Sentencia 15466 de julio 26 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 05001-23-31-000-1998-03472-01 (15466)

Consejera Ponente:

Dr. Ligia López Díaz

Actor: Abad Otón Pérez Piedrahita

Solicitud de devolución

Fallo

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del 1º de diciembre de 2004 del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra los actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que rechazaron la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del año 1994, del contribuyente Abad Otón Pérez Piedrahita.

Antecedentes

El demandante solicitó la devolución del saldo a favor reflejado en su declaración de renta del año gravable 1994 (1) , por valor de $ 36’748.438, en la que se acogió al saneamiento establecido en la Ley 223 de 1995.

La división de devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín profirió la Resolución 39 del 10 de junio de 1997 rechazando la solicitud de devolución, argumentando que la declaración se tiene por no presentada, toda vez que según dictamen del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la firma que en ella aparece no corresponde a la del contribuyente.

Contra este acto el demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución 202 del 3 de julio de 1998, confirmando la actuación.

Demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el contribuyente Abad Otón Pérez Piedrahita, demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la señora Teresa Emilia González, jefe de la división de devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín.

Solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia declarar la nulidad de las resoluciones 39 del 10 de junio de 1997 y 202 del 3 de julio de 1998.

Como restablecimiento del derecho, que se ordene la devolución o se continúe su trámite en forma inmediata y se condene al pago de intereses moratorios desde el vencimiento del término para la devolución (dic. 3/95) hasta el día en que se expidió la resolución de rechazo definitivo el 10 de junio de 1997, a la tasa vigente que fije el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 635 del estatuto tributario. Que se condene a los demandados a pagar al demandante intereses desde la fecha del rechazo definitivo hasta cuando se pague efectivamente, según los artículos 635, 863 y 864 ib.

Así mismo, solicitó declarar que la doctora Teresa Emilia González actuó con culpa grave al rechazar la solicitud de devolución, porque desconoció la objeción hecha al dictamen pericial y en consecuencia debe responder personalmente por los intereses moratorios causados sobre el valor solicitado y rechazado. También que se le condene a las costas y agencias en derecho.

Invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Nacional, 784 del estatuto tributario, y 84 del Código Contencioso Administrativo, explicando la vulneración con los argumentos que se resumen a continuación:

La DIAN solo tiene funciones de investigación y no tiene facultad para decidir que la declaración se tiene por no presentada porque la firma no es la del contribuyente, con fundamento en un dictamen pericial que supuestamente así lo indicó.

Se vulneró el debido proceso, porque el actor reconoció en forma expresa como suyas las firmas cuestionadas y ante el conflicto que se presentaba con la DIAN, era la jurisdicción penal la llamada a resolverlo.

A pesar de que el dictamen fue objetado, la doctora Teresa González negó esta circunstancia contrariando la realidad. Omitió practicar un nuevo experticio a pesar que el artículo 784 del estatuto tributario así lo ordena, independientemente de si la objeción es por defectos de forma o si es grave. Esta falacia implica que hay una falsa motivación del acto administrativo que conlleva su nulidad, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Oposición

La doctora Teresa Emilia González de Gutiérrez contestó la demanda a través de apoderado judicial, oponiéndose a sus pretensiones y señalando que una persona diferente al titular firmó la solicitud de devolución del saldo a favor del contribuyente Pérez Piedrahita.

El demandante presentó objeciones al dictamen pericial, ante la división de fiscalización, por lo que era esa oficina la que debía resolver sobre su procedencia. La división de devoluciones, que dirigía para entonces, no tuvo conocimiento de dicho escrito.

El rechazo de la solicitud de devolución se originó en que la declaración que la sustenta se tiene por no presentada, porque según el dictamen pericial rendido por el grupo de criminalística del DAS las firmas que allí aparecen no corresponden al declarante. Así se decidió en el comité técnico celebrado el 26 de mayo de 1997 en el despacho de la Administradora de Impuestos Nacionales de Medellín. No hubo culpa grave de su parte, pues ella y los demás funcionarios a cargo actuaron con extrema diligencia, sin vulnerar el debido proceso.

