Sentencia 15435 de agosto 17 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Rad.: 15435

Aprobado Acta 139

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de agosto del año dos mil.

Consideraciones de la Corte

EXTRACTOS: «“ha venido reiterando que cuando la equivocada calificación implica un cambio del nomen juris que corresponda a otro título y capítulo, no obstante de tratarse de errores de naturaleza in iudicando, debe proponerse al amparo de la causal tercera y desarrollarse conforme a los derroteros de la primera con la inexcusable obligación de señalar los desaciertos jurídicos o de apreciación probatoria que incidieron “en forma determinante para hacer una equivocada selección del tipo objetivo, por manera que se impone la invalidación de lo actuado para su corrección, ya que en estos eventos no es posible que la Corte entre a proferir fallo de reemplazo, pues estaría haciéndolo sobre una calificación diversa a la del pliego acusatorio y sobre la cual no se defendió el procesado“ (M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote, proceso 11. 981).

Y, precisando más sobre este tópico, insistió en sentencia del 12 de mayo del año en curso:

“ (...) cuando el fallador se equivoca en el proceso de adecuación típica, calificando la conducta con el nombre que corresponde a otro delito se está en presencia de un error de mérito o in iudicando que, como tal, debe acusarse al amparo de la causal primera y corregirse dictando fallo de sustitución. Pero puede acontecer, como en este caso, que, por excepción, el vicio in iudicando trascienda a la validez de la actuación, en forma tal que si se enmendara con fundamento en la primera se generaría un nuevo dislate, al no quedar la sentencia en consonancia con la resolución de acusación, lo que ocurre cuando el delito que erróneamente se imputa en el pliego de cargos y el que se ha debido atribuir corresponden a distinto capítulo del Código Penal. Pero como en este evento, el desatino sigue siendo de mérito, aunque debe denunciarse y remediarse con fundamento en la causal tercera, debe desarrollarse conforme a la técnica que gobierna la primera, debiéndose, por ende, señalar la forma de quebrantamiento de la ley sustancial, si directa o indirecta, y en esta hipótesis, la naturaleza del vicio cometido, si de hecho o de derecho, y el falso juicio que lo determinó (existencia, identidad, raciocinio, legalidad o convicción), con indicación de las pruebas comprometidas y la trascendencia del error en las conclusiones del fallo” (M.P. Jorge Enrique Córdoba Poveda, Rad. 11. 401).

Importa, además, determinar qué ocurre cuando la denominación que debió dársele al hecho y la que en realidad se le dio se encuentran ubicada en el mismo capítulo. En este caso se debe precisar inicialmente si el error compromete el nombre genérico que agrupa los distintos tipos penales, caso en el cual no hay duda en cuanto se debe acudir a la causal tercera, o no lo afecta, evento éste en el que también cabe distinguir si el delito atribuido en el pliego de cargos es más favorable que aquél que debió reprochársele, o lo contrario. Si lo primero, es indiscutible que sería procedente decretar la nulidad a partir de la calificación, porque la sentencia excedería los límites de la acusación. Si lo segundo, no existe irregularidad que afecte el debido proceso pues el acusado ejerció su defensa frente a la conducta más gravemente sancionada, por lo que bien puede admitirse que dentro de esa defensa queda comprendida la conducta menor.

En el sub judice, tanto el peculado por apropiación (C.P. art.133) como el peculado culposo (art.137 ibíd.) se encuentran previstos en el título XIII del Código Penal, “Delitos contra la administración pública” en el mismo capítulo I que trata “Del peculado”, de manera que si la Corte hallara demostrado el cargo no habría lugar a decretar la nulidad desde el momento de la calificación por error en la denominación jurídica —como equivocadamente lo solicita la recurrente—, sino que dictaría la sentencia de reemplazo.

En estas condiciones, siguiendo la línea trazada por la demanda, la censura debió formularse al amparo de la causal primera de casación por violación indirecta de la ley sustancial, motivada por un error en la apreciación de las pruebas derivado de un falso juicio de existencia por falta de apreciación de unas pruebas legalmente producidas y por falsa apreciación de otras.

En consecuencia, como la incorrecta selección de la causal impide que la demanda cumpla los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 225 del estatuto procesal, la Corte habrá de rechazarla y declarar desierto el recurso interpuesto como lo prevé el artículo 226 ibídem.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Rechazar in limine la demanda de casación presentada por la defensora de Jaime Soto Palma. En consecuencia, declarar desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase».

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