Sentencia 15553 de febrero 13 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrados Ponentes:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Dra. Marina Pulido de Barón

Aprobado: Acta 23

Bógotá, D.C., trece de febrero del dos mil tres.

Vistos

Mediante sentencia del 25 de junio de 1998, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, al dictar sentencia anticipada, condenó a Alirio Muñoz Pulido a las penas principales de 20 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por 10 meses, por encontrarlo penalmente responsable, como autor, del delito de concusión. También le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.

Recurrida esta decisión por el defensor, fue confirmada por el Tribunal Superior el 9 de septiembre del mismo año. El procesado y su apoderado interpusieron recurso de casación. La Sala se pronuncia de fondo sobre el mismo.

Hechos:

En el Centro de Información sobre Actividades Delictivas, CISAD, de la Fiscalía General de la Nación, se recibieron informaciones que daban cuenta que el doctor Alirio Muñoz Pulido, Alcalde del barrio Restrepo de esta capital, exigía comisión para la asignación de contratos. En escrito del 30 de agosto de 1994 se pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y se especificó que a Maritza Zabala, quien participó en dos licitaciones, el burgomaestre le pedía el 30% del valor de dos convenios que por valor de 10 y 15 millones de pesos le fueron adjudicados y que la estaba presionado para que cumpliera con el pago.

El 31 de agosto de 1994 se inició una indagación preliminar, dentro de la cual se estableció que en horas de las tarde de ese día, Maritza Zabala Rodríguez debía entregar parte del dinero exigido. Se accedió a ello y fueron aprehendidos Alirio Muñoz Pulido y el edil Jairo Alfonso García Castaño, con el dinero en su poder.

Actuación procesal

El 1º de septiembre de 1994 se abrió investigación y, luego de indagar a los capturados, el 8 siguiente se decretó su detención como coautores de un concurso de delitos de concusión. La decisión fue recurrida y confirmada el 13 de octubre de ese año por un fiscal delegado ante el tribunal, con la modificación de que se procedía por un solo delito.

A solicitud de la defensa, el 2 de noviembre de 1994 se realizó la audiencia especial prevista en el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal de 1991. El 13 de diciembre de ese año, el Juez 64 Penal del Circuito declaró la nulidad de lo actuado respecto del trámite anticipado, toda vez que no era viable la vista por no existir duda probatoria, decisión que, apelada, fue objeto, el 4 de abril de 1995, de nueva anulación por parte del tribunal, que la decretó a partir del acto por el cual el fiscal dio por finalizado el acuerdo, por cuanto los sindicatos condicionaron la aceptación de cargos, lo que equivalía a la inexistencia del convenio.

El 7 de mayo de 1997 se decidió continuar la audiencia especial, que finalizó con aceptación de cargos. El acto fue declarado nulo por el juez del circuito, el 30 de julio siguiente, porque la diligencia sólo se podría celebrar por una vez, además de que la ausencia de duda probatoria hacía inoperante el instituto. Apelado, el auto fue confirmado por el ad quem el 28 de enero de 1998.

El 10 de marzo de 1998, Alirio Muñoz Pulido y su apoderado solicitaron la sentencia anticipada. El 29 de abril siguiente se le formularon cargos como autor del delito de concusión, los que aceptó. El 25 de Junio de ese año se profirió el fallo de condena ya reseñado, que fue impugnado por la defensa y confirmado por el tribunal el 9 de septiembre. El señor Muñoz Pulido y su defensor interpusieron recurso de casación y el último presentó el escrito de sustentación. La Sala decide, una vez recibido el concepto del procurador segundo delegado en lo penal.

La demanda

El defensor del señor Alirio Muñoz Pulido formula tres cargos.

Los desarrolla de la siguiente manera:

1. Como principal, acude a la causal tercera, por cuanto la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso, que hace consistir en: a) la indebida anulación que del acta de acuerdo de audiencia especial declaró el juez con base en petición del Ministerio Público, cuando la ley sólo permitía aprobar, o no, el pacto, además de haber expirado el lapso del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal de 1991 para señalar esas irregularidades; b) no tramitar lo relativo a la audiencia especial en cuaderno separado, lo que llevó al funcionario a prejuzgar, obligando a la defensa o optar por la sentencia anticipada; y, c) no advertir al acusado su derecho a no declarar en su contra ni las consecuencias jurídicas de aceptar los cargos por vía de los artículos 37 y 37A del estatuto procesal, lo que le impidió desistir de esos institutos para continuar el trámite normal.

