Sentencia 15490 de octubre 7 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AUTONOMÍA DE LOS FISCALES

EL FISCAL GENERAL PUEDE EXIGIR INFORMACIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES

EXTRACTOS: «Violación del principio de la doble instancia. La razón de ser de este ataque lo constituye el oficio 4075-250 de agosto 29 de 1994, dirigido por el fiscal del proceso, doctor Néstor Armando Novoa Velásquez, al Fiscal General de la Nación de la época, doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, mediante el cual rinde un “informe de las gestiones que se adelantaron para resolver la situación jurídica del procesado Fabio Puyo Vasco, y lograr su captura para hacerle efectivo el auto de detención impartido”, en el cual se hacen las siguientes precisiones:

“8. Teniendo en cuenta que conforme la documentación allegada por el defensor, el procesado Fabio Puyo Vasco iba a permanecer en la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela, del 18 al 27 de agosto, el martes 23 se calendó la resolución de situación jurídica con fecha 24, dejándola sin hora, para ganar todo el día 24, sacarla a secretaría el 25 y permitir que las autoridades venezolanas contactadas a través de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, pudieran desplegar los operativos pertinentes para la captura, librándole, por estrategia, solamente telegrama para notificación personal al doctor ..., defensor principal, quien siempre se mostró tardío a comparecer al proceso, a efecto de ganar más tiempo y lograr materializar la captura de Puyo Vasco.

9. El miércoles 24 de agosto, a las 7:45 a.m., junto con el doctor Joaquín Rueda Rincón, fiscal 254, concurrimos al despacho del doctor Armando Sarmiento Mantilla; a quien le presenté la providencia de situación jurídica, procediendo el mismo a revisarla, impartiendo su aprobación, seguido lo cual lo enteré del operativo que desde hacía varios días estaba llevando a cabo para la captura de Puyo Vasco, informándole igualmente que la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, a través del doctor Ernesto Carrasco y el funcionario Jaime Tapias..., me habían asegurado que el sindicado se encontraba en Venezuela, puesto que Eduardo Iglesias, oficial de enlace en este país..., así se los había asegurado, que por lo tanto sólo iba a librar la orden de captura a las autoridades venezolanas...” (fls. 136-141 del cuaderno correspondiente al incidente de objeción al dictamen jurídico contable emitido por peritos de la Superintendencia de Sociedades. Subrayas fuera de texto).

Para el impugnante esta comunicación evidencia un indebido entrometimiento de las esferas superiores del ente fiscal en las decisiones de sus delegados, que atenta contra el principio rector de la segunda instancia consagrado en los artículos 16 del estatuto procesal penal y 113, 228, 230 y 250 de la Carta Política, cuya violación se concretó en el desistimiento que el defensor del procesado presentó del recurso de apelación interpuesto contra la referida providencia, ante la circunstancia de haber sido revisada por el Director Nacional, y el convencimiento de que sus subalternos no osarían modificarla.

Aunque el ataque se fundamenta exclusivamente en lo expresado en la primera parte del párrafo noveno del informe, donde se sostiene que el doctor Sarmiento Mantilla procedió a revisar la providencia impartiendo su aprobación, la Corte ha resuelto transcribir el párrafo en su integridad, al igual que el inmediatamente anterior, con el fin de mostrar que lo afirmado por el demandante no corresponde al sentido del informe, y que en este punto le asiste razón al fiscal del proceso cuando sostiene que el censor descontextualiza su contenido.

De la lectura completa de su texto lo que surge es que la decisión ya estaba tomada cuando el fiscal Novoa Velásquez visitó al Director Nacional, como allí mismo se afirma y lo demuestra el hecho de que se estuvieran adelantando las gestiones pertinentes para hacer efectiva la detención del procesado. De allí que la visita no pueda ser tenida sino como una entrevista informal de carácter informativo, lo cual, en medida alguna atenta contra los principios de autonomía e independencia funcional del fiscal. Para que lo fuera, tendría que haberse demostrado que la decisión judicial adoptada fue el resultado de presiones o directrices impuestas por el superior jerárquico, lo cual no se trasluce del contenido del informe, ni de los elementos de prueba aportados al proceso.

Siendo el Fiscal General responsable y vocero de las actuaciones de la Fiscalía General ante la sociedad, resulta apenas razonable entender que en tratándose de asuntos que por su importancia revisten especial trascendencia social, exija ser informado previamente de las decisiones judiciales de sus delegados, bien de manera directa, o a través de sus más inmediatos colaboradores, con el propósito de enterarse de su naturaleza y contenido, y asumir anticipadamente la responsabilidad política que por el contenido de la decisión le corresponde frente al país.

No es cierto, además, como lo sostiene el impugnante en orden a acreditar la trascendencia del reproche, que la indebida intromisión denunciada haya tenido concreción en la circunstancia de que el defensor del procesado desistiera del recurso de apelación interpuesto contra la providencia anotada, pues tal deserción no se presentó, habiendo sido la apelación resuelta por la Fiscalía Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca (superior funcional), mediante decisión de 5 de diciembre de 1994 (fls. 9 a 26 del cuaderno Nº 1 de la delegada). De allí que resulte sin sustento fáctico procesal el argumento traído por el censor para demostrar las repercusiones del reparo.

El desistimiento se presentó pero en relación con el recurso de apelación oportunamente propuesto contra la resolución acusatoria, providencia que nada tiene que ver con el informe de 29 de agosto suscrito por el fiscal del proceso. Por eso no puede ser de recibo que se la aduzca como argumento para fundamentar el reproche, y que adicionalmente se invoquen las consecuencias jurídico procesales del abandono voluntario del recurso para alegar violación del principio de doble instancia.

La declaración de nulidades en nuestro sistema procesal penal se orienta, entre otros principios, por el de protección (art. 308.3), de acuerdo con el cual, quien haya contribuido a la producción del acto considerado irregular no está habilitado para demandar su ineficacia, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. Y, en el caso que es objeto de análisis, el trámite de la segunda instancia en relación con la acusación dejó de cumplirse no porque la fiscalía hubiese negado o limitado el derecho a la impugnación, o porque no se contara con las condiciones requeridas para una revisión imparcial por parte del superior, sino porque el defensor del procesado, dentro de la autonomía de que goza en el ejercicio del derecho de impugnación, así lo decidió al desistir voluntariamente del recurso.

Dígase, finalmente, que las afirmaciones del casacionista sobre la ausencia de condiciones para el cumplimiento autónomo e independiente de la segunda instancia en la fase de la instrucción y acusación, carecen de sustento material, en cuanto no existen elementos de juicio que permitan llegar a esta conclusión, y sus consideraciones en el sentido de que frente a la estructura orgánica funcional actual de la fiscalía, ningún fiscal osaría contrariar la opinión del Director Nacional porque pondría en riesgo su estabilidad laboral, no dejan de pertenecer al campo de las especulaciones.

El cargo no prospera».