Sentencia 15462 de julio 14 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 17001-23310009410255004-01 (15.462)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: José Héctor Restrepo Giraldo y otros

Demandados: Nación Ministerio de Educación Departamento de Caldas. Municipio de Anserma

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de julio de 2005

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se advierte previamente que esta jurisdicción es la competente para conocer del presente asunto, aunque la actividad que se reputa irregular corresponda al ámbito de la prestación del servicio público de educación (1) , en aplicación del fuero de atracción (2) toda vez que también fueron demandadas la Nación, el departamento del Caldas y el municipio de Anserma.

1. La Sala confirmará la decisión que denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, a pesar de que en el proceso se demostró el daño causado, no se acreditó que este le sea imputable a las entidades estatales demandadas, conforme se analiza a continuación.

1.1. Está plenamente demostrado que el 24 de octubre de 1992 falleció Jhon Alexander Restrepo Ramírez a consecuencia de un “una hemorragia cerebral secundaria a la lesión cerebral por proyectil” proveniente de una escopeta calibre 12 (acta de levantamiento del cadáver, certificado de necropsia, fls. 182 a 184 cdno. 2).

Igualmente, se acreditó que la muerte del menor causó daños a sus padres, José Héctor Restrepo Giraldo y María Rosalba Ramírez Holguín, como también a sus abuelos maternos Abel Ramírez y María Holguín y a su abuelo paterno Arturo Restrepo Arcila, dado que demostraron su parentesco mediante documentos auténticos (registro civil de nacimiento de Jhon Alexander , fl. 11 cdno. 1; registro civil de matrimonio de Héctor y María Rosalba, fl. 8 cdno. 1; el registro de nacimiento de esta última del matrimonio de sus padres, fls. 12 y 13 cdno. 1; el registro de nacimiento de Héctor Restrepo y del matrimonio de sus padres, fls. 14 y 15 cdno. 1 y los registros civiles de nacimiento de Leydy y Ana María Restrepo Ramírez a fls. 9, 10, 137 a 143 cdno. 1), demostración que unida a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que, en los parientes dentro del primer y segundo grado de consaguinidad, les causó el hecho.

1.2. La responsabilidad del Estado por la muerte de escolares.

La Sala, en varias providencias (3) , ha precisado que los establecimientos educativos tienen deber de vigilancia y cuidado respecto de sus estudiantes, aunque las actividades se desarrollen por fuera de sus instalaciones o en horario extra clase.

En sentencia proferida el 7 de septiembre de 2004, expediente 14869, advirtió que la custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado y vigilancia (4) de los alumnos se justifica en la relación de subordinación existentes entre el docente y el alumno, por virtud de la cual el primero ejerce dirección de conducta y disciplina respecto del segundo, ostenta una posición dominante en razón de su autoridad y por ende, adquiere la obligación de impedir que el alumno actúe de una forma imprudente.

Al respecto la doctrina señala:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo” (5) .

El deber de vigilancia y cuidado que está a cargo de los centros educativos está condicionado a la prueba de la vinculación del estudiante con el centro educativo y a la demostración de que la actividad desarrollada tiene nexo con la función educativa del establecimiento.

Se advierte también que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, está definido deacuerdo a la edad o capacidad de dicernimiento de estos, de manera que es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será moderado respecto de alumnos con mayor edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables (6) .

Ahora bien, cuando los alumnos de un establecimiento educativo, en desarrollo de actividades propias de la escolaridad, padecen daño, cabría deducir la responsabilidad al ente educativo, siempre que se demuestre que falló en el cumplimiento del deber de vigilancia y cuidado del alumno. De esta manera se tiene que, si en el proceso se prueba que el establecimiento educativo obró con diligencia, pericia y eficiencia en el cuidado del alumno, no habrá lugar a declarar su responsabilidad por ausencia de imputación del daño.

En aplicación de las consideraciones precedentes la Sala, en sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 14.081, declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte de un alumno que se ahogó durante la realización de un paseo, con fundamento en que se demostró que el plantel no adoptó las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos, es decir el título de imputación lo fue la omisión en el deber que le correspondía. Se dijo entonces:

“La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad en la salida pedagógica, ya que no incluyó el apoyo en la vigilancia del grupo para evitar que se pusiera en peligro la vida de los alumnos.

Tampoco aparece acreditado que se hubieran previsto los riesgos a las cuales se exponía a los alumnos al llevarlos al lugar donde ocurrieron los hechos, evento que por ser organizado y autorizado por las autoridades educativas debía presumirse brindaba las mínimas condiciones o garantías para una estadía libre de riesgos”.