Solicita la invalidación de lo actuado desde la vista realizada el 2 de noviembre de 1994.

2. De manera subsidiaria invoca la causal segunda, por no estar la sentencia en consonancia con el acta de aceptación, pues en ésta no se dedujo la causal de agravación del artículo 66-11 del Código Penal de 1980, con base en la cual el funcionario aumentó la pena, además de argumentar que el sindicado conocía la ley, lo cual no está previsto por el legislador como agravante, con lo que se lo sorprendió y se le impidió defenderse de esas circunstancias. En sentido contrario, no se dedujo la atenuante de la buena conducta anterior del artículo 64-1.

Procede, entonces, casar de manera parcial el fallo para reconocer la circunstancia de atenuación relacionada y excluir los agravantes deducidos.

3. El último, subsidiario, se apoya en la causal primera, cuerpo primero, violación directa de la ley, por “errónea interpretación de norma de derecho sustancial”, porque de manera equivocada se analizó el artículo 68 del Decreto 100 de 1980 y, al suministrarle un alcance diferente, se negó la condena de ejecución condicional, con el argumento de una supuesta peligrosidad, dejando de lado un ponderado y concreto análisis de las condiciones personales, sociales y familiares de Muñoz Pulido que obligaban a otorgar el subrogado. Pide que esto último lo haga la Corte.

El Ministerio Público

El procurador delegado solicita a la Sala no casar la sentencia, con base en los siguientes planteamientos:

1. Respecto del primer cargo, parte de la premisa de que el actor tiene interés jurídico para recurrir, por cuanto la invalidación de la audiencia especial impidió convenir la concesión de la suspensión condicional de la pena. Concluye que no se afectó el debido proceso, sino que, por el contrario, se respetó , dado que sólo era viable aprobar o improbar un acuerdo, de haber éste tenido existencia legal, pero en este caso no había lugar a esa vista ante la ausencia de duda probatoria. La supuesta extemporaneidad de la petición del Ministerio Público tampoco se dio, pues el límite está previsto para el juicio y se impetró en la instrucción.

Agrega que la no apertura de cuaderno separado para el trámite de la audiencia especial no tiene trascendencia alguna, la que tampoco demostró el censor pues se limitó a especular que por esa razón el funcionario prejuzgó y que ello obligó a solicitar la sentencia anticipada.

Finalmente, concluye, no es cierto que no se hicieran las advertencias de la excepción al deber de declarar y respecto de las consecuencias de la aceptación de cargos, porque el acta suscrita para sentencia anticipada dice lo contrario, además de que en las diligencias el procesado estuvo asistido por su apoderado y se contó con la presencia de la Procuraduría, que es garantía para los derechos fundamentales y, por otra parte, al trámite se llegó por iniciativa conjunta del sindicado, que es abogado, y del defensor, de donde infiere el conocimiento de las limitaciones de los institutos invocados.

2. Sobre la presunta incongruencia entre la aceptación y el fallo, dice que si bien en aquella diligencia no se dedujo la agravante del artículo 66-11, lo cierto es que, en el evento en estudio surge como una genérica objetiva, lo que hace innecesaria su valoración en el pliego de cargos. De otra parte, la manifestación de que el sindicado es “conocedor de la ley”, no implica falta de consonancia, por cuanto no está prevista por el legislador, luego no se puede exigir su planteamiento en la acusación. La mención del funcionario se enmarcó dentro de un válido juicio de valor permitido por el artículo 61 del Código Penal entonces vigente.

En punto de la buena conducta anterior, acota, el ruego se debió enfocar por la causal primera, cuerpo segundo, por exclusión de la norma que contiene esa circunstancia de atenuación, además de que si no se previó en el acta de aceptación, el defensor carece de interés jurídico para proponer ese aspecto, pues ello equivaldría a su retractación de lo pactado y aceptado.

