Sentencia 15494 de febrero 20 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DISMINUCIÓN DE LA PENA A LOS CÓMPLICES

EN EL CÓDIGO PENAL DE 1980 Y EN EL VIGENTE

EXTRACTOS: «Surge diáfano que el Tribunal Superior de Cali cometió el yerro que el casacionista denuncia y que el Ministerio Público encuentra demostrado, puesto que interpretó el artículo 24 del Código Penal, Decreto 100 de 1980, dándole un alcance totalmente contrario a la que de su naturaleza se desprende.

Entendió el juez colegiado que cuando el mencionado artículo señala que el cómplice incurrirá en la pena correspondiente a la infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad, para obtener el ámbito de punibilidad, tocaba restarle la sexta parte a la pena mínima del delito, y restarle la mitad el máximo.

Como se trataba de complicidad en peculado, sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años, con tal modo de razonar fijó el ámbito de punibilidad entre cinco (5) y siete (7) años más seis (6) meses de prisión, o lo que es lo mismo entre 60 y 90 meses.

Tal modo de interpretar la norma comportó para los procesados un enorme perjuicio, reflejado en la mayor sanción que les impuso, por encima de la que de acuerdo con su grado de culpabilidad les correspondía, y también en la negativa a estudiar el subrogado de la condena de ejecución condicional, por sustracción de materia, al no converger el requisito objetivo.

La intelección lógica y sistemática del artículo 24 del Código Penal anterior implicaba que para calcular el ámbito de punibilidad del cómplice tenía que restarse la mitad al mínimo de la pena prevista para el delito, y la sexta parte descontarla del máximo.

En ese orden de ideas, si el tribunal hubiese procedido en forma legítima, en tratándose de peculado, sancionado con prisión de seis (6) a quince (15) años, dichas operaciones aritméticas arrojaban como resultado la posibilidad de aplicar una pena entre tres (3) y doce (12) años más seis (6) meses de prisión.

De ese modo, se verifica que para dosificar la pena que a cada procesado correspondía, el juez plural tomó como punto de partida seis (6) años, pese a que lo legal era que iniciara en tres (3) años de prisión.

6. La aplicación del artículo 24 del Código Penal anterior, en el sentido adecuado que acaba de explicarse, había sido objeto de estudio por la Sala de Casación Penal en su jurisprudencia, aunque sin ahondar en mayores detalles, por no mediar discusión al respecto.

Por ejemplo, en la sentencia del 14 de febrero de 1995 (radicación 09288, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz), la Corte indicó:

"La pena máxima privativa de la libertad para los cómplices del delito de estafa, agravado por la cuantía, es ciertamente, como lo consigna el procurador delegado, de 12 años y seis (6) meses, que resultan de la siguiente operación aritmética: 10 años correspondientes al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para la estafa por el artículo 356 del Código Penal, más 5 años (la mitad de 10) por razón de la cuantía (art. 372.1), para un parcial de 15 años, menos 2 años y 6 meses (1/6 parte) por virtud de la complicidad (art. 24, ibíd.)".

Se observa, pues, sin dificultad, que la sexta parte en la que disminuye la sanción para los cómplices fue aplicada al máximo de la pena prevista para el delito de estafa agravada.

7. Claro que en el marco del Código Penal, Decreto 100 de 1980, el legislador no señaló en forma expresa la manera de aplicar la disminución de la pena a los cómplices, en el sentido que no indicó cuál de las dos cantidades se debería restar del mínimo y cuál se sustraería del máximo.

No obstante, la única hermenéutica posible del derecho penal, aceptable en el ámbito de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, es aquella según la cual todo precepto que comporte la privación de la libertad de locomoción de las personas, debe interpretarse y aplicarse en modo restringido, no ampliado, como lo hizo el Tribunal Superior de Cali.

Lo anterior se enraiza en la esencia del modelo de Estado social, democrático y de derecho, fundado en la dignidad humana y en el reconocimiento de que el derecho de sancionar penalmente (ius puniendi), será legítimo sólo como última medida (ultima ratio) y en la menor cantidad posible, compatible ésta con los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la pena.

En la misma esencia del Estado y en el raigambre constitucional de los principios del derecho penal contemporáneo se cimientan otras instituciones, que en todo caso tienden a morigerar la situación del sindicado, siendo ellas también reflejo de que la intervención en los derechos fundamentales que confieren dignidad a las personas, para recortarlos o perturbar su pleno disfrute, sólo es legítima cuando se hace en mínima parte; entre ellas, la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo, el principio de favorabilidad ante la sucesión de leyes penales en el tiempo, el principio de prohibición de la analogía en mala parte y el principio de la prohibición de la reformatio in pejus.

8. En el régimen penal vigente, Ley 599 de 2000, ya no subsiste la discusión que el caso examinado comporta, puesto que el artículo 60, que establece los parámetros para la determinación de los máximos y mínimos aplicables, en su numeral 5º estipula:

"Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica".

Como para la complicidad el artículo 30 ibídem reserva la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad, no cabe duda que la rebaja de la mitad se predica del mínimo y que la merma del la sexta parte se efectúa del máximo.

Aunque, se insiste, la misma solución era la jurídicamente válida para la complicidad en el artículo 24 del Código Penal anterior, de cualquier manera, si alguien opinara diferente, en la actualidad la pena para el cómplice debe ser calculada con arreglo a las nuevas normas, por resultar los preceptos sustanciales vigentes más favorables.

9. En consecuencia, se casará el fallo impugnado con el fin de dosificar la pena que a cada uno corresponda, con acatamiento de la legalidad».

(Sentencia de casación, 20 de febrero de 2003. Radicación 15.494. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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