Sentencia 15503 de septiembre 13 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado 08001233100020000210201 (15503)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Celcaribe S.A.

Ref.: Impuesto de Industria, Comercio y Avisos

Fallo

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia de diciembre 6 de 2004 mediante la cual la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar denegó las súplicas de la demanda instaurada contra los actos por medio de los cuales la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla determinó a la actora el impuesto de industria, comercio y avisos, correspondiente al tercer bimestre de 1999.

EXTRACTOS: «Antecedentes

Con fundamento en el artículo 258 del Decreto 1333 de 1986 según el cual los municipios tienen la facultad legal de otorgar exenciones a impuestos de carácter municipal, las cuales no podrán exceder de un plazo de diez (10) años, el Concejo Distrital de Barranquilla consagró en el artículo 68 del Acuerdo 19 de 1991 una exención del impuesto de industria y comercio a favor de los contribuyentes que acreditaran, ante el comité para la generación de nuevas empresas, los requisitos legales para obtener la calidad de nueva empresa.

La demandante presentó una solicitud de calificación de nueva empresa ante el citado comité, petición que fue resuelta de forma favorable mediante acta del 28 de octubre de 1995.

Con fundamento en tal acta, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla expidió la Resolución 6 del 1º de febrero de 1996, mediante la cual concede al contribuyente Celcaribe S.A. la exención del 100% del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por un término de diez (10) años contados a partir del doce (12) de enero de 1994 hasta el doce (12) de enero de 2004.

El 10 de febrero de 1999 el Concejo Distrital de Barranquilla expidió el Acuerdo 4 que contiene el estatuto tributario del Distrito de Barranquilla. En su artículo 60 eliminó exenciones, exoneraciones y tratamientos preferenciales del impuesto de industria y comercio que se hubieren otorgado antes de la vigencia de este acuerdo y ordenó a las empresas que hubiesen obtenido una exención, cancelar el 100% del impuesto de industria y comercio.

El 20 de octubre de 1999 el departamento de impuestos distritales de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla expide el Requerimiento Especial DVIDRE-0002-99, mediante el cual se propone modificar, mediante liquidación oficial de revisión, la declaración del impuesto de industria y comercio de Celcaribe S.A. correspondiente al tercer bimestre de 1999.

Previa respuesta a dicho requerimiento, el 4 de febrero de 2000, la misma Secretaría de Hacienda expidió la Resolución 14 que contiene la liquidación oficial de revisión de ICA a Celcaribe S.A. y propone la imposición de sanción por inexactitud.

La demandante interpuso el recurso de reconsideración en contra del anterior acto oficial, el cual fue resuelto mediante Resolución 13 del 25 de mayo de 2000, confirmando la liquidación oficial de revisión.

(...).

Consideraciones de la Sección

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de diciembre 6 de 2004 proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar.

Según el apelante, mediante Resolución 6 del 1º de febrero de 1996 (acto particular) la Secretaría de Hacienda de Barranquilla concedió a la demandante una exención del 100% del impuesto de industria y comercio por el término de 10 años, desde el 12 de enero de 1994, hasta el 12 de enero de 2004.

El artículo 60 del Acuerdo 4 de 1999 suprimió todos los beneficios fiscales.

En consecuencia es necesario determinar inicialmente si la (sic) para el año gravable 1999 la sociedad actora gozaba de la exención reconocida en Resolución 6 del 1º de febrero de 1996 proferida por la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, punto de partida para un eventual análisis de los restantes cargos planteados por la apelante.

Mediante la Resolución 6 del 1º de enero de 1996, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla concedió al contribuyente Celcaribe S.A. la exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros así: “100 % del aforo desde enero 12 de 1994 hasta enero 12 de 2004”.

En los considerandos de dicho acto administrativo se expone:

“Que el señor Carlos Recio Munk identificado con la C.C. Nº 7.480.036 de Barranquilla actuando en calidad de gerente general de la sociedad Celcaribe S.A. ha solicitado la calificación de nueva empresa, según lo previsto en el Acuerdo 19 de 1991, para efectos de acogerse al beneficio de exoneración del impuesto de industria y comercio que el mismo acuerdo consagra.

“Que la solicitud fue presentada de conformidad con el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo Decreto 1 de 1984.

“Que la sociedad tiene como objeto social prestación de servicio público de telecomunicaciones, telefonía móvil celular. Que para efectos de obtener esta calificación por parte del comité generador de nuevas empresas, el solicitante aportó la siguiente documentación:

(...)”.