3. En relación con la violación directa del artículo 68 del Código Penal, anota que el censor se equivocó, pues lo que en últimas argumenta es que la norma no se aplicó, circunstancia que en modo alguno se puede asimilar a que se interpretó de manera errónea, que es como se plantea el tercer reproche. Por otra parte, erró al invocar como “violación medio, el artículo 247 del C. de P. P.”, cuyo contenido es probatorio, además de que si la censura es por “violación directa” no es posible que se infringieran “normas medio”.

Concluye que los juzgadores sí analizaron la personalidad de Alirio Muñoz Pulido y con base en ello negaron el subrogado. Ocurre, sí, que la valoración judicial se hizo en sentido contrario a las aspiraciones defensivas, la que no se desvirtúa con criterios puramente personales.

Consideraciones

La Sala abordará el estudio de los cargos en el mismo orden en que fueron propuestos por el demandante.

I. La violación al debido proceso

Son tres las irregularidades en que se apoya el reclamo de nulidad que hace la defensa: haber invalidado la audiencia especial; no tramitar ésta en cuaderno separado; y la omisión de advertir al sindicado su derecho a no declarar en su contra, ni las consecuencias jurídicas de la aceptación de los cargos.

Para la Sala, los yerros mencionados, como se detalla a continuación, no generan la anulación reclamada porque, o no existieron, o carecen de trascendencia.

1. Del artículo 29 de la Constitución se desprende que el derecho a un proceso como es debido es fundamental, lo que comporta que su trasgresión se sancione con la nulidad, siempre y cuando las irregularidades en que se apoya no se hayan convalidado dentro de la actuación, conforme con los principios señalados por los artículos 308 y 310 de los códigos de Procedimiento Penal, derogado y vigente, respectivamente.

Cuando se invalidó el trámite relacionado con la audiencia especial, el funcionario precisamente se ciñó a los lineamientos del debido proceso, y por lo tanto no atentó contra el mismo. El artículo 37A del entonces Código de Procedimiento Penal vigente, adicionado por el 4º de la Ley 81 de 1993, reguló ese instituto y sólo una lectura tergiversada de la disposición permite la conclusión del censor respecto de que el juez quedaba facultado únicamente para aprobar o improbar el acuerdo logrado y jamás para decretar la nulidad. La norma dispone que el juzgador “dictará sentencia ... de conformidad con o acordado si encuentra el acuerdo ajustado a la ley” y que, en el evento contrario, “en caso de no aceptar el acuerdo lo improbará mediante auto susceptible de recurso de apelación”.

El actor olvidó que el legislador condicionó el procedimiento descrito, pues expresó que la sentencia se dictaría “siempre que no se hayan violado los derechos fundamentales del procesado”. En otras palabras, el fallo sólo se podía proferir una vez el juzgador analizara lo actuado y concluyera en la no vulneración de esas garantías superiores, sin que se pueda siquiera insinuar que el debido proceso no es una de ellas, como que con tal categoría lo regula el artículo 29 de la Constitución, y una de las causales de nulidad, según el artículo 304-2 del Código de Procedimiento Penal derogado (306-2 del actual) es “la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

Mediante auto del 13 de diciembre de 1994 se anuló la diligencia de audiencia especial porque, según lo analizado, no había incertidumbre alguna, lo que impedía acudir a ese instituto, pues el artículo 37A permitía el acuerdo sobre los aspectos allí especificados, “siempre y cuando exista duda probatoria sobre su existencia”. Así el asunto, se había dado vía a un fenómeno jurídico imposible de asumir por inexistencia de sus fundamentos. Y ello, por supuesto, constituía falta a las formas propias del juicio.

La decisión del tribunal, del 4 de abril de 1995, consecuencia de la apelación interpuesta contra la anterior, también se soportó en irregularidades de esa índole: si el sindicado supeditó el consenso al otorgamiento de la condena condicional, el pacto era inexistente, de donde resultaba nulo el trámite subsiguiente que asumió que sí hubo convenio.

