Sentencia 15430 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 66001233100020030029701

Número interno: 15430

Consejero Ponente:

Dra. Héctor J. Romero Díaz

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil seis.

Muebles Vámez Ltda. contra la DIAN

Impuesto - ventas

Fallo

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 19 de mayo de 1998 Muebles Vámez Ltda. presentó declaración de IVA por el bimestre 2 de 1998.

El 2 de abril de 2001 la DIAN profirió emplazamiento para corregir la declaración de ventas presentada por Muebles Vámez Ltda.

El 3 de abril de 2001 la administración expidió auto de inspección tributaria.

Previo requerimiento especial y ampliación del mismo, la administración profirió la liquidación oficial de revisión 160642002000013 de 2 de abril de 2002, en la que adicionó ingresos por operaciones gravadas.

La administración confirmó, en reconsideración, la liquidación oficial mediante Resolución 160772002000021 de 28 de octubre de 2002.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora, para lo cual debe establecer si las autoridades tributarias vulneraron el artículo 759 del estatuto tributario, al determinar la omisión de ingresos por ventas; si existe violación al debido proceso por el desconocimiento del plazo para responder el emplazamiento para corregir, y, por último, si procede el beneficio de auditoría del artículo 4º de la Ley 633 de 2000, respecto al impuesto sobre las ventas por el segundo bimestre de 1998.

Sobre el asunto que ahora se examina, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, criterio que ahora se reitera (2) .

El artículo 759 del estatuto tributario dispone que para aplicar la presunción de omisión de ingresos por ventas o servicios, se deben cumplir los siguientes supuestos:

1) La administración en uso de las amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del estatuto tributario, debe ‘constatar’ que el responsable ha omitido registrar ventas o servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año calendario.

2) Efectuada dicha constatación procede la presunción establecida, al señalar la norma que: “podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados”.

Contrario a lo afirmado por la actora, la administración, previa la comprobación de la omisión del registro de las ventas, procedió a aplicar la presunción de la omisión de ingresos, en desarrollo de las facultades de fiscalización.

De las pruebas recaudadas por la DIAN en la operación de registro, efectuada en las instalaciones de la sociedad, se concluyó que los ingresos obtenidos en el segundo bimestre de 1998 son superiores a los registrados en la declaración presentada, motivo por el cual se expidieron el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión.

Estas pruebas no fueron controvertidas por la demandante, ya que ni en la vía gubernativa ni ante la jurisdicción se allegaron elementos de juicio que desvirtuaran las modificaciones realizadas a la declaración privada, así como la improcedencia de la aplicación de la presunción del artículo 759 del estatuto tributario.

No se violó el debido proceso porque se respetó el plazo para contestar el emplazamiento para corregir, pues si bien el emplazamiento para corregir y el auto que decretó la inspección fueron notificados el mismo día, la práctica de la diligencia se efectuó con posterioridad al término establecido en el artículo 685 del estatuto tributario, por lo cual se encontraba en tiempo el acto oficial cuestionado.

En efecto, según el artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”.

Sin embargo, el artículo 706 ibídem, modificado por el 251 de la Ley 223 de 1995, prevé que el citado plazo puede ser suspendido “cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, lo cual implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.

En relación con la modificación del artículo 706 del estatuto tributario, la Sala ha precisado que la suspensión por tres meses del término para proferir el requerimiento especial, empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia se practica, para lo cual basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección, dado que resulta claro que mientras los funcionarios comisionados o inspectores no efectúen alguna actividad propia de su encargo, no puede entenderse, como es obvio, que hubiesen efectuado la “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término (3) .

Con fundamento en la operación de registro, efectuada en las oficinas de la demandante el 7 de marzo de 2001, la demandada profirió el emplazamiento 160762001000013 de 2 de abril de 1991 para corregir. En tal diligencia la DIAN aseguró documentos que correspondían a la contabilidad del contribuyente, por los años gravables 1998, 1999, 2000 y 2001, y evidenció diferencias entre los ingresos registrados y los declarados por IVA por el segundo bimestre de 1998.

Conforme al artículo 685 del estatuto tributario, el emplazamiento para corregir procede cuando la administración tiene “indicios” sobre la inexactitud de la declaración, razón por la cual dicho acto administrativo no es vinculante para el contribuyente, a tal punto que la misma norma prevé que “la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna”.

