado, pues, de lo contrario, no se consolida en el contribuyente la calidad de acreedor que le da derecho a reclamar la compensación o devolución del saldo (1) .

Pero ello no significa que el declarante interesado en solicitar la compensación o devolución de saldos a favor no esté sujeto al término previsto en los citados artículos 816 [1] y 854 [1] del estatuto tributario para hacerlo, ni que en el caso de que aquel pague las autorretenciones por fuera del plazo legal y aún después de presentada la declaración o de que venza la oportunidad para la presentación de la misma, el término para pedir la compensación o la devolución se extienda por dos años más contados a partir del pago. Ello, porque dichas normas no establecen excepciones respecto del momento en que se inicia la contabilización del término, salvo, como se dijo, la que tiene que ver con los saldos a favor de las declaraciones de renta y ventas modificados mediante liquidación oficial, respecto de los cuales exista discusión, caso en el cual la devolución solo puede solicitarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia de tales saldos.

En consecuencia, el término que se consagra en los referidos artículos para solicitar la compensación o devolución de saldos a favor, rige para todos los contribuyentes que hayan liquidado dichos saldos en sus declaraciones tributarias, como lo consideró la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declaró exequibles los artículos 816 y 854 del estatuto tributario, en la que esta corporación dijo lo siguiente:

“[...] el término de caducidad de las acciones o derechos corresponde señalarlo al legislador y […] el fin primordial de este instituto jurídico, es el de dar seguridad a la colectividad, la cual se vería seriamente afectada si se prolongan en el tiempo en forma indefinida las relaciones jurídicas, debido no solo a la negligencia, inactividad o incuria del titular de los derechos, sino al vencimiento objetivo del plazo. Es que en el campo del derecho, las personas deben obrar con diligencia y cuidado para defender sus intereses (jus vigilantibus scriptum) y si la ley ha estatuido un plazo para que se inicie una acción, se cumpla un deber, o se ejecute un acto y el interesado lo deja vencer, pierde definitivamente la posibilidad para reclamar posteriormente el reconocimiento del derecho.

“Respecto a la afirmación del actor sobre que las normas demandadas crean un ‘enriquecimiento ilícito’ en favor de la administración de impuestos [...], es preciso recordar que conforme a lo sostenido por la jurisprudencia y la doctrina, para que se configure el enriquecimiento injusto, se requiere de tres elementos a saber: 1. Que haya un enriquecimiento o aumento de patrimonio; 2. Que haya un empobrecimiento correlativo y 3. Que el enriquecimiento se realice sin causa, o lo que es lo mismo, sin fundamento legal.

“En el presente caso no existe el tercer elemento, en consecuencia mal puede hablarse de enriquecimiento injusto, y por el contrario hay mandato legal que permite al deudor invocar la extinción de su obligación de pagar por haberse operado el fenómeno de la caducidad, la cual, además debe ser declarada de oficio. En efecto, si los interesados no solicitan a la administración de impuestos la compensación o devolución de impuestos dentro de los dos años fijados en los artículos 816 y 854 del estatuto tributario, pierden el derecho a reclamarlos posteriormente y esta causa de extinción, prevista por la ley, es justa” (2) .

De lo anterior se concluye que si el contribuyente no hace uso del derecho a reclamar el saldo a favor dentro del término fijado por el legislador, pierde el derecho a la compensación o devolución del mismo, sin que pueda argumentar que ese hecho genera un enriquecimiento ilegítimo para la administración de impuestos, toda vez que la causa de extinción está contemplada en la ley y esta se considera justa.

De otra parte, el pago extemporáneo de autorretenciones no genera un pago en exceso de las mismas, como erróneamente lo entiende la actora, pues, el monto que fue declarado debió haber sido oportunamente pagado y genera un saldo a favor. Cosa distinta es que se paguen más autorretenciones de las debidas, lo que no sucede en este asunto.

Según lo afirmó la demandante y no lo controvirtió la DIAN, en el asunto bajo estudio el saldo a favor se generó, principalmente, por autorretenciones que se liquidaron en la declaración de 1997, presentada el 16 de abril de 1998, fecha en la que venció el plazo para declarar (D. 3049/97). En consecuencia, el término de dos años para pedir la compensación o devolución del saldo vencía el 16 de abril de 2000 y, dado que la actora presentó la solicitud de devolución el 28 de agosto de 2001, lo hizo por fuera del término previsto en la ley para el efecto, por lo que procedía el rechazo definitivo de la misma.

A lo anterior se agrega que el derecho a pedir la devolución nunca se consolidó en cabeza de la demandante, pues, para la fecha en que esta cumplió con el deber de consignar lo autorretenido, aquel ya se había extinguido por el paso del tiempo.

De otra parte, contrario a lo afirmado por la demandante, el rechazo de la devolución no tuvo como fin sancionarla por la extemporaneidad en la consignación de las autorretenciones, dado que esta conducta se sanciona con el pago de los intereses moratorios. Y, se reitera, el rechazo definitivo es la consecuencia legal de la extemporaneidad en la presentación de la solicitud (E.T., art. 857 [1]).

Finalmente, en relación con la afirmación de la actora según la cual resulta contrario a la justicia y a la equidad que el artículo 100 de la Ley 633 de 2000 le haya facilitado ponerse al día en el pago de las autorretenciones, pero que pierda el derecho a la devolución de lo pagado en exceso, la Sala precisa que la norma previó un tratamiento favorable respecto al pago de los intereses de mora de las obligaciones tributarias que se cancelaran en efectivo, pero no dispuso que el pago extemporáneo de estas diera lugar a que el término para pedir la compensación o devolución de los saldos a favor liquidados en la declaración de renta, se pudiera contar desde el momento del pago. Además, esta consecuencia jurídica no está consagrada en ninguna disposición de la Ley 633 de 2000 ni opera en la forma en que lo pretende la actora.

De conformidad con las consideraciones que anteceden, no prospera el recurso de apelación, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida el 13 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Industrias Metalúrgicas Apolo S.A. contra la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Cfr. sentencias de 24 de noviembre de 2000. Expediente 10735 (1999 0162 01), C.P. Daniel Manrique Guzmán y de 12 de abril de 2002, Expediente 12577 (2000 0944 01), C.P. Germán Ayala Mantilla.

(2) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Proceso 1980, Sentencia 17 de 15 de febrero de 1990, Magistrado Ponente Jaime Sanín G.

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