El hecho fue denunciado a la Fiscalía, sin que conozca la decisión final, pero este es un proceso diferente al administrativo, en el que no le correspondía a la división de devoluciones pronunciarse sobre la falsedad, sino establecer que la declaración se tenía por no presentada.

La solicitud de devolución fue objeto de la suspensión de términos mediante el Auto 212 del 18 de diciembre de 1995, hasta que se estableciera la validez de las declaraciones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también se opuso a la demanda y rechazó que se hubiera vulnerado el debido proceso del actor, pues el acto fue expedido por el funcionario competente, con observancia del principio de legalidad de las formas y hubo un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de devolución presentada.

El artículo 596 del estatuto tributario dispone que la declaración de renta debe contener la firma del obligado a cumplir con este deber formal y por su parte el artículo 580 ib. dispuso que no se entiende cumplida la obligación de declarar cuando ello no ocurra. Esta circunstancia opera por ministerio de la ley, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

El actor reconoció como suya la firma plasmada en la declaración de renta, pero ello no desvirtúa el dictamen pericial practicado por el DAS, ni equivale a una confesión, porque su dicho no lo perjudica sino que lo favorece.

En la objeción que el demandante hizo del dictamen, se limitó a señalar que no era claro, preciso ni detallado y que debió practicarse por dos peritos. El informe del DAS precisó los documentos sospechosos e indubitados, se indicó que su propósito era determinar si las firmas de las declaraciones y las de las diligencias de reconocimiento corresponden a las misma persona. El dictamen señaló el equipo técnico utilizado y llega a una conclusión que no es dudosa, pues señaló que las firmas provienen de diferente fuente manuscrita.

No era necesaria la intervención de dos peritos, porque se acudió a una entidad especializada como es el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como lo establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil y en esos casos el dictamen solo puede objetarse por error grave. El actor no aportó prueba alguna que demuestre su objeción, pues no hay hechos que hubieran cambiado la conclusión del dictamen.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del 1º de diciembre de 2004 negó las pretensiones del actor y lo condenó en costas a favor de la doctora Teresa Emilia González de Gutiérrez, por considerar que hubo ánimo persecutorio.

Invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional y de ella concluyó que la obligación de firmar personalmente la declaración privada es una exigencia razonable y acorde con la Carta Política, sin perjuicio de que el contribuyente pueda actuar por interpuesta persona, cuando se den las circunstancias que le impidan cumplir los deberes formales tributarios.

Es competencia del jefe de la división de devoluciones verificar si se cumplen los requisitos para la procedencia de las solicitudes y es posible rechazarlas cuando la declaración se tiene por no presentada si no es firmada por el contribuyente.

El artículo 784 autoriza la práctica del dictamen pericial a través de una entidad especializada en la materia y si es objetado se practicará otro experticio, pero para ello deben expresarse las razones tendientes a desvirtuarlo, sin que sean de recibo aspectos relacionados con la procedencia de la prueba o errores en su trámite que no son imputables al perito, pues se pretende controvertir la solvencia técnica del informe por equivocación manifiesta o ignorancia.

El dictamen del grafólogo experto del Departamento Administrativo de Seguridad DAS concluyó que “la firma que aparecía en la liquidación privada del año gravable 1994, no corresponde a la del contribuyente Abad Otón Pérez Piedrahita”. Para este fin fueron comparadas con la rúbrica dejada en otros documentos en poder de la oficina de impuestos, pues el demandante no permitió que le tomaran otras firmas.

Los fundamentos de la objeción al dictamen no se consideran error grave y por ello la administración no debió practicar un nuevo experticio.

Como el demandante no asistió al interrogatorio de parte al que fue citado tiene las consecuencias procesales del artículo 210 del Código de Procemiento Civil.

Recurso de apelación

La parte demandante impugnó la providencia de primera instancia argumentando que los demandados expresamente aceptaron que el dictamen pericial fue objetado con fundamento en errores graves, como consta además en los antecedentes administrativos. Advirtiendo que la doctora González afirmó que ella no conoció el escrito de objeción.

El memorando explicativo de la resolución que rechazó la devolución se motivó en que el contribuyente no presentó objeción al dictamen pericial y como ello no es cierto los actos son nulos.

Se vulneró el debido proceso porque no se practicó un nuevo dictamen, además que el contribuyente ratificó como suyas las firmas de las declaraciones de renta y de la solicitud de devolución.