Por tal motivo, el 3 de abril de 2001 la DIAN expidió el Auto de Inspección Tributaria 160762001000021, “... en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias” (negrilla fuera de texto).

Como según el artículo 685 del estatuto tributario, los indicios de inexactitud son los que motivan el emplazamiento para corregir, la administración puede ampliar los medios de prueba a su alcance para verificar la realidad fiscal del contribuyente, con el fin de comprobar directamente la existencia o no de la posible inexactitud en la declaración.

Así pues, no existe impedimento legal para que simultáneamente con el término para responder el emplazamiento para corregir, la administración utilice las facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del estatuto tributario, ya que se trata de una labor previa al requerimiento especial, para el recaudo de pruebas, que no afectan el debido proceso ni el derecho de defensa del contribuyente.

En consecuencia, si bien la Sala ha precisado que los términos de suspensión para la notificación del requerimiento especial, consagrados en el artículo 706 del estatuto tributario, se suman cuando la inspección tributaria y el emplazamiento para corregir se efectúan de forma subsiguiente (4) en este caso no se suspendió el término por cuatro meses, toda vez que la notificación del auto de inspección y del emplazamiento para corregir se efectuaron simultáneamente. Y, el mes para responder el emplazamiento quedó incluido dentro de los tres meses de duración de la inspección tributaria (del 4 de abril de 2001 al 4 de julio de 2001) por lo tanto, no vulneró el derecho de defensa del contribuyente por cuanto contó con la oportunidad legal para su respuesta.

De otra parte, según el artículo 705-1 del estatuto tributario, adicionado por el 134 de la Ley 223 de 1995, el término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos (2) años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se ha presentado oportunamente. Si es extemporánea, el término inicia a partir de la fecha de presentación de la liquidación privada inicial, y si refleja un saldo a favor, se cuenta a partir de la presentación de la solicitud de compensación o devolución, artículos 705 y 714 del estatuto tributario.

Como de acuerdo con el Decreto 2652 de 29 de diciembre de 1998 y con el último dígito del número de identificación tributaria de la sociedad demandante, (1), la actora presentó la declaración de renta de 1998, el 6 de abril de 1999, y como hubo suspensión por tres meses, del término para notificar el requerimiento especial, la administración tenía plazo para notificar el requerimiento hasta el 6 de julio de 2001.

Dado que el requerimiento se notificó el 28 de junio de 2001, hecho no controvertido por la entidad demandante, dicho acto administrativo fue notificado oportunamente, es decir, dentro de los dos años señalados en el artículo 705 del estatuto tributario.

Por último, no es aplicable el beneficio de auditoría al impuesto sobre las ventas, pues el artículo 4º de la Ley 633 de 2000, solo se refiere a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios “en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las siguientes condiciones (...)”.

Del artículo 4º de la Ley 633 de 2000 se concluye que el beneficio de auditoría solo opera en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y los ingresos que les dieron origen, el cual está previsto solo para el impuesto sobre la renta, sin que pueda hacerse extensivo al impuesto sobre las ventas.

No existen, entonces, razones para modificar la decisión del a quo, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Sandra Patricia Moreno Serrano, como apoderada de la demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(2) Sentencia de 23 de marzo de 2006, expediente 15069, C.P. doctora Ligia López Díaz.

(3) Conforme al acta de visita de 19 de junio de 2001 (folio 151 y ss. del anexo 2 del cuaderno 1), la administración envió oficios a la revisora fiscal de la sociedad (18 de abril y 9 de mayo de 2001) con la finalidad de recaudar las pruebas necesarias para verificar la realidad contable de la demandante. En los folios 156 y 157 del anexo 2, cuaderno 1, se observa el auto de traslado de pruebas de 19 de junio de 2001, con el que se aportan al expediente copias de extractos bancarios obtenidos mediante respuesta a requerimientos, entre otras pruebas.

(4) Entre otras sentencias, de 26 de noviembre de 1999 expediente 9681, C.P. Delio Gómez Leyva; del 9 de julio de 1999, expediente 9383, C.P. Daniel Manrique Guzmán y del 13 de febrero de 1998, expediente 8699 C.P. Mariela Herrera V.

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