En similar sentido se resolvieron las pretensiones formuladas por la muerte de un estudiante que se sumergió en un río contiguo al arroyo donde se les permitió ingresar:

“... la sala encuentra debidamente acreditado que los docentes, en el curso de la convivencia, permitieron que los alumnos realizaran una actividad altamente riesgosa, como lo fue el baño en la quebrada ubicada en el punto denominado “Bocas de Uré”. Si bien es cierto, en principio, la actividad no se presentaba con alto grado de riesgo, pues como lo afirman los testigos que el agua apenas alcanzaba las rodillas, los profesores no tuvieron en cuenta que anexa a dicha quebrada cursaba el río San Jorge de considerable caudal, que fue precisamente el que arrastró a Oscar Javier, hasta causarle la muerte.

2. Aunque los docentes son coincidentes y categóricos al afirmar que la actividad se llevó con vigilancia extrema de su parte, el sentenciador encuentra que si hubo ligereza en el manejo del control de los estudiantes, pues no se observaron los cuidados requeridos tales como determinar los linderos de la quebrada que no ofrecía peligro para sus vidas e impidiendo el desplazamiento hacia lugares de mayor riesgo” (7)

1.3. La muerte del menor en desarrollo de un paseo.

Está debidamente acreditado que en la madrugada del 24 de octubre de 1992, el menor Jhon Alexander Restrepo Ramírez, falleció a consecuencia de dos heridas causadas con arma de fuego (acta del levantamiento del cadáver).

El hecho se presentó cuando el menor se encontraba de paseo con la mayoría de sus compañeros del curso séptimo del Colegio de Occidente, la directora del curso y seis madres de familia (informe de comandante de la Policía Subestación Sangueda, acta de levantamiento del cadáver, fls. 182 y 183 cdno. 2).

Respecto de la forma como se presentaron los hechos en que perdió la vida el menor los declarantes (8) , Lorena Alejandra Bohórquez Holquín, Julio César Velásquez, de la profesora Fany Jaramillo, la profesora y madre de familia Amparo Montoya de Henao, (fls. 283 a 285, 294 a 297, 295, 300 cdno. 2) afirmaron en síntesis lo siguiente:

El 23 de octubre de 1992 los estudiantes, la profesora, las madres de familia se desplazaron en una buseta a la finca con piscina privada que contrataron para realizar el paseo; estuvieron en la piscina, almorzaron, pasearon en carretilla, jugaron, se bañaron, cenaron y en la noche pidieron permiso a la directora y a las madres para ir a El Triangulo, un lugar cercano; luego de mucha insistencia fueron en compañía de la directora de curso y de algunas madres, bailaron un rato entre ellos en círculo, bebieron gaseosa, unos pidieron permiso para tomarse una cerveza. En ese lugar estaban presentes unos policías que le preguntaron a las madres por el lugar de su procedencia y el motivo del paseo, les ofrecieron bebidas y estas las rechazaron; unos sujetos, que también estaban en el lugar, pidieron permiso infructuosamente para bailar con algunas de las estudiantes; una de las madres autorizó al mesero del lugar para bailar brevemente con su hija, luego de lo cual se fueron a la cabaña.

En la cabaña los menores se ubicaron en tres habitaciones, dos para las niñas, una para los niños, conversaron entre ellos, fueron requeridos por los adultos para que se acostaran porque era tarde, cuando una joven, Henao dijo a las madres y a la directora que veían luces en la ventana, como de una linterna. Algunas madres y la directora de grupo salieron de la cabaña, recorrieron el lugar, no encontraron nada, ni siquiera al celador y su perro, fueron a buscarlo para que vigilara y este les dijo que lo haría a partir de la una de la mañana.

Posteriormente, cuando algunos menores departían tranquilamente se escucharon ruidos como de papeletas de pólvora, luego de lo cual advirtieron que la niña Henao y el niño Alexander estaban heridos; los auxiliaron, pidieron ayuda, llegaron vigilantes vecinos, el vigilante de la finca llegó después y finalmente llegó la policía y algunos padres de familia que en varios vehículos se llevaron a todos del lugar.

1.4. El vínculo con el servicio educativo.

Está debidamente probado que el menor Jhon Alexander Restrepo estaba vinculado como estudiante de séptimo grado (9) del Colegio de Occidente, establecimiento educativo nacionalizado (10) , inscrito en la sección de planeamiento educativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y con planta física de propiedad del municipio de Anserma (documentos auténticos fls., 1, 175 a 177, 259 y 260, 271 cdno. 2).

