Sentencia 15490 de junio 28 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2003-00240-01 (15490)

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Bavaria S.A.

Fallo

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de marzo 16 de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que declaró nulos los actos administrativos que negaron las excepciones y ordenaron seguir adelante la ejecución en contra de la actora, por concepto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por los años gravables de 1990 y 1991.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de Bavaria S.A., en las cuales se negaron las excepciones propuestas.

A juicio del fallador de primera instancia, prosperó la excepción de “falta de título ejecutivo”, comoquiera que si bien el mandamiento de pago supuestamente toma como título ejecutivo las sentencias del Consejo de Estado proferidas en los procesos 8410 de octubre 3 de 1997 y 8333 de julio 11 del mismo año, en realidad se basa en la certificación expedida por los funcionarios de recaudo y cobranzas de la administración distrital sobre el estado de la cuenta corriente del contribuyente por concepto de ICA, que no se encuentra dentro de la enumeración de títulos ejecutivos de que trata el artículo 828 del estatuto tributario.

Lo primero que advierte la Sala es que el apelante presenta unos argumentos bastante confusos, los cuales pueden concretarse en que se alega que el título ejecutivo incluye el incentivo fiscal por pago, los intereses, descuentos y sanciones, lo que hace necesaria la expedición de una certificación por parte del ente fiscal, para determinar los valores liquidados, ya sea a cargo del contribuyente o a su favor, razón por la cual hace parte de dicho título.

Los antecedentes administrativos dan cuenta de lo siguiente:

En el mandamiento de pago 012217 de agosto 5 de 2002, se menciona que el título ejecutivo está conformado por los fallos del Consejo de Estado 8410 [10-03-1997] y 8333 [07-11-1997], con unos valores de $ 4.285.786 y $ 4.936.841 respectivamente, para un total de $ 9.222.627 (fl. 30 e.). Se explica que “los saldos anteriores obedecen al análisis de cuenta corriente ICA años 1993 y anteriores de agosto 16 de 2000 sobre el contribuyente Bavaria S.A. firmada por los funcionarios de recaudo y cobranzas, cuyo soporte hace parte integral del expediente y donde se aplican los pagos respetando la normatividad vigente”.

No obstante, en la sentencia del Consejo de Estado del proceso 8410, se fija la suma de $ 14.494.140, a cargo de la sociedad Bavaria S.A., por concepto del impuesto de industria, comercio y avisos, correspondiente al año gravable de 1990, vigencia de 1991 (fl. 40 c.a.).

Y en la providencia del radicado 8333 se confirmó la sentencia del tribunal, en la que se fija como valor a pagar la suma de $ 860.647.849 (fls. 180 y 217, cdno. a.).

Lo anterior claramente evidencia que a pesar de citar el mandamiento de pago como título ejecutivo las sentencias de la corporación, en realidad la suma objeto de cobro coactivo es la que en su momento le fue certificada por los funcionarios de recaudo y cobranzas de la administración distrital, de acuerdo con el estudio realizado a la cuenta corriente de ICA de la sociedad contribuyente.

Confirma lo dicho, que en la Resolución 299 del 24 de septiembre de 2002 (fl. 28 e), con la cual se declararon no probadas las excepciones planteadas, se indicó:

“Al hacer la aplicación de todos los pagos realizados por la sociedad, incluyendo los destinados a cubrir las diferencias entre las liquidaciones privadas y la establecida por la jurisdicción administrativa, la oficina correspondiente tenía que sujetarse a la norma citada y en razón a que la cuenta corriente estaba desfasada desde 1987, como se desprende del análisis de la cuenta de fecha agosto 16 de 2000, las sumas canceladas no alcanzaron a cobijar en su totalidad las deudas fiscales de los años 1990 y 1991, quedando pendientes los saldos que se esta (sic) cobrando en el presente proceso”.

En el acto administrativo que decidió la reposición interpuesta (Res. 378, nov. 7/2002) se lee:

“Así las cosas una vez adelantada la aplicación de todos y cada uno de los pagos efectuados por el contribuyente atendiendo la prelación en la imputación de los pagos de conformidad con las normas que para el efecto señaladas, se determina la existencia del saldo que se discrimina a continuación y que es le (sic) resultado de la incorporación de los eventos suscitados en relación con el contribuyente y que fueron mencionados con anterioridad.

AñoCuotaTipoValorFecha de interés
199021-08-91Diferencias$ 4.285.78621-12-97
199120-08-91Diferencias$ 4.936.84120-12-97
Total deudas$ 9.222.627

Para la Sala es notoria la inexistencia de un título ejecutivo, en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, pues aun cuando en el mandamiento de pago se indican como título ejecutivo las sentencias del Consejo de Estado, lo cierto es que la actuación se basa en la certificación de la oficina de recaudo y cobranzas, como lo ha aceptado la misma administración.

Por tanto, la determinación de librar mandamiento de pago, está fundamentada en el análisis de la cuenta corriente del contribuyente por impuesto de industria y comercio, que estaba desfasada desde 1987 y al realizar las respectivas imputaciones hasta el año de 1990 y 1991, refleja el valor consignado en el estado de cuenta.

Ahora bien, el “cobro de las obligaciones tributarias distritales”, como lo menciona el mandamiento de pago, se rige por el procedimiento administrativo de cobro establecido en el título VIII del libro quinto del estatuto tributario, en atención a lo dispuesto en el artículo 140 del Decreto Distrital 807 de 1993.

Dentro de dicho título se encuentra el artículo 828, que no contempla como título ejecutivo la certificación expedida por los funcionarios de recaudo y cobranzas de la Dirección Distrital de Impuestos, que efectivamente fue el soporte para adelantar el cobro coactivo y no los fallos del Consejo de Estado, pues a simple vista se aprecia que para nada concuerdan con los valores determinados en las providencias, lo que deviene en la ilegalidad de la actuación administrativa.

De todas maneras, vale la pena precisar que la certificación del administrador de impuestos o su delegado a que se refiere el parágrafo del artículo 828 ibídem, debe recaer sobre la existencia y valor de las “liquidaciones privadas u oficiales” previstas en los numerales 1º y 2º de la norma citada, esto es las “liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas” y “las liquidaciones oficiales ejecutoriadas”, aspecto reiterado en abundante jurisprudencia de la corporación (1) .

Por tanto, no es admisible que la certificación sobre las sumas a cargo del contribuyente, resultado del estudio de la cuenta corriente, haga parte de las sentencias, que son las que prestan mérito ejecutivo, comoquiera que es un documento independiente contentivo de una obligación distinta a la fijada en tales providencias, que legalmente no está contemplado como título ejecutable.

En consecuencia, la Sala comparte lo decidido en primera instancia, de dar prosperidad a la excepción de “falta de título ejecutivo”, en la medida en que una certificación de cuenta corriente no reúne los parámetros de ley, para ser considerada como tal, motivo suficiente para confirmar la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) En este sentido se pronunció la Sala en las sentencias de octubre 15 de 1999, expediente 9585; de noviembre 26 de 1999, expediente 9660, C.P. Julio E. Correa Restrepo; de diciembre 10 de 1999, expediente 9659, de marzo 27 de 2000, expediente 9760, actor Bancolombia S.A., de abril de 2003, expediente 13116, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; expediente 12381, de febrero 15 de 2002, C.P. Ligia López Díaz y recientemente en el expediente 9977 de junio 7 de 2006, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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