Sentencia 15553 de abril 17 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001-23-31-000-1995-01588-01(15553)

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Arroz Marfil Fernández Restrepo y Cía SCA C/Municipio de Medellín

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación debe la Sala decidir en primer lugar la excepción de inconstitucionalidad de la Resolución 555 del 10 de abril de 1992 formulada por el actor y posteriormente analizar si se presentó la firmeza de la declaración privada como consecuencia de la extemporaneidad del requerimiento especial previo a la liquidación de revisión.

El artículo 338 de la Constitución Nacional dispone que los concejos pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales y establece que por acuerdo se fijen los sujetos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos e incluso que estas últimas se señalen por las autoridades; y el artículo 313-4 prevé que la facultad para votar por acuerdo los tributos, se debe ejercer de conformidad con la Constitución y la ley, limitación igualmente establecida por el artículo 287 ibidem, relativo al régimen de las entidades territoriales.

El concejo municipal de Medellín, mediante Acuerdo 61 del 20 de diciembre de 1989 y con fundamento en la Ley 14 de 1983, dictó las disposiciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio para dicho municipio y por disposición expresa comprendida en el artículo 33, estableció la obligatoriedad de la presentación anual de la declaración y liquidación privada de industria y comercio, sin que exceda el último día hábil del mes de abril.

En el caso sub examine, argumenta la parte demandada que en uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el Acuerdo 61 de 1989, la división de rentas municipales de la secretaría de hacienda, expidió la Resolución 555 del 10 de abril de 1992, por medio de la cual prorrogó el término de presentación de la declaración de industria y comercio correspondiente al año 1991 hasta el 6 de mayo de 1992.

La Sala destaca que en cuanto la Resolución 555 del 10 de abril de 1992, expedida por la división de rentas municipales de Medellín, prorroga el término para la presentación de la declaración y liquidación privada de industria y comercio y avisos correspondiente al año de 1992 hasta el 6 de mayo de 1992, está desbordando las facultades otorgadas por el citado acuerdo.

Lo anterior, por cuanto el acuerdo citado contiene en el capítulo VII las obligaciones y atribuciones de la dirección general de impuestos (funciones que realizará el departamento de impuestos, hasta tanto se reestructure, art. 120), las cuales desarrolla a partir del artículo 44 hasta el 63, sin que en ellos se evidencie disposición alguna que faculte a la división de rentas municipales para prorrogar el término de presentación para la declaración y liquidación privada de industria y comercio y avisos.

En consecuencia, la orden dada por la división de rentas municipales, mediante Resolución 555 del 10 de abril de 1992 no se puede aplicar al sub lite, pues se observa que por ser dicho acto administrativo proferido sin tener las facultades para ello, no puede modificar disposiciones incluidas en normas superiores como en el presente caso el Acuerdo 61 de 1989, que como se anotó, contempla las disposiciones del impuesto de industria y comercio y establece la presentación anual de la declaración tributaria, sin que exceda el último día hábil del mes de abril y la firmeza de la declaración (sic) dos años contados a partir de la fecha de vencimiento de la presentación.

Conforme a lo anterior, se debe dar prosperidad al cargo de apelación analizado, por cuanto el requerimiento especial número 184 del 4 de mayo de 1994 fue expedido extemporáneamente porque las facultades de revisión habían caducado el día 30 de abril de 1994 y encontrarse en firme la declaración tributaria presentada por la sociedad actora el 3 de abril de 1992 de conformidad con el artículo 53 del Acuerdo 61 de 1989 en concordancia con el artículo 58 ibidem.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo apelado y en su lugar se declarará la firmeza de la declaración tributaria presentada por la sociedad actora, previa anulación de la liquidación oficial de revisión contenida en la Resolución 483 del 3 de noviembre de 1994 y la Resolución 17-265 del 27 de mayo de 1995 que resolvió el recurso de apelación.

