Sentencia 15504 de noviembre 8 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: expediente 66001 23 31 000 2003 00316 01 (15504)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Jesús Antony Jones Álvarez C/ Dian

Impuesto de renta - año gravable 2000

Fallo

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación contra la sentencia del 10 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en juicio de nulidad y restablecimiento de derecho, contra el Auto Declarativo 16076200200000 del 9 de octubre de 2002 y las resoluciones 900001 del 18 de diciembre de 2002, expedida por el jefe de la división de fiscalización tributaria y aduanera y 2626 del 19 de diciembre de 2002, expedida por el director local de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, por medio de los cuales se declaró sin efectos jurídicos la declaración de renta del año gravable de 2000 de Jesús Antony Jones Álvarez.

Antecedentes

El actor Jesús Antony Jones Álvarez, presentó oportunamente la declaración de impuesto sobre la renta del año gravable 2000, el día 10 de mayo de 2001 en el Banco de Occidente, acogiéndose al beneficio de auditoría de acuerdo a lo previsto en el artículo 689-1 del estatuto tributario, modificado por el artículo 17 de la Ley 633 de 2000 y reglamentado por el Decreto 406 de 2001.

El 20 de agosto de 2002, la división de fiscalización de la administración local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, avocó la investigación originada por una operación de registro practicada al contribuyente el 9 de mayo de 2002.

Según la Administración de Impuestos y Aduanas del análisis formal de la declaración de renta del año gravable de 2000 se evidenció que estaba firmada por el señor Jesús María Manrique, identificado con la cédula de ciudadanía 10097546 y con tarjeta profesional de contador público 4499-T, calidad que no ostenta según respuesta de la Junta Central de Contadores del 29 de julio de 2002, informando que la tarjeta profesional pertenece a una persona diferente.

El 9 de octubre de 2002, la división de fiscalización de la Dian de Pereira expidió el Auto Declarativo 160762002000001, dejando sin efecto legal la declaración de renta presentada por el contribuyente, argumentando que no fue presentada en debida forma porque quien se anunció como contador público y suscribió la declaración de renta, no tiene dicha calidad y la tarjeta profesional no le corresponde.

Contra la anterior decisión el actor interpuso los recursos de reposición y apelación fundamentándolos en que la administración durante los 12 meses nunca dijo que dicha declaración no reunía los requisitos formales y los de fondo, exigidos para el beneficio de la auditoría establecido en el artículo 689-1 ídem.

El 23 de octubre de 2002, el actor interpuso los recursos de reposición y apelación. La división de fiscalización al resolver el primer recurso mediante Resolución 900001 del 18 de diciembre de 2002, reitera que la declaración no está debidamente presentada y cita el artículo 580 del estatuto tributario, sin mencionar su causal.

Mediante Resolución 2626 del 19 de diciembre de 2002, se resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión.

Demanda

Jesús Antony Jones Álvarez, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró demanda contra los actos administrativos referidos e impetró las siguientes pretensiones:

Declarar la nulidad del Auto Declarativo 16076200200000 del 9 de octubre de 2002 y de las resoluciones 900001 del 18 de diciembre de 2002, expedida por el jefe de la división de fiscalización tributaria y aduanera y; 2626 del 19 de diciembre de 2002, expedida por el director local de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos administrativos, se ordene el restablecimiento del derecho al demandante consistente en tener como declaración de renta del año gravable de 2000, la que presentó el contribuyente el 10 de mayo de 2001, en el Banco de Occidente sucursal Pereira.

Como normas violadas invocó los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; artículos 580 y 689-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 17 de la Ley 633 de 2000.

Como concepto de la violación argumentó:

Señaló que hay falsa motivación porque el motivo que manifestó la administración para la expedición de los actos demandados “es la ausencia de firma del contador público en la declaración, pero este motivo que aduce la Dian es falso porque no existió, pues cuando se presentó la declaración de renta del año gravable de 2000 con beneficio de auditoría, para la administración y el contribuyente esa gestión está ceñida a la presunción de buena fe porque ni el contribuyente ni la Dian, sabían que el contador que firma la declaración no tenía la calidad.

Consideró que el contribuyente desde antes de presentar la declaración gozaba de la presunción de buena fe, porque desde que el señor Manrique, le exhibió la fotocopia de su matrícula de contador era porque tenía esa calidad.