En esas condiciones, con el procedimiento de la audiencia especial se faltó a las formas propias del juicio. El artículo 37A subordinaba la aprobación o improbación del pacto a la no vulneración de derechos fundamentales (el debido proceso lo es), cuya infracción necesariamente obligaba a la sanción de nulidad. Además, así esta disposición no hubiera regulado la materia, no se puede olvidar que el artículo 305 del estatuto de 1991 (307 del actual) imponía al funcionario judicial el deber de invalidar lo actuado cuando, en cualquier momento, advirtiera que se presentaba alguna de las causales legales para hacerlo.

2. Equivocada resulta la censura cuando cuestiona que el Ministerio Público impetrara la anulación en el desarrollo de la diligencia de audiencia especial, primero, porque olvida que la facultad oficiosa habilitaba al funcionario a proceder en ese sentido; y segundo, por cuanto el artículo 306 del Código Procesal de 1991, que se cita como apoyo jurídico, aludía a la “Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción”, que expiraba con “el término de traslado común para preparar la audiencia”. Luego podían ser solicitadas en cualquier tiempo durante la instrucción, hasta 30 días después de que, estando la resolución de acusación en firme, se recibiera el expediente en el despacho del juez de la causa. En el presente evento, la petición se hizo antes de que venciera ese lapso, como que fue presentada en el curso de la audiencia especial, instituto que sólo procedía en la fase de instrucción.

3. Para el casacionista, se incurrió en una segunda irregularidad sustancial, porque lo relacionado con la audiencia especial no se efectuó en cuaderno separado.

El parágrafo segundo del artículo 37A, en efecto, disponía que “El trámite previsto en ese artículo se hará en cuaderno separado, que sólo hará parte del expediente si se concreta el acuerdo. En caso contrario se archivará”. El incidente propuesto finalizó sin convenio, luego es claro que las diligencias relacionadas con el mismo no se han debido acumular a la actuación principal. Como ocurrió lo contrario, se evidencia que, formalmente, asiste razón al demandante por cuanto se infringió la orden legal transcrita.

No obstante, la informalidad no puede generar la anulación que se impetra, porque el censor se limitó a enunciarlo sin comprobar, como era su deber, su trascendencia. Desconoció el mandato del artículo 308-2 del Código de Procedimiento Penal derogado (310 del vigente), en virtud del cual “Quién alegue la nulidad debe mostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procésales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juramento”.

El recurrente se limitó a decir que el diligenciamiento conjunto llevó al funcionario a prejuzgar y obligó al sindicado a someterse a la sentencia anticipada. No señaló el fundamento de sus conjeturas, que además se muestran desacertadas, porque en modo alguno el fiscal podía ordenar la sujeción al instituto del artículo 37 procesal, pues que su promoción complete exclusivamente a la voluntad del sujeto pasivo de la acción penal, único habilitado para solicitarlo y aceptar los cargos.

Por otra parte, si de lo actuado surgió que no existía duda que permitiera acceder a la audiencia especial, es obvió que la única vía legal de terminación anticipada por al que se podía optar era el fallo adelantado. Si se quería un descuento punitivo, en el estatuto adjetivo sólo quedaba el del artículo 37 que finalmente se pidió. De ello deriva que fue la decisión del sindicado y de la ley, lo que llevó a que aquel se escogiera a los beneficios de la sentencia anormal. Esto no significa, entonces, vulneración alguna de derechos del detenido, como tampoco que la supuesta falla se pueda cargar al funcionario judicial, quién se limitó a acceder a las peticiones del señor Muñoz Pulido.

4. Según el actor, en las diligencias de finalización previa no se advirtió al indagado que no estaba obligado a declarar en su contra, ni sobre las consecuencias jurídicas de la aceptación de cargos. La queja no puede fructificar, porque no demuestra la incidencia de las supuestas irregularidades en la situación del acusado, y porque carece de bases en el expediente.

