Sentencia 15555 de marzo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 15.555 (R-0393)

Nº interno: 1300123310001039301

Consejero Ponente:

Dr. Alier E. Hernández Enríquez

Actor: Walter Miguel Meriño Buelvas y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional

Bogotá, D.C., marzo veintidós de dos mil siete.

Resuelve la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora, contra la sentencia de 18 de mayo de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se abstuvo de condenar a la demandada.

(...).

EXTRACTOS: «Consideraciones:

A juicio de los demandantes, las lesiones del infante Meriño Buelvas, se debieron a una falla del servicio imputable a la demandada, comoquiera que la víctima, en cumplimiento de una orden emitida por el superior, prestó su arma de dotación al infante Libardo Muñoz, quién, luego de cumplir la misión asignada, la retornó a su titular, pero olvidó asegurarla y descargarla, y horas después, cuando la víctima se disponía a sacar una prenda del morral en el cual se encontraba el arma, esta se disparó accidentalmente, causándole heridas de consideración en la mano derecha.

Para la entidad demandada, está acreditada, en este caso, la culpa exclusiva de la víctima, puesto que el infante lesionado desconoció las recomendaciones previstas en el decálogo de seguridad, sobre el uso de las armas de dotación oficial de las Fuerzas Militares de Colombia, según las cuales, los miembros que integran dichas instituciones deben cerciorarse, en todo momento, que el arma de dotación asignada se encuentre descargada y asegurada, recomendaciones que la víctima no atendió, por lo que las lesiones causadas en su mano derecha, por impacto de bala, son imputables únicamente a él.

En sentir del tribunal, los hechos en los cuales resultó lesionada la víctima, se debieron a su propia culpa, pues omitió negligentemente la normas de seguridad, que daban cuenta del manejo adecuado que debe darse a las armas de dotación oficial, lo que, sin duda, exonera de toda responsabilidad a la entidad demandada.

Si bien los demandantes sustentaron su reclamación en el régimen de falla del servicio, en el presente caso, sería aplicable el de riesgo excepcional. En efecto, en los casos en que se declara la responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas como ocurre cuando se usan armas de dotación oficial, es aquel quien tiene la guarda de la actividad y, por ello, debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado.

Sobre el particular, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de Ia comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...” (1) .

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política (2) . La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a este último.

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima” (3) (se resalta).

En ese orden de ideas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es la responsable de las lesiones sufridas por el infante Walter Miguel Meriño Buelvas, en hechos ocurridos en la finca "Alemania", jurisdicción de San Jacinto Bolívar, el 9 de agosto de 1994.

El caso concreto

Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se tiene lo siguiente:

a) El infante de marina Walter Miguel Meriño Buelvas sufrió graves lesiones en la mano derecha, debido a un disparo con arma de fuego que le produjo “Fractura de tercer metacaroiano desplazada y fractura de primera falange. Amputación del tercer dedo. Anquilosis I.F.P. del segundo dedo. Parestesia de región interdigital del segundo y cuarto dedo” y una incapacidad médico laboral del 37%, según dictamen del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Regional Bolívar (fl. 126).

b) Sobre la forma como sucedieron los hechos, obra el informe del comandante del batallón de fusileros de IM Nº 3, según el cual:

“El IMVL Meriño Buelvas Walter, el día 9 de agosto de 1994 en la finca “Alemania”, jurisdicción de San Jacinto, Bolívar, se encontraba como cocinero de la patrulla Puma 50 a órdenes del señor SSCIM Caldera Vergara Adalberto, a las 14:00 horas salió una patrulla a comprar víveres a San Jacinto. El IMVL Muñoz Montañez Libardo, se llevó el fusil del IMVL Meriño Buelvas Walter, la patrulla regresó a las 16:00 horas del 9 de agosto de 1994, y el IMVL Muñoz Montañez Libardo, procedió a devolver el fusil al IMVL Meriño Buelvas Walter, quien lo cogió, dobló el culatín y lo guardó en el morral siguiendo sus actividades normales. A las 20:00 horas del 99 de agosto de 1994, se disponía a descansar decidiendo acostarse en pantaloneta, quien al tratar de sacarla del morral se apoyó del fusil que también estaba dentro del morral apretando el disparador causándole el accidente. De inmediato se informó a Puma 30 y se procedió a evacuarlo al Hospital Naval de Cartagena, previa la prestación de los primeros auxilios en el Hospital Regional de Arjona” (fl. 101).