“Que valorada la documentación que aporta la empresa Celcaribe S.A. para obtener el beneficio se encuentra que se ajusta a las exigencias establecidas por el artículo 68 el Acuerdo 19 como son:

“— Que la empresa no sea el resultado de una transformación, fusión reapertura de otra existente.

“— Que la actividad de que se trata se desarrolle en establecimientos a los cuales correspondan nuevas matrículas en Cámara de Comercio.

“— Que el nuevo establecimiento no sea el resultado del traslado de una dirección a otra en jurisdicción del municipio de Barranquilla.

“— Que quien aspire a la exención esté cumpliendo con las obligaciones relacionadas con el registro mercantil.

“— Que el comité para la generación de nuevas empresas, luego de amplia deliberación y teniendo en cuenta las consideraciones antes descritas, los miembros del comité en forma unánime decidieron aprobar la exoneración consagrada en el Acuerdo 19 de 1991 a través de acta veintiocho (28) del mes de octubre de 1995 a la empresa Celcaribe S.A.” (fls. 23 y 24 exp.).

La administración aduce en la Liquidación Oficial de Aforo 14 del 4 de febrero de 2000: “... por disposición del artículo 60 del Acuerdo 4 de 1999 (Por el cual se expide el estatuto tributario del distrito industrial y portuario de Barranquilla), al derogar la Resolución 6 de 1996, se establece que la declaración privada del impuesto de industria y comercio a cargo y su complementario de avisos y tableros, a partir del período gravable siguiente a la sanción del Acuerdo 4 de 1999 es decir, el período comprendido por el bimestre mayo - junio del año 1999 ya se había eliminado la exención otorgada por la resolución en mención y debió declarar y pagar la totalidad de la liquidación del impuesto de industria y comercio a cargo y su complementario de avisos y tableros; sin haber adoptado la exención, ya que esta no existía” (fl. 26 exp.).

El artículo 60 del Acuerdo 4 del 10 de febrero de 1999, proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla, por el cual se expide el estatuto tributario del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, señala:

“ART. 60.—Eliminación de tratamiento preferenciales, exenciones y exoneraciones, en el impuesto de industria y comercio. A partir de la sanción del presente acuerdo, quedarán eliminados todos los tratamientos preferenciales y exenciones, que hayan sido otorgados en el impuesto de industria y comercio en el Distrito de Barranquilla. En consecuencia las empresas que hubiesen obtenido tal beneficio deberán cancelar el 100% del impuesto de industria y comercio a cargo y su complementario de avisos y tableros”.

La exención que fue concedida mediante Resolución 6 del 1º de enero de 1996, proferida por la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla a la sociedad demandante se sustenta en el artículo 38 de la Ley 14 de 1983: “Los municipios solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal”.

El artículo 294 de la Constitución Política otorga dicha potestad a las autoridades territoriales, al señalar: “la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales”.

Observa la Sala que la sociedad actora de esta forma confió en la estabilidad jurídica que le brindaba la administración, estableciéndose como “nueva empresa” y cumpliendo los requisitos legalmente establecidos para acceder a dicho beneficio. De esta forma se hizo acreedora al beneficio de la exención otorgada por la autoridad competente, expresada en la Resolución 6 del 1º de enero de 1996, de manera individual y concreta.

La facultad del legislador de modificar o derogar las normas tributarias no resulta restringida por el principio de irretroactividad de las leyes tributarias y tal atribución debe ejercerse con arreglo a los principios y garantías constitucionales, de equidad y de justicia (C.N., art. 95-5).

Sin embargo, el principio de irretroactividad no se opone al concepto de situación jurídica consolidada, respecto del cual esta corporación (1) ha precisado que “aun cuando en materia tributaria no se puede hablar de derechos adquiridos, pues estos hacen referencia al derecho privado (C.N., art. 58), sí debe hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, las cuales emanan del principio de legalidad del tributo” posición jurídica que se reitera.

Observa la Sala que en el caso bajo análisis, además de existir una situación jurídica consolidada frente a la norma que le concedió el beneficio fiscal, surgen derechos adquiridos derivados de la confianza legítima del contribuyente en la oferta del municipio según el cual, del cumplimiento una vez de los requisitos (2) y estableciéndose en la ciudad de Barranquilla, adquirió el beneficio de una exoneración por el término de diez (10) años, lo cual se plasmó en la Resolución 6 del 1º de febrero de 1996.