El señor Muñoz Pulido es abogado, lo que evidencia que conoce los derechos que acompañan a un vinculado a un proceso penal, sobre todo si se recuerda que su propio apoderado dejó en claro que aquel que había adelantado estudios de especialización en derecho penal y criminología (fl. 132, cdno. 6). Pero además, cuando se lo escuchó en indagatoria, el funcionario lo puso al tanto de los artículos 357 y 358 procesales que regulan esas garantías (fl. 92, cdno. 1). Así, es incuestionable que sí sabía de los aspectos que cita el censor.

Por otra parte, en lo que se relaciona con los institutos abreviados, fue el apoderado “en todo de acuerdo con mi defendido”, quien impetró tanto la audiencia especial como la sentencia anticipada (fl. 3, 121, cdno. 6), iniciativa que pone de presente que con claridad y precisión estaba al tanto de los derechos y consecuencias que acarreaba su invocación.

Finalmente, en el acta de formulación de cargos, fundamento para el fallo previo, se lee: “el suscrito fiscal procede a explicarle al procesado el alcance de la norma citada, las limitaciones que puede tener para controvertir su responsabilidad posterior a esta diligencia, los beneficios a que tiene derecho y el procedimiento a seguir” (fl. 130, cdno. 6). Es, entonces, evidente el desatino del censor.

No hay lugar a la nulidad invocada.

II. La no consonancia de la acusación con la sentencia

1. El casacionista dice que el fallo infringió el principio de congruencia, pues redujo la causal genérica de agravación del numeral 11 del artículo 66 del Código Penal entonces vigente (58-9 del actual), no contemplada en el pliego acusatorio (acta de formulación de cargos).

La discusión respecto de las causales objetivas y subjetivas ha sido superada por la corporación, en el entendido de la necesidad, tratándose de la armonía acusación-sentencia, de que ellas, sea cual fuere su especie, deben ser objeto de estimación en el pliego de cargos, caso en el cual, y sólo en él, es válida su deducción al imponer la sanción, so pena de que prospere el recurso extraordinario por desacuerdo. Esto, sin embargo, no significa que se deba plasmar una específica fórmula ni la concreta mención de las normas que las regulan, pues basta que el calificatorio los contenga con su correspondiente valoración, “no siendo necesario que se las identifique por su nominación jurídica, o que sean citadas las disposiciones que las describen y señalan sus implicaciones punitivas (aunque lo ideal es que todo esto suceda), sino que el supuesto fáctico aparezca claramente definido en ella, y que no exista la menor duda acerca de su imputación (Cfr. Casaciones de dic. 18/2000 y feb. 21/2001, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote)“.

“En síntesis, se tiene que la corte, en la actualidad, es del criterio que toda las circunstancias que impliquen incremento punitivo, específicas o genéricas, valorativas o no valorativas, en cualquiera de sus modalidades, deben hacer parte de la imputación fáctica de la acusación para que puedan ser deducidas en la sentencia, siendo suficiente para que esta exigencia se cumpla que el supuesto de hecho que la estructura aparezca claramente definida en ella, de suerte que su imputación surja inequívoca de su contenido”.

“Como ha sido ya precisado en pronunciamientos anteriores, no se trata de exigir que la circunstancia aparezca jurídicamente identificada a través de la norma que la consagra, o mediante fórmulas sacramentales predeterminadas, pero tampoco de suponer que se las dedujo, donde no lo fueron, con el argumento de que su imputación resulta implícita o sobreentendida en razón de la naturaleza de los hechos, o el simple recuento de que los mismos pudo haber sido efectuado en la acusación. Lo exigible es que el supuesto de hecho de la circunstancia que fue objeto de deducción en la sentencia (específica o genérica, valorativa o no valorativa), aparezca precisado inequívocamente en la acusación, de suerte que entre los dos actos procesales (sentencia y pliego de cargos) exista plena identidad en el aspecto fáctico” (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado, 10.868, sentencia de 4 de abril de 2001, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

En el asunto estudiado, en la audiencia de formulación de cargos se hizo expresa referencia a la “condición de alcalde local del bario Restrepo ...” del señor Muñoz Pulido. Por manera que ese hecho probado y puesto de presente en la acusación, sustenta con suficiencia la causal de agravación deducida en la sentencia, en atención a lo cual el reproche no prospera.