Sobre los hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994, el infante de marina Meriño Buelvas rindió un informe, al comandante del batallón de fusileros de infantería de marina Nº 3, según el cual:

“Yo me encontraba como cocinero de la Patrulla Puma 50 a órdenes del señor SSCIM Caldera Vergara Adalberto, siendo las 14:00R de agosto-94 salió una patrulla a comprar víveres a San Jacinto, uno de esos infantes se llevaron (sic) mi fusil y esta patrulla regresó a las 16:00 R agosto 9 de 1994 de San Jacinto. IMVL Muñoz Montañez Libardo me regresó el fusil, yo cogí el fusil doblé el culatín y lo metí en el murral (sic), yo seguí mis actividades normales y a eso de las 20:00R agosto 9 de 1994 me disponía a hacer uso de mi descanso, desidí (sic) acostarme en pantaloneta, en ese momento abrí espacio con la mano derecha y al mismo tiempo coloqué la mano en la boca del fusil. Yo con la mano izquierda jalé la pantaloneta y estas (sic) se encontraba enredada con el disparador y al jalarle se disparó inconcientemente, al sentirme herido me prestaron los primeros auxilios, de inmediato le comunicaron a Puma 30 pidiendo un medio de transporte. El señor SSCIM Caldera Vergara E. decidió llevarme lo más rápido posible al hospital de San Juan, allí me colocaron una destroza y me labaron (sic) la herida y de ahí me evacuaron a la ciudad de Cartagena donde fui atendido en el Hospital Naval hasta el día 170800R agosto-94” (fl. 103).

De acuerdo con las pruebas atrás referidas, el infante de marina Walter Miguel Meriño Buelvas, resultó con lesiones de consideración en la mano derecha, cuando sacó del morral su arma de dotación y esta se disparó accidentalmente.

c) Teniendo clara la manera como se produjeron las lesiones del infante de marina Meriño Buelvas, queda por establecer si estas se debieron a una falla imputable a la administración, como lo afirmaron los demandantes, o, si por el contrario, estas se debieron a su propia culpa, como lo adujo la demandada y lo decidió el a quo.

Antes de hacer alguna consideración, en relación con el punto anterior, resulta menester señalar que el infante de marina Walter Miguel Meriño Buelvas, ingresó voluntariamente a la Armada Nacional, según se desprende de los informes visibles a folios 99 y 116, aunque no existe certeza de la fecha de su incorporación, a dicha institución.

A pesar de que los actores atribuyeron la falla del servicio a la demandada, por estimar que el infante de marina Libardo Muñoz Montañez omitió las medidas de seguridad que los miembros de la fuerza pública deben observar en el manejo de las armas de dotación oficial, la obligación de verificar, si el arma se encontraba asegurada y descargada le correspondía a la propia víctima, quien fue la persona que finalmente la manipuló.

En efecto, el instructivo de seguridad sobe el manejo de las armas de dotación oficial, que deben observar los miembros de la fuerza pública, dispone, entre otras, las siguientes recomendaciones:

“01. Maneje toda arma como si estuviera cargada.

02. Nunca apunte con un arma cargada o descargada a objetos [a] los cuales no piensa disparar.

03. Nunca pregunte si un arma está cargada o descargada, cerciórese por usted mismo teniendo el cuidado de oprimir el disparador.

04. Mantenga su arma descargada y por ningún motivo la abandone en lugares donde puedan ser cogidas por personas extrañas.

(...).

08. El conocimiento u olvido de las mecidas de seguridad con el manejo de las armas de fuego a causado mayor número de bajas que el doble de las operaciones.

09. Cuando sufra una caída controle la boca de fuego de su arma (fl. 105).

(...)”.

Resulta claro, pues, que la víctima no atendió ninguna de las recomendaciones señaladas, sobre el uso de las armas de dotación oficial. En efecto, en el informe rendido por el infante Meriño Buelvas, en relación con los hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994, señaló que, en horas de la tarde, el infante Muñoz le restituyó el fusil prestado y lo guardó, según dijo, en el morral. Cuando se disponía a descansar, ya en horas de la noche, sacó el arma de dotación del morral y lo sostuvo poniendo la mano derecha sobre el cañón, mientras que con la otra mano, buscó una prenda, la cual terminó enredada con el disparador, accionando el arma de dotación, y causándole las heridas conocidas.