Manifestó que la administración tenía un plazo de doce meses para desvirtuar la presunción de buena fe, plazo dentro del cual se debía realizar el procedimiento que concluyó con los actos impugnados, so pena de firmeza de la declaración de renta.

Adujo que la administración al desconocer el principio de buena fe, vulneró la Constitución y el estatuto tributario, en sus artículos 580, 689-1, este último modificado por el artículo 17 de la Ley 633 de 2000 y el Decreto Reglamentario 406 de 2001, porque la declaración ha adquirido firmeza y cuando esta desvirtúa la presunción de buena fe con la prueba expedida por la Junta Central de Contadores, allega al trámite administrativo para desconocer la declaración y el beneficio de auditoría, cuando el término ya había precluido.

Explicó que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 633 de 2000, durante el plazo de los 12 meses contados a partir de la presentación de la declaración de renta, la administración debió analizar si existía alguna inconsistencia formal en la declaración sobre las exigencias del artículo 580 del estatuto tributario o si carecía de alguno de los requisitos exigidos para acogerse al beneficio de auditoría.

Agregó que el artículo 228 superior consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, la declaración de renta presentada con beneficio de auditoría no puede ser desconocida por la ausencia de la firma del contador, pues es un asunto meramente formal que no puede prevalecer sobre el aspecto sustancial, sobre todo cuando existe la presunción de buena fe, y cuando la prueba que la desvirtúa surge con posterioridad a la firmeza de la declaración, razón por la cual están viciados de nulidad los actos demandados.

Argumentó que en el trámite de los recursos gubernativos, en el paso del expediente de la primera a la segunda instancia debe dársele la oportunidad al recurrente de ejercitar su derecho de defensa frente a lo decidido por lo decidido por el de primera instancia.

Advirtió que en el sub examine el administrador local, quien es la segunda instancia al día siguiente del recurso de reposición o sea el 19 de diciembre de 2002, expidió la Resolución 2626 y la notificó ese mismo día, violándose el derecho de defensa al contribuyente que puede generar la nulidad del acto administrativo confirmatorio que resolvió la reposición.

Contestación de la demanda

La demandada fundamentó su defensa en los siguientes términos:

Aceptó como ciertos los hechos de la demanda con excepción del hecho segundo, ya que el beneficio de auditoría para la declaración de renta y complementarios del año gravable 2000 no operó ya que conforme con lo ordenado por el artículo 689-1 del estatuto tributario, este se surtía siempre y cuando hubiese sido la declaración presentada debidamente, no obstante cumplir con los demás requisitos.

Propuso como excepción la inepta demanda por cuanto el actor presentó declaración de corrección el 24 de octubre de 2002 en las condiciones del parágrafo 2º del artículo 588, es decir la falta de firma de contador público titulado en su declaración inicial. En la declaración de corrección se liquidó la sanción por extemporaneidad, equivalente a $ 204.000, los cuales fueron pagados en el mismo acto, lo que significa que el contribuyente aceptó los planteamientos del acto oficial enmendando su error.

Manifestó que acaecida la corrección la declaración inicial recobra su validez, que había decaído, por el cuestionamiento de la falta de firma, no obstante la última sea la vigente según lo estipulado por el artículo 588, en su inciso 2º del estatuto tributario.

Señaló que no hay falsa motivación alegada por el demandante con fundamento en la presunción de buena fe, pues a folio 32 obra prueba de el director general de la Junta Central de Contadores fechado el 22 de julio de 2002, donde se dice que el señor Jesús María Manrique, no aparece inscrito como contador, por lo que no puede entenderse cumplido el requisito de su firma en la declaración tributaria de mayo 10 de 2001.

Indicó que la buena fe exime de responsabilidad cuando ha estado exenta de culpa, pero el demandante no puede pretender ser exonerado por su falta de mediano cuidado al contratar un contador sin constatar si estaba inscrito o no, como tal. La buena fe capaz de exonerar de culpa no hace referencia a la ignorancia, a la inexperiencia o falta de diligencia o el descuido en las actuaciones o en los negocios.

Manifestó respecto al beneficio de auditoría que planteó el actor que este no opera porque de acuerdo con el artículo 689-1 del estatuto tributario requiere de unos requisitos como que la declaración haya sido presentada debidamente, pero como este no cumplió en debida forma con los mismos, no se puede alegar tal beneficio.