2. Lo relacionado con el argumento que sirvió al a quo para no imponer la sanción mínima, —la conducta la cometió “quien conoce la ley“— no podía ser atacado al amparo de la causal segunda, porque si el mismo no está previsto por el legislador, no se podía exigir que la acusación lo dedujera. Por otra parte, la alusión del juzgador a la personalidad del señor Muñoz Pulido, dada su condición de abogado, se enmarca dentro de la racional discrecionalidad que el legislador concedía al juez en el artículo 61 del Código Penal de 1980.

3. El censor señala una incongruencia por omisión: el desconocimiento de la atenuante de la buena conducta anterior del sindicado. Como parte de la afirmación de que esa circunstancia se probó dentro de la actuación, surge equivocado el camino que escogió, porque el reparo ha debido plantearlo por vía de la causal primera, cuerpo primero, que no segundo como anota la Procuraduría, por violación directa de la ley, en cuanto se habría presentado una exclusión evidente de la norma que regula la disminución punitiva.

No prospera la censura.

III. La condena de ejecución condicional

1. El tercer cargo se apoya en la causal primera, cuerpo primero, al acusar a la sentencia de violación directa del artículo 68 del Decreto 100 de 1980 (63 de la L. 599/2000), norma que el juzgador analizó de manera equivocada y le suministró un alcance diverso para negar el subrogado penal, que el impugnante solicita sea otorgado por la Sala. En consecuencia, infringiendo el principio de no contradicción, el actor anunció infracción directa por interpretación errónea, pero el fundamento se encaminó a una falta de aplicación o exclusión de la disposición. Se contraría la lógica, por que si se valoró la ley, así fuera en forma errada, ello comporta que sí se aplicó y, en sentido contrario, si la disposición se excluyó no pudo ser apreciada.

2. El reparo también está llamado a ser desestimado, pues a pesar de que se formuló en la forma citada, su desarrollo se centró exclusivamente en que no se compartían los argumentos probatorios en que los falladores soportaron la no suspensión de la ejecución de la sanción. Luego de transcribir los apartes respectivos de las decisiones, el actor concluyó que sólo son “genéricos enunciados“ y “ambiguos etiquetamientos” que, según él, dejaron de lado un ponderado y concreto análisis de las condiciones personales, sociales y familiares del sindicado. Planteamientos así expuestos llevarían a que se infringió la ley, pero por vía indirecta a través de un error de hecho originado en un falso juicio de identidad.

3. Cuando se negó el subrogado no se dejó de lado, como erradamente plantea la demanda, la personalidad del señor Muñoz pulido, pues el fallo de primer nivel, que al ser confirmado en este aspecto conforma unidad con el del tribunal, concluyó en sentido adverso a esa pretensión, “aunque fueron allegadas constancias sobre la labor que efectúa el sindicado”, porque se estaba ante una persona “en quien la comunidad ha puesto su confianza” (fl. 167, cdno. 6).

4. Aún en el supuesto de que se hubiera incurrido en la omisión —que no la hubo—, no tendría incidencia alguna en la decisión. No se debe olvidar que la suspensión de la ejecución de la pena la supedita el legislador no sólo al estudio de la personalidad, sino a que “la naturaleza y las modalidades del hecho punible, permitan al juez suponer que el condenado no requiere tratamiento penitenciario”, aspectos que fueron analizados por los jueces y que el censor no cuestiona. Por tanto, permanecen vigentes y son suficientes para respaldar la no concesión del subrogado.

5. Cabe señalar que los argumentos expuestos para sustituir la detención preventiva por la domiciliaria, no obligan cuando de dictar la sentencia se trata, pues aquellos hacen referencia a una fase diversa, donde las decisiones son provisionales y sólo persiguen la comparecencia al proceso, en tanto que la adoptada en el fallo busca que se haga efectiva la sanción, además de que la suspensión de la sanción exige el análisis de la naturaleza y modalidades del hecho punible, aspectos que no contemplaba el artículo 396 del antiguo estatuto procesal.

Como no prosperan las imputaciones, no se casará la sentencia, en atención a lo cual, el juicio de favorabilidad que se pueda dar ante la vigencia del nuevo Código Penal, compete al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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