No pueden tenerse en cuenta los efectos del artículo 210 del Código de Procemiento Civil por la inasistencia al interrogatorio de parte, porque en este caso se vulneró un derecho fundamental que no puede desvirtuarse por confesión, por lo que en nada afecta al proceso su comportamiento.

Alegatos de conclusión

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales insistió que ante la contundencia del dictamen rendido por el DAS, el comité técnico de la administración decidió rechazar la solicitud de devolución sobre una declaración que se tiene por no presentada porque fue desvirtuada la realidad de la firma.

Destacó que el contribuyente reconoció como suyas las firmas de la declaración de renta y de la solicitud de devolución, pero posteriormente se determinó que no coincidían entre sí. La administración tuvo en cuenta la objeción al dictamen en el recurso de reconsideración, por lo que no se vulneró el debido proceso.

Por el beneficio de auditoría la administración no podía iniciar una investigación de fondo sobre la declaración, entonces procedió a verificar si el saldo a favor estaba originado realmente y era legal, lo que obligó a aplicar con mayor celo las disposiciones sobre validez de las declaraciones.

La demás partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta oportunidad.

Consideraciones de la sección

La Sala debe resolver, de acuerdo con los términos del recurso de apelación, sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN, que rechazaron la solicitud de devolución del saldo a favor del demandante, por considerar que la declaración de renta de 1994, que sirve de sustento, se tiene por no presentada, por no haber sido firmada por el contribuyente.

Los argumentos del impugnante contra la sentencia de primera instancia se concretan en que la administración tributaria vulneró el debido proceso, toda vez que basó su decisión en el dictamen pericial practicado por el DAS, sin tener en cuenta que el contribuyente objetó dicho informe sin obtener respuesta por parte del fisco, y porque el demandante reconoció expresamente la firma de la declaración como propia.

Al respecto debe recordarse que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Toda actuación administrativa debe ser el resultado de un proceso en el que el interesado tenga la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa, de contradicción y de presunción de inocencia, así como de presentar las pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; todo con plena observancia de las disposiciones procesales que la regulen.

En este caso, la división de devoluciones citó al contribuyente para que reconociera la firma de las declaraciones tributarias objeto de su solicitud, para verificar su autenticidad. El señor Pérez Piedrahita compareció y reconoció bajo la gravedad del juramento como propias las firmas que obran sobre las declaraciones tributarias presentadas. Indagado sobre la rúbrica que aparece en las declaraciones de renta de los años 1992, 1993 y 1994, contestó “Si las firmé personalmente” y sobre la firma de la solicitud de devoluciones señaló “si lo firme y si es mi firma” (sic) (fl. 72).

La división de fiscalización de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín ordenó mediante auto del 17 de mayo de 1996, practicar una prueba grafológica para determinar “si la firma de las declaraciones tributarias presentadas por el contribuyente Pérez Piedrahita Abad Otón, están firmadas por quien tenía el deber legal de hacerlo, el contribuyente”.

La práctica de esta prueba, junto con el examen a las declaraciones de otros contribuyentes, estuvo a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y el dictamen del 16 de julio de 1996 señaló lo siguiente:

“Atentamente me permito dar respuesta a su oficio Nº 11-48-60-1 de junio 25 del año en curso, mediante el cual solicita el examen técnico, para finiquitar los procesos investigativos que adelanta ese despacho.

Material de estudio

Indubitado

(…).

— Acta de diligencia de declaración juramentada firmada por el señor Pérez Piedrahita Abad Otón,

(…).

Dubitados

— Declaración de renta y complementarios Nº 9402020691911 y 951020863672, (…) firmados por el señor Pérez Piedrahita Abad Otón.

(…).

Lo solicitado

Con el propósito de saber si realmente las firmas que aparecen al pie de las declaraciones y las diligencias de reconocimiento, corresponden a las misma persona.

Resultado

Con la ayuda de instrumental óptico adecuado para esta clase de experticios como son, lupas de diferentes aumentos, luz con diferente longitud de onda y la observación directa, se procedió al estudio y posterior comparación entre el material motivo de duda y las declaraciones recibidas por ese despacho en las cuales se encuentra material manuscrito aportado por las personas relacionada en su oficio encontrando lo siguiente:

(…).

