Sentencia 1537-01 de octubre 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 19001 2331 000 1999 01537 01

Consejero Ponente:

Dra. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Luis Gonzalo Muñoz Bolaños.

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado.

Se trata de las resoluciones 19-001-0103-99 de 4 de marzo; 19-001-0157-99 de abril, y 100/0015-99 de 8 de junio, todas de 1999, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional del Cauca, mediante las cuales esa entidad dice corregir el error en que se había incurrido en la Resolución 19 001 0367 91 de 1991 del jefe de conservación catastral, consistente en haber sustituido el área de 6.401 m 2 que venía inscrita por la de 7.571 m 2 , consignada en la escritura pública 1519 de 26 de junio de 1991, siendo que a su juicio el área correcta era la anterior según la tradición del inmueble, la cual analiza para ese efecto. Por consiguiente resolvió modificar la actual inscripción de dicho predio en cuanto al área y avalúo, en el sentido de disminuir una y otro al monto que correspondía a lo inscrito en la carta catastral antes de la precitada escritura 1519 de 1991, invocando al efecto los artículos 18 y 96 de la Resolución 2555 de 1988.

Los hechos que dieron lugar a esa decisión se resumen en que el predio se conformó en la partida 11 de la sucesión de Enrique Mosquera, protocolizada mediante escritura pública 1921 de 15 de diciembre de 1979, adjudicada a la señora Ileana Mosquera de Caicedo, con linderos correspondientes al área de 6.401 m 2 .

Con ese área la señora Ileana Mosquera vendió a los señores Héctor Urbano López y Aura Tulia Urbano de Papamija, y luego el primero vendió su 50% del predio a la segunda, la cual, a su vez, vendió todo el predio a Luis Gonzalo Muñoz Bolaños mediante escritura pública 1519 de 1991, en la que además se hace aclaración del área del predio, aumentándose a 7.571,06 m 2 con base en el aumento de la extensión de los linderos que traía el inmueble, y haciéndose la venta por ese área. De lo anterior se dice en la primera de las resoluciones acusadas que de esa manera se incluyó una franja de terreno que no había sido adquirida por tradición jurídica y que planeación municipal la presenta como carrera 12.

Con fundamento en dicha escritura, previamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos respectiva, el comprador solicitó al Instituto Agustín Codazzi la revisión de avalúo del inmueble, lo que fue atendido favorablemente mediante la Resolución 19 001 0367 91 de 1991, decisión que en el acto objeto del sub lite se considera como un error que debe ser corregido oficiosamente, como en efecto se hace mediante el acto que aquí se demanda según atrás se ha reseñado.

2. Examen del recurso.

2.1. El aspecto a dilucidar en esta instancia es el de si los actos acusados violan los artículos 6º, 29, 58 y 63 de la Constitución Política; 879, 665, 673 y 883 (1) del Código Civil por violación del debido proceso; por aceptar tácitamente la apropiación de una franja de tierra por el municipio para construir una calle; por extralimitación u omisión de sus poderes y desconociendo las normas superiores invocadas, y por vulnerar de manera flagrante el derecho de propiedad.

2.2. Al respecto se tiene que la decisión acusada fue adoptada a título de corrección de un error en los documentos catastrales concernientes a la escritura pública 1519 de 1991, aduciendo como fundamento normativo el artículo 96 de la Resolución 2555 de 1988, que a la letra dice:

“Rectificaciones. Se entiende por rectificación la corrección en la inscripción catastral del predio, por errores en los documentos catastrales advertidos en cualquier momento, de oficio o a petición de parte”.

Dicho precepto hace parte del título cuarto, “De la conservación del catastro”, de la citada resolución.

Se observa, entonces, que la facultad que la norma le atribuye al Instituto Agustín Codazzi consiste en poder rectificar, como parte de la labor de conservación del catastro, errores que se presenten en la inscripción catastral, que sean determinados por inconsistencias en los documentos catastrales, entre cuyos objetivos se encuentra el de mantener al día los documentos catastrales de acuerdo con los cambios que experimente la propiedad inmueble.

En el presente caso, dicha entidad considera que hubo error en la inscripción catastral que efectuó con base en la referida escritura pública, pues no coincidían los linderos, el área y el avalúo que traía el predio en la carta catastral según los antecedentes catastrales del mismo.

Examinada la situación procesal se observa que en realidad que en realidad se trata de un error en que incurrió dicha entidad inducida por la aludida escritura, la cual se aparta de los documentos catastrales en lo que hace a los mencionados aspectos, esto es, linderos, área y el consecuente avalúo, pues los dos primeros venían determinados de manera diferente en los actos de tradición del inmueble inscritos en el respectivo catastro, según se da cuenta en el acto acusado, y con base en los cuales el IGAC tiene elaborado el correspondiente plano catastral.

Por lo anterior es claro que la decisión acusada está dentro de las facultades de ese instituto en lo que hace a la conservación del catastro, sin que la misma tenga efecto alguno sobre las situaciones jurídicas o de hecho que se den sobre el inmueble, tales como las relativas a su propiedad o dominio, servidumbres, cesiones para obras, actos de posesión, etc., ya que su incidencia se circunscribe al ámbito puramente catastral y fiscal.

Por lo anterior, el acto enjuiciado fue proferido con competencia y no vulnera derecho alguno que sobre el inmueble tenga el actor.

De otra parte, no se observa que a aquel le hubiera sido violado el debido proceso, por cuanto ni se precisa en qué consistió dicha violación, ni es cierto que se hubiera expedido sin permitirle ejercer los derechos de audiencia y de defensa, pues en autos consta que incluso interpuso en tiempo los recursos de la vía gubernativa y que los mismos le fueron resueltos de manera expresa.

Así las cosas, la entidad demandada no incurrió en extralimitación de sus funciones al hacer la corrección en comento, no afectó derecho alguno del actor, ni terceros, sobre el inmueble, amén de que nada se dispuso en los actos acusados en relación con los actos de registro atinentes a este, como tampoco desconoció el debido proceso a que tiene derecho el demandante. En consecuencia, se ha de confirmar la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase el fallo apelado, que negó la nulidad de las resoluciones 19-001-0103-99 de 4 de marzo; 19-001-0157-99 de abril, y 100/0015-99 de 8 de junio, todas de 1999, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Cauca, por las razones atrás expuestas.

2. En firme esta decisión, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 22 octubre de 2004».

(1) Los citados preceptos del Código Civil dicen:

ART. 665.—Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin especto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.

ART. 673.—Modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte, y al fin de este código.

ART. 879.—Concepto de servidumbre. Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.

ART. 883.—Inseparabilidad de las servidumbres del predio. Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen.

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