Se encuentra también demostrado que el paseo en que perdió la vida el niño Jhon Alexander, se planeó, organizó ejecutó y vigiló con intervención del colegio.

En efecto, mediante la valoración de los documentos aportados y de las declaraciones rendidas ante esta jurisdicción por menores que participaron en el paseo, la profesora directora de grupo que los acompañó y de algunas madres de familia que viajaron con ellos, se deduce que el paseo se realizó con el objeto de premiar el buen rendimiento de los menores; que los padres de familia consultaron con la directora de curso, Fany jaramillo (11) , quien tramitó la autorización ante el rector; que padres, profesores y alumnos realizaron varias actividades con el objeto de reunir los fondos para financiar el paseo; que en el colegio se hicieron reuniones de coordinación entre padres de familia y la directora de curso; que el colegio remitió un formato a los padres para que autorizaran la participación de los niños; que el colegio permitió que el paseo se realizara el día hábil viernes 23 de octubre de 1992 con asistencia de la directora de curso Fany Jaramillo (12) y ese día dos profesores del colegio, Gustavo Gallo y Javier Jaramillo (13) , llevaron los almuerzos de los niños.

Se advierte igualmente de las declaraciones, que en desarrollo del paseo la profesora Fany coordinó las actividades, autorizó la salida a El Triángulo, e imponía orden en el lugar, so pena de una rebaja en disciplina (declaraciones rendidas ante esta jurisdicción por la estudiante Lorena Alejandra Holguín, profesora Fany Jaramillo, la profesora y madre de familia Amparo Montoya de Henao, fls., 294, 295, 300 cdno. 2).

Lo anterior es suficiente para inferir que el paseo se desarrolló bajo la dirección y coordinación del colegio, pues de tratarse de una actividad extraescolar no se habrían presentado los referidos vínculos personales, materiales e instrumentales.

1.4. La falla del servicio.

El demandante alegó que el colegio incurrió en falla porque no fue suficientemente diligente y cuidadoso en cumplimiento del deber de vigilancia y cuidado que le asistía respecto de los alumnos que tenía a su cargo.

Al efecto la Sala, mediante el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, deduce que la muerte del menor Jhon Alexander no se causó por el incumplimiento de los deberes del colegio, toda vez que se presentó un hecho imprevisible e irresistible que determinó, en forma exclusiva el daño.

En efecto, los declarantes son contestes en afirmar que la directora de curso y las madres de familia realizaron todo lo necesario para el bienestar y la seguridad de los menores, pues gestionaron la traída del almuerzo, prepararon la cena, vigilaron las actividades recreativas de los menores, coordinaron su ubicación en los cuartos, verificaron que su ropa y calzado no estuvieran mojados, impidieron su salida de la cabaña, los acompañaron y supervisaron en El Triángulo, pusieron llave en la cabaña, los enviaron a dormir, recorrieron el lugar cuando manifestaron luces extrañas, solicitaron los servicios al celador y desarrollaron las acciones que estaban a su alcance para atender a los menores después del ataque.

La circunstancia de que la profesora y los padres hubiesen autorizado la salida de los menores a El Trébol, que allí hubiesen bailado y que la madre de una de las menores la hubiese autorizado para bailar con el mesero, no conduce a concluir que los menores no fueron cuidados eficientemente.

De la narración sobre la forma como ocurrieron los hechos en que perdió la vida el menor, se infiere que se presentó la incursión sorpresiva de un tercero, que disparó intempestivamente hacia el interior de la cabaña en la que algunos menores se encontraban despiertos y que no estuvo precedida de amenazas o de situaciones que llevaran a pensar que ese ataque iba a suceder.

No puede predicarse falla del servicio cuando está plenamente comprobado que el daño lo causó, en forma exclusiva, un tercero. No se probó que el colegio hubiese desatendido su deber de vigilancia, o que hubiese sido un deficiente desarrollo de sus funciones la causa determinante del daño.

Advierte así la Sala que están dado los elementos del hecho del tercero, consistente en la acción u omisión proveniente de un sujeto distinto de la víctima del daño y del alegado responsable (14) , que se constituye en eximente de responsabilidad, cuando reviste las características propias de la fuerza mayor, esto es, cuando se trata de un evento realmente irresistible e imprevisible (15) (16) .