Respecto de las grafías que aparecen en las declaraciones de renta y complementarios y las declaraciones juramentadas enviadas por ustedes para estudio grafológico no se encontraron características intrínsecas de la escritura que determinen concomitancia alguna de los escritos en ella observadas (sic).

Conclusión

Tómense las grafías vistas en las declaraciones de renta y complementarios y las que se observan en las actas de diligencia de declaración juramentada de las personas relacionadas como provenientes de diferente fuente manuscritural” (sic).

Contra el anterior dictamen, el contribuyente, dentro del término de traslado el 16 de diciembre de 1996 (fl. 17) (2) , presentó un escrito de objeción en el cual manifestó que el examen debió practicarse por dos peritos y además consideró que el informe no es claro preciso ni detallado; no es categórico ni conclusivo, ni hizo “un examen detallado del material de cada contribuyente en forma individualizada y concreta, sino que lo hace en forma genérica y abstracta”.

La Administración de Impuestos de Medellín no dio respuesta al anterior escrito del demandante y con base en el dictamen, su comité técnico —integrado por la administradora y funcionarios de diversas divisiones, incluida la jefe de la división jurídica— determinó rechazar la solicitud de devolución del contribuyente, decisión que se hizo efectiva con la Resolución 39 del 10 de junio de 1997, que se demanda.

En este caso, la Sala observa que desde la solicitud del dictamen se cometieron impresiones como el requerirle al perito establecer quien tiene “el deber legal” de firmar declaraciones. No hubo un adecuado análisis probatorio del caso, pues tanto la entidad como el a quo le dieron valor de plena prueba al dictamen pericial, argumentando erróneamente que este no fue objetado, desconociendo que aún en los casos en que el dictamen no es controvertido, el funcionario debe asignarle al informe el valor probatorio que le corresponda de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Ahora bien frente al dictamen pericial y la objeción presentada, la Sala observa que la administración debió dar respuesta al contribuyente, antes de rechazar la devolución, porque en efecto, el informe técnico por lo menos debía ser complementado, toda vez que se trata de un dictamen abstracto, sin claro fundamento, sin la explicación precisa de los motivos técnicos que conllevan a las conclusiones y con expresiones confusas: “concomitancia”, “Fuente manuscritural”.

La administración afectó el derecho de contradicción del contribuyente y desconoció las reglas de los artículos 784 del estatuto tributario, y 238 del Código de Procedimiento Civil, establecidas para la práctica de la prueba, pues omitió tramitar y responder oportunamente el escrito de objeciones que fue presentado.

La firma de la declaración tiene como objetivo la determinación de un responsable en tanto se liquida la obligación tributaria o se cumple con un deber formal. Constituye el reconocimiento expreso del monto del impuesto establecido. Así mismo, permite verificar la autenticidad del contribuyente o responsable, para evitar suplantaciones.

De otra parte, es requisito de procedencia la expedición de un acto previo al rechazo de la solicitud de devolución, donde expresamente se tenga la declaración como no presentada y que permita el adecuado ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, como ha sido el criterio reiterado de la Sala.

De lo anterior, puede concluirse que se vulneró el debido proceso del contribuyente, toda vez que se desconoció el valor de la declaración juramentada y no se tuvieron en cuenta sus observaciones frente a la prueba pericial presentada, con lo cual se afectó su derecho de defensa y de contradicción. La prueba no fue valorada adecuadamente por la administración y no se siguieron los trámites establecidos en la ley para su práctica. Adicionalmente no se profirió un acto administrativo previo que tuviera la declaración como no presentada.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar se declarará la nulidad de los actos demandados. Como restablecimiento del derecho, se ordenará la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del contribuyente por el año gravable 1994, con los intereses moratorios que correspondan a partir del vencimiento del término para devolver, esto es 120 días hábiles (3) después de la solicitud del 3 de noviembre de 1995, y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de conformidad con los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

En relación con la demanda contra la funcionaria Teresa Emilia González, el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo señaló la posibilidad de demandar al funcionario, en los siguientes términos:

“Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”.