Argumentó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede cuando una persona se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica y por lo tanto no existiendo derecho para restablecer la acción debe considerarse fallida, por lo que debe emitirse un fallo inhibitorio.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante fallo del 10 de febrero de 2005, negó las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:

Señaló en primer término que no prospera la excepción de inepta demanda invocada por la demandada, por cuanto la acción encaminada por el demandante es la consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que como contribuyente del impuesto de renta y complementarios pretende se anulen los actos administrativos por él impugnados al considerar que estos lesionan su derecho subjetivo, particular y concreto como es la firmeza de la declaración de renta y complementarios por el año gravable de 2000.

Consideró respecto a la falsa motivación alegada por el actor que le asiste razón a la Dian al rechazar mediante auto declarativo de 9 de octubre de 2002, la declaración de renta y complementarios para el año 2000, en virtud de que quien suscribió como contador no tenía esa calidad.

Expresó que el plazo otorgado por el legislador a la Dian para efectuar el emplazamiento para corregir la declaración tributaria con beneficio de auditoría se refiere a aspectos estrictamente ceñidos a la inexactitud de la declaración del contribuyente tal y como lo señala el artículo 685 del estatuto tributario.

Concluyó que el artículo 689-1 otorga el efecto de la firmeza de la declaración de renta cuando se han vencido los doce meses con que cuenta la administración para efectuar la investigación correspondiente, siempre y cuando se observe el cumplimiento del presupuesto sustancial de la debida presentación de la declaración de impuestos, lo que no ocurre en este caso.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia el demandante interpone recurso de apelación.

Precisó que la declaración sí fue avalada por un contador, pues no se omitió la exigencia que trae el artículo 580 del estatuto tributario está satisfecha por lo que la misma debe producir plenos efectos jurídicos.

Indicó que la declaración de renta adquiere firmeza de conformidad con lo previsto en el artículo 689-1 del estatuto tributario y por lo tanto el auto declarativo a parte de no tener razón, se hizo de manera extemporánea.

Señaló que para que la Administración insistiera en la ausencia del requisito del literal d) del artículo 580 debió expedir oportunamente el respectivo acto administrativo, para así el contribuyente haber tenido la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa, de lo contrario los actos demandados son nulos porque vulneran principios del debido proceso y de presunción de buena fe.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró lo expresado en la demanda y en el recurso de apelación.

El demandado reiteró lo expresado en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones

Se controvierte en esta instancia la legalidad del Auto Declarativo 160762002000001 de fecha 9 de octubre de 2002 y de las resoluciones 90001 del 18 de diciembre de 2002, expedida por el jefe de la división de fiscalización tributaria y aduanera y 2626 del 19 de diciembre de 2002, expedida por el director local de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira.

El actor considera que la declaración de renta por el año gravable de 2000, presentada con beneficio de auditoría el 10 de mayo de 2001 quedó en firme, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 689-1, modificado por el artículo 17 de la Ley 633 de 2000 transcurrieron más de doce meses, siguientes a la fecha de su presentación, sin que se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siendo en consecuencia extemporáneos, tanto el procedimiento adelantado como las decisiones adoptadas por la administración relativas a tener por no presentada la declaración de renta año gravable 2000.

Por su parte la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales señaló que el contribuyente responsable del impuesto de renta no se ajustó de manera estricta al artículo 689-1, pues la declaración no fue debidamente presentada por carencia de la firma de contador público, ya que quien la suscribió en condición de tal, no tenía dicha índole, encontrándose incurso en la causal señalada en el literal d) del artículo 580 del estatuto tributario.

Para resolver se considera:

Tratándose del beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del estatuto tributario, antes de la adición prevista en la Ley 863 de 2003, esta corporación (1) ha considerado que para su procedencia el legislador señaló los siguientes requisitos:

1. Se predica de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios para los períodos gravables 2000 a 2003.

2. Se debe incrementar el impuesto neto de renta a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior.

3. La declaración ha de estar debidamente presentada, en forma oportuna y el pago debe realizarse en los plazos que para el efecto fije el Gobierno N Nacional.

4. El transcurso del término de doce meses a partir de la fecha de la presentación de la declaración y que dentro de este no notifique emplazamiento para corregir.