En aplicación de los señalados principios de equidad y justicia procede el respeto de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley anterior, es decir que la ley nueva no puede desconocer los efectos que produjo la norma derogada o modificada durante su vigencia (3) .

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 9 de diciembre de 1987 (4) , al analizar la constitucionalidad de una norma que derogó un beneficio fiscal, señaló:

“Declarar derogada una norma que consagraba cierto beneficio tributario en modo alguno significa poner en tela de juicio los derechos que, en casos concretos (...), se hubieren radicado en cabeza de personas particulares durante el tiempo en que tal beneficio era aplicable, ya que no es asunto del legislador sino de la administración tributaria y, en su caso, de los organismos jurisdiccionales competentes, definir si en cada caso se cumplieron (durante la vigencia de la norma que consagraba el beneficio) los requisitos legalmente exigidos para entender que se trataba de un derecho adquirido y no de una mera expectativa.

“Lo que tutela la norma constitucional es la seguridad que debe cobijar a las personas en el sentido de que situaciones consolidadas a la luz de leyes anteriores no resulten después desconocidas, pero de ninguna manera significa que la norma abstracta y general a cuyo amparo esas situaciones se consolidaron deba obligatoriamente seguir rigiendo, pues ello equivaldría no solo a petrificar la legislación sino a forzar el que se sigan consolidando “ad infinitum” aun contra las conveniencias públicas por haberse maniatado al legislador.

(...)” (negrillas fuera de texto).

Conforme al Acuerdo 4 del 10 de febrero de 1999 la exención otorgada desaparece a partir de su sanción declarando la administración que para el bimestre mayo - junio de 1999 se había eliminado la exención.

Para la Sala, el contribuyente hizo uso de una opción que le otorgó la ley tributaria vigente entonces, la cual otorgaba expresamente un beneficio fiscal a quien cumpliera los requisitos establecidos, circunstancia que fue aceptada por la administración, en consecuencia, dicha opción debe ser respetada.

Se reitera de esta forma el criterio expuesto en sentencia del 3 de agosto de 2006, expediente 14897 C.P. María Inés Ortiz Barbosa en donde se anotó:

“Ante la derogatoria del artículo no cabe duda a la Sala de que el estímulo a la generación de empleo fue retirado del mundo jurídico por el legislador, no obstante lo cual principios de buena fe y confianza legítima (C.N., art. 86), que constituyen fundamento del sistema jurídico, toda vez que con base en ellos el contribuyente actúa en el entendido que la administración respeta las reglas de juego vigentes al momento de realizar determinada conducta y la administración presume que el particular obra de buena fe, se aúnan a los efectos de la norma derogada y que entonces estaban produciendo efectos (resalta la Sala).

En consecuencia, ante la prosperidad del cargo estudiado, la Sala se releva del estudio de los demás argumentos propuestos en el recurso de apelación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

1. Anúlanse las resoluciones 14 del 4 de febrero de 2000 y 13 del 25 de mayo de 2000 proferidas por el departamento de impuestos distritales de la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, actos administrativos por medio de los cuales se liquida oficialmente el impuesto de industria, comercio ($ 119.390.000) avisos y tableros, ($ 17.909.000), se liquidan intereses moratorios ($ 24.808) y se impone sanción por inexactitud ($ 219.548.000) a cargo de la demandante por el tercer bimestre de 1999.

2. A título de restablecimiento del derecho, se declara que la sociedad demandante no está obligada al pago de las sumas determinadas en los actos que se anulan.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 22 de octubre de 1993, expediente 4828, M.P. Dr. Jaime Abella Zárate.

(2) El contribuyente acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 68 del Acuerdo 19 de 1991 proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla, para acceder al beneficio , a saber:

Que la empresa no sea el resultado de una transformación, fusión reapertura de otra existente.

Que la actividad de que se trata se desarrolle en establecimientos a los cuales correspondan nuevas matrículas en cámara de comercio.

Que el nuevo establecimiento no sea el resultado del traslado de una dirección a otra en jurisdicción del municipio de Barranquilla.

Que quien aspire a la exención este cumpliendo con las obligaciones relacionadas con el registro mercantil.

(3) Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 3 de agosto de 2006, exp. 14897, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(4) En esta oportunidad la C.S.J. analizó lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 por medio de la cual se derogó el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981 que establecía un descuento por 10 años del 100% del impuesto sobre la renta para las empresas colombianas de transporte aéreo.

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