Esta disposición mantiene su vigencia, como lo ha señalado esta corporación, aún después de la entrada en vigencia del artículo 90 de la actual Constitución Política (4) , toda vez que son normas que no se contraponen y por el contrario coinciden en reiterar la posibilidad que tienen las entidades estatales que han resultado responsables patrimonialmente en virtud de una condena judicial o de una conciliación, de reclamar los valores reconocidos como indemnización, a su agente que la originó por su conducta dolosa o gravemente culposa.

Lo anterior, en el entendido que “únicamente puede perseguirse al funcionario por la vía de la acción de repetición, solo después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado por el daño antijurídico por el cual debe responder. La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado” (5) .

Con la Ley 678 de 2001, que reguló la acción de repetición, también se mantiene la posibilidad de demandar conjuntamente al Estado y a su agente, entendiendo que no se trata de que el particular esté legitimado para interponer la acción de repetición, sino que se permite que en un mismo proceso se resuelva la responsabilidad de la entidad y del funcionario, en cumplimiento de los principios de economía procesal y de acceso a la administración de justicia (6) .

En consecuencia, es procedente que el administrado demande conjuntamente a la entidad y al funcionario cuando pretenda la reparación del daño causado por un acto administrativo, un hecho, una acción, una omisión o una operación administrativa. Pero solo en cuanto se establezca la responsabilidad de la entidad podrá establecerse la de su agente (7) .

No hay solidaridad entre la administración y el funcionario, pues mientras el Estado responde por los daños antijurídicos que le sean imputables, su agente solo será responsable cuando pueda imputársele dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

En el presente caso, la jefe de la división de devolución tomó unas decisiones cuyo origen fueron claramente institucionales y no individuales, como quiera que antes de proferir el acto demandado se llevó a cabo un comité técnico en el que también participaron la Administradora de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, los jefes de la divisiones jurídica, de fiscalización, de liquidación, de asuntos legales y de programación.

Según consta en el acta que obra en los antecedentes administrativos aportados, fue en dicho comité que se tomó la decisión de rechazar la solicitud de devolución del demandante. Este es un organismo asesor que está integrado pluridisciplinariamente por el administrador y los jefes de las distintas divisiones.

Adicionalmente, no puede ser considerada como constitutiva de culpa grave la conducta de la funcionaria acusada, pues obedeció a unos requerimientos de la Fiscalía General de la Nación que hacían necesario tomar las precauciones debidas para verificar que los documentos soportes de la devolución no fueran falsos.

Es reprochable, la omisión de las formalidades exigidas legalmente en el trámite de las pruebas así como su correcta valoración, pero ello no es imputable directamente a la agente estatal, por lo que no hay dolo o culpa grave que a juicio de la Sala dé lugar a la responsabilidad individual de la funcionaria en este caso, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda en relación con la doctora Teresa Emilia González.

No se condena en costas, toda vez que no se verifica una conducta temeraria que dé lugar a ellas, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 1º de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar:

2. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 39 del 10 de junio de 1997 y 202 del 3 de julio de 1998, proferidas por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, dependencia de la DIAN.

3. Como restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del contribuyente por el año gravable 1994, junto con sus intereses moratorios que correspondan a partir del vencimiento del término para devolver, esto es 120 días hábiles después de la solicitud del 3 de noviembre de 1995, y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de conformidad con los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

4. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda en relación con la responsabilidad individual de la doctora Teresa Emilia González.

5. No se condena en costas

6. RECONÓCESE a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, como apoderada judicial de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—héctor J. Romero Díaz.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) Presentada el 23 de octubre de 1995. Folio 4 del cuaderno de antecedentes.

(2) El dictamen fue notificado el 12 de diciembre de 1996 y la objeción tiene sello de recibido el 16 de diciembre de 1996 de la división de documentación de la Administración Local de Impuestos 34761.

(3) Este término se determina atendiendo a los artículos 855 y 857-1 del estatuto tributario, que establecen el plazo de treinta días contados desde la fecha de la solicitud para que la administración devuelva el saldo a favor y señalan la posibilidad suspender dicho término hasta por noventa días, como ocurrió en el presente caso.

(4) Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia S-736 del 30 de marzo de 2004, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(5) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 22 de mayo de 2003, Exp. 23532, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de abril de 2003, Exp. 5142, M.P. Alberto Arango Mantilla.

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