Se tiene, entonces, que el infante Meriño hizo caso omiso de las disposiciones que prevén cómo debe ser el manejo de las armas de dotación, por parte de los miembros de la fuerza pública. Se advierte una total negligencia en la conducta asumida por dicho infante dado que, una vez le fue devuelta su arma de dotación, debió cerciorarse de que esta se encontraba descargada y asegurada. Sin embargo, no lo hizo.

No siendo suficiente lo anterior, la víctima desplegó otra conducta negligente, pues apoyó la mano derecha sobre el cañón del fusil, el cual se disparó accidentalmente destrozando prácticamente el miembro superior, conducta que, a ojos de la Sala, resulta inadmisible tratándose de una persona que ha recibido el entrenamiento necesario sobre el manejo de las armas de dotación.

Conforme lo señalan las normas de seguridad, los miembros de la fuerza pública deben manejar las armas de dotación oficial, como si estas estuvieran cargadas, lo que supone, de parte de ellos, extremar al máximo los dispositivos de seguridad, circunstancia que, en este caso, omitió negligentemente la víctima.

Si bien el infante de marina no tenía la certeza de que el arma de dotación estuviera cargada y desasegurada, debió suponerlo, pues así lo exigen las normas de seguridad sobre el manejo y tenencia de las armas de dotación oficial, precisamente, para evitar accidentes como del ocurrido a la víctima, el cual pudo haber tenido consecuencias peores.

De haber tenido en cuenta la víctima las recomendaciones, sobre el manejo de las armas de dotación oficial que los miembros de la fuerza pública deben seguir, este accidente no se habría presentado.

Y si bien el infante de marina, a quien le fue prestada el arma de dotación de la víctima, omitió descargarla cuando la retornó a su titular, guardando silencio respecto de dicha situación, lo que denota, de su parte, una conducta reprochable, como lo manifestaron los actores, tal circunstancia, no relevaba al infante Meriño Buelvas de tomar las medidas de seguridad, para evitar que una situación como la ocurrida, se presentara, pues, en últimas, este era el titular del arma y a él fue a quien se le disparó, además, cada miembro de la fuerza pública es responsable del maneo que le dé a su arma de dotación.

A ojos de la Sala, las omisiones en las que incurrió el infante de marina Meriño Buelvas, resultan injustificables, como quiera que éste ingresó a la Armada Nacional, de manera voluntaria, lo que supone que recibió un entrenamiento estricto en el manejo de las armas de fuego, tal como se desprende de lo dicho por el comandante del batallón de fusileros de IM Nº 3 de la Armada Nacional, según el cual:

“El personal de infantes de marina bajo mi mando recibe instrucción, conocimiento, manejo y medidas de seguridad con las armas de fuego, acuerdo programación P.I.E., horarios instrucción semanal de esta unidad” (fl. 106).

En ese orden de ideas, resulta reprochable la conducta asumida por la víctima, pues el accidente ocurrió, precisamente, porque desatendió todas y cada una de las recomendaciones relacionadas con el manejo que los miembros de la fuerza pública deben tener, respecto del armamento recibido.

Y como se dijo ab initio, en casos como este, en el que se juzga la responsabilidad de una entidad estatal, por las lesiones de una persona, con arma de dotación oficial, la entidad demandada podrá exonerarse de responsabilidad, si demuestra que los hechos ocurrieron por la presencia de una causa extraña que, en el caso concreto, se encuentra debidamente acreditada, pues, como se vio atrás, las lesiones del infante de marina Walter Miguel Meriño Buelvas, se debieron a su propia culpa.

En consecuencia, de conformidad con lo antes anotado, la Sala confirmará la sentencia de 18 de mayo de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 18 de mayo de 1998.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Ruth Stella Correa Palacio—Ramiro Saavedra Becerra, ausente—Enrique Gil Botero».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(2) Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001. Expediente 12.696, actores: José Tulio Timaná y otros.

___________________________