De otra parte, a folios 309 aparece certificación de la supervisora del grupo de información indicando que la actora pagó por concepto de impuesto de industria y comercio y avisos, en cumplimiento de la Resolución REQ-483 de noviembre 3 de 1994 y la Resolución SH-17-265 del 27 de mayo de 1995, por reajuste la suma de $ 19.423.896 y por sanción por inexactitud $ 20.671.081. Igualmente a folios 121, 122 y 123 obra fotocopia de los recibos de pagos efectuados por el actor; razón por la cual se ordenará la devolución de las sumas canceladas junto con los respectivos intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho se ordenará al municipio de Medellín restituir a la sociedad Arroz Marfil Fernández Restrepo y Cía, la suma de $ 19.423.896 que equivale al mayor valor cancelado por concepto de impuesto de industria y comercio, año base 1991, período gravable 1992 y $ 20.671.081 que equivale a la suma cancelada como sanción por inexactitud, junto con los respectivos intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 14 de febrero de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. ANÚLASE la actuación administrativa contenida en la liquidación de revisión, Resolución REQ 483 del 3 de noviembre de 1994 de la división de rentas municipales de Medellín y la Resolución SH 17-265 del 27 de mayo de 1995 expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín, mediante las cuales determinó el impuesto de industria, comercio y avisos por el período gravable de 1991, vigencia 1992 a la sociedad Arroz Marfil Fernández Restrepo y Cía.

3. DECLÁRASE en firme la declaración privada del impuesto de industria y comercio presentada por la sociedad Arroz Marfil Fernández Restrepo y Cía, por el período gravable de 1991, vigencia 1992.

4. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE al municipio de Medellín restituir a la sociedad Arroz Marfil Fernández Restrepo y Cía, la suma de $ 19.423.896 que equivale al mayor valor cancelado por concepto de impuesto de industria y comercio, año base 1991, período gravable 1992 y $ 20.671.081 que equivale a la suma cancelada como sanción por inexactitud, junto con los respectivos intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

ACLARACIÓN DE VOTO

Consigno a continuación la aclaración de voto anunciada frente a la providencia aprobada mayoritariamente.

Si bien comparto la decisión adoptada por la Sala estimo del caso precisar que la liquidación del impuesto de industria y comercio presentada por la sociedad actora el día 2 de abril de 1992, se rige por el término establecido en el artículo 33 del Acuerdo 61 de 1989, que señala la obligatoriedad de presentación anual de la declaración y liquidación privada del mencionado tributo, “sin que exceda el último día hábil del mes de abril”, que para el año gravable en cuestión correspondía al 30 de abril de 1992.

Así las cosas, independientemente de que la Resolución 555 del 10 de abril de 1992 estuviera ajustada o no al ordenamiento superior, tal como se analizó en la providencia objeto de aclaración con consideraciones que comparto, resulta claro que la liquidación privada fue presentada en vigencia del mencionado acuerdo y por tanto el término de firmeza se cuenta a partir de la fecha indicada en este último (Ac. 61/89, art. 53).

En consecuencia, la declaración del impuesto de industria y comercio quedó en firme el 30 de abril de 1994 y por tanto la notificación del requerimiento especial expedido por la administración municipal realizada el 6 de mayo de 1994, fue extemporánea.

De otra parte, en cuanto a los argumentos de la sentencia de la referencia para inaplicar la Resolución 555 de 10 de abril de 1992, considero que la ampliación de los plazos para declarar no puede ser objeto de delegación en el jefe de la división de rentas municipales, lo cual tiene fundamento además de las razones expuestas en la providencia, en el artículo 579 del ETN, que prevé que los lugares y plazos para presentar las declaraciones tributarias las señala el Gobierno Nacional, lo cual a nivel local se traduce en que tal facultad corresponde al secretario de hacienda o a quien haga sus veces.

Con todo respeto,

María Inés Ortiz Barbosa 

SALVAMENTO DE VOTO

No debió inaplicarse la Resolución 555 del 10 de abril de 1992 de la división de rentas municipales de Medellín que prorrogó el término para la presentación de la declaración de industria y comercio del año 1992, porque la fijación de los plazos para declarar es una función de ejecución que bien podía desarrollar esa dependencia y que en este caso se originó en la dificultad que los contribuyentes tenían para el cumplimiento de su deber formal, toda vez que los días 13, 14 y 15 de abril de dicho año, no fueron laborales en la administración municipal de Medellín.

En mi opinión el plazo para declarar fijado en la resolución mencionada no es ilegal y en consecuencia además de permitir que los contribuyentes presentaran sus declaraciones hasta el 2 de mayo de 1992, también obliga a tener en cuenta este plazo como el que inicia la contabilización del término de firmeza de las declaraciones.

El criterio aprobado por la mayoría significa que los contribuyentes que se acogieron al plazo fijado en Ia resolución que se inaplica por ilegal, declararon de manera extemporánea.

Ligia López Díaz 

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