El inciso segundo preveía también, que para los contribuyentes que se sometían al beneficio, el término de firmeza también se aplicaba para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio.

La firmeza de las declaraciones, implica que la administración no puede ejercer válidamente su facultad de fiscalización respecto de las liquidaciones privadas, por tanto, los actos tendientes a modificar los factores declarados deben ser proferidos dentro del término de los doce (12) meses previstos en la norma para la firmeza de la declaración, pues una vez en firme, la declaración es inmodificable tanto por el contribuyente como por la administración. Por el contrario, si se expiden dichos actos dentro de la oportunidad legal, no opera la firmeza y el fisco puede determinar oficialmente el impuesto.

En el caso de autos observa la Sala que el contribuyente presentó su denuncio rentístico correspondiente al año gravable 2000, el 10 de mayo de 2001, acogiéndose al beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del estatuto tributario.

Para tal efecto, incrementó el impuesto neto de renta a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior.

Presentó la declaración firmada por el contribuyente y por contador público, en forma oportuna y se pagó en los plazos determinados por el Gobierno Nacional.

Ahora bien, conforme al beneficio de auditoría, la firmeza de su declaración privada, operaba si la administración dentro del plazo de doce meses no expedía emplazamiento para corregir.

Advierte la Sala que en el sub exámine, como la declaración privada fue presentada el 10 de mayo de 2001, el plazo para que se diera la firmeza del denuncio privado finalizaba el 10 de mayo de 2002, fecha para la cual la administración debió notificar el emplazamiento para corregir, sin embargo, el primer acto que la administración produjo lo fue el “auto declarativo” del 9 de octubre de 2002, dejando sin efectos el denuncio rentístico del actor, por ausencia de la firma de contador público, toda vez que quien firmó carecía de tal calidad.

Estima la Sala que para entonces había prescrito la facultad fiscalizadora y revisora de la administración, dando lugar a la firmeza de la correspondiente liquidación privada.

En efecto, la administración dejó vencer el término de los doce meses sin que notificara emplazamiento para corregir, siendo evidente que hasta el día anterior a su vencimiento, el 9 de mayo de 2002, inició el proceso de fiscalización y revisión realizando una operación de registro en las instalaciones del contribuyente.

Es así como hasta 9 de octubre del mismo año, expidió el auto declarativo, dejando sin efecto legal el denuncio rentístico privado, fecha para la cual ya se había superado ampliamente el plazo de los doce meses, operando en consecuencia la firmeza de la declaración privada, pues ha sido criterio de la Sala que el denuncio tributario aún cuando adolezca de irregularidades para tenerse como no presentado, si transcurre el lapso previsto en la ley para que se consolide su firmeza sin ser cuestionado por el ente fiscal, se vuelve inmodificable (2) .

En este orden de ideas, toda vez que la administración dejó transcurrir el lapso de los doce meses sin que hubiera cuestionado la declaración privada del actor, esta adquirió firmeza, y en consecuencia, a partir del 10 de mayo de 2002, se tornó en inmodificable para la administración como para el contribuyente.

De esta manera, el auto declarativo por el cual se tiene por no presentada la declaración privada de Jesús Antony Jones Álvarez debía ser proferido y notificado antes de que operara la firmeza de la declaración pues estaba sometido al término previsto en la ley.

Así mismo, la declaración de corrección presentada por el actor, el 24 de octubre de 2002 con ocasión del auto declarativo, tampoco es válida, por cuanto en virtud de la firmeza la declaración de renta del año gravable 2000, no podía modificarse ni por la administración como tampoco por el actor.

Demostrada la ilegalidad de la actuación administrativa, es del caso, revocar la sentencia apelada, para en su lugar declarar la nulidad de los actos censurados, prosperando en consecuencia el recurso de apelación instaurado por el demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. A manera de restablecimiento del derecho, declárase la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2000, stiker 2303301062488-9, presentada por el contribuyente el 10 de mayo de 2001.

2. RECONÓCESE personería a la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano como apoderada de la Nación, en los términos del poder que obra a folio 203 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

(1) Sentencia del 30 de noviembre de 2004, C.P. Ligia López Díaz, Expediente 14126.

(2) Sentencia del 12 de mayo del 2005, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Expediente 14219.

________________________________