En efecto, el hecho fue imprevisible (17) porque el extraño atacó en forma indiscriminada a los que se encontraban en el interior de la cabaña, lo que traduce en un acontecimiento verdaderamente anormal e infrecuente, indiscutiblemente sorpresivo.

El hecho también fue irresistible pues para quienes lo padecieron, el ataque fue inevitable, fatal e imposible de superar en sus consecuencias (18) .

Por todo anterior la Sala concluye que no se configuró la responsabilidad alegada, toda vez que no se demostró que el daño hubiese sido causado por la acción u omisión de la parte demandada. En consecuencia, habrá de confirmarse la denegación de las pretensiones.

2. La condena en costas.

La Sala revocará la condena en costas impuestas por el tribunal, con fundamento en que, a la fecha en que se dicta este fallo, está vigente la Ley 446 de 1998, norma procesal de aplicación inmediata, que condicionó la condena en costas a que la parte haya actuado con temeridad (art. 55), conducta que no se acreditó en el caso concreto (19) .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 8 de mayo de 1998, la cual quedará así:

1. Niéganse las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En auto proferido el 17 de febrero de 2005, expediente 27673, la Sala precisó que los procesos de reparación directa adelantados por daños ocurridos con ocasión de la prestación de un servicio público son de competencia de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998.

(2) La demanda formulada en forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y contra un sujeto cuyo juzgamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, debe adelantarse en un proceso surtido ante la primera, que adquiere competencia para definir la responsabilidad de las demandadas. A este respecto pueden consultarse las sentencias del 4 de febrero de 1993, expediente 7.506; 25 de marzo de 1993, expediente 7.476; 12 de septiembre 1997, expediente 11.224; 30 de abril 1997, expediente 12967.

(3) Al efecto pueden consultarse las sentencias proferidas el 20 de febrero de 2003, expediente 14.144 y del 21 de febrero de 2002, expediente Nº 14.081.

(4) Este deber fundamenta la responsabilidad por el hecho del otro prevista en el artículo 2347 del Código Civil.

(5) Mazeaud Tunc, Responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires, ediciones jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.

(6) Así lo expresó la Sala en la Sentencia 14869 ya reseñada.

(7) Sentencia del 13 de febrero de 1997, expediente 11.412.

(8) La Sala precisa que solo se valoraron las declaraciones rendidas ante esta jurisdicción porque las trasladadas del proceso penal no fueron ratificadas en la forma que exige la ley (CPC, art. 185). Advierte también que se tomaron en cuenta los testimonios de los menores que participaron en el paseo, en consideración a que a la fecha en que se practicó la prueba, julio a septiembre de 1995, eran mayores de 12 años y por tanto hábiles para testimonial según la ley (CPC, art. 215).

(9) Certificación del rector del Colegio de Occidente del 30 de junio de 1995, folio 175 cdno. 1.

(10) Así lo certificó el Ministerio de Educación con Oficio 545 de 1995; folio 2 cdno. 2).

(11) La vinculación de esa docente al Colegio de Occidente, para la época en que se produjeron estos hechos, está certificada mediante documento remitido al proceso por el Ministerio de Educación Nacional, FER de Caldas; fls., 3 a 5, 135 cdno. 2.

(12) El Colegio de Occidente certificó que la señora Fany era la directora del cursó séptimo para esta fecha y que ella asistió al paseo “por invitación de los padres de familia”, folio 175 cuaderno 2.

(13) La vinculación de estos docentes al Colegio de Occidente, para la época en que se produjeron estos hechos, está certificada mediante documento remitido al proceso por el Ministerio de Educación Nacional, FER de Caldas; folios 3 a 5, 44 cuaderno 2.

(14) Así lo precisa José Aguilar Díaz, en su tratado de Responsabilidad Civil, Ed. José Ma., Cajicá, Jr. S.A. México, 1996, tomo II, pág. 311.

(15) Carbonier, Jean. Derecho Civil, traducción de la primera edición francesa; editorial Bosh; Barcelona España, tomo II, volúmen II, pág. 583.

(16) Sobre las características del hecho del tercero cabe consultar la Sentencia 12543 del 21 de febrero de 2002.

(17) La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia proferida el 23 de junio de 2000, expediente 5475, manifestó que deben tenerse en cuenta tres criterios sustantivos: “1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo”.

(18) Sobre estas características de la irresistibilidad se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de enero de 1982.

(19) A este respecto cabe consultar la sentencia proferida por la Sala el 18 de febrero de 1999; expediente 10.775.

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