Sentencia 76001-23-31-000-2002-04377-01 de octubre 19 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Número interno 15379

Rad.: 76001-23-31-000-2002-04377-01

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Organización Solarte & Cía. SCA.

Apelación de la sentencia del 8 de octubre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria.

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 8 de octubre de 2004, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados.

La controversia se concreta en determinar si procede la devolución del IVA implícito liquidado y pagado por la importación de trigo realizada por la Organización Solarte & Cía. SCA en la declaración 23030031207147 del 12 de agosto de 2000, como consecuencia de la nulidad del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999.

Los hechos que dieron origen a la solicitud de devolución y a los actos administrativos que la rechazaron, serán estudiados bajo la normatividad vigente en el momento en que se realizó la importación, 12 de agosto de 2000, por lo cual es aplicable el Decreto 1344 de 22 de junio de 1999 y no el Decreto 2085 de octubre 18 del 2000, por tener una vigencia posterior al asunto debatido.

El artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, que gravó con IVA implícito la importación de trigo, fue declarado nulo por la sección mediante sentencia de 7 de diciembre de 2000, M.P. doctor Germán Ayala Mantilla, expediente 9702, por transgredir el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario modificado por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998.

Reiterada jurisprudencia de la corporación ha manifestado que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición. Así mismo se ha dicho que la sentencia de nulidad que verse sobre un acto de carácter general, afecta aquellas situaciones que no se encuentran consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa (1) .

Con fundamento en la sentencia que anuló el artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, antes citada, la actora solicitó el 2 de marzo de 2001 la devolución de la suma de $ 32.289.774 (fl. 100, c.a.), valor cancelado por concepto del IVA implícito por la importación de trigo de acuerdo con la declaración 23030031207147 del 12 de agosto de 2000.

Dicha solicitud fue rechazada por la DIAN al estimar que se trataba de una situación jurídica consolidada por el pago de los tributos aduaneros y la obtención del respectivo levante, por lo que no eran aplicables los efectos de la sentencia de nulidad, aspecto que la Sala no comparte por los siguientes motivos:

El artículo 131 del estatuto aduanero dispone que: “La declaración de importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado requerimiento especial aduanero (...)”. Lo anterior implica que la declaración de importación queda en firme al cabo de tres años contados desde su presentación y aceptación, siempre que en dicho término no se notifique requerimiento especial aduanero.

Ahora bien, el levante es una autorización administrativa otorgada por la autoridad aduanera que se surte en las distintas modalidades de importación, que permite a los interesados la disposición de mercancía (2) , por lo que su firmeza esta condicionada al cumplimiento del mismo plazo que cubre la declaración de importación.

Es por ello que la situación jurídica no se consolida al obtenerse la autorización de levante de la mercancía, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y, por tanto, el levante accesorio a ella (3) .

En el caso en estudio, la actora presentó declaración de importación el 12 de agosto de 2000, por tanto el término de firmeza era hasta el 12 de agosto del 2003. Como la solicitud de devolución fue presentada el 2 de marzo de 2001, no se configura una situación jurídica consolidada, porque ni la declaración de importación ni el levante habían adquirido firmeza.

La administración fundamentó su decisión de negar la devolución en el concepto de la DIAN 012386 del 12 de febrero de 2001, declarado nulo por la corporación en sentencia de 5 de mayo de 2003, expediente 12248, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, precisamente en consideración a que el levante por ser un acto de trámite, no otorga el carácter de situación consolidada respecto de la declaración de importación.

Así las cosas, la Sala observa que el valor cancelado por la organización constituye un pago de lo no debido al haber desaparecido la causal legal por los efectos ex tunc del fallo de nulidad del 7 de diciembre de 2000 sobre el artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, lo cual le otorga el derecho al demandante a la devolución del IVA implícito pagado por la importación de trigo, al no encontrarse dentro de una situación jurídica consolidada.

Precisamente en un caso similar al debatido, entre las mismas partes y por idéntico asunto, la Sala expresó: “La devolución del pago de lo no debido no se encuentra regulada de manera especial por la norma aduanera, por lo que se rige por los artículos 11 y 12 del Decreto 1000 de 1997. Así las cosas, el demandante contaba con diez (10) años para solicitar la devolución del pago de lo no debido, que era el término vigente al tiempo de la solicitud de devolución, para la prescripción de la acción ejecutiva establecida por el artículo 2536 del Código Civil (4)(5) .

En este orden de ideas, el plazo para presentar la solicitud por pago de lo no debido vence hasta el 12 de agosto del 2010, por lo que se encuentra dentro del término legal y procede el reintegro de la suma cancelada por IVA implícito en la importación de trigo, como lo reconoció el fallador de primera instancia, motivo que conduce a confirmar su decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Se reconoce a la doctora Esperanza Luque Rusinque como apoderada de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia 5 de mayo de 2003, expediente 12248, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) Ver al respecto sentencia de 14 de noviembre de 1997, C.P. Delio Gómez Leiva, expediente 8460.

(3) Sentencia de 29 de septiembre de 2005, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz, expediente 15420.

(4) Modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(5) Sentencia de 29 de septiembre de 2005, C.P. Héctor J. Romero Díaz, expediente 15420.

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